Cuando la sociedad dominicana apenas comenzaba a olvidar el papelazo que hiciera el Congreso Nacional con la aprobación del contrato de Barrick Gold, el Senado se despacha con un acuerdo de aposento, tirando por la borda las expectativas de contar con un defensor del pueblo comprometido con la defensa de los derechos de la ciudadanía.
La decisión expresa el desprecio de quienes no necesitan del voto consciente de la ciudadanía, ya que su llegada al Congreso ha sido sobre la base los recursos del Estado. Sin una ley de régimen electoral y de partidos políticos, las elecciones han derivado en un circo político, que solo entretiene.
Hoy como nunca, el voto de la ciudadanía ha perdido valor, ya que quienes son elegidos en puestos públicos tienen la manera torcer la voluntad popular gracias al peso de los recursos de que disponen, o sencillamente comprar su elección.
Urge transformar el entramado institucional que les permite a los funcionarios electos llegar a los puestos a través del uso masivo de recursos, tanto públicos como privados. Pero también se requiere dotar a la ciudadanía de un instrumental que le permita revocar el mandato de quienes le dan la espalda.
Sin régimen de consecuencias, las leyes se vuelven letra muerta y las instituciones se vacían de sentido. Es así que la figura del defensor del pueblo tiene el mismo destino que otras entidades dedicadas a la defensa de la ética en las instituciones públicas, entre otras, gracias al Senado que tenemos.
Olaya Dotel
7dias.com.do
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