El Gobierno dominicano juega con fuego con la migración haitiana. Es un tema de trascendencia nacional e internacional que no puede por siempre tergiversarse.
Primero, durante sus 13 años de gobierno, el PLD ha mantenido el mismísimo tollo migratorio que otros gobiernos. Este tollo se fundamenta en el tráfico ilegal humano para beneficio gubernamental y empresarial. Se sabe muy bien que la pobreza y la inestabilidad en Haití generan un caudal de obreros en miseria que desean emigrar, y al Gobierno dominicano nunca le ha interesado controlar eficazmente la frontera. Ahí comienza el fuego.
Segundo, esos inmigrantes han sido empleados masivamente por los empresarios dominicanos en la agricultura y la construcción, y por el mismísimo gobierno en sus obras públicas, ya que los haitianos realizan los trabajos más duros en las condiciones más precarias. El Nueva York chiquito de Leonel Fernández tiene sello haitiano. ¿Con qué cara puede entonces el Gobierno dominicano hacerse víctima de la avalancha migratoria, si ha permitido la entrada indiscriminada de trabajadores haitianos y los ha empleado? Ojo, no fueron las ONG ni los organismos internacionales que los trajeron ni emplearon. Por tanto, no son ellos los responsables del incendio.
Tercero, los braceros que trajeron Trujillo y Balaguer tienen muchos años en República Dominicana. Procrearon hijos, nietos y bisnietos que se criaron como dominicanos y muchos no han sido oficialmente declarados. Según la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) 2012, hay actualmente unos 500 mil haitianos y 200 mil descendientes, y según la Junta Central Electoral sólo unos 36 mil en el registro civil. Es un grupo humano muy grande que se multiplica en pueblos y campos. La Sentencia TC 168/13 ha declarado a todos esos descendientes como no-dominicanos, e igual hizo la Suprema Corte en 2005. Si no son dominicanos quedarán silentes en la ilegalidad, acumulando pobreza y resentimientos por generaciones. Más leña al fuego.
Cuarto, un sector beligerante del Gobierno se dedica activamente a azuzar la población con un fanatismo seudo-nacionalista, y llaman traidores a todo el que cuestione su parecer o proceder, algo propio de la ideología totalitaria que desde el poder divide la sociedad en buenos y malos para ejercer su dominio al máximo. Creen que con kerosene apagarán el fuego.
Desde 1996, el PLD echó su suerte con los sectores más conservadores de la sociedad dominicana. Los que siempre se han opuesto a los derechos humanos y a la justicia social. Al abrazarlos, el PLD se hizo artífice de sus causas. Los réditos son claros: 13 años en el poder con todos los beneficios acumulados. Como no hay oposición crítica partidaria, aumentan los riesgos de caer en un fanatismo ideológico expresado en leyes y políticas públicas que tiene como uno de sus objetivos (no el único) negar derechos a los descendientes de inmigrantes haitianos.
Nadie en República Dominicana, fuera del Gobierno y los empresarios explotadores, desea un tollo migratorio como el existente. Las voces críticas de la Sentencia TC 168/13 no buscamos la haitianización del país, sino leyes justas que reconozcan los derechos de los descendientes de inmigrantes indocumentados, a quienes la vida les deparó haber nacido y crecido en territorio dominicano. ¿Qué interés tan visceral mueve el Gobierno a excluirlos de la nacionalidad si nacieron y se criaron en República Dominicana? Escoja usted la respuesta.
El derecho soberano de todo país a establecer los criterios de nacionalidad no es un derecho soberano a arruinar vidas y esperanzas. Por el bien y la soberanía de la República Dominicana, el Gobierno no debe seguir jugando con fuego con la migración haitiana.
Rosario Espinal
rosares[@]hotmail.com
Dibujo: Wilson Morfe
Hoy Digital.com.do
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