El Gobierno ha decidido aplicar la desfasada doctrina del trogloditismo a las protestas de organizaciones de la sociedad civil contra la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), donde el suicido de uno de sus contratistas, en un baño de la institución, ha destapado un escándalo de corrupción cuyas verdaderas dimensiones todavía se desconocen.
Es por tal razón que no le ha importado pasarle por encima a la decisión de un juez del Tribunal Superior Administrativo que acogió un recurso de amparo de los convocantes de la protesta, a los que por segunda ocasión la Policía impidió llegar hasta la sede de la OISOE, frente a frente al Palacio Nacional.
La justificación de José Ramón Fadul (Monchy), ministro de Interior y Policía, a la decisión del gobierno de impedir protestas frente a la sede presidencial es risible, ridícula y, sobre todo, reflejo fiel del talante autoritario y antidemocrático de sectores del gobierno con demasiada influencia en el ánimo del presidente Danilo Medina.
¿Qué amenaza para la seguridad de la casa de gobierno pueden representar unos cuantos ciudadanos armados de pancartas contra la corrupción y la impunidad? A lo que este gobierno realmente le tiene miedo, como el diablo a la cruz, es a que la población empiece a percibirlo como corrupto o demasiado tolerante frente a la corrupción, que para el caso es lo mismo, pero atropellando el constitucional derecho de los ciudadanos a la protesta ordenada y pacífica solo conseguirá el efecto contrario al que persigue con tan malos modos.
Y todo porque en este gobierno, no obstante sus ínfulas de liberal y progresista, hay funcionarios a los que les queda tan chiquito y estrecho el disfraz de demócratas que desde lejos se les alcanza a ver el refajo.
Claudio Acosta
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