Los términos corrupción e impunidad dominan el debate político y social, relegando a segundo plano la discusión sobre otros temas también importantes como pacto eléctrico, reforma fiscal y Ley de Partidos, señal de que castigo y transparencia ocupan rol principal en el interés ciudadano.
Corrupción se define como la acción y efecto de corromper, o en abuso de poder, de funciones o de medios para sacar provecho económico o de otra índole, en tanto que la impunidad se refiere a la falta de castigo ante una acción contraria a la ley.
Una sociedad no podría desarrollarse plenamente en términos de convivencia, si prevalece la corrupción asociada a la impunidad, porque tal condición corroe a las instituciones públicas, estimula la comisión de crímenes y delitos y fomenta las prácticas desleales en el ámbito empresarial.
Tan pecaminosa es la prevaricación que se refiere a los crímenes y delitos perpetrados por funcionarios públicos, como la corrupción que se acomete desde el ámbito privado o particular, más aun cuando se produce la asociación delictuosa entre un corrupto y un corruptor.
Es claro que la más cruenta corrupción o prevaricación se produce cuando el infractor la comete prevalido del poder o autoridad que le confiere un cargo público, en cualquiera de los poderes del Estado, pero también se corrompe desde la iniciativa privada.
La impunidad camina siempre del lado del Poder o de la influencia política, pero no pocas veces se asocia a grupos corporativos que fomentan deslealtad empresarial a través de monopolio, oligopolio, evasión, elusión o de asociación ilícita con esferas públicas para obtener privilegios.
Por el amplio espectro de acción y el inmenso peligro que supone para la convivencia, la economía y el ordenamiento social, se requiere que corrupción e impunidad sean denunciados como crímenes sin importar si se infligen desde los ámbitos del Gobierno, Congreso, Justicia o empresariado, porque la prevención y persecución de las infracciones delictuosas o criminales no pueden ser selectivas o excluyentes.
La ciudadanía exige que los corruptos de cualquier color, estén donde estén, reciban el castigo de la ley, no sin antes recibir un juicio justo, mediante el principio del debido proceso y de la presunción de inocencia, A lo que se aspira es a la vigencia plena de la ley.
El Nacional
Viñeta: Cristian Hernández
No hay comentarios:
Publicar un comentario