El presidente Danilo Medina dijo enfáticamente que no gobierna “para enriquecer a una persona”. En el contexto político en que se produjo, esta declaración marca una clara diferencia en el ambiente de corrupción que él heredó y que el Procurador General dejó en claro en su discurso de rechazo a la sentencia de descargo del senador Félix Bautista, señalando que el sistema de justicia le había faltado a la nación. Lo que ambos hechos ponen de manifiesto es que a pesar de la misma procedencia partidaria hay en el ámbito oficialista diferencias muy pronunciadas en la forma de hacer política y de encarar el abuso de poder y el enriquecimiento ilícito.
La distancia que el gobierno del presidente Medina ha establecido en el campo moral y ético con su antecesor es evidente y no puede ni debe verse en el clima de confrontación todavía soterrado en que se disputa la candidatura presidencial del partido gobernante. Despojado de todo prejuicio, el expediente presentado contra la red societaria con la que el senador Bautista diseñó las operaciones por las que ha sido acusado, constituye el más serio esfuerzo en la lucha contra la corrupción proveniente de las mismas entrañas de un gobierno en las últimas décadas.
El argumento de la debilidad de las pruebas como una justificación de la sentencia absolutoria, es un intento baladí para justificarla. Se ha pretendido presentar la acusación como un acto de persecución política, lo cual pone de resalto la intención del Ministerio Público de llevar la lucha anticorrupción a todos los niveles, sin importar de quien se trate. Si esta sociedad realmente aspira a un estado de decencia en la actividad política, tomaría el camino equivocado si le negara su respaldo a quienes asumen la responsabilidad de enfrentar desde el ámbito oficial a un aparato judicial concebido y estructurado para proteger a los que se valen del poder para adueñarse de los bienes públicos.
Miguel Guerrero
La Columna de Miguel Guerrero
elCaribe
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