A propósito de la sentencia del Tribunal Superior Electoral, relativa al caso de la demanda en nulidad de la convención del PRD incoada por Guido Gómez Mazara, el peor error que podríamos cometer, como sociedad democrática que proclamamos ser, es analizar la misma como si se tratara de un asunto de interés exclusivo de las partes involucradas.
No es así. Un fallo con tales características, y en el contexto político en que es dictado, constituye un atentado a nuestra democracia, en tanto y en cuanto deja al sistema electoral desprovisto de árbitro objetivo e imparcial ante el cual dirimir los conflictos que puedan surgir.
El tribunal, ante lo apabullante de las pruebas aportadas y ante el espectáculo bochornoso que la nación pudo constatar, recurrió al subterfugio de declarar la acción inadmisible de oficio. Eso quiere decir que eludió conocer el fondo de la demanda y dictó su decisión sobre la base de argumentos que ni siquiera la parte demandada le había solicitado.
En la sentencia comentada se alega que la parte demandante no agotó pasos previos que resultaban imprescindibles antes de recurrir a la instancia judicial. Vale decir, que no impugnó el proceso ante las propias mesas electorales ni ante las comisiones organizadoras locales.
Sin embargo, como se pudo comprobar, al sector que solicitaba la nulidad del mamotreto se le negó la oportunidad de acreditar delegados en los recintos electorales; las llamadas comisiones locales no fueron constituidas o lo fueron con criterio unilateral; los listados de concurrentes solicitados por el propio tribunal no fueron aportados; los locales de votación fueron designados de forma medalaganaria y el horario de votación reducido con malicia.
Como se colige de tales irregularidades, se creó un montaje despojado de vestigios democráticos, que negaba la participación equitativa e impedía llevar a cabo reclamos con posibilidades de que prosperaran, y en derecho opera la máxima de que “a lo imposible nadie está obligado”.
Es evidente que en estos acontecimientos se construyó una situación de hecho cumplido que tuvo su origen en la negativa del tribunal de suspender la proclamación de Miguel Vargas como presidente del PRD mientras no se decidiera la impugnación de la convención.
Dígame usted, después de eso, y lo que con astucia hizo el proclamado a partir de ahí, ¿a quién se le podía ocurrir que se le arrebataría el trofeo entregado por encima de los fundados cuestionamientos a la competencia donde “lo conquistó”?
Pedro P. Yermenos Forastieri
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