Critica gobiernos prioricen construcción de obras visibles por los beneficios políticos
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sugiere a los legisladores dominicanos la no aprobación de nuevas leyes, y por el contrario cumplir con las existentes. Al mismo tiempo, critica la actitud asumida por el Poder Ejecutivo de primar el gasto visible o distribuible en obras públicas y proyectos similares, sobre inversiones cuyos beneficios se ven a más largo plazo como en educación.
Agrega que por ese tipo de acción el gobierno no ha cumplido a cabalidad con los compromisos legales de destinar mayores recursos a Educación.
Esos planteamientos están contenidos en el capítulo 16 de la publicación “La ruta hacia el crecimiento sostenible en la República Dominicana. Fiscalidad, Competitividad, Institucionalidad y Electricidad”, realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se editó en septiembre de 2009 y se imprimió en Santo Domingo en agosto de 2010.
La credibilidad es básica.
En el Proceso de Formulación de Políticas (PFP) es fundamental la credibilidad. Las políticas que no se hacen cumplir o que se modifican frecuentemente tienden a devaluar la ley en su condición de instrumento y por ende son contraproducentes, haciendo que el gobierno tenga que depender de un instrumento que a la postre es inocuo. Se pregunta ¿cómo puede un gobierno que ha devaluado la ley escapar del consiguiente círculo vicioso?, respondiendo que se logra no promulgando nuevas leyes y haciendo cumplir las que existen y, por consiguiente, los legisladores dominicanos -que ya han contribuido mucho a la devaluación de las leyes del país- deben ser juiciosos en sus iniciativas legislativas. Hay que promulgar leyes nuevas únicamente cuando sea absolutamente necesario y políticamente oportuno, de otro modo, el objetivo principal debe ser la aplicación de las leyes vigentes, incluso cuando necesariamente sean la segunda mejor opción.
Plantea que a corto plazo, desde una perspectiva programática, los legisladores dominicanos deben reconocer que a menudo pueden lograr más haciendo menos. Por un lado, deben atenuar sus aspiraciones en tres áreas: megaproyectos; la creación y proliferación de nuevas entidades, secretarías y provincias; y la reforma constitucional: Las tres áreas son costosas, ya sea en términos económicos o políticos, o ambos, y tienden a ir de la mano de la política patrimonialista tradicional que le ha restado credibilidad al proceso político. Por otro lado, deben volver a entregarse a la aplicación de las leyes vigentes, incluso, especialmente, las concebidas para apoyar a los sectores sociales.
Beneficios políticos.
En lo que atañe con el Poder Ejecutivo, plantea que éste ejerce una influencia especialmente importante en los asuntos presupuestarios y fiscales, y es en gran medida responsable del equilibrio actual entre el gasto de tipo partidario y el de tipo universal en el país. Existen incentivos para primar el gasto visible o distribuible en obras públicas y proyectos similares, sobre inversiones cuyos beneficios se ven a más largo plazo como en educación y, por lo tanto, el gobierno no ha cumplido a cabalidad con los compromisos legales de destinar mayores recursos a este sector.
La inversión en obras públicas suele proveer réditos políticos a corto plazo y facilitar el otorgamiento de prebendas y la continuidad del patrimonialismo que facilita el mantenimiento del poder. Tal práctica resulta costosa en términos materiales y socavan la confianza de la ciudadanía.
Plantea priorizar recursos Educación.
Dice que el Ejecutivo haría bien en ordenar a la brevedad posible un inventario de todas las obras públicas inconclusas del país, un análisis de costos beneficios de su culminación. Asimismo, las decisiones presupuestarias futuras las debe tomar teniendo presentes los resultados de ese estudio.
Al proceder de esa manera racionaliza el proceso de presupuesto, comenzaría a desplazar el otorgamiento del crédito por obras públicas de su inicio a su culminación de manera oportuna y eficiente. Tal enfoque debe ir acompañado de una iniciativa concertada para dar cumplimiento a la obligación del gobierno de destinar mayores recursos a la educación que es vital para la formación y el desarrollo del capital humano, así como la base para que la ciudadanía demande una buena gestión gubernamental que arroje resultados políticos positivos más adelante.
Una moratoria en el emprendimiento de megaproyectos y la creación de nuevas provincias combinadas y destinar mayores recursos a la educación, sería un verdadero “viraje” que marcaría una ruptura total con la manera tradicional de hacer política.
Rosa Alcántara
http://hoy.com.do/el-pais/2010/12/4/352654/BIDsugiere-a-legisladores-no-mas-leyes-y-se-cumpla-con-las-existentes
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