Las medidas de coerción de la jueza Cristo Cristo

                               Jueza Cristo Cristo. Archivo

Sentencia chocante
Es competencia de los jueces la administración de justicia. Tienen una soberanía absoluta en su jurisdicción, pero eso no los sustrae del escrutinio público, y sus sentencias pueden ser objeto de toda clase de consideración.

Se dice que los jueces no pueden actuar bajo la presión de los actores sociales. Se admite, pero sus actos tienen que circunscribirse a la ley y a la responsabilidad que entraña su misión.

Nos choca la decisión de la magistrada Margarita Cristo Cristo, juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, que favoreció a los acusados por el Ministerio Público del robo en la residencia del embajador de Haití, Fritz Cineas, el 5 de febrero.

Cristo Cristo libertó a los seis implicados. Impuso una garantía económica de RD$200 mil e impedimento de salida a dos y a los otros tres la simple presentación periódica, pese al pedimento de prisión preventiva del Ministerio Público.

Nos choca esa sentencia. Nos choca, para no utilizar otra calificación. Esos individuos, según los cargos del Ministerio Público, cometieron un robo con armas de fuego.

Además, uno de los cinco es policía y otros tres son miembros de la Armada. Son agentes del orden y la seguridad pública, y se valieron precisamente de sus funciones y de los medios que se derivan de esa condición, para cometer el delito.

El artículo 379 del Código Penal dice muy claro que “el que con fraude sustrae una cosa que no le pertenece, se hace reo de robo”. Además, ejercieron violencia contra el personal de la residencia, golpearon y amarraron a la doméstica. Se hicieron pasar como técnicos de Edesur. También se constituyeron en asociación de malhechores.

Asimismo, sabían muy bien a quién robaban: al embajador de Haití. Todo muy grave para que la magistrada Cristo Cristo los dejara en libertad.

La jueza no juzgaba los hechos, se podrá decir. Decidía las medidas de coerción. Lo menos que podía hacer era dejarlos en prisión preventiva hasta que el Ministerio Público complete la investigación.

Los cargos son muy graves para una resolución tan chocante.
¿O indulgente?


Editorial
elCaribe