El que falsea su Declaración Jurada de Bienes debe asumir las consecuencias

"A mi papi lo quieren desacreditar. Le han montado una campaña sucia. Fulano de tal decía que mi papi era lo mejor de la bolita del mundo. Los canallas mediáticos se la han tomado contra mi papi. En nuestra familia estamos acostumbrados a luchar contra los narcos, los conspiradores, bla, bla, bla".

Seamos honestos, la Declaración Jurada de Bienes de un funcionario público es un documento legal que quien lo falsea debe asumir las consecuencias. Una familia experta en derecho sabe que el que viola la ley tiene que enfrentar los tribunales de justicia.

La sociedad reclama que se aplique esa ley por igual para todos. Un mentiroso es un mentiroso. Un fullero es un fullero. Llegó la hora de quitarle la máscara a quienes por décadas han estado fingiendo lo que no son. No hay nada que discutir, que se apliquen las sanciones correspondientes al funcionario que haya delinquido. Tratar de evadir el meollo del asunto complica más las cosas. Destitución del cargo y sometimiento a la justicia es lo correcto.

Que decidan los jueces. Los documentos firmados y autentificados están en la DGII, las propiedades registradas en el Tribunal de Tierras. Todo lo que se haga para evadir esta realidad es inútil. Tenemos a un funcionario que engañó al Estado, a su superior inmediato y a la sociedad. Que pague por sus errores como él ha hecho pagar a miles en su larga carrera de abogado, político y burócrata.

La ley es dura, pero es la ley, manos a la obra.

Juan Santos / Desde La República Dominicana