Carlos Slim Helú, propietario de Claro / República Dominicana, y del emporio América Móvil.
Los dos gigantes de las telecomunicaciones mexicanas han recibido este viernes un duro golpe. La autoridad reguladora ha declarado agentes preponderantes en sus mercados al grupo de medios de comunicación más importante de habla hispana, Grupo Televisa, y a la mayor operadora de telefonía celular de América Latina, América Móvil, propiedad del magnate Carlos Slim. Los dos imperios tendrán que asumir una serie de drásticas medidas para reducir su poder en favor de la competencia.
"No recibimos presiones ni amenazas en el proceso", señaló esta tarde Gabriel Contreras, el consejero presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Él, junto a los otros seis miembros del pleno, eligieron por unanimidad 188 medidas que tendrán que comenzar a implementarse en los próximos 30 días y que acotarán a los grupos empresariales en términos de infraestructura, tarifas y contenidos. "Cuanta más competencia más se beneficia el consumidor", ha señalado la comisionada Adriana Labardini en una conferencia de prensa ofrecida por los integrantes del instituto.
La declaración de preponderancia, que debía hacerse por ley antes del nueve de marzo, se ha conocido el mismo día en que el instituto ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la licitación de dos nuevas cadenas de televisión nacionales en abierto. "Es un hecho histórico", dijo el comisionado Fernando Borjón. Se trata de una vieja reivindicación de la industria que podría dar un vuelco al panorama televisivo del país, hasta ahora en manos de Televisa y TV Azteca (que controla el 30% restante). Se espera que para "el tercer trimestre de 2015" se termine el proceso de licitación de nuevas cadenas. Borjón asegura que el tiempo es suficiente para que "se formen los grupos empresariales que intervendrán en el proceso". Esta es la primera vez en México en la que cualquier persona podrá consultar gratis los requisitos. Antes se cobraba por ello.
Por agente económico preponderante se entiende a aquellas empresas que controlan más del 50% de su sector o que por su peso en el mercado imponen sus propias reglas de negocio al resto de competidores. Las medidas que tendrá que asumir Televisa en el mercado de la radiodifusión, y de las que la propia empresa ha informado a través de un comunicado a la Bolsa mexicana, incluyen la prohibición de ofrecer en exclusiva programas “que en el pasado han generado altos niveles de audiencias” como torneos de fútbol nacionales, finales de los mundiales o los Juegos. Los llamados "contenidos relevantes" tampoco podrán ser ofrecidos en exclusiva en las plataformas de televisión de paga de Televisa, como Cablevisión y Sky, que están "dentro del grupo preponderante", según dijo la comisionada María Elena Estavillo.
Televisa también deberá compartir su infraestructura, "no de forma gratuita sino mediante un precio justo", con otros competidores. En caso de no alcanzar un acuerdo entre las partes la tarifa será fijada en última instancia por el organismo regulador.
El Instituto exige a Televisa que ofrezca toda la información que se le requiera, incluida sobre tarifas publicitarias. Además, las televisiones de pago de la competencia tendrán derecho a retransmitir las señales de la televisión abierta del grupo por sus propias plataformas. Al poco de conocerse esta información, las acciones del grupo cayeron un 2.33% en la Bolsa mexicana.
“Todas estas resoluciones y acciones del IFT afectan al Grupo Televisa en muchas áreas relacionadas con sus negocios de radiodifusión y televisión de paga, por lo que evaluaremos el alcance e impacto en cada caso, en sus resultados de operación, actividades y negocios”, dice la compañía en el comunicado. “Vamos a analizar con detenimiento cualquier acción o medida (legal, de negocios o de otra naturaleza que el grupo deba tomar”, añade. Los comisionados han dejado claro en una conferencia de prensa que los afectados están en su libertad de promover juicios de amparo para evitar estas medidas. También recordaron que las modificaciones constitucionales en la materia, aprobadas en 2013, dejan muy claro que "no procede la suspensión" de las medidas. De esa forma se trata de blindar la reforma al sector de las argucias legales que las empresas puedan emprender.
El organismo regulador también investigaba desde diciembre a la empresa América Móvil, que a través de su empresa de telefonía fija y de Internet Telmex tiene una cuota del 84% de su mercado y con la empresa de telefonía celular Telcel controla el 70% del suyo con más de 70 millones de clientes. La empresa ha explicado en un comunicado las diez medidas que le exige el Ifetel. Entre ellas está la imposición de tarifas (que podrían ser más altas que las de sus competidores), la eliminación del roaming nacional y la obligación de compartir su infraestructura de redes en territorio mexicano con otros competidores.
Los fallos recurrentes del servicio de telefonía de Telcel son objetivo de las más duras críticas, pero la empresa no ha dejado de ganar nuevos clientes. Solo en 2013 obtuvo casi cinco millones de nuevas líneas. Los usuarios alegan que la cobertura de Telcel es mayor que la de otras compañías como Movistar (de Grupo telefónica y con el 19% del mercado) y Iusacell (propiedad a su vez de Televisa y Grupo Salinas y con un 7%).
La consejera Adriana Labardini señaló 15 medidas en el sector de telefonía que terminarán beneficiando a los usuarios. Entre ellas se obliga a la compañía a notificar mediante un mensaje de texto la tarifa aplicable en cada recarga de móviles pre-pago y la tarifa de roaming internacional para cuando el usuario sale del país. Los equipos que se vendan con el método de recargas deberán de estar desbloqueados. Aquellos que se compren mediante un plan deberán desbloquearse una vez que concluya el plazo forzoso. La cancelación de los planes no deberá tener excusas si no existen saldos insolutos.
América Móvil no ha sido la única empresa de Slim que se verá afectada. El organismo regulador ha calificado de preponderantes a las otras dos compañías de su propiedad: Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, los brazos financieros del empresario mexicano y principales accionistas de América Móvil. El organismo regulador entiende que estas empresas también forman parte del "grupo de interés económico".
Tanto América Móvil como Televisa son propiedad de dos mexicanos con un hueco en la lista Forbes de los hombres más ricos del planeta. Carlos Slim, hasta este año el hombre más rico del mundo, ocupa el segundo puesto con una fortuna de 72.000 millones de dólares. Emilio Azcárraga, propietario de Grupo Televisa, es el número 663 gracias a sus 2.600 millones de dólares.
La acción del Instituto regulador contra ambos grupos es la primera acción de la reforma de las telecomunicaciones que impulsó el año pasado el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, al que sus críticos bautizaron durante la campaña electoral como “el candidato de Televisa” por el supuesto apoyo brindado por la televisora. La ley, que incluyó una reforma constitucional, fue aprobada en junio de 2013 y contó con el apoyo de los principales partidos de la oposición, PAN (derechas) y PRD (izquierdas). Sin embargo, el desarrollo de la histórica reforma que podría cambiar el panorama de las comunicaciones ha ido más lento de lo esperado. Las necesarias leyes secundarias, de las que depende el alcance real de la reforma, siguen atascadas pese a que se tenían que haber aprobado antes del 9 de diciembre.
El primer golpe de mano ha llegado de parte del Ifetel, el órgano oficial autónomo que se creó al hilo de la reforma en 2013 con el objetivo de dar y revocar concesiones, así como de sancionar prácticas monopólicas. Los dos gigantes de la comunicación han sido su primer objetivo.
Inés Sataeulalia / México
Con información de Luis Pablo Beauregard
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