Lo menos que puede decirse del aumento de sueldo que se hicieron a sí mismos los jueces del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral es que resulta muy inoportuno, pues la justicia dominicana no está atravesando, precisamente, por su mejor momento.
Lo digo porque estamos hablando de la misma justicia que ha sido calificada como una vergüenza por la Iglesia Católica en el sermón de las Siete Palabras, y la misma, también, que ha motivado un comunicado público del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), en el que la cúpula empresarial expresa su preocupación por la crisis de confianza que la afecta.
“No puede haber confianza en las instituciones y en el Estado mismo, si no hay confianza en la independencia del Poder Judicial, y si sus decisiones son objeto de cuestionamientos públicos generalizados”.
Es evidente que el desencadenante de esa “crisis de confianza” han sido los No ha lugar en favor del senador peledeísta por San Juan Félix Bautista y el alcalde del municipio de San Francisco de Macoris Félix Manuel Rodríguez, acusados de corrupción, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y estafa, que desde que se produjeron, el mismo día y casi de manera simultánea, han provocado una oleada de indignación nacional y de protestas que continuarán esta semana con una concentración frente a la Suprema Corte de Justicia para pedir la renuncia de sus jueces.
Es natural y lógico que, en esas circunstancias, resulte chocante –para decir lo menos– el aumento de sueldo que se hicieron a sí mismos los jueces de esas altas cortes (que ahora alegan que no se trató de un aumento sino de una indexación, como si al cambiarle el nombre al burro creyeran que este dejará por eso de rebuznar), un auténtico insulto en un país donde el pomposamente llamado “salario digno” es una quimera inalcanzable para la inmensa mayoría de la población económicamente activa.
Claudio acosta
Hoy
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