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miércoles, 16 de febrero de 2011

Ley es la ley y es igual para todos

La ley es la ley
La Asociación de Bancos Comerciales (Aba) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) han reaccionado de manera desproporcionada e intimidante  ante el reclamo del Instituto Nacional de Protección al Consumidor (Pro Consumidor),  de que se cumpla con la ley  que obliga a  empresas de intermediación financiera a  registrar por ante esa institución los contratos de adhesión.

En virtud de la ley 358-05, bancos y empresas prestadoras de servicios están compelidos a registrar en Pro Consumidor copias de los contratos que son redactados por una sola de las partes, a los fines de establecer si  poseen cláusulas abusivas.

El artículo 81 de esa ley señala que: los contratos de adhesión “deberán ser remitidos a la Dirección Ejecutiva  de Pro Consumidor, la que creará un sistema de registro para tales fines, sin perjuicio del registro que    deberán llevar a cabo ciertos proveedores ante autoridades administrativas en virtud de leyes especiales”.

Eso  quiere decir  que sin importar que tales contratos sean depositados  ante  la Superintendencia de Bancos, Junta Monetaria o colocados en portales públicos, deben ser registrados en Pro Consumidor.

La directora de Pro Consumidor, licenciada Altagracia Paulino, ha negado la versión de  que  esa entidad habría   acordado  renunciar al mandato de la ley y procurar  copias de los contratos  de adhesión por vías alternas.

No se entiende cómo puede poner en peligro la seguridad jurídica y  la supervivencia del sistema financiero nacional, el simple reclamo  del cumplimiento de una ley, que por demás no entraña peligro al secreto bancario, pues  esos contratos han sido  colocados en portales públicos.

La Aba y Finjus deberían saber que  Pro Consumidor es una institución  de rango constitucional, de orden público, imperativa, de interés social y supletoria a todas las disposiciones oficiales relacionadas con la defensa  del consumidor o del usuario.

Si esos contratos fueron colocados en portales públicos, entonces los bancos no deberían  temer registrarlos por ante Pro Consumidor,  porque lo que es igual no genera ventaja ni perjuicio. Se  reedita la historia del tiburón y la sardina.

Editorial El Nacional

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