José Miguel Bonetti Guerra.
Uno de los obstáculos más relevantes y una de las explicaciones del porqué el sector manufacturero dominicano no ha avanzado durante los últimos años como hubiésemos esperado, ha sido la herencia de un modelo de sustitución de importaciones caracterizado por bajos niveles de competencia y una alta protección.
Esto generó un sistema dual, de industrias destinadas al mercado local y zonas francas de exportación, para por un lado supuestamente proteger a las industrias de la competencia internacional y, por el otro lado, atraer inversiones extranjeras con generosos incentivos fiscales para la zona franca, discriminando las empresas nacionales.
Las industrias nacionales al tener inversiones en propiedad, plantas y equipos, no les es fácil ni su cierre, ni su transferencia a países con incentivos de inversión más favorables y por lo tanto, las que están mejor administradas y tienen mayor salud financiera logran pasar de un ciclo a otro.
Es un sistema que ha obligado a las empresas locales a tener que pagar altos impuestos, mientras otras pagan prácticamente nada. Al mismo tiempo, este modelo no permitió que la industria local pudiese convertirse en la proveedora de bienes por excelencia para las zonas francas. En consecuencia, debemos dar el salto hasta llegar de una vez por todas a la eliminación de esta dualidad.
Por otra parte, señores, creo que nadie puede poner en duda que el más grande desafío que hemos enfrentado los industriales y el pueblo dominicano en general ha sido el no contar con un servicio eléctrico eficiente.
Durante estos cuarenta años, hemos tenido uno de los peores servicios de electricidad del mundo, con apagones, altos costos, una excesiva e innecesaria burocracia estatal, el no pago de servicios por parte de la población y una pérdida, en las líneas de transmisión, de la energía producida.
Hoy día el contribuyente aporte enormes recursos para una burocracia parasitaria en Edenorte, Edesur y en las múltiples y cada vez crecientes nuevas dependencias del sector energético estatal. Basta comparar la cantidad de empleados en Edenorte y Edesur antes de su desafortunada nacionalización hace siete años con los volúmenes actuales.
No es posible que nos transportemos en equipos del Siglo XXI y que en la mayoría de los hogares dominicanos la juventud tenga que estudiar con velas.
Y es que donde quiera que el Estado dominicano se ha puesto a administrar empresas ha fracasado, teniendo la población que pagar esa ineficiencia a través de más impuestos y más inflación.
Es todavía más preocupante que organismos estatales y descentralizados estén imponiendo tasas y tarifas, que son realmente impuestos disfrazados, que no sólo implican trabas para las empresas, sino que afectan la seguridad jurídica.
Marihal / Desde La República Dominicana
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