La actual Constitución de la República le pertenece, en sentido histórico, a Leonel Fernández. El país pagó un alto precio económico y político por ella. Por lo tanto, es necesario su cumplimiento al país de la letra para que podamos hablar de un verdadero Estado de Derecho.
“Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado”. Vean bien. Dice: “Todas las personas”. No hace excepción, según el artículo seis. No dice “todas menos Leonel Fernández·
Esa Constitución establece en su artículo 146, que “Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico”.
“De igual forma –sigue diciendo- será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos y relacionados”. (No lo digo yo, lo dice la Constitución de Leonel)
Y lo más importante, ¡atención!, “es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente”.
Quiere decir que los ciudadanos tenemos derecho a saber cuál es el patrimonio de todos los funcionarios públicos, incluyendo el Presidente. Cuando Danilo salga del cargo debe, por mandato de la Constitución, no solo decir, sino probar el origen de sus bienes. Leonel también.
Durante las gestiones de gobierno de Leonel se hicieron cerca de 200 denuncias serias de corrupción, malversación, prevaricación o robo de fundos públicos. ¡Ninguna fue investigada! Algunas de esas denuncias involucraban al propio Leonel o sus allegados más cercanos, como su esposa, sus hermanas y varios ministros, viceministros, embajadores, y directores generales. El Banco Interamericano de Desarrollo calculó entre tres y cinco por ciento del Producto Interno Bruto, lo que la corrupción se llevaba en los bolsillos durante los gobiernos de Leonel. Hablamos de cien mil millones de pesos todos los años. (En los pasillos del Palacio Nacional aseguran que el grupo de Leonel se llevó en seis meses más de 150 mil millones de pesos. De ahí el famoso maletín de los gallegos de Danilo que en vez de un tesoro, encontró facturas por pagar)
Los casos más escandalosos de corrupción involucran al senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, que Leonel dijo querer como a un hijo.
De acuerdo con la Constitución, los ciudadanos tenemos derecho a saber, dónde están los 130 millones de dólares de la SunLand. La Suprema Corte de Justicia de Subero Isa, con más miedo que vergüenza, dijo que se había violado la Constitución.
Todos tenemos derecho a saber por qué Solano, deportado por tráfico de drogas, recibió del gobierno de Leonel, según sentencia de la Suprema Corte de Justicia, más de cinco mil millones de dólares en obras del Estado. De igual modo alguien debe explicarnos de dónde salieron los fondos para patrocinar campañas electorales en Haití, Perú, Panamá y otros países del área. Que nos digan, atendiendo al rigor constitucional, como es posible que Arturo del Tiempo fuera recibido en Palacio por el Presidente, luego le diera inicio a la obra y posteriormente intervino para que el Banco de Reservas financiera la Torre Atiemar donde la Policía tenía intereses a tal grado que un coronel asistente del jefe de esa institución era el “jefe de seguridad de la obra”.
La Fundación Global, Democracia y Desarrollo, desde mi óptica, es “cuerpo del delito”. La querella presentada por Guillermo Moreno y Alianza País, está bien fundamentada desde el punto de vista jurídico. No puede ser rechazada con bravuconadas. Las pruebas presentadas en el libro “¡Nunca Más!” son demoledoras. Leonel tiene que explicarle al país la procedencia de los fondos de la Funglode. Es obligatorio. Lo manda la ley. (¡Lean esa vaina, por favor!)
Los ciudadanos no tienen nada que probar en los tribunales contra Leonel y su gente. Ni Guillermo Moreno tampoco, aunque tenga las pruebas para hacerlo. Es Leonel quién tiene que demostrar la procedencia y legitimidad de los mismos, según el artículo 146 de la Constitución del propio Leonel.
Nadie tiene que sentirse ofendido ni ultrajado porque un ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales reclame transparencia. Nadie está culpando a nadie por “envidia”, ni por prejuicios políticos. Es una cuestión de ley. Todos los ciudadanos, menos los que la Policía le “da pa bajo”, son inocentes hasta tanto se les pruebe lo contrario siguiendo el debido proceso.
El Comité Político, el Comité Central y todos los demás comités del PLD, en vez de amenazar y amedrentar, deberían demandar que la justicia actúe, con rigor, con honestidad y con absoluta independencia. No amenazar fiscales, ni presionar jueces, ni utilizar periodistas corrompidos para que insulten y denigren a quienes reclaman se cumpla con lo que establecen la Constitución y las Leyes. Leonel debería ser el primero en permitir ser investigado. (El que no tiene hechas no tiene sospechas)
Los ciudadanos están en el deber de exigir transparencia, explicaciones, justicia. Y que los que resulten condenados por robo le sean expropiados sus bienes, como ordena la Constitución: “A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita”. Después, como dijera el poeta nacional, “no quiero más que paz”.
Juan Taveras Hernández (Juan TH)
Dibujo: Wilson Morfe
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