Indignación es la palabra que define nuestro estado de ánimo. No es solo que Odebrecht sobornó legisladores para modificar la Constitución y a funcionarios para sobrevaluar obras por más de dos mil millones de dólares.
Es que nos hartamos de ser gobernados por ladrones.
No aguantamos más. Sencillamente hay que parar este estado generalizado de robo público que por décadas nos priva de vivir dignamente en una sociedad con seguridad y bienestar.
Los corruptos se roban el derecho a la salud, el 4% de educación, los recursos naturales, la seguridad social, las empresas del Estado, las zonas verdes, las elecciones.
La gota que rebosó el vaso fue que el Procurador General, en franca burla del mandato constitucional que le obliga a ejercer “la acción pública en representación de la sociedad” hizo acuerdos secretos con una empresa delincuente que le garantiza impunidad a sus ejecutivos y a los funcionarios y legisladores sobornados.
Esto es parte de los malabarismos del Procurador con el expediente de Odebrecht para distraernos y ganar tiempo. El Procurador tiene en su poder los nombres de los funcionarios que recibieron los sobornos. Se los entregó el ex embajador estadounidense Brewster antes de concluir su misión diplomática.
El dilema del Procurador es cómo profundizar una investigación en la que sabe que Danilo Medina, su gobierno y altos dirigentes del PLD están enlodados hasta el cuello.
Danilo Medina, por su condición de Presidente no está por encima de la Ley. La ley es igual para todos. La investigación de los sobornos y sobrevaluación de Odebrecht no estará completa si no incluye a Danilo Medina.
Punta Catalina es un cuerpo del delito. El vínculo de Danilo Medina con esa central termoeléctrica es demasiado evidente para que pueda ignorarse en una investigación penal seria.
Desde antes de ganar la presidencia y luego de ser investido como primer mandatario, Danilo Medina se involucró directamente en la concertación de esta obra. Era “la joya de su corona”. Fue la mano larga del Presidente de la República que garantizó que la licitación terminara favoreciendo a Odebrecht y que se aceptara hacerla con una sobrevaluación grosera de más de mil millones de dólares, para compensar con creces a Odebrecht por el apoyo dado a su campaña electoral, de la mano de Joao Santana, sino que también garantizaba un excedente para la financiación de la reelección, incluyendo de paso la compra de legisladores.
Por eso, no es casual que Danilo Medina designara, específicamente para el caso de Punta Catalina, una comisión especial. El nombramiento de esta comisión es completamente violatorio de la Constitución, pues el examen del artículo 128 de la Carta Magna, no le da atribuciones de este tipo al Poder Ejecutivo. Pero además, porque teniendo el Ministerio Público el monopolio de la investigación penal, ningún poder o autoridad del Estado tiene facultad para llevar a cabo una investigación de forma paralela a la que realiza el Ministerio Público en el caso Odebrecht, que incluye a la Central Termoeléctrica de Punta Catalina. Además, es una comisión sin objeto pues nada de lo que resulte de ella tiene valor probatorio, sin mencionar que entre sus integrantes hay miembros con serios conflictos de intereses lo que de antemano afecta de nulidad cualquier informe que eventualmente produzca. Los miembros de esa comisión deben saber que dado que en el caso de Odebrecht --que incluye a Punta Catalina-- hay una investigación penal en curso, de continuar, no solo están usurpando funciones privativas del ministerio público, sino que son pasibles de ser perseguidos por obstrucción de la justicia.
Danilo Medina y sus asesores saben todo esto, pero en realidad él necesita que una comisión como esta santifique ante la opinión pública que en Punta Catalina ni hubo una licitación irregular ni hay sobrevaluación. Luce de su parte una acción desesperada de alguien que necesita ir construyendo una coartada para su defensa.
No esperemos que el Procurador General busque castigo para todos los responsables de los sobornos y sobre evaluaciones de Odebrecht.
Por eso, en situaciones como la presente en que el Ministerio Público y el Poder Judicial son cómplices de los corruptos y les brindan impunidad, solo queda un camino: la movilización ciudadana.
Tenemos que movilizarnos en todas las formas posibles a nivel local y nacional.
Manifestarnos en plazas, parques, en las aulas, en el trabajo, en los templos.
En estas circunstancias, la indiferencia y el silencio se hacen cómplices de los corruptos.
El color verde es símbolo de nuestra real esperanza: Corruptos a la cárcel, fin de la impunidad.
En estos momentos depende de la ciudadanía, de su actitud, de su rebeldía que el caso de Odebrecht se convierta en un punto sin retorno.
Hay pues que redoblar la marcha, no puede haber pausa hasta llevar los corruptos a la cárcel, recuperar lo robado y acabar con la impunidad.
En esta jornada triunfaremos como en tantas otras libradas por el pueblo dominicano.
Guillermo Moreno
En Directo
Diario Libre
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