El diagnóstico de que los principales funcionarios del anterior gobierno están afectados del síndrome Pinocho no fue producto de la invención de algún opositor político.
Las colecciones de medios impresos contienen miles de evidencias que muestran su incontinencia en cuanto a mentir de manera habitual. El problema de ese padecimiento es que se agrava cada día que pasa ya que los afectados se niegan a corregir el comportamiento. Pocas esperanzas hay de sanación puesto que el adicto debe, ante todo, admitir su vicio. Y esa admisión es algo casi imposible entre narcisistas.
Algunos de este clan se dieron cuenta de que la mentira constante los estaba perjudicando políticamente. No había forma de que el pueblo confiara en su gestión. Pero en vez de cambiar de actitud y hablar nada más que la verdad, decidieron entonces sobornar a cuanto periodista o comunicador evidenciara ser susceptible de corromperse. Pero como la desconfianza seguía creciendo, entonces los ideólogos de la perpetuación en el poder político concluyeron que, si no había sido suficiente con el soborno a los comunicadores, lo que había que hacer era adueñarse de los medios de comunicación. Con el erario a su disposición y los chantajes fiscales a la orden del día, organizaron el proceso de adquisición de los medios usando testaferros a quienes no les importaba exhibir que eran dirigentes del grupo corporativo PLD o socios económicos del entonces presidente Fernández. Pero esas apropiaciones con dinero ajeno demostraron no ser suficientes para ganarse la credibilidad del pueblo.
Fue entonces cuando, como último recurso para seguir mintiendo, decidieron modificar el Código Penal de manera que todo aquel que evidenciara su incontinencia de falsedades fuera sometido ante los tribunales y penalizado de manera extrema. Mostraron tanta impaciencia por seguir mintiendo que la Cámara de Diputados aprobó, en primera lectura, que quien considerara se atentaba contra su honor, buen nombre, imagen, dignidad o integridad familiar podía lograr que se condenara a prisión y a multas en dinero a aquel que lo denunciara. Nada dice el artículo 191 propuesto si la denuncia que se hiciera fuera sostenida con evidencias obtenidas de fuentes confiables.
Lo que es peor. El artículo 193 del código penal trata de erigir una barrera protectora de los funcionarios públicos, desde el Presidente de la República hasta los empleados de cuarta categoría, nacionales o extranjeros. Vendría a ser como los fosos, las murallas y el aceite hirviente de los castillos medievales levantados por los corruptos para sancionar, confiando en jueces sumisos, que actuarían contra quienes los acusen de saqueo de los fondos públicos.
Suerte para Héctor Valdez, gobernador del Banco Central, que ese Código Penal no estuviera ya en vigencia puesto que el honor y la dignidad familiar de Leonel Fernández deben haberse resentido cuando desmintió las cifras que proclamó públicamente tratando de justificar el descomunal déficit fiscal que provocó su manejo de la cosa pública.
Otros que pudieron ser sometidos a la justicia, si el Código Penal hubiera estado vigente, serían los miembros de la misión del Fondo Monetario Internacional quienes estudiaron la situación económica y financiera del país. Ellos denunciaron públicamente que los gastos del gobierno de Leonel Fernández en 2012 fueron realizados en violación a las apropiaciones presupuestarias establecidas por la ley de gastos públicos. Asimismo, denunciaron la falta de transparencia en las operaciones del gobernante, las que provocaron el descomunal déficit fiscal.
En un enredo semejante de tribunales se hubiera visto Raúl Izaguirre, embajador de Estados Unidos, por haber denunciado ante la Cámara Americana de Comercio que la corrupción gubernamental es el mayor obstáculo para el fortalecimiento económico del país. Enfatizó el diplomático que la corrupción no debe ser aceptada por nadie sino que, por el contrario, debe ser superada.
¡Qué suerte tuvieron esos tres!
Como todo lo maligno en la vida, este código trae en sí el germen de su propia destrucción. Ese mamotreto intimidador de Pinocho la enfrentaremos hasta vencerla ya que no vamos a callar, ni permitiremos que se salgan con la suya limitando la libertad de expresión que ha prevalecido hasta ahora en este país.
Que se preparen para llenar las cárceles con nosotros, porque nunca vamos a callar sus iniquidades.
Hamlet Hermann
Hoy Digital.com.do
http://www.hoy.com.do/opiniones/2012/11/25/456243/Llenaremos-las-carceles-antes-que-callar
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