La actitud del Tribunal Constitucional, reflejada a través de sus sentencias, ha demostrado que intentar cualquier debate o análisis jurídico de sus decisiones es una absoluta pérdida de tiempo; una en la cual no planeo incurrir.
En cambio, entiendo oportuno que surja el debate sobre la necesidad de replantearnos la composición y la forma en que son designados los miembros de ese vital Tribunal a los fines de ahorrarle a la República Dominicana el circo jurídico y la constante vergüenza internacional a la que nos viene sometiendo.
Como mi estimado profesor de lógica jurídica, el Dr. Santana Marcano, solía citarnos en sus cátedras magistrales: cum negante principia nequit disputari (con quien niega los principios no vale la pena discutir).
Con sentencias como las 167-13, 168-13, 201-13 y ahora la 256-14, el Tribunal Constitucional demuestra que no reconoce los principios a los que debe someterse tales como el de legalidad, predictibilidad de las disposiciones judiciales, racionalidad y en general ni siquiera respetan la misma Constitución que están llamados a defender, todo con el propósito de llevar hacia adelante su agenda política personal apelando al populismo judicial, por lo que resulta evidente que sobre sus decisiones no vale la pena discutir.
El peligro de la politización de los tribunales de justicia, nunca ha sido que los jueces sean miembros o simpaticen por algún partido político y tiendan a favorecer a sus “dilectos”, sino que estos orienten sus decisiones judiciales a desvirtuar las interpretaciones comúnmente aceptadas de las normas de derecho para ajustarles a sus propios prejuicios políticos, ignorando el bloque legal que les rige.
El peligro de que la corte politizada sea el Tribunal Constitucional es que con el inmenso poder que esta tiene, se exceda en su mandato centrado a la valoración de normativas y asuma como su función el trazarle pautas políticas a los demás Poderes del Estado. El actual Tribunal Constitucional, en apenas 2 años de funcionamiento, se ha atribuido calidad de dictarle (a modo de “sugerencia”) la política migratoria, impositiva, de tratamiento a la inversión y ya hasta la diplomática al Poder Ejecutivo.
Ese poder con el que cuenta el Tribunal Constitucional no sería un problema si este fuera ejercido de forma razonable dentro de un marco interpretativo predecible atado al marco legal existente, sin embargo, esto nunca será posible si esa Corte se orienta a empujar su propia agenda política desvirtuando el espíritu de las normas al momento de tomar sus decisiones.
No se puede hacer mucho con el actual Tribunal Constitucional más que morder un paño húmedo y seguir aguantándole sus exabruptos hasta que culminen los mandatos de los jueces que le componen.
Con suerte, para ese entonces el criterio de elección de esos jueces exigirá que la mayor parte de su membresía esté compuesta por jueces de carrera que, en principio, tiendan a interesarse en la correcta interpretación de la Constitución más que a empujar una agenda política.
De lo contrario, el sueño de tener un Estado sujeto a las disposiciones que componen su Bloque Constitucional fiscalizado por un Tribunal Constitucional, se convertirá en una terrible pesadilla de años y años.
Ahora queda de los demás Poderes del Estado, y en especial al Poder Ejecutivo, hacer los malabares con toda esta locura.
Orlando Gómez Torres
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