Una huelga para no transparentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales es, en la más indulgente opinión, un descarado absurdo. Pero a los miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes los tiene sin cuidado. Se mantienen en sus treces defendiendo la opacidad de sus negocios: odian las impresoras fiscales como el diablo a la cruz.
El sistema tributario dominicano ha sido objeto de críticas diversas desde hace mucho tiempo. Para las cúpulas empresariales, la carga impositiva que recae sobre sus negocios tiene efecto de retranca. Corporativos, con una visión de la equidad muy limitada, abogan con vehemencia por la eliminación de los subsidios y por la corrección de las “distorsiones” que propician competencia desleal.
Quienes, contrario a ellos, privilegian el principio de justicia, han demostrado con creces la regresividad del sistema. El desequilibrio entre el porcentaje de sus ingresos que un pobre destina al pago de impuestos y lo que destina un rico, es pasmoso. Y ni siquiera tienen los pobres el aliciente de que el drenaje de sus precarios recursos sea medianamente compensado con servicios eficientes y justas políticas públicas.
No nos llamemos a engaño. Los pequeños y medianos comercios, con igual derecho que los grandes a obtener ganancias, no son precisamente un dechado de virtud ciudadana. Con sus precios vampíricos, decididos arbitrariamente, agravan la situación de los más pobres y no se ruborizan.
El reclamo de postergar aumento del ITBIS de un 8 a un 11 % en productos básicos, nada tiene de solidario: temen, y así lo han dicho, que sus operaciones se reduzcan. Es asimismo un arma de chantaje. Estarían dispuestos a aplicarlo a condición de que la Dirección General de Impuestos Internos no les hablen de impresoras fiscales.
Podrán intentar enmascararlo, pero lo cierto es que a los comerciantes huelguistas los guía un solo propósito, la evasión. Y eso, además de inadmisible, da vergüenza ajena.
Margarita Cordero
LA OPINIÓN DE LA DIRECTORA
www.7dias.com.do
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