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domingo, 12 de junio de 2011

Remedio de "El Paquetazo" a la postre resultará peor que la enfermedad



Otros remedios


Sin reparar en su pertinencia o no, el  paquete impositivo que el Gobierno ha enviado al Congreso parece salido del sombrero de algún prestidigitador, pues no se tenía conocimiento de que en  el ámbito oficial se  elaboraría de la noche a la mañana ese legajo de impuestos que procura recolectar este año más de nueve mil millones de pesos  requeridos para tapar un sobregiro fiscal.

Esa premura tendría su razón en la versión no confirmada de que la Misión del Fondo Monetario que revisó las cartas de intención referidas al Acuerdo Stand by impuso como condición para  mantener ese  convenio que  ese hueco fiscal se tapara con recursos generados por la  administración tributaria.

El FMI ha ido  acortando la soga al Gobierno al imponerle  una reducción  en el déficit  fiscal de  4.2  del PIB en 2009 a 2.4% en 2010 y a 1.4% en 2011, que en términos absoluto  sería de 33 mil millones de pesos, tope que no se podría cumplir sin recurrir a financiamiento o por vía de impuestos.

La sospecha de que  ese  paquete  fiscal salió de algún sombrero se basa en que  es ahora cuando las autoridades procuran concertar con  los sectores que serían afectados de manera frontal por esa propuesta de tributo que ya está bajo  el ámbito de un  Poder Legislativo  que debería fungir como  auténtica peña dialogante.

Las causas de ese déficit fiscal están situadas  en el incremento de las transferencias presupuestarias para cubrir el déficit operativo de la Corporación  de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) (700 millones de dólares) y  para el programa de disminución del déficit cuasi fiscal del Banco Central, (18 mil millones de pesos) que en conjunto sumarían unos 45 mil millones de pesos.

Lo que no se entiende es por qué el Gobierno aceptó incursionar en la aventura de un ajuste fiscal, en vez de reclamar del FMI, que le permita la dispensa de mantener el déficit  fiscal de 2011 al nivel de 2010 (2.4% del PIB), lo que permitiría   financiar los nueve mil millones  del sobregiro.

Tampoco se comprende por qué las autoridades  no reclaman al FMI que se cumpla con  el proyecto incluido en la primera carta de intención por el Ministerio de Hacienda para  modificar la Ley  de Capitalización del Banco Central, que elevaría  de 10 a 15 años el plazo para conjurar el déficit cuasi fiscal.

Ese sólo estatuto, que  el FMI eliminó de manera unilateral, permitiría un ahorro de nueve mil millones de pesos en la partida consignada al Bancentral en la Ley de Gastos 2011,  suma  que  serviría para tapar el hoyo fiscal, sin necesidad de  aplicar un indeseable paquete tributario.

El Gobierno debería insistir con el FMI en  la modificación  de la Ley de Capitalización del Banco Central o  en mantener el nivel permitido del déficit  fiscal  a la meta  alcanzada en 2010, como forma de procurar los más de nueve mil millones de pesos que se requieren para  equilibrar el Presupuesto 2011, en vez de aplicar un remedio que a la postre resultará peor que la enfermedad.

Editorial El Nacional
Caricatura: Cristian Hernández

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