Presentamos el discurso del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Rafael Blanco Canto, que pronunciara en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, este 29 de junio de 2016. Pudimos localizarlo en la pagina web de la AMCHAMRD en formato PDF y lo convertimos para beneficio de todos nuestros visitantes. A diferencia de la opinión de destacados miembros de la cleptocracia gobernante desde 2004, nos parece que es valiente y está inspirado en la defensa de nuestra democracia que se halla al borde del colapso. Millones de dominicanos coincidimos con la postura del señor Blanco Canto y su advertencia de lo que vendrá si no se toman las medidas de lugar están mucho más cerca de lo que los hombres de empresa se imaginan. Omitimos los saludos de rigor, manteniendo rigurosamente la integridad de lo expresado por el capitán empresarial.
DLRD
Actualmente la República Dominicana se encuentra en una coyuntura importante, en la cual la agenda pública del país está cargada de temas de gran relevancia en todos los ámbitos de la vida nacional, como lo son la seguridad ciudadana, sector eléctrico, el transporte público, las finanzas públicas, la mejora de los servicios públicos, la modernización de la jurisdicción inmobiliaria, la municipalidad, la seguridad jurídica, entre muchas otras áreas en las que se requiere con urgencia de reformas legales e institucionales que permitan redireccionar a nuestro país hacia vías de mayor desarrollo.
En nuestra intervención de hoy, hemos decidido enfocar nuestra atención en un tema que constituye un eje transversal en todas las problemáticas que aquejan nuestro país y cuya solución es un prerrequisito esencial para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones del Estado Dominicano, tal y como bien lo señaló Jacques Attali en su excelente y ya casi olvidado informe “República Dominicana 2010-2020”. Esto con miras a que el país pueda no sólo avanzar con pies de plomo, sino asegurar que ese avance sea sostenible.
En nuestra sociedad hay un malestar de desconfianza en las instituciones a las que hemos entregado la función de representarnos, producto de la falta de orden y de la inexistencia de un adecuado régimen de consecuencias que ofrezca a la población la seguridad de que vive en un verdadero Estado de Derecho, en el que todos estamos obligados a cumplir la ley y en el que quien violenta la misma, tendrá que enfrentarse a sus ineludibles consecuencias.
Es triste levantarnos cada día y ver como impunemente los transportistas imponen su voluntad en las calles, cómo las instituciones militares desacatan las sentencias del Tribunal Constitucional, cómo en la frontera se desarrolla una criminal industria de producción de carbón que aniquila nuestros parques nacionales, ver cómo se comenten actos vandálicos para embargar ilegalmente empresas, cómo se realizan fraudes en el registro inmobiliario contra el derecho de propiedad y cómo se ha hecho parte de la cultura nacional que todo el que tiene un mínimo de poder, lo utilice para lograr una excepción o burlar, en su provecho particular, la aplicación de las normas que deberían ser respetadas y cumplidas por todos.
Lamentablemente, todo esto tiene un mismo origen, un problema que acompaña como música de fondo todas aquellas áreas donde hay problemas de institucionalidad o donde el Estado no ejerce su autoridad para aplicar las leyes, pues lo que está causando todo esto es: la erosión del régimen político-institucional del país.
Este tema es tan importante que de él depende la credibilidad misma de nuestro sistema democrático y su solución requiere de una urgente reforma de nuestra institucionalidad democrática. Para abordarlo en toda su amplitud tomaré como referencia el certamen electoral celebrado el pasado 15 de mayo. Las recientes elecciones nos han dejado una cantidad extraordinaria de experiencias y lecciones aprendidas, constituyéndose en un proceso que debe ser observado con una mirada amplia y profunda, desde los procesos electorales realizados a lo interno de los partidos políticos, la organización del proceso a cargo de la Junta Central Electoral, hasta los procesos contenciosos que actualmente se están conociendo en el Tribunal Superior Electoral.
La primera lección que nos deja este proceso es que los partidos políticos no están en condiciones de administrar sus propios procesos internos de forma democrática, transparente y confiable para sus miembros.
Para muestra un botón: Ninguno de los partidos escogió las primarias como método general para la elección de sus candidatos a alcaldes, regidores, diputados o senadores y en los lugares muy particulares donde sí se celebraron las primarias, la jornada estuvo caracterizada por el desorden, las denuncias de irregularidades, la violencia y muertes.
Hemos llegado a un lamentable momento donde al parecer no existen árbitros creíbles dentro de las organizaciones políticas. Yo me pregunto ¿qué hubiera sucedido en el país si todos los partidos hubieran celebrado primarias?
La grave situación descrita, cobra especial relevancia, cuando se comprende que la estabilidad social y política de los países democráticos, depende en gran parte de la existencia de un sistema de partidos fuerte y robusto; y que cuando los partidos entran en crisis, lo mismo sucede con la democracia y por vía de consecuencia, entra en crisis la economía y la sociedad en general.
No nos cansamos de repetir que el principal activo de la República Dominicana en los últimos 50 años ha sido la paz social, la cual ha estado íntimamente vinculada a un sistema de partidos fuerte, el cual ha sido capaz de canalizar las demandas sociales y económicas del país, y conducirnos, con altas y bajas, de la mano de un sector privado dinámico y de la sociedad civil, por un sendero de crecimiento y desarrollo que nos ha transformado en una economía de ingreso medio y en líderes regionales en distintos órdenes.
Por esta razón es un compromiso de todos y todas trabajar por el mantenimiento de esa paz social y la preservación de las bases que la sustentan, siendo los partidos un eslabón esencial de la misma, por lo tanto su situación actual y futura es algo que nos concierne a todos como país y no sólo a sus dirigentes o militantes.
Es por esto que desde hace más de 6 años el CONEP, ha venido reclamando de forma intensa y constante la aprobación de una nueva Ley Electoral y una Ley de Partidos Políticos que corrijan las fallas que todos conocemos y que son motivo de preocupación.
Sobre este tema, desde el 2010 el CONEP ha realizado más de 11 pronunciamientos, ha publicado varios comunicados en espacio pagado, ha realizado diversas reuniones con los líderes de los partidos políticos del país, congresistas y el gobierno, solicitando apurar este proceso. Lamentablemente no hemos sido escuchados. En varias ocasiones advertimos de los peligros que se cernían sobre el pasado proceso electoral, dado que serían las elecciones más complejas en los últimos 20 años, pero se hizo caso omiso a nuestras advertencias. Diversos sectores de la sociedad civil, las iglesias y academias, hicieron el mismo reclamo y tampoco fueron escuchados.
Durante ese trayecto, en que los partidos parecían hacerse los sordos y dar la espalda a este reclamo social, voces beneficiarias del desorden actual, se preguntaban con irónica suspicacia “¿por qué el empresariado se mete en temas políticos y no le deja eso a los partidos?”. Quienes así piensan, no quieren darse cuenta de que los verdaderos afectados cuando se genera una crisis electoral o del sistema político, no son sólo los partidos, sino la sociedad, la economía, las empresas, las comunidades y las familias, por lo cual elevaremos nuestra voz cuantas veces sea necesario, hasta ser escuchados, pues para el empresariado, ser abanderados de temas de esta naturaleza significa un acto de responsabilidad frente a la sociedad.
Señoras y señores, este es un tema serio, cuyas repercusiones nos conciernen a todos. Debemos darnos cuenta del peligro que se posa sobre el horizonte de la vida nacional si no ponemos atención a los graves síntomas de deterioro de la institucionalidad política que afecta hoy en día nuestro país.
Las peripecias y dificultades del reciente proceso electoral, caracterizado por las denuncias, la desconfianza y los cuestionamientos, nos ofrecen la segunda gran lección del proceso electoral: La confianza en la institucionalidad que rige las elecciones se agotó.
Desde hace muchos años los partidos iniciaron un ciclo donde el que tenía mayoría política en el momento tomaba el control o repartían políticamente la matrícula de los órganos constitucionales llamados a sostener la confianza y arbitrar el proceso de elecciones, o garantizar el cumplimiento de la ley en la administración de fondos públicos, estos son: la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y el Tribunal Superior Electoral. Esto era aceptado por la oposición del momento, si se le designaba un representante, sin embargo, ha quedado claro que en las elecciones pasadas este sistema colapsó y el proceso estuvo matizado por un constante cuestionamiento a la imparcialidad de los órganos electorales. Hoy puede afirmarse que la confianza en la institucionalidad electoral está rota.
Esta erosión en los partidos políticos y la pérdida de confianza en los órganos electorales ocurren en un contexto global y nacional delicado, en el que varios países, producto de la misma situación, se encuentran sumergidos en crisis sociales, económicas e institucionales, como resultado deterioro del sistema democrático y de la credibilidad en la representación política de los mismos. Ha sido esa pérdida de confianza la que ha provocado fenómenos que hasta hace poco era impensables, como el Juicio Político a Dilma Rousseff en Brasil, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, conocida como Brexit o el ascenso de candidatos improvisados que usan y abusan de métodos populistas.
Esta situación se presenta en el país en un momento en que nuestra sociedad se encuentra en una transición determinante en sus estructuras de liderazgo social y económico, pues el núcleo básico que sostuvo el engranaje social, económico e intelectual de nuestro país en los últimos 50 años, ha comenzado a ceder ante el inevitable paso del tiempo y, como es natural, ha comenzado a ser sustituido por una nueva generación. Esta nueva generación ha comenzado a dar muestras de que no está dispuesta a aceptar las prácticas del pasado y cada día exige con mayor énfasis un cambio en la forma de tomar las decisiones en el país.
Óiganme bien, si el sistema político no es capaz de entender este fenómeno y transformarse a un ritmo similar al de la sociedad, las frustraciones acumuladas por una parte de la misma junto al ímpetu natural de una nueva generación, van a procurar un cambio, ante el que podrían abrirse las puertas a todo tipo de aventurismo populista y se pondría en riesgo todo lo que se ha construido hasta hoy. Es por esto que al liderazgo del país le corresponde impulsar cambios progresivos que satisfagan las necesidades sociales y corrijan los entuertos de nuestro sistema político, con la implementación de medidas que nos permitan iniciar el camino para recobrar la confianza.
Como carta de ruta proponemos que se implementen las medidas contenidas en el informe de la Misión de Observadores de la OEA, el cual entre otras cosas señala, cito:
“1.- El modelo de financiamiento público de partidos y campañas políticas en República Dominicana no está diseñado para generar condiciones de equidad en la contienda. Recomienda que se avance urgentemente en el diseño de una ley que promueva mayor equidad en la distribución del financiamiento público directo. Asimismo, se deberían establecer límites a los fondos provenientes del sector privado.
2.- En relación con los mecanismos de rendición de cuentas, sugieren fortalecer la capacidad de fiscalización, control y sanción para los casos de violaciones a las normativas vigentes. En este sentido, es deseable impulsar modelos de coordinación interinstitucional entre todas las dependencias del gobierno involucradas con el manejo y fiscalización de los recursos, incluyendo la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, los Bancos y el Ministerio de Hacienda.
3.- Considera necesario establecer un marco jurídico de regulación que establezca el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados, y que garantice el derecho a la información entendido tanto como el derecho de los partidos y candidatos a difundir sus propuestas y al derecho de la ciudadanía a estar bien informada".
En este sentido, desde hace más de una década, el Congreso Nacional está apoderado del estudio de un proyecto de Ley de Partidos Políticos que ha sido conocido por matrículas congresuales de diversa composición y por mayorías de partidos diferentes y todavía sigue siendo postergado. Nuestra Carta Sustantiva establece un mandato claro sobre la aprobación de una Ley de Partidos, así como sobre una nueva Ley Electoral. Ya han transcurrido más de 6 años desde la aprobación de la Constitución del 2010, y no se ha dado un solo paso significativo en este sentido. En el 2014 la Junta Central Electoral reintrodujo este proyecto de Ley de Partido y sometió un proyecto de Ley Electoral, los cuales se elaboraron con el apoyo de técnicos de la Organización de Estados Americanos (OEA), y luego fueron revisados y completados por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
En el día de hoy nos permitimos presentar ante el país lo que hemos denominado los cuatro pilares fundamentales a impulsar para garantizar un sistema democrático sano en la República Dominicana y para asegurar que la interacción entre los diferentes actores de la vida nacional, se corresponda con los lineamientos que rigen todo Estado de Derecho.
El primer pilar es la aprobación de una nueva Ley Electoral que marque las reglas de los procesos electorales de manera clara, haciéndolos cada vez más organizados, transparentes y evitando el uso y abuso de los recursos del Estado. Acortar los tiempos de campañas, para garantizar mayor tranquilidad en el país y para reducir los costos de las mismas. Los altos costos para una candidatura en la actualidad se convierten en una barrera de exclusión para muchos dominicanos de talento, capacidad y trayectoria que no tienen la oportunidad de postularse por limitaciones económicas. Se hace necesario garantizar un acceso equitativo a los medios de comunicación y a los espacios publicitarios, y una mayor regulación de los mismos no sólo durante los períodos de campaña electoral, sino los períodos preelectorales. No vale regular el uso de los medios durante los 3 meses oficiales de campaña, si durante el año y medio anterior se han utilizado desproporcionadamente para hacer campaña directa o subliminal.
El segundo pilar es la aprobación de una Ley de Partidos que establezca procesos institucionales para la selección de las autoridades de los partidos políticos y los candidatos a posiciones electivas, con reglas claras que garanticen la transparencia, el orden y los mecanismos institucionales que permita a su militancia ejercer el derecho al voto y que castigue el transfuguismo. Proponemos que dicha ley incluya disposiciones claras y uniformes en torno a la celebración de primarias a lo interno de cada partido. Las que a nuestro juicio, deberían celebrarse el mismo día bajo la dirección de la Junta Central Electoral y utilizando el Padrón Electoral que se usa en las elecciones generales. Debe además, regular el financiamiento de los partidos políticos con reglas de transparencia. La ley que se apruebe debe establecer total transparencia sobre las donaciones privadas a los partidos, campañas y candidatos. El descontrol que existe en la actualidad es una puerta abierta con un letrero que invita a entrar a todos aquellos que delinquen, traficantes de drogas, armas, personas, así como a contrabandistas y lavadores de activos para que se garanticen protección política a cambio de sus donaciones.
El tercer pilar es la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal, que establezca un mayor rigor en el uso del Presupuesto Público y en el cumplimiento de los topes presupuestarios, los déficits y la deuda pública. Consideramos fundamental tener una apropiada regulación del uso de los fondos del Estado y de las instituciones públicas para fines de campaña electoral. Esta es una preocupación elemental para el sector privado, puesto que el aumento desmedido del gasto público durante períodos electorales, ha sido una de las causa principales de reformas o parchos tributarios en los últimos años. En este sentido, nuestra constitución vigente establece que “El control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos
y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes”. Ya es hora de que el Congreso asuma en forma responsable y real, su función de fiscalizador de los recursos del Estado y de un seguimiento riguroso al presupuesto de la nación.
El cuarto pilar es la plena independencia y fortalecimiento de las instituciones llamadas a implementar y regular todo lo relativo al proceso electoral y a garantizar el cumplimiento de las leyes, pues las normas por sí solas no bastan. Debemos establecer mecanismos transparentes y plurales para la designación de sus titulares. La sociedad no permitirá que los partidos continúen repartiéndose políticamente estos órganos vitales para la democracia, es decir la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas y las Altas Cortes. Se hace necesaria la elección de autoridades confiables en cada área, que tengan trayectoria y carrera, pero sobre todo independencia. Es por esta razón que proponemos que su selección sea a través de verdaderos concursos abiertos que permitan la participación de los dominicanos más idóneos, aquellos que se destaquen por su capacidad y méritos.
Especialmente, necesitamos una Cámara de Cuentas independiente como requisito para garantizar la confianza de la sociedad en las cuentas públicas. Este organismo debe rendir informes creíbles y permanentes a la sociedad sobre el uso de los recursos del Estado. Está llamado a señalar, cuando lo fuera necesario, a aquellas organizaciones o funcionarios que no cumplen con lo dispuesto por la Ley para el ejercicio de sus funciones y el manejo financiero durante su gestión.
En definitiva estos cuatro pilares son un asunto de interés nacional y un legítimo reclamo de los sectores del país para garantizar mayor confianza, libertad e institucionalidad en el juego democrático. Estamos convencidos de que sin una reforma de esta naturaleza la lucha contra la corrupción no será posible, ni creíble.
Queremos dejar muy claro nuestra convicción de que un sistema electoral y de partidos fuerte e institucional, son la piedra angular para una democracia sólida y perdurable. Por lo cual estamos convencidos de que sería completamente irresponsable colocar por delante de este, los demás temas de la agenda, pues este, que como hemos señalado, es un prerrequisito para garantizar que lo que se pacte en los demás, se cumpla.
Es por esto que este debe ser el primero de los pactos.
Invitamos al liderazgo político y social a que construyamos juntos los cuatro pilares que deben sostener una verdadera democracia y una institucionalidad creíble que genere confianza. Es al liderazgo del país a quien le corresponde esta ardua tarea, nosotros estamos dispuestos a hacer nuestra parte.
Rafael Blanco Canto
Presidente CONEP
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