Ministerio Público llega a acuerdo por “debajo de la mesa”
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- De forma que algunos considerán “sospechosa”, la Procuraduría General de la República sustituyó intempestivamente a dos representantes del Ministerio Público que lograron enviar a juicio a tres empresarios acusados de un fraude por 112 millones de pesos contra la Financiera Nacional de Crédito (CONACRE).
Se conjetura que la sustitución precedió a un acuerdo por debajo de la mesa con los imputados que culminó con el retiro de la acusación.
Por orden del las más altas instancias del Ministerio Público se retiró la acusación contra Narciso Chaljub Rizik, Roberto Torres Lara y Miguel Calzada Hernando, acusados de falsear firmas de los estados financieros de CONACRE y de emplear maniobras fraudulentas para distraer y disipar fondos de la financiera.
A pesar de que los titulares del caso eran el procurador adjunto Francisco García y la fiscal adjunta Laura Guerrero, quienes habían dado seguimiento al juicio desde el primer día, a última hora fueron sustituidos por el fiscal adjunto Narciso Escaño.
“El Ministerio Público, a través de la Procuraduría solicita que se libre de acta el retiro de la acusación de los señores Narciso Chaljub Rizik, Roberto Torres Lara y Miguel Calzada Hernando, y haréis justicias honorables jueces”, fue el pedimento del Ministerio Público al Tercer Tribunal Colegiado.
Desde la fase de instrucción hasta el juicio de fondo, el caso estuvo matizado por incidentes, incluida la recusación de jueces.
Concretado el acuerdo “tras bastidores” entre el Ministerio Público y los imputados, el tribunal dispuso el descargo de Chaljub Rizik, Torres Lara y Calzada Hernando, “por haber sido retirada la acusación del Ministerio Público”.
La decisión fue tomada por los jueces suplentes Felipe Molina Abreu, Tania Yunes Sánchez y Suinda Brito Hernández.
El Ministerio Público los acusaba de violar los artículos 80 de la Ley Monetaria y Financiara, número 183 -02, así como el artículo 265 y 266 del Código Penal Dominicano que tipifican los crímenes de estafa, abuso de confianza, falsedad en escritura pública y asociación de malhechores.
El hecho fue cometido en el año 2004, pero salió a la luz pública con el suicidio del principal ejecutivo de la entidad, Ricardo Hernández. El fraude supera los 112 millones. El proceso llevaba más de cuatro años.
Domingo Berigüete / 7dias.com.do
No hay comentarios:
Publicar un comentario