Todos sabíamos lo que sucedería con los multimillonarios recursos que recibiría el Partido Revolucionario Dominicano luego de su alta votación en las elecciones de 2012 y antes, lo sabíamos los pocos que quedaron allí, los que huyeron de allí para formar el PRM, Usted y yo, quien escribo.
El accionar político y reputación en el comercio de quienes asaltaron la dirección de este partido es harto conocido. Las traiciones a sus compañeros en las elecciones de 2012, los préstamos oficiales en bancos del Estado tomados en plena campaña electoral sin garantías económicas ni historial crediticio confiable, la denunciada relación de uno de sus dirigentes por parte de Sobeida Félix Morel, con el capo José Figueroa Agosto, sus vínculos afectivos, comerciales y políticos con la dirección del PLD, todo esto es de dominio público y se ha aceptado, porque ha existido una mano poderosa que lo ha asistido y protegido.
Se han escudado en la Ley de Secreto Bancario para favorecerles, funcionarios del Gobierno han sido benévolos con ellos por los servicios prestados a la causa oficial y cuentan con votos seguros de jueces dependientes en las altas cortes.
La Cámara de Cuentas no ha podido auditar la gestión financiera de los actuales dirigentes del PRD, no se ha podido determinar en qué ha utilizado ese partido las multimillonarias asignaciones que le ha entregado el Estado, del dinero de nuestros impuestos, a través de la JCE.
El presidente del PRD Miguel Vargas Maldonado, alega que no tienen los comprobantes de gastos del periodo 2009-2012 porque se perdieron en enero de 2013, durante los desórdenes que se produjeron entre militantes de su partido. Que se recuerde, durante esos incidentes nunca se denunció una situación como la planteada luego, en agosto de 2014. De haber sucedido así, cosa que está en dudas, debió notificarse de inmediato a la JCE y a la Cámara de Cuentas la pérdida de documentos.
Estamos ante un caso con altas posibilidades de desfalco de los fondos de un partido político, donde el presidente del mismo aspira a que se acepte como bueno y válido su argumento inaceptable y que se archive definitivamente el caso.
Este es el momento preciso para que el Ministerio Público inicie una acción penal conjuntamente con la Junta Central Electoral para intervenir el departamento financiero del PRD y se someta a la justicia a los responsables de la desaparición de la contabilidad de esa organización.
Hay serias sospechas en la opinión pública de un desfalco de RD$1,215 millones en la administración del PRD y sería inconcebible para la sociedad que la justicia se quede inmovilizada
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Luis Del Monte / Desde La República Dominicana
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