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jueves, 12 de julio de 2012

Jueces obligados a castigar severamente a los violadores de la ley



¿Cómo?
La desgracia mayor que agobia a la sociedad dominicana radica en que una minoría dominante impide que el ordenamiento jurídico cumpla su misión de regular el poder y aplicar cabalmente la ley sin distingo político, social o económico, lo que ha generado un virtual Estado de venalidad, impunidad, privilegio y discrimen.

No sería nunca posible combatir con éxito el rebrote de delincuencia y criminalidad y menos aún  los crecientes feminicidios,  sin que  primero Gobierno y Estado higienicen con detergente de ética su desempeño y relación con la población.

¿Cómo prevenir, perseguir, procesar y castigar  los tipos de infracciones criminales o delictuosas,  si  el Ministerio Público escoge  sus delincuentes preferidos y los jueces se desdoblan entre miedo y conveniente administración de justicia?

¿Con cuál calidad moral puede  el Gobierno  emprender políticas públicas de control de la delincuencia si no ha logrado transparentar sus propios  actos, como por ejemplo cumplir  con la ley de  contrataciones  de obras del Estado?

Es verdad que para garantizar orden y  afrontar  al crimen se requiere dotar  de recursos  suficientes a órganos públicos a cargo de la prevención de esos flagelos, pero ¿cómo garantizar un real Estado de derecho, si  fiscales y jueces actúan como “deliveries” del poder político o corporativo?

En sociedades con altos estándares de civilidad, los jueces envían  claras señales a la población de que  el orden jurídico castiga con severidad tipos de infracciones criminales que se vuelven recurrentes, pero aquí -penoso es admitirlo- la justicia, por venalidad, impunidad o temor, funge como ángel guardián de la delincuencia.

Estado, Gobierno, clase política, empresariado, sindicatos y  sociedad civil deberían  alejarse  de la comedia y asumir con  debida responsabilidad  ayudar a construir y sostener el anhelado estado social de derecho, que hasta ahora no ha sido más que una quimera.

La mentada revolución democrática que sustentaría  el imperio de la ley y del derecho debería empezar con  los jueces obligados a  castigar severamente a los violadores de la ley, sean hijos de machepa o delincuentes de cuello blanco.
Editorial El Nacional
Caricatura : Cristian Hernández
http://elnacional.com.do/editorial/2012/7/12/127787/Como

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