La oposición y en general los sectores interesados en el avance institucional del país tienen múltiples objetivos y tareas por delante, resultando que el debate de algunos de ellos pueden incluso llevarlos a entrar en contradicciones que los distancien y dispersen en la conquista de lo que debe ser el principal objetivo del momento.
Las elecciones generales del pasado 15 de mayo estuvieron caracterizadas por la desigualdad en la competencia, violaciones a la Constitución y a toda la normativa legal, incluso a la Ley Electoral y a las resoluciones de la JCE, vicios, trampas, debilidades y desorganización general, representando un grave retroceso para el defectuoso andamiaje institucional del país.
Si esa caracterización fuera únicamente sustentada por la oposición, como lo hicieron sus 6 candidatos presidenciales al definir que el proceso siguió “un patrón sistemático de manipulaciones fraudulentas y una gran desorganización, viciándolo en prácticamente todas las instancias de concurrencia de los ciudadanos”, podría asumirse como pataleo de perdedores.
Pero los cuestionamientos a las elecciones estuvieron en los 5 informes de Participación Ciudadana; en las valoraciones de la OEA; de la Unión Interamericana de Organizaciones Electorales; la Asociación Mundial de Organismos Electorales; del reconocido asesor de la JCE, Daniel Zovatto, y en el señalamiento del presidente del Conep, Rafael Blanco Canto, quien vio “colapsado” el proceso.
Si le aplicáramos a nuestra democracia los parámetros de cualquier democracia occidental, fundamentada en la celebración de elecciones libres, poderes del Estado independientes, existencia de un estado de Derecho, podríamos diferenciar que aquí tenemos una Dictadura Perfecta, como llamaron a la del PRI en México, una caricatura de democracia o cualquier otra vaina. Pero no una democracia funcional.
En el discurso en que habló del colapso de las elecciones, Blanco Canto subrayó que “En nuestra sociedad hay un malestar de desconfianza en las instituciones a las que hemos entregado la función de representarnos, producto de la falta de orden y de la inexistencia de un adecuado régimen de consecuencias que ofrezca a la población la seguridad de que vive en un verdadero Estado de Derecho…”
En ese contexto se ha planteado que los principales puntos de la agenda del momento son el restablecimiento de una JCE y un Tribunal Superior Electoral, más una reforma electoral y de partidos que garanticen la democratización de los procesos electivos internos en las formaciones políticas y elecciones libres, transparentes y equitativas, empezando por los torneos generales de 2020 para elegir nuevas autoridades en los poderes legislativo y ejecutivo y en los municipios.
Coincidiendo con los 4 pilares que propone el Conep, el PRM ha planteado también una agenda y un amplio nivel de participación que incluya a los partidos participantes en las pasadas elecciones y a la sociedad civil para que el país se dé un diálogo constructivo.
De no ser aprobada esa agenda a más tardar a mediados del año entrante, preparémonos a vivir crispaciones y crisis de gobernabilidad que no necesitamos, y que podrían lesionar seriamente hasta al poderoso gobierno del PLD. Escrito está.
Nelson Marte
Periodista
elCaribe
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