La victoria del ungido Nicolás Maduro ha sido pírrica, desconcertante, pero podría ser conveniente para Venezuela si los dos agrupamientos de fuerzas políticas que se enfrentaron la asumen como el inicio de un proceso de transición hacia un sistema político basado en un acuerdo donde se respeten y potencien las conquistas sociales logradas por las masas de excluidos, elevados a la condición de ciudadanos por el proceso de cambio impulsado por Chávez y donde se plasmen los principios básicos de la institucionalidad democrática.
Esa pobre y hasta cuestionada victoria estaría indicando que la mayoría del pueblo venezolano no soporta más el cansancio que supone vivir en un estado de permanente agitación y de crispación política. Indica, además, que todo proceso de cambio basado el carisma de su líder impulsor y no en sólidas instituciones se quiebra con la desaparición de éste. Es la lección que no acaban de entender muchos chavistas dentro y fuera de Venezuela.
Crear una nueva institucionalidad en un proceso de cambios profundos como el que han querido hacer Chávez y sus seguidores es en extremo difícil. La resistencia al carácter verdaderamente democrático de esa nueva institucionalidad de parte las fuerzas del antiguo régimen e incluso de sectores impulsores del nuevo orden es encarnizada. En los procesos como ése se cometen inaceptables excesos, el chavismo los ha cometido y eso ha erosionado su legitimidad, como lo indica esta pírrica victoria.
El gran problema es encontrar la suficiente racionalidad para comprender esos excesos, para tener conocimientos objetivos de la complejidad de un proceso como el venezolano y para poder situar correctamente los alcances y límites de las razones que cada una de las fuerzas enfrentadas podrían tener.
En caso específico de los reclamos del bloque opositor, tienen razón cuando piden una verificación de los votos emitidos, cuando denuncia el uso y abuso de los recursos del Estado para imponer un resultado electoral; también cuando reclaman el respeto a la legalidad que el propio régimen se ha dado. Sin embargo, el grueso de las fuerzas que integran ese bloque se mantuvo en el poder desconociendo la legalidad, utilizando los recursos del Estado para mantenerse en el poder, haciendo elecciones viciadas, entre otras tropelías.
Eso le resta fuerza moral para exigir ahora unos derechos que ellos mismos en su momento negaban. Pero, el tema no es tan simple, las tensiones provocadas por la encarnizada y clara lucha de clases en que ha discurrido el referido proceso, dificultan trazar una línea divisoria entre lo ético/legal y lo político. Es ético y legal que se reconozcan sus derechos, pero políticamente también lo es preguntarse si tengan legitimidad alguna para exigirlo unas fuerzas que nunca han reconocido el respeto a la legalidad y más que eso, el derecho a la justicia de los excluidos.
Ese y otros dilemas deberá resolver el chavismo y su solución no es de su exclusiva responsabilidad, también lo es del bloque opositor, donde a pesar de sus intolerantes y fascistas, militan sectores de incuestionable tradición democrática. Encontrar un punto de encuentro entre los bloques enfrentados es la única manera de resolver ese dilema para hacer gobernable ese país.
César Pérez
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