Los recientes asesinatos en Estados Unidos de dos adolescentes negros a manos de policías blancos, las consiguientes movilizaciones populares y el incremento de la represión gubernamental contra quienes reclamaban justicia, debían poner a pensar sobre el futuro a los militares y policías dominicanos. Los “uniformados” de este paisito de nosotros deben reflexionar cuidadosamente porque, a final de cuentas, si el Estado de Derecho sigue deteriorándose a la velocidad de 2014, es probable que el sector político que se siente más evidenciado por la lucha contra la impunidad de los corruptos los lance a la calle a reprimir a quien exija castigo para los culpables.
La Historia dominicana está repleta de episodios en los que, después que los políticos cometen sus fechorías y el pueblo protesta, lanzan la guardia a la calle a matar o apalear a cuantos exijan respeto por la Constitución y las leyes. Luego de ordenar a las fuerzas represivas disparar a discreción, los políticos gobernantes se refugian en su “bunker” mientras la sangre corre. Con ese mecanismo hipócrita, los guardias y policías quedan como los asesinos, mientras los políticos gobernantes, quienes dan las órdenes para ultimar a los principales opositores, quedan como mansas ovejas que a nadie hacen daño.
¿Recuerda alguien que cuando asesinaron a las hermanas Mirabal el Presidente de la República era el doctor Joaquín Balaguer, gran aliado del Partido de la Liberación Dominicana? Un grupo de miserables paleros fue sometido a juicio y condenado por el triple crimen mientras los autores intelectuales de esa matanza volvieron y volvieron a gobernar una y otra vez para enriquecerse y vender este país al crimen organizado.
¿Recuerda alguien que cuando asesinan a Manolo Tavárez y sus compañeros del Movimiento Revolucionario 14 de Junio quien gobernaba este país era el grupo oligárquico pro estadounidense que derrocó a Juan Bosch y a la Constitución de 1963? Eso parece haberse olvidado aunque los militares quedaron como chivos expiatorios al cumplir la orden impartida por los golpistas. Los políticos se limpiaron con tanto cuidado de aquella sangre que su descendencia todavía controla la economía nacional y se postula como árbitro excelente de la democracia occidental.
¿Recuerda alguien la matanza de gente humilde que ordenó el gobierno de Salvador Jorge Blanco en abril de 1984? Esa masacre permanece oculta porque el Partido Revolucionario Dominicano eludió su responsabilidad culpando a militares y policías que cumplían órdenes del Palacio Nacional. Así, ellos han estado hablando de democracia sin que esa sangre haya, históricamente, coagulado. Nunca se sabrá cuántos centenares de dominicanos humildes encontraron la muerte en esos días por órdenes de los políticos.
Los mercenarios que golpearon recientemente a quienes ejercían el derecho ciudadano de protestar un cínico acto de Leonel Fernández fueron protegidos por la Policía Nacional mientras, a palos, se impedía la manifestación. Por eso, los militares y policías debían cuidarse también de sus propios jefes, quienes ocupan esos cargos por un desempeño político.
La Constitución dominicana es clara:
A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe.
Con esos ejemplos debía ser suficiente para que militares y policías, en sentido general, se abstengan de servir como instrumento represivo para proteger la corrupción y la impunidad de los políticos actuales. Ellos debían estar conscientes de que, como decía el periodista Juan Bolívar Díaz pocos días atrás:
Cada vez es mayor la convicción de que la única ley que tiene plena vigencia es la de la conveniencia política, de la que no escapan ni siquiera las llamadas altas cortes que actúan como brazo político, dejando bajo fuertes interrogantes al Estado de Derecho prevaleciente en el país.
Debíamos vernos en el espejo de México donde la profundización de las políticas neoliberales creó una rapaz plutocracia cuya única divisa es la ganancia, empobreciendo a más de la mitad de la población y anulando las conquistas que se habían logrado en la Constitución. Aquí como allá, se ha generalizado un clima de extrema violencia, corrupción e impunidad que mantiene en estado de ilegitimidad a todas las instituciones del Estado.
Visto el caso y comprobados los hechos, los militares y los policías deben cuidarse de no volver a servir de instrumento de los políticos corruptos, quienes siempre los han utilizado como escudo criminal para esconder sus fechorías. Mientras los politiqueros siguen enriqueciéndose y forjando una imagen de mansas ovejas que nunca han sido.
Ojalá los gobernantes actuales no se dejen narigonear y eviten caer en esa trampa histórica.
Hamlet Hermann
@HamletHermann
Acento
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