Ingeniero Daniel Bodden.
"ESOS CONTRATOS NO DEBERÍAN SER FIRMADOS JAMÁS EN EL PAÍS, CUANTO MENOS EXTENDERLOS"
Desde que el Estado dominicano estableciera relaciones contractuales en 1997 con la firma Central Eléctrica San Pedro de Macorís (CESPM), originalmente, consorcio formado por la firma Cogentrix Energy, y Scotia Energy, muchas pronunciamientos se han producido desde diferentes sectores que, más allá de sus iniciadores, Temístocles Montás y Celso Marranzini, siempre lo calificaron como un negocio oneroso en contra del país.
Sin embargo, ahora cuando el Poder Ejecutivo pretende extender aún más el plazo a esa empresa, en las mismas condiciones de hace 17 años, uno de los principales problemas que afectan al Estado dominicano y por extensión a la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), radica en que en el contrato comercial firmado entre la Cogentrix y el entonces vicepresidente ejecutivo de la entidad estatal, Radhamés Segura, se estableció que operaría con una planta de 300 Mw y no con tres de 100 como sucede en la actualidad.
A juicio del ingeniero Daniel Bodden, lo peor de todo es que cuando Cogentrix opera con una sola planta, es decir, un tercio de su capacidad, es la CDEEE la que queda penalizada, lo que se traduce en grandes pérdidas para la empresa estatal.
Daniel Bodden, experto en asuntos eléctricos, quien muestra gran preocupación por las pretensiones del Poder Ejecutivo de extender el plazo de operación por 15 años más a esta empresa, a través de su subsidiaria CESPM, reitera que “el problema de Cogentrix ni siquiera es que sea una planta operada con fuel oil no.2, sino que ese contrato comercial, firmado en su momento por el ex funcionario, establece claramente que, en función o no, hay que pagarle por capacidad, lo que representa, solo por ese concepto, entre US$45 millones y US$ 50 millones al año hasta el 2013”.
Explica que ahora el pretexto para la extensión del plazo con todas las garantías soberanas es el hecho de que los costos de operación bajarían, tal y como ocurrió con el cuestionado Acuerdo de Madrid, lo que evidencia una falta de planificación en el tratamiento al problema eléctrico en el país
Argumenta que si bien es cierto existían otros contratos IPP similares, con clausulas de “take or pay”, -- es decir, toma o paga--tales como Metaldom, CEPP DPP, Smith and Enron entre otros, el “take or pay” de Cogentrix es bautizado por el Estado bajo el manto de una garantía soberana otorgada por el Congreso Nacional, por supuesto, calzada con la firma del entonces administrador de CDE, Juan Temístocles Montás.
Más aún, destaca las presiones a la que fue sometido el Estado dominicano luego de la firma del contrato con Cogentrix de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, -quien financió la operación—y el Banco Mundial entre otros, para que honrase la deuda de la empresa privada por encima de cualquier otros compromisos con los generadores, lo que ha devenido en una especie de Espada de Damocles sobre el Estado dominicano.
Relata que “en el 2000-2004, cuando César Sánchez enfrentó a Cogentrix y Smith and Enron, en momentos en que el estado tenía una deuda acumulada con dicha empresa, visitó el país Enrique Iglesias, a la sazón presidente del BID, y se entrevistó con el entonces presidente de la República Hipólito Mejía, quien, en su peculiar estilo le preguntó que si estaba asustado ante la posibilidad de perder su empleo por la deuda de Cogentrix, por lo que al día siguiente fue honrado el compromiso bajo la promesa de que la planta empezaría a generar, sin embargo, en menos de 24 horas, luego de realizado el pago, Cogentrix volvió a salir de línea reclamando más dinero supuestamente endeudado”
En su conversación con esta reportera, a propósito de la serie de reportajes que con relación al tema publica este portal, Bodden explica que en el cuatrienio l996-2000, encabezado por Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana, además de la firma de ese contrato, considerado el más oneroso en la historia del negocio eléctrico en República Dominicana, se adquirieron 172 mw de turbinas de gas de ciclo simple, operando también con fuel oil no.2, distribuidos en 5 unidades alstom de 34.5 mw cada una y una Siemmens de 100 mw
“La diferencia es que esas unidades no han producido el agujero financiero a las finanzas públicas ocasionado por Cogentrix y Smith and Enron, pues si no operan no hay que pagarles un solo centavo”, afirma.
Explica que el propio Radhamés Segura, quien por cierto pretende la candidatura presidencial del PLD, admitió haberse equivocado al firmar el contrato comercial con Cogentrix, no porqué operase con fuel oil no.2, sino por las cláusulas lesivas que contiene, lo que le llevó incluso a pedir perdón al país y a la sociedad dominicana en más de una ocasión.
Reconoce sin embargo que, aún cuando nadie posee una bola de cristal para hacer predicciones, “ y a pesar de que en el futuro inmediato podría producirse un cambio en los precios en donde el petróleo sea el más barato y el carbón el más caro, la diferencia es que, de llegar a ocurrir, los contratos de ITABO, DPP y Andrés, no representarían un problema para el país, pues los mismos no poseen ni la garantía soberana, ni tampoco el pago por capacidad obligada aunque no generen un solo kwh de energía, y si las plantas no son despachadas las pérdidas son de los dueños de las mismas y no del Estado como ocurre con Cogentrix y Smith and Enron”.
Concluye que por las razones antes esgrimidas, esos contratos no deben ser firmados jamás en el país, cuanto menos pretender extenderlos, solo para favorecer a un sector empresarial en una franca competencia desleal que podría llevar al país a los tribunales internacionales.
Ivonne Ferreras
Z-101 Digital.com
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