Promesas estériles. Propuestas de reformas integrales resbalan sobre la gruesa capa de la incredulidad ciudadana, cansada hasta el hastío de medio siglo de costosos estudios, seminarios sin fin. ¡Una avalancha! Mares de tinta desde los planes de desarrollo al nacer la democracia, hasta la Estrategia Nacional de Desarrollo aprobada en 2012, cuando la experiencia pregonaba que, como la Constitución y muchas leyes, no son más que papeles.
Aunque enmascaren sus propósitos diseñando programas de Gobierno que se añejan con poca o ninguna aplicación, lo que persiguen quienes detentan el poder político y económico es mantener el statu quo, un régimen de exclusiones sociales que no surge al albur ni caído del cielo.
La pobreza imperante en medio de la abundancia no emana del fracaso de estrategias económicas o la falta de recursos financieros. La ocasionan políticas fomentadas desde el Estado que privilegian la rentabilidad de un pequeño grupo: la élite política y empresarial que, conculcando la democracia, traza la normativa que imponen al resto de la sociedad.
Intervienen la economía, orientan la acción pública a favor de sus intereses: dinero y poder, en desleal competencia a empresarios de menor jerarquía económica.
La desigualdad social no es fortuita, deriva de disposiciones que distorsionan el gasto público con inversiones no prioritarias y exenciones fiscales. Múltiples incentivos que a los gobernantes les ganan adeptos en la clase alta, y en las capas medias y bajas mediante empleos y planes asistenciales con los que edificaron una poderosa maquinaria proselitista para preservar el poder.
Políticos-empresarios. Un fenómeno creciente: políticos convertidos en empresarios y empresarios que aprovechan las herramientas del poder para impulsar sus negocios.
Una vieja y siempre renovada práctica, sostenida con mecanismos políticos, económicos y socioculturales que garantizan a unos pocos el acceso a la riqueza y al poder, protegidos con la hegemonía lograda sobre las instituciones estatales.
En los últimos años se intensificó la incursión de funcionarios del Estado en la actividad económica, invirtiendo sin prurito alguno en esferas de ministerios u otras instituciones bajo su mando.
A la par, empresarios se posicionan en cargos relevantes en el gabinete y entidades descentralizadas del Estado, buscan sindicaturas, curules en las cámaras legislativas.
Del pacto implícito entre unos y otros surgen las reglas del juego, ordenanzas que emanan de conciliábulos, del cabildeo que conduce al Congreso al “hombre del maletín”. A través del financiamiento de campañas proselitistas, parentesco, relaciones comerciales y sociales, empresarios aseguran su influencia sobre el Gobierno de turno para impulsar, mantener o modificar leyes, obtener exoneraciones, nombrar allegados en puestos clave, garantizar inversiones y ventas al Estado, permisos de importación de productos agrícolas, muchas veces en perjuicio del país.
Plataforma. Estructuran una plataforma político-económica de la que emana la desigualdad social que traza líneas divisorias entre potentados y desposeídos, colegios de primera para ricos y educación precaria para pobres, medicina moderna frente a hospitales con todas las carencias.
Urbanizaciones modernas, torres y mansiones a las que los cabildos garantizan la higiene, ante barrios pestilentes con montañas de basura, sin agua potable, a pesar de que la disponible, al igual que las riquezas, alcanza para todos.
La concentración de riqueza extrema que propicia esas políticas erosiona instituciones públicas en forma tal que, en vez de procurar el bienestar común, los gobiernos pasan a servir a los intereses de una minoría acaudalada.
Salvo el efímero Gobierno de Juan Bosch, en más de medio siglo de democracia no ha habido un intento real de cambiar el esquema de desarrollo con miras a una menor exclusión y pobreza. El liderazgo político, económico y social dominicano no se ha propuesto establecer un sistema fundamentado en la justicia y derechos ciudadanos. No les interesa.
¿Cómo explicar el crecimiento económico sin salpicar siquiera a la mayoría poblacional? ¿Incongruencia? ¿Paradoja? Simplemente el resultado de una estructura económica que posibilita el déficit de empleos y bajos salarios, falta de financiación de áreas vitales para el desarrollo, un régimen tributario regresivo que penaliza a los pobres.
En fin, políticas generadoras de desigualdad y pobreza, la causa de que en el país el 20% de la población más rica acumule 50% del total de ingresos, dejando un 5% al 20% más pobre.
Algo “fríamente calculado”, diría el genial Chespirito. Políticas deliberadas -opinan expertos-, diseñadas para servir a unos pocos. Esta ha sido la experiencia histórica dominicana en la caricatura de democracia que vivimos. Una realidad retratada en el informe: “Iguales. Acabemos con la desigualdad extrema”, publicado en 2014 por Oxfam, organización internacional no gubernamental, el cual resalta cómo las personas y colectivos más ricos y poderosos se apropiaron de las instituciones para su engrandecimiento, en contra de la sociedad.
Intereses creados. Los gobiernos -indica Oxfam- responden cada vez más a los intereses creados por altos funcionarios públicos que utilizan el Estado a conveniencia, aprovechan su acceso al poder y la influencia para enriquecerse y proteger sus intereses. Y a la élite económica que a menudo se vale de su riqueza y poder para influenciar decisiones políticas en busca de privilegios.
La incidencia de esos grupos sobre las instituciones para lograr un trato a su favor en la definición de leyes y normativas es lo que Oxfam denomina el “secuestro democrático”, íntimamente vinculado con el alto nivel de desigualdad.
¿Cómo se expresa? Tras exponer ejemplos de otros países regionales, dice que en RD “los sectores que operan en zonas de libre comercio, en la región fronteriza, el sector turístico e industrial lograron exenciones impositivas”.
Estos sectores -afirma- influenciaron la toma de decisiones del Estado de tal forma que los beneficios se materializan en exenciones al pago de impuestos sobre las utilidades de empresas, el valor agregado, impuestos aduaneros y selectivos al consumo, importación de maquinaria y bienes de capital. Incentivos que representan hasta el 84% del valor de las empresas en turismo, y agrega:
__El monto anualmente exonerado a estas empresas hubiera podido elevar en un 70% el presupuesto en salud, multiplicar por tres el asignado a agua y saneamiento básico o por 30 el de vivienda. Los efectos fiscales son enormes, se suman a la injusta recaudación tributaria.
__El secuestro democrático debilita las instituciones: niega a quienes no pertenecen a esos grupos el derecho a plantear sus opiniones en un plano de igualdad, mina la capacidad para garantizar los derechos ciudadanos, impide a los más pobres y vulnerables salir de esa condición.
Se difumina la línea divisoria entre el poder político y económico
La gran acumulación de riqueza por unos pocos hace invisible la línea de separación entre el poder político y el económico, propiciando una forma de “secuestro democrático”, sostiene Oxfam en su informe de 2014, el cual expresa:
__Esas élites diseñan las reglas en beneficio propio y en detrimento de la mayoría de la sociedad. La ganancia de una minoría se produce a costa de los sectores más vulnerables, víctimas de entornos políticos excluyentes, sistemas fiscales regresivos e injustos, servicios de educación y salud deficitarios, políticas de protección social de cobertura limitada y un sistema laboral basado sobre la informalidad y la explotación. Las mujeres siguen siendo las más excluidas.
__Cuando solo los ricos ganan es porque esas leyes y las políticas se inclinan exclusivamente a favor de sus intereses. Cuando existe crecimiento y reducción de la desigualdad es porque las leyes y las políticas que rigen los mercados actúan a favor de las clases medias y de los colectivos más pobres de la sociedad.
Existen suficientes evidencias que demuestran que un crecimiento económico por sí solo no necesariamente disminuye los niveles de pobreza de la sociedad si no va acompañado de medidas de redistribución de la riqueza y la inversión en políticas públicas de calidad que construyan capacidades en los más débiles.
El informe de Oxfam detalla de forma minuciosa los impactos negativos de la desigualdad extrema y de las altas tasas de concentración de riqueza. No es casual que América Latina y el Caribe sea la región más desigual del mundo y también la más peligrosa: 41 de las 50 ciudades más riesgosas son latinoamericanas y en entre 2000 y 2010 se registró un millón de asesinatos.
En sociedades muy desiguales, un gran número de personas no tienen control sobre sus vidas ni pueden ejercer sus derechos. Son enormemente vulnerables a las tensiones sociales. Recomienda actuar para revertir la desigualdad y la concentración de la riqueza para favorecer sociedades seguras y prósperas y terminar con la pobreza.
Una de las principales vías para la movilidad intergeneracional es la adquisición de capacidades por los más desfavorecidos. Ello implica la voluntad política para mejorar el gasto en servicios básicos y la promoción de políticas fiscales progresivas, de empleo y desarrollo productivo que aseguren mejores condiciones de vida e ingreso justo a los trabajadores.
Minerva Isa
Hoy
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