Hace apenas 15 años la deuda pública del país era considerada baja y se iniciaron emisiones de bonos soberanos, que aunque fueron muy cuestionadas en ese momento, hoy en día se han vuelto una práctica habitual. Tampoco existían los fondos de pensiones que a la fecha suman más de 295 mil millones de pesos, los cuales debían haber priorizado el financiamiento de actividades productivas y sin embargo están básicamente en manos del Estado, ya sea a través del Banco Central que directamente tiene más de un 47% de las inversiones e indirectamente otro alto porcentaje a través de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), o del Ministerio de Hacienda, que tiene un 17.92%; representando la colocación en empresas privadas un pírrico 1.65%.
La Ley de Desarrollo del Mercado Hipotecario y del Fideicomiso, a pesar de que fue una iniciativa privada para facilitar el acceso de los sectores productivos al financiamiento a través de los fondos de pensiones, de la forma que fue aprobada no logró cumplir este objetivo y paradójicamente su principal uso ha sido en la creación de fideicomisos por el Gobierno u otras entidades públicas. El monto de la deuda pública a diciembre del 2014 era de 30,141 millones de dólares, el cual fue reducido a 28,517 millones de dólares a febrero del 2015, luego de la recompra de la deuda a PETROCARIBE. La pregunta que muchos nos hacemos es a cuánto ascendería realmente la deuda pública si se tomaran en consideración otras deudas no tratadas como públicas a pesar de que al entender de algunos sí lo son, así como otras de fideicomisos creados como públicos o no, pero que impliquen deuda pública.
La reciente modificación del Reglamento de Concentración de Riesgos y de Evaluación de Activos para modificar los límites para evitar la concentración de riesgos, (10% y excepcionalmente 20%) para las EIF en financiamientos directos o indirectos a un mismo beneficiario, efectuada con el propósito de que cuando se trate de préstamos garantizados por el Estado o con fondos generados por fideicomisos públicos, estos límites sean extendidos hasta un 40% y otorgarles clasificación “A” o cero riesgo, así como para establecer una excepción total de límites para las inversiones que realizan las EIF en títulos emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central; confirma la clara tendencia a promover el endeudamiento público, la colocación de títulos públicos y a mantener las rigurosas normativas para el sector privado que cada vez tiene más dificultades para acceder al financiamiento.
Cuando se analiza la grave crisis de Grecia y de Puerto Rico ocasionada por excesivos gastos fundamentados en recurrir abusivamente al endeudamiento público para financiar proyectos, en gran medida improductivos, estremece pensar que sigamos con esta tendencia en nuestro país que constituye una trampa, pues en vez de racionalizar el endeudamiento público, cada vez le damos más carta abierta para que, ya sea a través de bonos, del uso casi total de los fondos de pensiones y de fideicomisos, sea efectuado sin límites y sin priorizar sus objetivos. Sería muy triste pensar que lo que hoy acontece en esos países, pueda suceder en el nuestro, que no tendrá ni a la Unión Europea ni a los fondos federales de los Estados Unidos de América detrás de sí, sino únicamente una garantía del Estado, que mañana podría significar nada.
Marisol Vicens Bello
elCaribe
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