Personal técnico que trabaja en Punta Catalina, en la construcción de las dos plantas de carbón.
El endeudamiento externo es un tema que debe preocupar a políticos, congresistas, autoridades y hasta a los padres de familia. Desde que se inició la era de Leonel, en 2004, hasta este momento, el país ha tenido un Congreso Nacional adherido al gobierno, sin criticidad y sin oposición, y todo cuanto envía el Gobierno al Congreso es aprobado.
Los préstamos de endeudamiento externo son una prueba. También los bonos emitidos, como forma de financiar un presupuesto nacional deficitario, se aprueban con la misma Ley de Presupuesto y Gastos Públicos, con una pasividad pasmosa.
La primera emisión de mil millones de dólares en bonos soberanos, emitidos en la administración de Hipólito Mejía, fue motivo para un debate nacional de varios meses en todos los ámbitos, con una rigurosidad en la exigencia de explicar cómo sería utilizado cada centavo de esos bonos.
Ahora se emiten mil millones de dólares en bonos del gobierno y apenas la sociedad se entera. El Ministerio de Hacienda y el Banco Central lo informan en sus páginas, pero eso no es ni siquiera motivo de reflexión.
El presidente Danilo Medina ha sido favorecido con empréstitos de diferentes montos, que sumados en lo que va de su administración, sobrepasan los 10 mil millones de dólares, en los últimos tres años.
Hace apenas unos días el presidente envió al Congreso Nacional un nuevo préstamo por 632.5 millones de dólares, que se utilizarían para financiar la construcción de las plantas de Carbón contratadas en Baní, en la comunidad conocida como Punta Catalina.
El silencio en que esto se mueve es motivo de ojerizas. De acuerdo con la carta enviada por el presidente Medina al Congreso, el gobierno firmó el préstamo el pasado 20 de mayo con el Deutsche Bank S.P.A., el Banco Santander S.A, el ING Bank, la Societe Generale y Unicredit SPA. De los recursos, US$550 millones se destinarían al proyecto de las plantas, mientras otros US$82,500,000 cubrirían el 100% de la prima de seguros de la Compañía Italiana de Crédito a la Exportación (SACE).
La pregunta salta a la vista. ¿Por qué la agencia italiana solo ha otorgado cobertura de seguro de garantía por 550 millones de dólares? Y más inquietante, caramba, ¿por qué tiene que cobrar 82.5 millones de dólares al momento de asegurar los 550 millones? Es mucho dinero.
Pero además, el gobierno tendrá que pagar diversas comisiones por este préstamo, a los bancos que intervienen. Una es la comisión de estructuración, de 2.275% del monto total del préstamo. Tendrá que pagar una comisión de compromiso, de 0.80% anual sobre el monto disponible del préstamo. Tendrá que pagar una comisión de administración, de 0.80% del monto total del préstamo. En adición tendrá que pagar una comisión de agencia, por un monto de 100 mil dólares anuales durante el plazo del préstamo.
Esto quiere decir, que el gobierno tiene que cubrir 82.5 millones de dólares, más el monto de todas estas comisiones, más el costo total de la construcción de las plantas de Punta Catalina, que son 1,940 millones de dólares, para tener acceso al beneficio de los 720 megavatios que se espera produzcan estas terminales energéticas.
Faltaría añadir los costos del seguro de crédito y comisiones de los demás financiamientos, el costo de la linea de transmisión, el costo de los intereses de los préstamos durante la construcción y el costo de las indexaciones de precios durante la construcción, que figuran en el contrato firmado por el Estado con el consorcio que ejecuta la obra.
Si al final sumamos todos los costos, es probable que este proyecto del gobierno del presidente Danilo Medina le esté costando al país alrededor de 3 mil millones de dólares. Es una suma apreciable, que se habría invertido sin que las plantas hayan generado todavía ni un solo kilovatio hora de electricidad.
No sería mucho pedirle al Congreso que revise con mucha atención este préstamo, y que los congresistas, los que tengan interés, que por lo menos lo lean, y pidan explicaciones.
Editorial Acento
Acento
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