En República Dominicana “el que es serio se suicida, y el que es sinvergüenza se va del país”

Empresas: entre el suicidio y el escape

Endeudadas, muchas empresas viables cierran por falta de una ley de bancarrota

En República Dominicana (RD), cuando de quiebras empresariales se trata, “el que es serio se suicida, y el que es sinvergüenza se va del país”, puntualiza la abogada Mary Fernández, de la firma Headrick Rizik Álvarez & Fernández.

En el mismo tono, Marcos Troncoso, abogado de la Red de Inversionistas Ángeles, hace la pregunta: “¿Qué pasa hoy cuando alguien honesto debe y no puede pagar? De forma iconográfica, responde su pregunta. En una gran pantalla presenta tres opciones: una tumba, un “sinvergüenza” corriendo, y una persona derrumbada por la depresión.

Está frente a un auditorio compuesto por unos 60 empresarios reunidos en el Salón Anacaona del Hotel Jaragua. Se trata del seminario organizado por la Cámara Americana de Comercio donde se expone el anteproyecto de ley de reestructuración mercantil y liquidación judicial.

Este abogado formó parte del equipo que trabajó en el proceso de reestructuración financiera q ue permitió a la empresa de telecomunicaciones Tricom llegar a un acuerdo legal con sus acreedores nacionales e internacionales sobre el pago de una deuda de US$663 millones.

En mayo de 2008, la empresa dominicana introdujo en la Corte de Bancarrota del Sur de Nueva York, en EE.UU., un plan de reestructuración cuya puesta en marcha evitó liquidar la empresa. En esa corte, alegó: “Nos estamos acogiendo a los tribunales norteamericanos ante la falta de leyes de quiebras probadas y confiables en República Dominica”.

Tricom resurgió de su abismo de quiebra, lo que preservó más de 1,700 empleos directos. Al final fue una historia feliz. Pero hay muchas otras historias empresariales infelices, y la mayoría no se conoce. La de Datocentro, por ejemplo, una empresa líder en tecnología en el mercado, es una de ella, observa Troncoso.

Sus principales ejecutivos, Carlos y Oscar Lama Selimán huyeron del país, dejando atrás a sus defraudados acreedores. Los empresarios, a cambio de los depósitos de su banco vinculado, Transglobal Bank, Ltd, habían entregado a los clientes papeles comerciales emitidos por Datocentro.

Frente a la imposibilidad de pagar, optaron por “darle largas” al asunto, y cuando la situación se hizo explosiva, desaparecieron. “Los dueños abusaron de los acreedores y se fueron del país”, afirma Troncoso.

Explica que si en ese entonces hubiese existido una ley de reestructuración mercantil en el país, hubiese sido posible cumplir con los acreedores, y tal vez salvar la empresa.

Según Elka Reyes, asesora de Mejora Regulatoria del Consejo Nacional de Competitividad, la ausencia de esa ley se refleja en que el país se ha estancado en algunos indicadores de percepción que sobre el clima de negocios tienen los inversionistas extranjeros y organismos internacionales.

 La funcionaria blande los informes Doing Busines que cada año publica el Banco Mundial, y observa que entre los reportes de 2004 y 2010, RD se ha quedado estancada en el indicador “cierre de empresas”, mientras que ha avanzado significativamente en otros, como es el de “apertura de negocios”.

La causa es que, en pleno siglo XXI, cuando una empresa radicada en territorio dominicana no puede pagar sus deudas, para acogerse a la bancarrota sólo cuenta con el libro III del Código de Comercio, de 1884, y con la Ley No. 4582, del 1952, sobre procedimiento de conciliación.

Sin embargo, desde 2006 dos veces se ha introducido al Congreso un proyecto de ley sobre reestructuración mercantil y liquidación judicial, y dos veces ha perimido, informa Mary Fernández. Entre las causas se menciona la resistencia que en el pasado mostraron los bancos, algunas empresas y la falta de claridad que sobre el tema parecen tener algunas autoridades.

Proyecto de Ley 

El proyecto de ley recibe un nuevo empuje y una barrera que se abate es el de la resistencia de los bancos.

Según un participante, a algunos presentes en el seminario de la Cámara Americana de Comercio aún les resuena en los oídos la declaración de Shirley Acosta Luciano, consultora jurídica del BHD y de la Asociación de Bancos Comerciales, de que “ los bancos apoyan la ley, pero que hay que resolver algunos problemas”.

Se refiere a que la Junta Monetaria debe flexibilizar las normas en lo que tiene que ver con la provisión de la cartera mala que corresponde a la empresa que se encuentra en proceso de reestructuración. En otras palabras, dicen los bancos que si la nueva ley le impide cobrar el préstamo hasta que la empresa no sea saneada, tampoco la Superintendencia de Bancos debe exigirles que aprovisionen ese préstamo, porque implica un costo financiero. El planteamiento pone el balón en la cancha de las autoridades monetarias y financieras.

El anteproyecto de ley que circula en los corrillos corporativos contempla que el procedimiento de reestructuración mercantil podrá ser iniciado por cualquier empresario que se encuentre en estado de cesación de pagos. Este estado se daría cuando la empresa no pueda cumplir con las obligaciones tributarias, o cuando no pueda pagar las cuotas de los préstamos bancarios, o si no puede cumplir con el pago de los sueldos y salarios.

El anteproyecto también establece que hay estado de cesación de pagos “cuando el 50% o más de las cuentas por pagar (de la empresa) a suplidores no ha sido pagada dentro de los 120 días calendario de la fecha de su vencimiento, o cuando uno o varios suplidores que representen por lo menos 10% de las cuentas por pagar lo pone en mora mediante una intimación de pago que no puede obtemperar”. Este estado de insolvencia también se considerará si hay “ocultación o ausencia del deudor” sin que deje a alguien como responsable, o cuando emita cheques sin fondos.

El proceso y el plan de reestruturación tendría fechas límites por etapas, y debe contar con la aceptación del “60% de los acreedores en cuanto a monto”, antes de ser sometido al “Centro de Reestructuración Mercantil” de la Cámara de Comercio de la localidad. En caso de que el plan sea descartado, o que el propietario de la empresa no coopere con el “conciliador”, se procedería a liquidar los activos de la empresa para honrar las deudas. En la cabeza de esa lista estarían los pasivos laborales. De aprobarse, así es que vivirá o morirá una empresa.

Edwin Ruiz / Clave Digital