La penetración de la corrupción pública y privada, está asociada a los niveles de impunidad que impera en el país y que el Presidente Danilo Medina trata de minimizar, cuando cuestionó ¿Cuáles son los actos de corrupción y los escándalos que se han presentado en el presente gobierno?, al tiempo de advertir que es muy peligroso hablar en sentido generalizado.
En los últimos 5 años, para no ir más atrás, desde los medios de comunicación y las organizaciones sociales, se han realizado numerosas denuncias de corrupción, sin que las autoridades cumplan con su papel de investigar y presentar acusación formal pese a las innumerosas pruebas y evidencia en varios casos.
La administración de justicia no ha sido capaz de conocer ni mucho menos de sancionar todos los casos denunciados. Se ha preferido la política de borrón y cuenta nueva, de no tirar piedras, de no investigar la corrupción pasada, ni presente, lo que se constituye en un claro incentivo para la corrupción y un pésimo mensaje a la ciudadanía.
Para poder avanzar en la lucha contra el flagelo de la corrupción en el país, se requiere que las autoridades expresen su firme voluntad de investigar, de someter las pruebas a la sana crítica y de sancionar la corrupción. Para lo cual es necesario contar con un Ministerio Público independiente del poder político partidario, con independencia funcional y con un Poder Judicial autónomo, libre de las redes del crimen organizado, el sicariato y el narcotráfico.
La sociedad espera decencia, dignidad y de manera enfática prontitud con los resultados, que suponemos deben estar bien avanzados, con todos los informes y colaboración recibida sobre el caso y remitida a la Procuraduría General de la República, la cual revela “una corrupción pasiva y lavado de dinero” además de las prueba que se presentaron en la medida de coerción dictadas contra cuatro de los implicados en el caso.
El Ministerio Público no investiga, el Poder Judicial no sanciona la corrupción, una muestra es que en el país de manera permanente se originan denuncias con suficientes elementos para proceder penalmente o para tomar medidas administrativas, pero no se hace lo que nunca se ha hecho, convirtiéndose en una realidad la impunidad-cómplice, la cual no podemos desconocer, ni olvidar los casos pendientes en la administración de Danilo Medina.
A pesar de la magnitud del problema, la sensación de que el fenómeno de la corrupción ha ganado terrero y que cada día las acciones fraudulentas aumentan; siendo los negocios con el Estado una vía de enriquecimiento fácil, querer desconocer, ocultarlo o reducirlo es una irresponsabilidad que evidencia la ausencia de voluntad política desde el Poder Ejecutivo para impulsar las políticas y las acciones necesarias para reducir la penetración de la delincuencia política en las estructuras del Estado.
Recordamos que el Presidente Danilo Medina expresó que actuaría solo por el rumor público en los casos de corrupción, y cuán lejos se encuentra de esa afirmación. Los informes de auditorías de la Cámara de Cuentas, no son considerados, las querellas de corrupción son archivadas o desestimadas y se maniobra hasta para impedir que se realicen. La impunidad quedó legitimida cuando dijo: “no perdamos tiempo en lanzar piedras hacia atrás” y ahora preguntando ¿Cuáles son los actos de corrupción y los escándalos que se han presentado en el presente gobierno?
Para solo citar un ejemplo, recordamos el caso de las irregularidades cometidas por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, en ocasión de la remodelación, adecuación de espacios y equipamiento del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, “es importante reiterar que dichas irregularidades están debidamente documentadas en la Resolución 91/2015, emitida en fecha 2 de octubre de 2015 por la Dirección General de Contrataciones Públicas, mediante la cual se recomienda “aplicar las sanciones administrativas que corresponda, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que prevén las leyes correspondientes…”
También está pendiente ver la entereza, integridad, rectitud y una firme voluntad del Procurador General de Danilo Medina, el Lic. Jean Alain Rodríguez, en la persecución del delito en el escándalo de la gran escala de corrupción pública-privada e internacional del bochornoso caso de los Super Tucanos. El reciente informe publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el cual implica a 11 dominicanos, sigue arrojando indicios serios y precisos sobre el referido caso.
La investigación debe considerar lo expresado por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus iniciales en inglés) que dijo que “la empresa brasileña fabricante de aeronaves, Embraer SA, creó registros falsos para ocultar algunos de los pagos realizados como comisiones por venta” y donde los ejecutivos de alto rango supuestamente de la compañía aprobaron los pagos a pesar de indicios de que el dinero probablemente sería para funcionarios extranjeros.
La sociedad espera decencia, dignidad y de manera enfática prontitud con los resultados, que suponemos deben estar bien avanzados, con todos los informes y colaboración recibida sobre el caso y remitida a la Procuraduría General de la República, la cual revela “una corrupción pasiva y lavado de dinero” además de las prueba que se presentaron en la medida de coerción dictadas contra cuatro de los implicados en el caso.
El gobierno de Danilo Medina y los anteriores han estado penetrados por la corrupción y la impunidad, no se actúa, se prefiere la connivencia, un simple ejercicio de analizar la cantidad de denuncias y querellas realizadas, comparado con los casos que terminan investigados, su resultado sería una muestra de la protección de la corrupción y si realizamos el mismo ejercicio, con los casos de corrupción que llegan a sanción definitiva, el panorama es más desolador Sr. Presidente.
Editorial Acento
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