La gigantesca marcha del pasado 22 de enero contra la corrupción y la impunidad marcó, sin dudas, un giro en la coyuntura política. Como suele suceder, un hecho puntual desata procesos acumulados por meses.
El fraude del oficialismo en las elecciones del pasado 15 de mayo, la impugnación en decenas de juntas municipales evidenció el carácter ilegítimo y espurio del nuevo gobierno de Danilo Medina, ya de por sí cuestionado por una modificación constitucional obtenida mediante la compra de legisladores.
La firme posición del Bloque de Partidos de Oposición para evitar la reelección de los anteriores integrantes de la JCE desnudó aún más la precariedad institucional del país. A esto se añaden decenas de protestas, en todos estos meses, de médicos, policías, maestros reclamando mejores salarios; de comunidades exigiendo la satisfacción de necesidades básicas, junto a una espiral creciente de inseguridad pública que mantiene en vilo a la sociedad.
Lo interesante del giro de la coyuntura es que lo motoriza una ciudadanía desinhibida frente al poder y decidida a dar la cara y a manifestarse en las calles contra la corrupción y por el fin de la impunidad. Es decir, desde el principio el movimiento de lucha tuvo un definido carácter político pues la corrupción y la impunidad en el país no son el producto de un funcionario o institución aislada, sino de un modelo político que es el que mantiene y reproduce al PLD en el poder. Lo que si es característico de esta lucha es que no es “partidarista”, con la suerte que estando a tres años de las próximas elecciones se dificulta que pueda ser instrumentalizada por el oportunismo electoralista.
Ahora bien, cuando la ciudadanía actúa como suma de individuos, bien puede escenificar manifestaciones de desahogo colectivo, pero difícilmente pueda darle continuidad y direccionalidad. Por eso, esa ciudadanía que ha mostrado un momento de ruptura militante contra la corrupción y la impunidad, tiene que encontrar formas de coordinación con el movimiento social organizado (médicos, profesores, estudiantes, trabajadores) y con los partidos y movimientos políticos que se identifican de forma consecuente con esta lucha. Es decir, hay que juntar la espontaneidad del movimiento en desarrollo con la experiencia organizativa acumulada por muchas otras luchas libradas.
En el país, tal vez con demasiada razón, hay un rechazo y desconfianza hacia los partidos y movimientos políticos. Pero se peca de unilateral al satanizar a todos los partidos y meterlos en el mismo saco, sin diferenciar los que se esfuerzan en practicar la política apegándose a principios de los que no son más que franquicias de negociantes de la política. Estos últimos, por su larga cola, tienden a excluirse por si mismos de este tipo de lucha, temerosos de que se la pisen.
El movimiento de lucha en desarrollo necesita producir una coordinación efectiva entre los sectores sociales, ciudadanos y políticos que estén en disposición de asumir de forma consecuente la lucha contra la corrupción y la impunidad. Sólo si se va produciendo esa coordinación, a nivel nacional y local, como amplia unidad de acción, se podrá orientar para que el movimiento en desarrollo tenga un cause y horizonte comunes.
El movimiento de lucha en desarrollo tiene que sumar a los sectores populares, lo que supone desplegar un esfuerzo sostenido en los territorios de barrios y comunidades, para hablarle cara a cara a la gente sobre cómo la corrupción y la impunidad tienen mucho que ver con su baja calidad de vida, el desempleo, la pobreza y la inseguridad ciudadana, entre muchas otras.
En ese sentido se debe impulsar, en todos los territorios en que sea posible, la creación de Asambleas Ciudadanas y Populares contra la Corrupción y la Impunidad como espacios de reflexión y de toma de conciencia y éstas desarrollar planes propios de participación.
En una situación como esta, en que es evidente que el Ministerio Público y el Poder Judicial son cómplices de los corruptos y están creando las condiciones para garantizarles impunidad a los principales cabecillas de la red criminal, no nos andemos con remilgos, hay que desatar la movilización ciudadana y popular como la única forma de restablecer el imperio de la ley y de llevar las autoridades al respeto de su propia legalidad.
El movimiento de lucha está abocado a pasar a un proceso ascendente de movilizaciones ciudadanas pacíficas. Si aún así el gobierno no reacciona, advierto que se expone a despertar la indignación contenida en la ciudadanía que pudiera profundizar aún más la lucha y llegar incluso a formas de desobediencia civil y huelgas parciales y generales.
La perspectiva que lleva el movimiento de lucha es la de impugnar una institucionalidad secuestrada por el oficialismo. Se trata de producir un giro para poner la nación en movimiento, potenciar la soberanía ciudadana y despertar y echar a andar al sujeto ciudadano y popular que se irá haciendo cada vez más participativo y deliberativo.
Guillermo Moreno
Diario Libre
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