Senadores Tommy Galán y Luis René Canaán R., y el exsenador Carlos Castillo, con ejecutivos de Embraer.
En los allanamientos realizados por la Procuraduría Anticorrupción (Pepca) al coronel Carlos Ramón Piccini Núñez en las investigaciones sobre el caso de los aviones Tucano, le fueron incautados documentos y fotografías de viajes que realizó al extranjero en compañía de algunos legisladores.
Según las investigaciones, esos viajes se hicieron a Brasil y a Nueva York, y el grupo sostuvo encuentros con altos ejecutivos de la Empresa Brasileira de Aeronáutica, S.A. (Embraer), la cual habría pagado en sobornos US$3.5 millones para la aprobación en el Congreso Nacional del préstamo de US$93.6 millones con los que el Estado adquirió una flotilla de ocho aviones Súper Tucano, modelo EMB-314.
La negociación entre el Estado y la entidad se hizo en 2008, pero fue a finales de octubre de 2010 cuando el país recibió los últimos tres aviones de los ocho comprados para combatir operaciones de narcotráfico y apoyar la vigilancia en la frontera.
Las aeronaves fueron recibidas en la Base Aérea de San Isidro por el entonces presidente de la República Leonel Fernández, quien a su vez los entregó formalmente al ministro de las Fuerzas Armadas, Joaquín Virgilio Pérez Féliz, y al jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, Israel Díaz Peña.
Inicia investigación. En 2013, una agencia de prensa internacional dio cuenta de que las autoridades de Estados Unidos y de Brasil investigaban si Embraer sobornó a funcionarios de Argentina y de República Dominicana a cambio de contratos para vender aviones comerciales y de defensa.
En una información publicada para Sao Paolo y Washington, la agencia de noticias Reuters dijo que las investigaciones involucran la venta de 20 aviones de pasajeros a la aerolínea estatal argentina, con un valor de unos US$900 millones, según los precios de venta de Embraer, y un acuerdo por US$92 millones con las Fuerzas Armadas de Repú- blica Dominicana por ocho aviones ligeros de ataque Súper Tucano.
La Pepca
La investigación de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) se inició en 2014, cuando el Ministerio Público de Brasil le remitió los documentos del proceso criminal llevado en ese país contra ejecutivos de Embraer, y que por asunto de extraterritorialidad decidió remitir al Ministerio Público dominicano las informaciones relativas a los vínculos de algunos funcionarios de este país.
Están detenidos. Las investigaciones y allanamientos que desde febrero pasado viene haciendo la Pepca, que dirige Laura Guerrero Pelletier, han dado como resultado el sometimiento a la justicia del exsecretario de las Fuerzas Armadas Pedro Rafael Peña Antonio, del coronel Carlos Piccini Núñez y los empresarios Daniel Aquino Méndez y su hijo Daniel Aquino Hernández, a los que ayer les fue dictada coerción, después del aplazamiento del lunes.
También han revelado que el senador peledeísta por Salcedo, Luis René Canaán, habría recibido de manos del coronel Piccini Núñez los US$3.5 millones para asegurar los votos favorables al citado préstamo en el Congreso Nacional.
Según las mismas investigaciones, el exsecretario de las Fuerzas Armadas habría recibido la suma de US$100,000.
De nuevo a responder. Samuel Pereyra Rojas, representante de la sociedad de comercio Saperofa Investment Group International, y sobrino del senador Canaán Rojas, fue citado ayer por segunda vez a la Pepca, para ser investigado sobre US$880,000 que según un contrato de servicios de consultoría, recibió de parte de la empresa panameña Moneda First, S.A, representada por el brasileño Eduardo José de Miranda.
El contrato, copia del cual obtuvo el diario Hoy, fue suscrito en junio de 2010.
Saperofa fue constituida bajo las leyes de Panamá, y tiene domicilio social en la calle Luis F. Thomen en Santo Domingo, República Dominicana.
Loyda Peña
Hoy
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