En un panel televisado a través de CDN, Canal 37, el politólogo y abogado Pedro Catrain expuso las fuentes teóricas del concepto “dictadura constitucional” manejado por primera vez en el documento firmado por 57 intelectuales, profesionales, artistas y activistas sociales y publicado el pasado 4 de marzo.
Catrain explicó las características que definen a la dictadura constitucional, así como sus diferencias con las conocidas en el país, como la de Rafael Trujillo. Relevó que la dictadura constitucional, a diferencia de las tradicionales, nace y se desarrolla mediante los mecanismos y espacios de la democracia, los que finalmente vulnera.
Al referirse al riesgo que corre la democracia dominicana si se prolonga en el poder ejecutivo al PLD, definido como un partido-corporación dado su entramado de intereses de diversa índole, incluidos los económicos, Catrain resaltó que esto obliga a poner en pie un pacto político que en las elecciones del 20 de mayo conjure la amenaza.
En el panel, conducido por el periodista Ramón Colombo, la politóloga Olaya Dotel trasladó el concepto de “dictadura constitucional” a la realidad cotidiana de la sociedad, y le atribuyó ser un acto del poder hegemónico que se disfraza con la legalidad que viola.
Relevó Dotel que en la dictadura constitucional el Ejecutivo pierde su calidad de mediador para convertirse en competidor de la sociedad. Citó como ejemplo lo acontecido con la selección de las Altas Cortes, proceso en el cual el interés del presidente Leonel Fernández primó sobre los sociales. Hoy por hoy, dijo, las Altas Cortes están convertidas en garantes de la impunidad.
“Hablar de concentración de poder es hablar de exclusión”, ´precisó Dotel, quien afirmó también que en su ruptura con la sociedad civil el gobierno del presidente Leonel Fernández y del PLD ha optado por aliarse a los sectores más conservadores de los llamados poderes fácticos.
De su parte, la antropóloga Tahira Vargas remarcó que la realidad de la dictadura se concreta en la cotidianidad social, en la cual la relación entre la población y las autoridades está mediada por el miedo.
Citó como ejemplo el caso de los empleados de la administración pública, quienes se cohíben de expresar sus simpatías políticas opositoras por temor al despido y, además, son obligados a respaldar la candidatura oficialista a riesgo de perder el empleo.
Al referirse a los programas sociales, presentados por el gobierno como un indicador de la reducción de la pobreza, Vargas afirmó que, establecidos a través de redes clientelares, presentan los beneficios como una dádiva del gobierno y no como un derecho social.
Para el economista Miguel Ceara Hatton, el último de los expositores en intervenir en el panel, el crecimiento económico, exhibido por el gobierno peledeísta como su principal logro, no ha significado la inclusión social.
En su opinión, es necesario cambiar la lógica de la concentración del poder porque genera impunidad y porque impide a los diversos actores sociales participar en igualdad de condiciones en el diseño de las políticas públicas.
Ceara Hatton se encargó de desarrollar los seis puntos que propone Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia como principales del pacto democrático que proponen: combatir la corrupción y la impunidad, el 4% para la educación, reforma política, descentralización del Estado, seguridad ciudadana y crecimiento económico con equidad social.
El economista criticó también la concentración territorial de la riqueza y la explicó como el resultado de políticas de inversión que, ajenas a las necesidades y requerimientos de la población, son puestas al servicio de los proyectos particulares del presidente Fernández.
7dias.com.do
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