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martes, 24 de noviembre de 2009

Corruptos de República Dominicana tendrán que demostrar orígenes de sus fortunas









Los dispositivos de la Constitución son retroactivos, aunque no sean los de las leyes


El dispositivo de la nueva Constitución que revierte el fardo de la prueba podrá aplicarse de manera retroactiva a ex funcionarios que hayan incurrido en corrupción contra el Estado, “de los cuales hay en los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano (PRSC)”, según el presidente de la comisión de Verificación de la Asamblea Revisora, Frank Martínez.
El dispositivo de la nueva Constitución que revierte el fardo de la prueba podrá aplicarse de manera retroactiva a ex funcionarios que hayan incurrido en corrupción contra el Estado, “de los cuales hay en los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC)”, según afirmara el presidente de la comisión de Verificación de la Asamblea Revisora, Frank Martínez.
Dijo que con la aplicación de ese dispositivo podrá obligarse a esos ex servidores públicos a que demuestren el origen de su riqueza o patrimonio.
 Martínez, diputado reformista por La Romana, dijo que para evitar el dolo contra el Estado lo prudente es la aplicación de la ley sobre declaración jurada de bienes, que obliga, aunque no siempre se cumple, a los funcionarios  a presentar esa documentación antes y después de asumir los cargos.
Manifestó que aunque rige el principio de que todo el que acusa debe presentar las pruebas, en el caso de los funcionarios públicos se revierte el proceso.
 “En tal caso, a los  acusados de irregularidades en sus funciones corresponderá presentar las pruebas de su inocencia”, explicó Martínez.
Citó entre éstos a los empleados de las instituciones públicas, senadores y diputados, síndicos y regidores, así como a los del Poder Judicial y de la Junta Central Electoral (JCE).
El presidente de la comisión de Verificación consideró que ése es uno de los avances más importantes de la reforma constitucional.
Corruptos.  Martínez significó que para reparar al Estado deben investigarse numerosos casos, “porque hay corruptos en el PLD, en el PRD y en el PRSC”.
El legislador reformista dijo que la República Dominicana no puede darse el lujo de convertirse en una especie de paraíso donde moran y son protegidos ex funcionarios corruptos.
Expresó que el robo al Estado significa quitar oportunidades a los ciudadanos en materia de educación, salud y servicios.
Tras asegurar que el manejo irregular en perjuicio de los bienes del Estado crece cada día, Martínez confió en que la nueva Carta Magna frene ese problema.
Las claves
1.  Retroactivo
 El doctor Frank Martínez, quien preside la comisión de Verificación de la Asamblea Revisora, dijo que el dispositivo que revierte el fardo de la prueba, ya “constitucionalizado”, es retroactivo.
 2.  Balaguer
Explicó que los dispositivos de la Constitución son retroactivos, aunque no lo sean los de las leyes, porque incluso ya hay precedente y citó el caso del doctor Joaquín Balaguer, quien ganó las elecciones del 1994 por cuatro años y, mediante una reforma, la ley de leyes se le aplicó de manera retroactiva para reducirle el período constitucional a solo dos años, independientemente de lo que se alegue.
Clientelismo
El “clientelismo” que los gobiernos de turno utilizan en su provecho para ganar prosélitos recibió un duro golpe con el establecimiento en la nueva Constitución del Servicio Civil y la Carrera Administrativa.
Así lo entiende el presidente de la comisión de Verificación de la Asamblea Revisora, doctor Frank Martínez, quien dijo que de esta manera los empleados del Estado tendrán sus empleos garantizados siempre que tengan méritos y talento para ocuparlos.
Dijo que estos servidores se mantendrán en sus funciones independientemente del partido que ocupe el Poder Ejecutivo.
 Indemnización
Por otro lado, Martínez resaltó el dispositivo del artículo 53, según el cual las personas que sean perjudicadas o lesionadas por bienes y servicios de mala calidad, serán indemnizados o compensados conforme a la ley.
Dijo que este dispositivo, aprobado a propuesta suya, obedece a que el Estado se ha convertido en estafador, que no ofrece a los ciudadanos bienes y servicios de buena calidad.
Resaltó que partir de este artículo cualquier ciudadano, por ejemplo, podrá acudir ante un juez, en amparo, para solicitar compensación por mal servicio de electricidad.
Martínez dijo que otorgar rango constitucional a esta protección ciudadana constituye un paso gigantesco y revolucionario en el carácter social y compromiso del Estado con el pueblo.
Pedro Germosén / Hoy 

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