Cuando el procurador general Francisco Domínguez Brito anunció su decisión de no dar curso a la denuncia de Guillermo Moreno contra Leonel Fernández y dos de sus más controvertidos colaboradores, nos dio a todos una clase de sociología política. Sobre todo a quienes quisimos ver en él –hablando de expedientes contra corruptos y abusos policiacos- un rayo de luz en esta larga noche de la cacle peledeísta.
Nadie da lo que no tiene. Y esa élite política -compuesta de desfalcadores públicos, xenófobos, tecnócratas insensibles, trujillistas nostálgicos y paladines del Opus Dei- no puede dar moralidad ni buen gobierno. Y por eso Domínguez Brito se apresuró a rechazar la denuncia de Moreno argumentando que el déficit fiscal no implica la comisión de un delito. Hizo el rechazo en el tiempo galáctico de cinco días y lo anunció públicamente el mismo día en que Leonel Fernández pronunció su último discurso, donde hizo lo que mejor sabe hacer: ofender la inteligencia de la ciudadanía.
Creo, sin embargo, que aún en su despeñadero ético, el procurador pudo haber escondido mejor las ropas.
Por un lado, porque en esa muestra de indecoro político a que la calistenia peledeista obliga, el procurador general se dio el gusto de ensalzar las virtudes de la persona contra quien iba dirigida la petición de Moreno, en palabras que en cualquier país con una institucionalidad y una civilidad madura le hubiera costado el cargo: “Personalmente –escribió- siento un gran respeto por el Dr. Leonel Fernandez. Creo en su trato profundamente humano, decente y respetuoso…”
Y luego, que en ese mismo momento anunció el inicio de un proceso contra Amable Aristy Castro. Y aún cuando se dice que Aristy Castro merece no uno, sino diez procesos, es de mal gusto hacerlo en el mismo momento en que los ripios fermentados del reformismo anuncian la expulsión de su antiguo correligionario y hermano de hábitos. Y peor aún, porque en su partido, y en su gobierno, hay figuras de las que se dice, con muchos argumentos, que merecen otros diez procesos por cada uno del impresentable senador por Higüey.
Imagino que el procurador, en el lodazal en que anda braceando, debe estar profundamente avergonzado. Porque él sabe que si bien no hay delito per se en un déficit fiscal, sí lo hay cuando se consigue violando las leyes y la Constitución, cuando se gastan muchos millones en una campaña electoral que garantizaba la continuidad y la impunidad, y cuando un porcentaje de ese déficit se remite a los gastos de los últimos tres meses de Leonel Fernández, en su prematura campaña electoral para el 2016. Claro que hay delito, o por lo menos razones para investigar.
Pero hay algo que insinuó el decepcionante Domínguez Brito en que sí tiene absoluta razón: hay un sesgo político en todo esto. Y claro que lo hay, porque de lo que hablamos no es de un expresidente particularmente dañino para la sociedad, ni de unos socios cleptómanos, sino de todo un sistema político que permite que este tipo de sujetos lleguen a altas posiciones, hagan de las suyas y salgan por las puertas anchas.
Por eso, lo que se discute sobrepasa con mucho las pantomimas consentidas del procurador. Se necesita un gesto mayor, una voluntad política desde el mismo palacio que nombre una comisión imparcial y altamente calificada que produzca un informe sobre las responsabilidades en torno al déficit fiscal y al manejo presupuestario en los últimos cuatro años.
Pero, nuevamente vuelvo a la sociología política, pedirle esto al presidente Medina es pedirle lo que no tiene: autonomía y pulcritud. Pues el presidente Medina encabeza un gobierno viejo, del mismo equipo que nos condujo a este caos en nombre del progreso, y él mismo luce algo así como un gustoso rehén del proyecto autoritario y corrupto que encabeza el expresidente Fernández.
Haroldo Dilla Alfonso
Foto: Alberto Rosario / 7días
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