Cártel colegios privados incurre en ilegalidades impunemente

Familia indefensa

La amenaza de la Federación de Colegios Privados (Fenacep), de someter a las justicia  a los padres o tutores que incumplan con el pago, denunciarlos por ante burós de crédito y retener los récords de notas de sus hijos es un ejemplo de los abusos que se cometen contra una ciudadanía indefensa ante la ley y huérfana de protección por parte de las autoridades.

A sabiendas de que  en esta  anárquica selva no hay autoridad que haga prevalecer los derechos del ciudadano ordinario,  directivos de ese cártel responden a una débil ministra de Educación, que pidió no incrementar las tarifas por encima de un 10 por ciento, que hace tiempo la mayoría de los colegios  elevaron hasta en un 30 por ciento el costo de matriculación y mensualidad.

Además de burlarse de las autoridades, de pronunciarse de manera arrogante, al punto de advertir que esos centros educativos deben operar como negocios, los voceros de esa asociación anuncian que se   arrogan derecho para retener documentos de orden público como  los relativos a la escolaridad de un menor, cuyo tutor principal, según la ley y la jurisprudencia es el fiscal.

Los propietarios de esos colegios deberían saber que el Código de procedimiento Civil establece un protocolo procesal en relación al  cobro de deuda por servicio realizado y no pagado, que no incluye  secuestrar documentos ni proferir amenazas con lesionar el crédito del deudor.

Peor, aun la mayoría de esos centros educativos privados obligan a padres y tutores a pagar por adelantado el año completo de escolaridad, incluido los tres meses de vacaciones, lo que  sí constituye una violación al principio de  que nadie  está obligado a pagar por un servicio no realizado.

En vez de  hablar de  excelencia de la educación, de mejoras en los programas educativos, de novedades extracurriculares, sin negarle derecho a justa rentabilidad, los dueños de colegios han preferido ensenar sus enaguas y confundir un sacerdocio con una casa de empeño.

Duele decirlo, pero las familias objeto de  tan incalificables abusos, no tienen dónde acudir para reclamar derecho o siquiera  amparo ante los desafueros de  gente que se atreve a proclamar en público que  los colegios privados es ante todo un negocio, sin detenerse a reparar que primero deberían ser centros donde niños y adolescentes se forjen como el acero.

Por enésima vez se reclama a la ministra de Educación, profesora Josefina Pimentel, al Consejo Nacional de Educación o a quien  sea, que impida que la mentada Federación de colegios privados incurra en ilegalidades contra una población indefensa y huérfana.

Editorial El Nacional
http://elnacional.com.do/editorial/2011/6/29/87497/Familia-indefensa