De 21 medidas acordadas, 11 han sido evaluadas y solo el 9.9% se valora como cumplida
1. No cumplió con la estandarización de las informaciones en los portales Web de las instituciones públicas en el plazo de los 150 días de gestión como indicaba el Protocolo, lo que evidencia que aún no se implementa el proceso de sistematización de la información.
2. No se aplica la Cuenta Única del Tesoro de manera integral por lo que no se ha dado cumplimiento en el plazo de ciento treinta días (130) pautado, poniendo al desnudo la falta de voluntad política y de acción colectiva de los responsables de dar seguimiento a éste compromiso.
3. A la fecha varias estructuras orgánicas de la administración pública fueron eliminadas otras fueron unificadas, pero la nómina pública no ha sido reducida por este concepto, muy por el contrario ha ido en aumento, no sólo en número de personas sino también en el monto de los salarios.
4. En relación a los nombramientos de Ministros y Viceministros, lamentamos la violación del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que establece de manera clara y precisa, que la ley determinará los viceministros que se necesitan en cada Ministerio y nunca más de 6, lo que quiere decir que previo a la designación de un tope de 6 viceministros, la administración pública debió contar con un marco normativo que indique sobre la base del principio de racionalidad, cuántos y cuáles viceministros necesita cada ministerio.
5. No se ha realizado ninguna acción para asegurar que el servicio exterior transite el camino de la profesionalización. A la fecha, a seis meses del gobierno del Presidente Danilo Medina, el país lidera a la representación diplomática y consular con mayor número de miembros, compitiendo con las grandes potencias económicas.
6. Las acciones y políticas de Prevención según Ley de Función Pública y Ley de Compras y Contrataciones. Si bien es cierto que con la creación de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental se percibió que se daría un impacto contundente a las acciones y políticas de prevención para evitar las violaciones del régimen ético de los servidores públicos, esta medida no ha sido lo suficientemente disuasiva en el comportamiento de los servidores públicos, pues subyace la percepción de que la corrupción continúa en el sector público.
Participación Ciudadana
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