Luego de que los candidatos presidenciales de oposición documentaron que el proceso electoral del pasado 15 de mayo siguió “un patrón sistemático de manipulaciones fraudulentas y una gran desorganización, viciándolo en prácticamente todas las instancias de concurrencia de los ciudadanos…”
Tras Participación Ciudadana y otras entidades de la sociedad civil registrar los desafueros de esas elecciones. Que la misión de Observación de la OEA, la Unión Interamericana de Organizaciones Electorales y la Asociación Mundial de Órganos Electorales confirmaran sus defectos, desorganización y vicios.
Conocida la valoración de la autoridad electoral (distinguida por la actual dirección de la JCE) que es Daniel Zovatto: “Con preocupación y dolor observo que la calidad e integridad de las elecciones en la República Dominicana han sufrido un serio retroceso durante el pasado proceso”.
Calificado de “colapsado” el proceso electoral por Rafael Blanco Canto, presidente del Conep, en una aplaudida conferencia en la Cámara Americana de Comercio, se han disparado alarmas sobre la necesidad de renovar el sistema electoral.
De que los actuales directivos de la JCE y el TSE sean sustituidos por funcionarios que no respondan a las directrices de ningún partido político, y que actúen únicamente conforme los mandatos de la Constitución y las leyes.
Reacio a cambios que le impidan seguir sirviéndose con la cuchara grande, el partido de gobierno ha reaccionado dejando ver el refajo de sus intenciones contrarias al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, en ese primer nivel que es la celebración de elecciones libres y justas.
Primero trazaron la orientación destacados dirigentes y funcionarios del PLD, en el sentido de que es “muy difícil” elegir directivos de la JCE y el TSE que no tengan vínculos con los partidos.
Luego, columnistas y analistas que operan al servicio del partido de gobierno, llevan varias semanas en una abierta campaña dirigida a desacreditar la importancia de hacer las reformas y cambios en el andamiaje electoral.
El presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, ha dado a entender la pretensión de que los cambios en la JCE sólo sean hechos por los 30 senadores peledeístas, cuya decisión se reducirá a la voluntad de un solo hombre, el presidente Danilo Medina, amo y señor de “su” Congreso.
Y, en un olímpico colofón de las pretensiones del PLD, el senador de Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, ha acusado a la sociedad civil y al empresariado de pretender dar “un golpe constitucional”, por haber creado la “Iniciativa por la Institucionalidad Democrática” , inspirada en la necesidad de crear conciencia e impulsar la reforma del sistema electoral.
Ni siquiera el defectuoso y “colapsado” proceso electoral que dio tan amplia mayoría senatorial faculta al PLD para legislar únicamente en su beneficio.
Se supone que los “eligieron” para representar también a los sectores de la sociedad que demandan una renovación del sistema electoral para que los comicios legislativos, municipales y presidenciales del año 2020 reflejen el espíritu de libertad, equidad y legalidad que manda la Constitución.
Nelson Marte
elCaribe
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