En el ruido de un trueno de Ray Bradbury, Travis organiza safaris para cazar dinosaurios usando una máquina del tiempo. El único requisito para viajar era comprometerse con no modificar el pasado para no alterar el presente. A juzgar por sus últimas decisiones, algunos miembros del Tribunal Constitucional de República Dominicana, parecen ser más asiduos lectores de Ray Bradbury que de las aburridas enciclopedias de derecho que seguramente acumulan polvo en sus despachos.
En una decisión de ciencia ficción, el 23 de septiembre del 2013, el tribunal dominicano viajó al año 1930 y le quitó la nacionalidad a decenas de miles de dominicanos, modificando arbitrariamente los criterios para obtener la nacionalidad que se aplicaban desde hace ocho décadas. Para lograr ese objetivo el Tribunal ignoró los estándares dominicanos, una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos y la práctica reiterada del propio gobierno dominicano.
La Corte Interamericana, que felizmente no utiliza la máquina del tiempo, se mantuvo firme en su posición y le reiteró al gobierno dominicano la obligación de cumplir con sus decisiones. Ante la insistencia de la Corte Interamericana para que se le reconozca la nacionalidad a miles de dominicanos, al Tribunal Constitucional se le complicó su obsesión de ser el árbitro en la determinación del ser dominicano. En efecto, el expresidente Leonel Fernández aceptó en 1999 la competencia de la Corte Interamericana, obligando al Estado dominicano a cumplir con todas sus decisiones. Pero no sólo aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana, también depositó el instrumento de ratificación en la Secretaría General de la OEA y realizó numerosos actos jurídicos ratificando la voluntad de cumplir con las decisiones de la Corte Interamericana.
Pero para el Tribunal dominicano y su máquina del tiempo no existen obstáculos insuperables. Allí partieron nuevamente los Ilustres Jueces al año 1999, y con una segunda sentencia de ciencia ficción pretenden borrar de la historia el instrumento de ratificación de la competencia de la Corte Interamericana, la Secretaria General de la OEA, todos los actos realizados por el Gobierno dominicano ante la Corte Interamericana, a la misma Corte Interamericana y todos los casos contra República Dominicana.
Solo se salvó Leonel Fernández, quien casualmente acaba de dar un discurso en la sede de la OEA en Washington, donde hizo gala de su conocimiento sesgado de la historia latinoamericana, para criticar a la Comisión y Corte Interamericanas, invocando un concepto autoritario de soberanía para no tener que cumplir con sus decisiones. Lo que ignoraron Leonel y varios gobiernos latinoamericanos, sin embargo, es que la enorme deuda pendiente que tiene la región con los derechos humanos solo se va a resolver con una ampliación en la protección de los derechos de las personas, no con más garantías para los Estados. La enorme pobreza y discriminación que existe en nuestra región es responsabilidad de los gobernantes, no de la Comisión y Corte Interamericanas. Matando al cartero solo van a lograr aumentar las violaciones a los derechos humanos.
Con esos dos viajes en el tiempo los ilustres jueces dominicanos pueden descansar tranquilos. Parece que su obsesión de quitarle la nacionalidad a miles de dominicanos está cumplida. El lector se preguntará porque tan desmedido afán del Tribunal. Tal vez sea suficiente decir que el 99.9% de las personas que perdieron la nacionalidad dominicana son de origen haitiano. Prefiero no usar la palabra discriminación por temor a que los ilustres jueces quieran borrarla del diccionario de la Real Academia para evitar ser acusados de racistas y discriminadores.
No quiero aburrir con doctrinas de derecho, pero tal vez los ilustres jueces faltaron a clase el día en que se enseñó la Doctrina de los Actos Propios. Según este Principio General del Derecho, el Estado no puede ir contra sus propios actos. Es decir que si un Estado realizó actos que crearon consecuencias jurídicas, por ejemplo otorgando derechos a las personas, no pueden caprichosamente de un día para el otro modificar todo y dar marcha atrás.
Los ilustres jueces deberían saberlo ya que no se trata de una doctrina muy reciente. El primer caso que se conoce proviene del jurista romano Ulpiano. Tal vez un viaje al año 215 para tomar clases de derecho con el mismo Ulpiano (y quedarse un tiempo prolongado), podría ser una salida elegante para resolver el mamarracho jurídico creado por los Ilustres Jueces.
El viajero de Bradbury regresó al presente con una mariposa muerta debajo de su bota y un mundo distinto. Lamentablemente el tribunal dominicano regresó pisoteando los derechos humanos de millones de dominicanos. Esperemos que los líderes respondan con la madurez que requiere el momento y pongan fin a uno de los casos más graves de discriminación sistemática e institucional que no sólo desprestigia a República Dominicana, sino también a toda América Latina.
El reciente discurso de Leonel Fernández también va por la senda equivocada. Le recomiendo que le pida prestada la máquina del tiempo a los ilustres jueces y recupere sus sueños de una América Latina más justa y con igualdad de oportunidades para todos, antes de que el abrazo con Joaquín Balaguer modificara sus ideales.
Santiago Canton
Director Ejecutivo del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos y Profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown.
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