Polemizar sobre el informe de Punta Catalina rendido por la comisión nombrada por Danilo Medina es caer en su trampa. No importa para nada lo que dijeron o dejaron de decir los comisionados. No importa lo que quedó oculto o no vieron. Todos sabíamos de antemano que una parte mayoritaria de los integrantes de la comisión o tenían conflictos de intereses o eran vulnerables a la presión del gobierno y que no darían un resultado desfavorable al Presidente. Danilo obtuvo lo que buscaba: santificar la irregular licitación y adjudicación de Punta Catalina y su sobrevaluado presupuesto de construcción.
Empecemos por el principio. La comisión de marras, nombrada por decreto No. 6-17 de del 10 de enero de este año es inconstitucional e ilegal. El artículo 128 de la Constitución no le da atribuciones al Presidente para nombrar comisiones para “investigar licitaciones y adjudicaciones de obra”.
Por otra parte, desde que tomó conocimiento de los sobornos de Odebrecht en el país, al hacerse público el acuerdo de lenidad, el 21 de diciembre de 2016, el Ministerio Público adquirió el monopolio de la investigación penal de todo lo concerniente a las infracciones cometidas por Odebrecht en el país y, ninguna otra autoridad podía intervenir en la investigación. El nombramiento de la comisión por el Poder Ejecutivo es un acto de obstrucción de la justicia, violatorio de la independencia de los poderes del Estado. Los propios comisionados, al aceptar una función para la que carecen de calidad legal, usurparon funciones y son pasibles de persecución penal.
La trama del gobierno de Danilo Medina en torno a Punta Catalina data de antes de asumir la presidencia. Danilo hizo dos viajes a Brasil y luego Lula y Dilma lo visitaron en el país, siendo esta última presidenta. En esa ocasión Dilma declaró a la prensa, el 10 de julio de 2012, que “Brasil va a ayudar de manera decidida al presidente de la RD a buscar solución a su problema energético”. Esa “solución” terminó llamándose Punta Catalina y la beneficiaria Odebrecht. Fue Danilo Medina quien, por oficio 11387 del 06.05.2014, solicitó al Senado, para Odebrecht, “la exención de todo tipo de impuesto sobre la renta”. No olvidemos su fervorosa defensa ante la Asamblea Nacional para mantenerla en la construcción de Punta Catalina, a pesar de haber violado la Ley No. 340-06 que manda a rescindir el contrato e inhabilitar a toda empresa que como Odebrecht incurra en prácticas corruptas.
La manipulación de la licitación para la adjudicación de Punta Catalina a Odebrecht fue un acto burdo y bochornoso. Recojo algunas frases de la declaración ante la comisión, de Isidoro Santana, miembro de la Comisión de licitación. Expresó que “nunca llegaron a leer el informe de evaluación técnica, si no que se les hizo una presentación en “Power Point” en donde todas las empresas participantes quedaron descalificadas y solo quedó una empresa que resultó ser el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Ingeniería Estrella...” “Que en la etapa final comenzó a tener la percepción de cierta inclinación a favor del consorcio que ganó la licitación”. El ingeniero Ramón Flores, por su parte, entre otras expresó que “...no le gustó la actitud de dos técnicos de la consultora Stanley. Percibió que estaba prejuiciada..” y agrega que “...se convoca a una reunión, para recoger informes a los fines de preparar una decisión, pero cuando llegamos y me dicen que todo está bien, como queriendo decir que ya se acabó el proceso y yo sorprendido, cuando me dicen que todo está bien, se generó una breve discusión, sobre si se debía discutir o no, porque ya se entendía que el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella había ganado.” Ninguno firmó el acta de adjudicación de Punta Catalina a Odebrecht.
En el expediente de petición de medidas de coerción al Juez especial de la Instrucción, el Procurador, en la pág. 14, se refiere a Punta Catalina como una de las 17 obras “... que fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos realizados a través del intermediario comercial, imputado Ángel Rondón Rijo, a funcionarios de la RD”. Precisamente en el año 2014, en que se firma y se aprueba en el Congreso el contrato de Punta Catalina, en las cuentas de las sociedades de Ángel Rondón denominadas Lashan Corp y Conamsa Internacional, se registran sucesivos depósitos provenientes de la sociedad que Odebrecht tiene registrada en Antigua, Klienfel de Services LTD, para el pago de sobornos. Los valores depositados fueron: en enero: US$10 millones; en febrero: US$2,500,000; en marzo: US$3,750,000, en abril: US$ 506,000; en mayo: US$4,259,000; en junio: US$ 4,000,000; en septiembre US$1,600,000; en octubre: US$2,381,361; en noviembre US$3,392,997; en diciembre US$1,450,000. En enero de 2015, US$1,145,119. En total, en el 2014/15, Ángel Rondón recibe de Odebrecht para el pago de sobornos a funcionarios dominicanos la suma de US$34,986,377.
Pero la verdad debe ser dicha: no todo fue soborno de Punta Catalina. Una parte fue para comprar legisladores, modificar la Constitución e introducir la reelección y, otra, para financiar directamente la campaña electoral de Danilo Medina de 2016.
Guillermo Moreno
Diario Libre
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