El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) es un organismo descentralizado, adscrito al Ministerio de Educación, que tiene bajo su responsabilidad el Programa de Alimentación Escolar (desayunos, almuerzos y meriendas), la distribución de uniformes, mochilas, zapatos y algunos servicios de salud.
¿Por qué una institución creada para promover y asegurar el bienestar del estudiantado de las escuelas públicas tiene que dedicarse al asistencialismo repartiendo bonos navideños a personas particulares al libre criterio de su director? ¿No hay algo mas productivo y beneficioso para ese estudiantado en qué invertir el millón de pesos que se gastó en esos bonos?
La denuncia la ha hecho la Comisión de Veeduría Ciudadana del Inabie, que desde junio del año pasado asumió la responsabilidad de observar, vigilar y monitorear los procesos de compras y contrataciones de la institución, al tiempo de calificar de inaceptable que dedique fondos del presupuesto del Ministerio de Educación, del peleado 4% del PIB, al asistencialismo politiquero.
Creadas para fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos, las veedurías ciudadanas fueron definidas por el Procurador General de la República, el doctor Francisco Domínguez Brito, como un excelente mecanismo de control contra la corrupción.
La denuncia de los “veedores” del Inabie sobre el reparto de bonos navideños pone a prueba la utilidad práctica de ese mecanismo de “control de la corrupción” que tanto elogió el Procurador, pero también da la oportunidad al gobierno de demostrar que no lo creó para hacer bulto ni para poner de mojiganga a quienes, sacrificando tiempo valioso de sus actividades profesionales, académicas, empresariales, religiosas y productivas se han integrado a las veedurías ciudadanas confiados en que hacen una importante contribución a una administración mas transparente, pulcra y honrada de los recursos públicos.
Claudio Acosta
c.acosta@hoy.com.do
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