Con Odebrecht lo que se firmó no fue un acuerdo de lenidad, sino de impunidad

La Procuraduría tiene a mano identificar sobornados de Odebrecht en Punta Catalina

La Procuraduría General de la República (PGR) puede obligar a la Odebrecht a identificar a los que sobornó por 39.5 millones de dólares para obtener el contrato de la termoeléctrica Punta Catalina y 15.8 millones para otras 7 obras, amparada en los cientos de documentos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI).

El reclamo tiene fundamento en el acuerdo firmado por la PGR con Odebrecht en el 2017 que obliga a la empresa a entregar toda la información sobre sus actividades corruptas en el país, y hasta podrían anularle el reclamo, en arbitraje internacional, de otros 708 millones de dólares por la construcción de la termoeléctrica.

Son graves revelaciones

Puede ser que la inexplicable militarización del Congreso Nacional haya amortiguado en la opinión pública los efectos de las graves revelaciones sobre los sobornos de Odebrecht presentados por la periodista Alicia Ortega en la televisión nacional, como fruto del esfuerzo de un consorcio de 50 periodistas de 19 medios informativos de 10 países de América Latina y Estados Unidos, del que ella y su Informe SIN son parte. No son especulaciones, sino la develación de miles de documentos filtrados con datos tan específicos y contundentes que no han podido ser negados.

Aunque la PGR desligó la planta termoeléctrica de Punta Catalina de los sobornos por los cuales en principio imputó a 14 personas para terminar procesando a 6, documentos secretos muestran que Odebrecht transfirió mediante su mecanismo secreto y triangulaciones 39.5 millones de dólares para sobornos vinculados a la obra contratada por 2 mil 40 millones de dólares, además de 15.8 millones, que totalizan 55.3 millones de dólares, para otras 7 obras viales identificadas con nombres y montos.

Fueron identificados 630 pagos secretos del sistema Drousys utilizado por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para los sobornos confesados ante la justicia de Estados Unidos y Brasil, enviados a RD, Venezuela, Panamá y Ecuador entre ellos 118 vinculados al país, de los cuales 62 estuvieron destinados a “la Planta Termo” que se construye en Punta Catalina., entre diciembre del 2013 y diciembre del 2014. Todos con números de requisición y archivo, fecha de envío, y el nombre en claves de los destinatarios.

Son muchas coincidencias

Hay muchas coincidencias que fortalecen las revelaciones del CIPI, comenzando porque la contratación de la termoeléctrica fue otorgada a Odebrecht justo en diciembre del 2013 y aprobada en el Congreso entre mayo y junio del 2014. Los 55.3 millones de dólares para sobornos en RD que aparecen en los papeles del consorcio, apenas superan en 4.5 millones los 50.8 millones de dólares documentados por la PGR cuando hizo las primeras imputaciones por los sobornos en mayo del 2017. La mayoría de estos 33.8 millones, estuvieron en 19 transferencias de tres empresas de Odebrecht a tres de Angel Rondón durante el 2014, otras 14 por 15.8 millones de dólares en el 2013, y la última en enero 2015 por 1 millón 145 mil dólares.

El CIPI presenta los nombres en claves utilizados para los destinatarios en RD, vinculados a la termoeléctrica, tales como Boticario, Casa 1 y Casa 2, Chacabana, Chaplin, Tigres, León Arabe, León Chacara, Forca o Grupo Fechament, con transferencias que pasaban por tres y cuatro cuentas de empresas offshore antes de llegar a la meta, también en offshore, para ocultar los sobornados, según la confesión de Odebrecht ante la justicia de EU y Brasil.

De la denuncia de El Informe de Alicia Ortega, ya tres destinatarios de los pagos secretos fueron identificados: Andrés Dauhajre, José Manuel Guzmán Ibarra y Gregorio Salcedo Llibre, quienes han admitido los pagos recibidos, aunque aduciendo que fueron por asesorías profesionales como economistas. Los dos últimos han renunciado a sus cargos a una sub-administración del Banco de Reservas y a la presidencia de la Bolsa de Valores, respectivamente. Dauhajre y Salcedo tienen en común haber sido consultores de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales en el 2013 y vinculados a las evaluaciones de las ofertas para la termoeléctrica que concluyeron favoreciendo el contrato con Odebrecht en noviembre de ese año. Ninguno ha podido explicar por qué sus asesorías no figuran como gastos normales y fueron pagadas en el esquema de las “Operaciones Estructuradas”.

Para qué tanto dinero

Desde que se conocieron las transferencias de empresas offshore de Odebrecht a otras de Ángel Rondón, en la imputación de la PGR en mayo del 2017, llamó la atención que 50.8 millones de dólares (el 62% de los 82.1 millones de dólares documentados) ocurriese entre enero 2013 y enero 2015 (ya en el gobierno de Danilo Medina) y que la contratación de la planta termoeléctrica, justo en ese período, no apareciera implicada en los sobornos. Se impuso preguntar dónde fueron a parar esos cuartos y con qué objetivo fueron transferidos.

Aunque en el documento de imputación se escribió que los sobornos mediaron “en todas las obras” adjudicadas, una posterior declaración del Procurador Jean Alain Rodríguez, adujo que en la termoeléctrica fue sólo para la aprobación de los contratos por el Congreso. Pero entonces el PLD gobernante e interesado en la contratación tenía casi todos los senadores y mayoría holgada de los diputados, por lo que no se explica las razones para el soborno, y tan solo a un legislador, el senador por San Cristóbal Tommy Galán.

Fácil para Jean Alain

Las revelaciones del CIPI se la han puesto fácil ahora al Procurador General de la República, si Odebrecht no le entregó toda la información referente a los sobornos en RD tras el “Acuerdo de Lenidad” suscrito con la empresa y homologado por el juez Amador Ogando el 19 de abril del 2017, porque ahora tiene suficientes pistas para preguntar, por ejemplo, a quiénes corresponden más de una veintena de seudónimos.

De paso podría dar satisfacción a una opinión pública anhelante de ver alguna seriedad en la investigación nacional del mayor escándalo de corrupción transnacional que ha cobrado la vida por suicidio del expresidente peruano Alan García, y que ha implicado con imputaciones y/o cárcel a otros seis mandatarios de al menos 3 países. No es posible que aquí sólo puedan identificarse los tres economistas que recibieron pagos por poco más de 5 millones de dólares, apenas la décima parte de las transferencias secretas.

La PGR también debe demandar la identidad de las 7 empresas que según el grupo periodístico recibieron 21 pagos por 11.6 millones de dólares para la termoeléctrica. Si la empresa no coopera puede dar por concluido el acuerdo bilateral y pasar a procesarla, como quedó convenido en el acuerdo bilateral.

La Odebrecht no niega

Pero por la reacción de Odebrecht tras las revelaciones del consorcio periodístico, difundida por la agencia EFE, se puede sospechar que la PGR tiene otro camino abierto: apelar concretamente a la justicia de EU y Brasil. La constructora dijo que “todos los documentos y testimonios sobre los hechos ocurridos en el pasado, incluida la base completa de sistema y del antiguo departamento dedicado a sobornos, están hace tres años bajo posesión del Ministerio Público Federal Brasileño y del Departamento de Justicia de EU”.

Llama la atención que la constructora sobornadora no intentó desmentir los documentos develados por el consorcio periodístico, aunque dijo que es equivocado atribuirle omisión y que todos los proyectos mencionados tengan vinculación a la corrupción, pero dejando constancia de que “hay parte relevante de la información que fue puesta a disposición de la justicia en diversos países y todavía no fue hecha pública, en razón de la confidencialidad de los procesos”.

¿Estará la PGR de la RD guardando información por la confidencialidad de los procesos, como aduce Odebrecht? Desde el principio se ha temido que se tomó la decisión de ocultar toda la responsabilidad relacionada con el gobierno de Danilo Medina, por lo cual el país fue de los pocos que no firmó un acuerdo riguroso de cooperación con la justicia de Brasil, ni se interesó en interrogar a los convictos ejecutivos de Odebrecht. Por eso lo que se firmó no fue un acuerdo de lenidad, sino de impunidad, sin auditar para determinar las sobrevaluaciones, ni indagar el financiamiento político, del que ha habido denuncias concretas puestas en manos de la PGR, como las 16 transferencias por 4.4 millones de dólares de Odebrech a CineArt 2013, empresa en el país de Joao Santana, el asesor electoral prestado al presidente Medina, que despachaba en el Palacio Nacional, justo entre octubre del 2013 y julio del 2014, los meses de la planta Catalina.-


Juan Bolívar Díaz

Danilo Medina endeuda RD por mil millones de dólares en 48 horas

PLD HUNDE ECONÓMICAMENTE AL PAÍS

SHANGHAI, República Popular China. El presidente Danilo Medina negó que el Gobierno busque inversionistas chinos para Punta Catalina y recordó que ese es un proyecto del Estado.

Medina también negó que se negocie un tratado de libre comercio con China y agregó que en este sentido hay que ser muy cuidadoso, porque esto involucra al empresariado dominicano “y los chinos producen muy barato”.

En tanto, el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, informó que se concertó un préstamo de gobierno a gobierno, a través del Exim Bank de China, de 600 millones de dólares para mejorar el sistema de distribución de energía y reducir las pérdidas en un 28%.

Bichara dijo que el préstamo en cuestión tendrá una tasa de interés de un dos a un tres por ciento.

Según Bichara, esto también reducirá el robo de energía y mejorará todo el sistema energético del país.

El funcionario dijo que se agotarán todos los esfuerzos para que ese préstamo llegue a concretarse.

DL


WASHINGTON. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció hoy un préstamo de 400 millones de dólares a la República Dominicana para impulsar la sostenibilidad financiera y la eficiencia del sector eléctrico.

Los fondos irán destinados al “fortalecimiento de la capacidad institucional y de supervisión del sector eléctrico, e incluyen mejorar la capacidad de supervisión de los indicadores operativos y financieros del sector eléctrico, aumentando la transparencia”, indicó el BID en nota de prensa.

Asimismo, se busca reforzar “la expansión eficiente de los sistemas de generación y transmisión eléctricos; incrementar la eficiencia en la gestión de la demanda de energía eléctrica y apoyar el diseño e implementación de un nuevo régimen tarifario eficiente, flexible”.

El programa se enmarca en el proceso de reformas en el sector eléctrico iniciado por las autoridades dominicanas en 2011, cuando el BID aprobó la primera de una serie de tres operaciones de Préstamo Programático de Apoyo a Reformas de Política “Programa para la Sostenibilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico”.

Este préstamo tiene un plazo de amortización de 20 años y un período de gracia de 5,4 años.

DL

Fuimos nosotros como país los que engañamos a Odebrecht

Las escorias del poder y la verdad (1)
Leí el informe de cabo a rabo, y los comisionados por el presidente Danilo Medina para investigar la licitación de Punta Catalina me parecieron seres escindidos entre las escoria del poder y la verdad. Vivimos en el país del uso más desvergonzado del erario, y la práctica política más jactanciosa, colérica e impúdica de la historia contemporánea. El informe, por lo tanto, no extrañó a nadie. Pero duele que solo cuenten las esperanzas abortadas, las esperas inútiles, el sueño desilusionado. Porque, si la voluntad siguiera más o menos al entendimiento, después de la lectura del informe  deberíamos regocijarnos de que todos sigamos en santa paz, porque hemos obtenido un triunfo rotundo sobre la incidencia malsana que la compañía brasileña ODEBRECHT ha desplegado en el mundo.

Según el Informe, fuimos nosotros como país los que engañamos a ODEBRECHT, porque Punta Catalina nos costó un 6% menos de lo que vale. Hay que dar una voltereta mental,  eso ya lo había dicho Andresito Dauhjre, y Bichara le pagó poco más de setecientos mil dólares por ello; pero que lo recupere la comisión sin analizar todas las objeciones técnicas señaladas a ése nivel de costo, es un divorcio traumático entre lo que dicen los datos y lo que un “analista” pagado inventa para justificar al gobierno. La comisión optó por declararnos campeones: ¡engañamos a ODEBRECHT con un 6% menos! Esa empresa tan diestra en la manipulación, hizo en nuestro país lo que los campesinos llaman “El negocio de capa perro”, que capaba los perros a veinticinco pesos y daba treinta para que se lo agarraran.

Mejor aún: la comisión no encontró indicios de sobornos en la adjudicación del contrato de construcción de la planta a ODEBRECHT. Un hallazgo fenomenal, maravilloso, que la comisión suscribe sin mover un dedo para establecer la verdad. El modus operandi de la empresa ODEBRECHT prefiguraba tres componentes: soborno, sobrevaloración y financiación electoral a propuestas políticas con posibilidades de ganar el poder. El primer paso era el soborno, que llevaba automáticamente a la sobrevaloración; pero en algunos casos, como en el de Punta Catalina, el lobbismo se adelantaba al soborno (más adelante lo veremos). Esa metodología operativa fue tan efectiva que llevó a la compañía a crear una Oficina de operaciones estructuradas para sobornar en distintos países. Esta oficina funcionó, en principio, en los Estados Unidos, pero cuando el juez Moro arreció la persecución en Brasil, la trasladaron rápidamente a República Dominicana, un lugar más idóneo y seguro para ellos. En el documento de acusación de  la Corte del Distrito Este de New York, la propia compañía ODEBRECHT detalla los niveles económicos que alcanzaron para sobornar en los países americanos. Argentina, 35 millones de dólares. Colombia 11 millones de dólares. República Dominicana 92 millones de dólares. Ecuador, 33.5 millones de dólares. Guatemala, 18 millones de dólares. México, 10,5 millones de dólares. Panamá, 59 millones de dólares. Perú, 29 millones de dólares. Venezuela, 98 millones de dólares. Brasil, 349 millones de dólares.

Los comisionados por Danilo Medina para investigar Punta Catalina tenían el aliento sostenido que les permitía saltar en su redacción de un elemento cómico a otro. Si antes encontraron que fuimos nosotros los que engañamos a ODEBRECHT al robarle poco más del 6% del costo verdadero  de la planta, ahora se hacen los australianos y “no encuentra pistas de sobornos”; sin  ver que, por confesión de la propia compañía ODEBRECHT, somos el tercer país en el monto desplegado de los sobornos en el continente americano, y el país sede de la oficina de operaciones estructuradas que les servía de camuflaje. Lo sorprendente, sin embargo, es todavía más deformante, porque el prorrateo por años de la distribución de los sobornos en nuestro país deja muy claramente establecido por el ciclo bancario de la ruta del dinero (VER EL ESTUDIO DE GUSTAVO GORRITI, “LA RUTA DEL DINERO”) que la mayor cantidad del dinero de la mordida entró al país justamente en el periodo del 2012 al 2014, y en ese espacio-tiempo únicamente se contrató con ODEBRECHT la construcción de Punta Catalina. ¿No podría haberse preguntado la comisión a dónde fue a parar el mayor monto del pastel de los sobornos en la República Dominicana?

En el próximo artículo veremos cómo es de dramático estar atrapados entre las escorias del poder y la verdad.

Las escorias del poder y la verdad (y, 2)
Para continuar con los hallazgos, en el “Informe” de la Comisión que investigó el contrato de Punta Catalina hay más construcción de sentidos con lo que se deja de decir que con lo que se dice. Ya vimos que repiten el engendro de Andy Dauhjre de que la Planta nos costó un 6% menos; pero ignoran consideraciones que el propio “Informe” sostiene sobre el proceso de licitación. La primera es el lobbismo del  ex presidente Lula, admitido por Alexandrino Alencar en sus confesiones ante los fiscales electorales del Brasil el 17 de diciembre del 2016. Alencar era el contacto oficial de ODEBRECHT con Lula, y para lograr el objetivo de obtener el contrato de construcción de Punta Catalina viajó tres veces al país, dos de ellas acompañando a Lula. Hay fotos de Alexandrino Alencar, Danilo Medina y Lula. Además, el jurado era una pantomima que llevaba implícita la voluntad de responder al lobibsmo de Lula. Casi todos eran subalternos de Rubén Bichara, y los únicos dos independientes, Ramón Flores e Isidoro Santana, se asquearon del sainete y se negaron a firmar un mamotreto de adjudicación que era una falsa total (Hay que leer los interrogatorios que les hizo la propia comisión que redactó el “Informe”, y después asombrarse de que sea ésa misma comisión la que vio como “mayormente legal” la licitación, después de haber oído lo que esos dos jurados dijeron).

El colmo fue, sin embargo, lo del “competidor virtual”. Únicamente el grupo de los evaluadores subordinados de Bichara tuvieron acceso a la evaluación técnica que le otorgaba el contrato a ODEBRECHT(ver interrogatorios de Flores y Santana), y que había eliminado a los otros treinta competidores. Se sacaron del sombrero al “competidor virtual”, un imaginario tecnológico al que ODEBRECHT venció porque casi se igualaron en precio (obviando costos del terreno, salarios, transporte e impuestos nacionales, exonerados por Danilo Medina). Como era lógico, la “mayormente legal” adjudicación (ver el “Informe”) resultaba una comedia bufa. Entrampados en las escorias del poder, la comisión negaba en sus conclusiones las desplegadas informaciones con las que trabajó. Más que descubrir, encubría.

Y el otro colmo es no “haber hallado rastro de soborno” en la investigación. De lo más investigado sobre el caso ODEBRECHT la ruta del dinero tiene la primacía. En mi artículo anterior cité a Gustavo Gorriti, pero incluso la Procuraduría General de la República, que no ha investigado absolutamente nada, dejó bien claro que de los 83 millones de dólares que llegaron al país entre el 2007 y el 2015, el 75% llegó entre el 2012 y el 2015; y en ése tiempo la única obra contratada fue Punta Catalina. Esa misma Procuraduría General de la República, que no ha movido un dedo para investigar en serio, incluyó en la página 14 del expediente acusatorio de los encartados por ODEBRECHT, a Punta Catalina como una de las obras obtenidas a partir de la estrategia de soborno de la empresa brasileña. Se puede hasta inventar un cuento de ficción con el sobreprecio, como el del “competidor virtual”, pero el soborno es una viga tan grande que hasta a quien pretenda ignorarla le puede sacar los ojos. Esos comisionados podrían haberse preguntado cosas tan elementales cómo ¿adónde fueron a parar esos casi sesenta y tres millones de dólares que llegaron al país justamente después de la adjudicación de Punta Catalina?  O disyuntivas tan modestas como ¿Si, tal y como dice la Procuraduría, casi sesenta y tres millones de dólares se pagaron en soborno durante ése periodo, no sería, acaso, La Santa Catalina, el motivo de ello?  Es claro que esa comisión veía únicamente lo que Danilo Medina quería ver.

Esa Comisión es  un hito histórico y como tal será juzgada, y su “Informe” será leído como el producto de unos seres cuyos intereses, y las escorias del poder en un país de tan larga tradición autoritaria, los obligaron a ocultar una verdad que ellos en su yo interior saben que existe. Porque a pesar de todo lo que Danilo Medina ha hecho para ocultar lo ocurrido, Punta Catalina  será un monumento a la corrupción. Quizás el mayor monumento a la corrupción de la historia de este país.


Andrés Luciano Mateo
Hoy

No todo fue soborno en Punta Catalina

Punta Catalina: Cuerpo de Delito
Polemizar sobre el informe de Punta Catalina rendido por la comisión nombrada por Danilo Medina es caer en su trampa. No importa para nada lo que dijeron o dejaron de decir los comisionados. No importa lo que quedó oculto o no vieron. Todos sabíamos de antemano que una parte mayoritaria de los integrantes de la comisión o tenían conflictos de intereses o eran vulnerables a la presión del gobierno y que no darían un resultado desfavorable al Presidente. Danilo obtuvo lo que buscaba: santificar la irregular licitación y adjudicación de Punta Catalina y su sobrevaluado presupuesto de construcción.

Empecemos por el principio. La comisión de marras, nombrada por decreto No. 6-17 de del 10 de enero de este año es inconstitucional e ilegal. El artículo 128 de la Constitución no le da atribuciones al Presidente para nombrar comisiones para “investigar licitaciones y adjudicaciones de obra”.

Por otra parte, desde que tomó conocimiento de los sobornos de Odebrecht en el país, al hacerse público el acuerdo de lenidad, el 21 de diciembre de 2016, el Ministerio Público adquirió el monopolio de la investigación penal de todo lo concerniente a las infracciones cometidas por Odebrecht en el país y, ninguna otra autoridad podía intervenir en la investigación. El nombramiento de la comisión por el Poder Ejecutivo es un acto de obstrucción de la justicia, violatorio de la independencia de los poderes del Estado. Los propios comisionados, al aceptar una función para la que carecen de calidad legal, usurparon funciones y son pasibles de persecución penal.

La trama del gobierno de Danilo Medina en torno a Punta Catalina data de antes de asumir la presidencia. Danilo hizo dos viajes a Brasil y luego Lula y Dilma lo visitaron en el país, siendo esta última presidenta. En esa ocasión Dilma declaró a la prensa, el 10 de julio de 2012, que “Brasil va a ayudar de manera decidida al presidente de la RD a buscar solución a su problema energético”. Esa “solución” terminó llamándose Punta Catalina y la beneficiaria Odebrecht. Fue Danilo Medina quien, por oficio 11387 del 06.05.2014, solicitó al Senado, para Odebrecht, “la exención de todo tipo de impuesto sobre la renta”. No olvidemos su fervorosa defensa ante la Asamblea Nacional para mantenerla en la construcción de Punta Catalina, a pesar de haber violado la Ley No. 340-06 que manda a rescindir el contrato e inhabilitar a toda empresa que como Odebrecht incurra en prácticas corruptas.

La manipulación de la licitación para la adjudicación de Punta Catalina a Odebrecht fue un acto burdo y bochornoso. Recojo algunas frases de la declaración ante la comisión, de Isidoro Santana, miembro de la Comisión de licitación. Expresó que “nunca llegaron a leer el informe de evaluación técnica, si no que se les hizo una presentación en “Power Point” en donde todas las empresas participantes quedaron descalificadas y solo quedó una empresa que resultó ser el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Ingeniería Estrella...” “Que en la etapa final comenzó a tener la percepción de cierta inclinación a favor del consorcio que ganó la licitación”. El ingeniero Ramón Flores, por su parte, entre otras expresó que “...no le gustó la actitud de dos técnicos de la consultora Stanley. Percibió que estaba prejuiciada..” y agrega que “...se convoca a una reunión, para recoger informes a los fines de preparar una decisión, pero cuando llegamos y me dicen que todo está bien, como queriendo decir que ya se acabó el proceso y yo sorprendido, cuando me dicen que todo está bien, se generó una breve discusión, sobre si se debía discutir o no, porque ya se entendía que el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella había ganado.” Ninguno firmó el acta de adjudicación de Punta Catalina a Odebrecht.

En el expediente de petición de medidas de coerción al Juez especial de la Instrucción, el Procurador, en la pág. 14, se refiere a Punta Catalina como una de las 17 obras “... que fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos realizados a través del intermediario comercial, imputado Ángel Rondón Rijo, a funcionarios de la RD”. Precisamente en el año 2014, en que se firma y se aprueba en el Congreso el contrato de Punta Catalina, en las cuentas de las sociedades de Ángel Rondón denominadas Lashan Corp y Conamsa Internacional, se registran sucesivos depósitos provenientes de la sociedad que Odebrecht tiene registrada en Antigua, Klienfel de Services LTD, para el pago de sobornos. Los valores depositados fueron: en enero: US$10 millones; en febrero: US$2,500,000; en marzo: US$3,750,000, en abril: US$ 506,000; en mayo: US$4,259,000; en junio: US$ 4,000,000; en septiembre US$1,600,000; en octubre: US$2,381,361; en noviembre US$3,392,997; en diciembre US$1,450,000. En enero de 2015, US$1,145,119. En total, en el 2014/15, Ángel Rondón recibe de Odebrecht para el pago de sobornos a funcionarios dominicanos la suma de US$34,986,377.

Pero la verdad debe ser dicha: no todo fue soborno de Punta Catalina. Una parte fue para comprar legisladores, modificar la Constitución e introducir la reelección y, otra, para financiar directamente la campaña electoral de Danilo Medina de 2016.


Guillermo Moreno
Diario Libre

Informe Comisión obliga arduo trabajo a bocinas del régimen

¡Qué punta!, la de Catalina
Al informe de la comisión de Punta Catalina le nació moho. Llegó tarde al debate, cuando ya no había sorpresas. Su publicación no arrancó ni un suspiro, quizás un concierto de aburridos bostezos. Me pareció oír un cuento de cama infantil en el que siempre hay un final feliz que el sueño se empeña en malograr.

La prensa le dio un despliegue señorial, pero su futilidad fue tal que ni a los mismos voceros del Gobierno les animó resonarlo. El informe perdió lo que lo motivó: utilidad propagandística y pertinencia política. No convenció ni a sus autores; basta advertir las sensibles inconsistencias entre las comprobaciones y las conclusiones: un divorcio claro. Pero se impuso el mandato político implícito de concluir como lo hicieron; los notables tenían la obligación de reciprocar la distinción de su escogencia por un presidente en apuros. Desde ese ángulo, más que complaciente, fue humanitario. Los comisionados pueden marcharse satisfechos, cumplieron con su inútil trabajo; al menos le quedaron bien al presidente. ¡Buenas noches!

El informe concluyó como todos esperábamos: agua cuando llueve y calor en verano.  Algunas “fallas” y hallazgos que pudieron ser denunciados fueron disimulados en forma abstracta, algunos bajo un pliego de propuestas genéricas. Confirmó también ciertas cosas que el sentido más común nunca consentiría, como que la obra pública más costosa de la historia se construye en ¡terrenos privados!, mediante un arrendamiento enfitéutico. ¡Cuánto daría por ser Vicini! Ese es apenas el comienzo de lo que nunca se contó ni se contará. Secreto de tumba…

El  informe más creíble nace del correlato enredado en la comisión que lo emitió: su presidente, con graves conflictos de intereses corporativos; un miembro guardando prisión por aceptar sobornos de la empresa constructora; otro, en pleno desarrollo de la “investigación”, denunció que el Ministerio Público debía intervenir en algunos descubrimientos y, para rematar, la obra fue incluida dentro del expediente de los sobornos. Ahora nada raro pasó, excepto que el precio estaba por debajo de lo razonable y que no hubo fraude en su adjudicación. Total, eso le bastaba al presidente. Debiéramos entregar la condecoración más alta a Odebrecht y quizás un bono extra por su pulcritud. Juzgue usted.

No obstante, aun de este bagazo el Gobierno hará un jugo para refrescar la atosigante propaganda de Punta Catalina. Es increíble lo que está malgastando en publicidad. Punta Catalina es omnipresente: sale en la radio, en la televisión abierta y por cable, en las redes, en los diarios impresos, en el cine y hasta en los jueguitos virtuales que por ocio se descargan. Esta saturación demencial está creando un efecto contrapuesto de repulsión masiva. La desesperada necedad del Gobierno es tal que no comprende una realidad ostensible: la gente no se queja ni reclama por la obra ni cuestiona incluso su necesidad; el problema obstinadamente eludido es la corrupción que se anidó en su ejecución y construcción y la reticencia del presidente para hablar la verdad. No es cuestión de los empleos ni la energía que genera, sino del costo que agregó como otro pasivo a las viejas deudas institucionales. Es como destacar, frente a un posible comprador, las ventajas y atributos de un vehículo robado.

Ahora el presidente usará el informe de su comisión para dar por cerrado el caso, como si se tratara de una sentencia absolutoria; algo parecido a lo que hizo con las declaraciones de Joao Santana y Mónica Moura en Brasil respecto del financiamiento de su campaña por parte de Odebrecht. Después de este cierre pedirá a la nación concentrarse en el trabajo y atender los retos apremiantes, con unos cuantos comunicados de apoyo de otros notables de igual estirpe para que el vulgo calle su estridencia populista. Lo demás será un fino y retribuido trabajo de las bocinas de distintos tonos y cuños. Piñatas de papeletas. Un festival de coloridas distracciones matizarán las expectativas de justicia y el sol se pondrá sobre la rutina, calentando la ruda sobrevivencia de cada día… (Suénalo, Martín… ¡eso!*).


José Luis Taveras
 Letras Libres
 Acento

* Nota DLRD:
Suénalo, Martín… ¡eso! / El autor utiliza una frase grabada en varias ocasiones en su discografía por el merenguero Fernando Villalona. Se refiere al trombonista Martín Villalona, su hermano, y que al anunciarlo así, hacía un solo en el paseo de la pieza interpretada. José Luis no nos ha autorizado a hacer esta nota, pero se alegrará de saber que sus fans entendemos a cabalidad todos los vericuetos de sus artículos magistrales conque orienta al pueblo dominicano.

Lo que Danilo Medina aprobó para beneficiar a la familia Vicini

Informe Comisión Agripino: “rendición ante negocios Grupo Vicini”
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El informe rendido por la Comisión Investigadora de los trabajos de la planta generadora de energía que se construye en Punta Catalina, Baní, sorprendió a pocos. No así las observaciones  que en aparente “buena fe” hicieron sus integrantes al recomendar la compra de los terrenos en donde se levanta el cuestionado complejo energético estatal.

De entrada, no ofrece mayores detalles de lo ocurrido en aparente desconocimiento de la existencia de un contrato de Enfiteusis suscrito entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, (CDEEE), y la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., CAEI, propiedad del Grupo Vicini, en la que ésta última cede en calidad de arrendatario y en condiciones muy favorables para la empresa privada, los terrenos en cuestión.

Por tanto, referido casi de soslayo por la referida comisión, que al decir de muchos -- resultó ser una especie de traje a la medida para favorecer al Poder Ejecutivo-- aparenta una sugerencia en procura de evitar problemas posteriores, cuando en verdad, el mencionado contrato, en las condiciones que fue rubricado por las partes, en este caso el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Jerges Rubén Jiménez Bichara y Juan Bautista Vicini, representante de la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., CAEI, implica un gran perjuicio, no solo para el Estado, sino también para los futuros gobiernos.

A saber: De entrada, todo pudiera estar bajo la protección de la Ley, a no ser porque el contrato No. 108-15 suscrito entre la CDEEE y Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., CAEI, propiedad de los Vicini, en la descripción jurídica del inmueble destaca que el mismo se encuentra gravado con una hipoteca de 7 millones de dólares. Hasta ahí, todo bien, pero resulta que la hipoteca se realizó a través del Banco del Progreso, propiedad del dueño del terreno.

Así las cosas, se infiere que el propietario del terreno se autoprotegió con una medida de afección agresiva al derecho de propiedad como la hipoteca, previendo situaciones diversas como la falta de pago, la cesión a empresas e intereses particulares de la operación y renta del proyecto.

Frente a lo que aparenta una falta a la ética que el Estado no desconoce, pues sabe que pacta un contrato de arrendamiento con un terreno hipotecado a través de una institución bancaria propiedad de los mismos dueños del terreno, tal y como lo establece el artículo 2.1.5 del referido acuerdo,  debió exigir la cancelación inmediata del mismo.

Esto así, porque si en un momento determinado, el Propietario, en este caso la familia Vicini, decide vender el terreno, este contrato le autoriza a la compra por el mismo banco --propiedad de la familia-- o si por falta de pago decide  ejercer la ejecución de la garantía, que es el terreno, el Estado no tiene manera de detener esta medida, a menos que compre el crédito con el banco y los derechos accesorios como moras, honorarios, entre otros.

Dicha hipoteca fue inscrita el 7 de septiembre de 2011, en el Libro RC0054, Folio RC018, tal como consta en la Certificación de Estado Jurídico del Inmueble, expedida por el Registrador de Títulos de Baní el 30 de abril de 2014.

Pero… ¿qué es La Enfiteusis?
De conformidad con lo establecido por el Código Civil Dominicano, la Enfiteusis es un tipo de arrendamiento en el que se otorga al beneficiario, en este caso el Estado, un derecho real sobre un inmueble, su uso y goce por un período de tiempo no menor de 50  años y no mayor a los 99 años. En este caso, el contrato es prácticamente a perpetuidad, pues aunque establece una duración de 50 años, sería prorrogable por períodos de 20 años, sin que se fije un término claro y definitivo.

Por tanto, por tratarse de un proyecto supuestamente de interés social que, al decir de  sus promotores resolverá el eterno problema de la energìa eléctrica en el país, al Estado le resultaría más útil y económico proceder a comprar la propiedad que adquirirla en Enfiteusis. A falta de lo anterior, declararla de utilidad pública, como lo han hecho con cientos de miles de terrenos en todo el país, a manera de dar paso a la construcción de obras prioritarias.

Pero además, resulta incomprensible que un contrato tan oneroso se pacte con un competidor del Estado en el negocio de la generación eléctrica, pues el Grupo Vicini es, después de AES, el principal oligopolio de generación eléctrica del país, a través de las empresas Cogentrix, EGE-HAINA, Los Cocos, entre otras.

Como puede verse, la comisión nombrada por el presidente Danilo Medina, debió recomendar o emplazar al Congreso Nacional a no aprobar un contrato de arrendamiento a todas luces oneroso, conocido por ellos,  que no ofrece ninguna garantía al Estado, a menos que lo que se pretenda es beneficiar a los dueños del terreno -en este caso el Grupo Vicini-.

Cláusulas leoninas
Sin dudas, el contrato que en apariencia desconocía la comisión que investigó la licitación en Punta Catalina contiene cláusulas leoninas en contra del Estado que amenazan el carácter público del proyecto que se construye en esos terrenos.

En ese sentido, el documento rubricado por Bichara y Vicini es claro cuando dice que el Estado pagará un arriendo por 8 millones 676 mil 464 metros cuadrados de terrenos, cuando solo ocupará un millón 356 mil 645 metros cuadrados del mismo, con la eventualidad de que el valor del arriendo de la porción sobrante le sea deducida en adendas posteriores al ingresar otros ocupantes para favorecer los intereses del propietario de los terrenos. Igualmente queda claro que se rubricó el contrato sin que previamente se hiciera el deslinde de rigor, por tanto, aun cuando el estado ocupará solo una parte de los terrenos, el pago anual se hará por el total de las parcelas.

El artículo 3.1 del convenio establece un oscuro y complicado canon para el pago del arriendo que ascenderá a varias veces el valor de los terrenos en el transcurso de los 50 años de duración del mismo. No solo eso, el pago de ese canon se realizaría en dólares y podría ser liquidado en pesos a la tasa del día, incluyendo el ajuste anual de la tasa de inflación de Estados Unidos, en franca violación a lo que establece en su artículo 24  la Ley Monetaria y Financiera,  ya que el peso es la moneda de curso legal.

Es decir que una verificación minuciosa del pago que el Estado haría al Grupo Vicini, presenta una serie de variables, entre las que destacan forma y tiempo de pago, interés sobre mora, moneda en dólares a la tasa de cambio del día del pago, condiciones éstas que benefician al propietario en perjuicio del Estado.

Más pifias en el contrato
A pesar de que el articulo 6.1.3 garantiza al Estado el uso y disfrute pacífico y sin intervenciones del terreno arrendado durante los 50 años de vigencia del contrato, habría que preguntarse cómo puede el propietario -Grupo Vicini- mantener la propuesta si el inmueble está gravado por un título privilegiado en una institución de intermediación financiera del mismo grupo. Ese crédito con el banco es perfectamente cesionable a un tercero, que puede ser el mismo banco como dación de pago, de manera que, en caso de intervenir alguna cesión del crédito, el adquiriente quede en libertad legal de ir sobre la propiedad con todas las herramientas que la ley pone a su disposición.

Entonces…? Sí hay daño al medio ambiente!
La multa establecida en el artículo 6.2.7 al Estado por el tratamiento irregular, informal o separado del protocolo aprobado por Medio Ambiente comprueba que la construcción de las plantas a carbón en Punta Catalina afectará el entorno del proyecto. Esto así, porque las partes reconocen, y así está estipulado, una indemnización de 36,000 dólares por hectárea afectada. Claro, sólo a las plantaciones del Grupo Vicini. En ese sentido, queda claro el daño medioambiental.

Habrá que preguntar entonces quién indemnizará la salud de la gente que, obviamente se afectaría, a pesar del empeño por negar los daños al medioambiente, sin contar con la destrucción de los sembradíos de pequeños y medianos productores de la zona.

Cada cláusula amenaza el interés público
Y en efecto, se trata de tres cláusulas que son una verdadera amenaza al bien público, toda vez que la primera de estas estipulaciones concede al propietario de los terrenos -Grupo Vicini- de forma unilateral la facultad para dar por terminado el contrato en un período de tres años en caso de incumplimiento de pago del arriendo.

El artículo 7.1.1 establece que al momento del vencimiento del plazo del contrato, debe producirse un nuevo acuerdo con el propietario, como si el cálculo del pago por 50 años no fuese totalmente oneroso desde el inicio, pues  cuando se termine su vigencia, habrá que suscribir nuevas condiciones de precio.

No solo eso,  otro de los requisitos que atentan contra el carácter público del proyecto es que el propietario de los terrenos tendrá la posibilidad de participar, si así lo desea o le conviene, en la reactivación de la obra y el desarrollo del proyecto, en caso de que se paralicen las obras por más de cinco años.

Esto significa que el dueño de los terrenos –Grupo Viccini-- tiene el derecho y la facultad  de convertirse de nuevo en propietario, esta vez de las plantas a carbón, que pasarían a manos del grupo económico, sin obviar los derechos que le confiere sobre cualquier obra o mejora adicional que se construya, lo que se realizará a través de un mecanismo de negociación siempre a favor del propietario de los terrenos en cuestión.

En cuanto al enunciado número 10, que hace referencia a la necesidad de la construcción de este proyecto, al ser de interés público y social, el Estado debió limitar las posibilidades de tal adquisición, ya que en un momento determinado, por cualquiera de los medios antes mencionados, si el dueño quisiera vender los terrenos y el Estado no tuviese cómo pagar el precio, en este caso se vende la propiedad, y al nuevo propietario no se le puede presentar las condiciones iniciales de la Enfiteusis, por lo que se necesitará un nuevo contrato en el que el adquiriente tendría la última palabra.


Yvonne Ferreras
7dias

Comisión entrega certificado a 'El ungido'

Certificado de impunidad

'El ungido' recibió de manos de 'su Comisión', el certificado que le dice que todo está bien y que no hay nada que objetar del proyecto de las plantas eléctricas a carbón de Punta Catalina. Un final predecible, como predecible será el final de los comisionados y de los involucrados en la estafa más grande cometida desde el Estado en contra de la RD.

A pesar de que Odebrecht aseguró que pagó sobornos hasta 2014, de no haberse hecho una auditoría forense de lo gastado en las plantas eléctricas, los comisionados firman un certificado de impunidad al Gobierno.

El PLD, los empresarios asociados a esta cleptocracia gobernante y los poderes fácticos tendrán una respuesta contundente de este pueblo, más temprano que tarde.



Juan Santos / DLRD

Dominicana limpia

Olga Dipp / DLRD

Figureo en DLRD

Planeta desaprueba unánimemente carbón para generar electricidad

Descarbonizar es agenda mundial
República Dominicana es la excepción en la evolución histórica de la generación eléctrica; uno de los pocos países que resta importancia a los efectos negativos de la quema de carbón para fines industriales. El mundo lo desaprueba unánimemente. Cierto que sobrevive una cantidad de termoeléctricas a carbón pero son muchas las que van apagándose para siempre. China, una de las grandes emisoras de gas invernadero, se ha sumando con entusiasmo a respaldar las fuentes alternativas de energía amigables con el ambiente, política que es motivo de esperanza para la humanidad ahora que Estados Unidos reniega del consenso de casi todas las naciones contra las causas del cambio climático.

La nueva visión internacional contra el carbón ha afectado, con falta de créditos, a República Dominicana en su decisión de instalar generadores a carbón. Negarse a financiar tales proyectos es norma en buena parte de los mercados financieros. Pocos expertos creen en tecnologías nuevas y muy costosas para supuestamente reducir emanaciones químicas nocivas al ambiente. Y a nivel nacional se desconfía del aval científico local que favorece el carbón; y no hay certeza de que las investigaciones sobre la factibilidad técnica y de costos a que es sometido el proyecto de Punta Catalina se ocupen mucho de lo dañino del carbón. Faltaría también tomar en cuenta lo muy factible que se consideraría readaptar las plantas en proceso a gas natural.


Editorial Hoy
Hoy

Bonos soberanos están prohibidos en base licitación plantas Punta Catalina

     Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC.

Financiar Punta Catalina con bonos viola licitación, denuncia Comité Cambio Climático
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) denunció que la reciente colocación en los mercados internacionales de 500 millones de dólares de bonos soberanos para financiar la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, viola las bases de licitación de este proyecto que descartó explícitamente esta modalidad de financiamiento y lo declaró no válido.

El colectivo señaló que las Bases de Licitación, Fase de Oferta y Cierre, en su artículo 14.3.b dice textualmente que “la emisión de bonos soberanos en el mercado local o internacional no será considerada como Oferta De Financiamiento Válida”, en la página 27 de ese documento.

Explicó que en la licitación de esta obra se realizó bajo el modelo de “Llave en mano”, en el cual el contratista se hace cargo de todas las fases de la construcción del proyecto y se encarga de buscar el financiamiento del mismo, aunque el Estado corre con la responsabilidad del pago del préstamo.

“Los oferentes para poder participar en la licitación tenían que presentar una propuesta de financiamiento de un empresa crediticia debidamente certificada hasta el 80% del total del costo de la obra. De lo contrario el oferente era descalificado del proceso de licitación”, dijo

Manifestó que a lo largo de estos últimos tres años, ni Odebrecht ni el gobierno han respetado las bases de la licitación de esta obra, especialmente en lo referente a su financiamiento.

Recordó que Odebrecht no pudo proveer el financiamiento comprometido a través del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES), porque este préstamo fue suspendido a causa de que la justicia brasileña encontró a esta empresa culpable de corrupción en el caso de Lava Jato y consideró el crédito bajo sospecha de tráfico de influencia.

“Sin embargo, el gobierno en vez de haber rescindido el contrato con Odebrecht por el incumplimiento del financiamiento, invirtió de manera ilegal e inconstitucional los ahorros de la factura petrolera en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina para suplir la ausencia del financiamiento de BNDES”,  afirmó.

Calificó de abuso de poder el comportamiento del gobierno en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina que no ha respetado ni las bases de la licitación, ni la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00, ni la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo No. 1-12, ni la Constitución de la República,  ni ninguna otra norma legal.

Puso como ejemplo de este abuso de poder que a pesar de que las bases de la licitación descartaban los bonos soberanos como vía de financiamiento válida, en el contrato que el Estado suscribió con Odebrecht el 14 de abril del 2014 y que fuera aprobado por el Congreso Nacional el 21 de mayo de 2014, en su artículo 6.5.2. se introduce esta modalidad de financiamiento.

“Este contrato no podía contrariar las bases de la licitación sin que resultara en una manifiesta ilegalidad y por tanto, adolecen de nulidad los aspectos de este contrato que son contrarios a las bases de la licitación, como es el caso de los bonos soberanos”, aclaró.

Observó que la emisión y venta de los recientes bonos soberanos es un nuevo acto de abuso de poder que demuestra que el gobierno continuará su alianza con Odebrecht aunque esta empresa sea culpable de actos delictivos en Punta Catalina.

Indicó que el gobierno recurre a los bonos soberanos para no tener que responderles a los bancos europeos que suspendieron el desembolso del financiamiento a Punta Catalina hasta establecer datos concretos sobre los sobornos realizados por Odebrecht en esta obra.

Planteó que el gobierno ha dado por un hecho la corrupción de Odebrecht en Punta Catalina y por tanto la cancelación definitiva del financiamiento europeo, por lo que se ha adelantado a buscar otro financiamiento aunque esté reñido con las bases de la licitación del proyecto y sea en peores condiciones de pago.

“A pesar de que el registro de suplidor del Estado de Odebrecht está suspendido desde febrero por la Dirección General de Contrataciones Públicas, el gobierno le ha entregado a esta empresa 9 mil millones de pesos de enero a mayo último, y ahora le entregará los 500 millones de dólares de la venta de los bonos soberanos”, subrayó.

El organismo llamó a la población a redoblar las manifestaciones contra el abuso de poder que exhibe el gobierno en Punta Catalina para obligarlo a rescindir el contrato de Odebrecht en esta y las demás obras, a inhabilitarla de por vida como contratista del Estado, y a castigar los sobornos y la sobrevaluaciones.


Acento

Derrumbe indetenible

Cristian Hernández

EL CARRUSEL DE LA VIDA
El Día

Gobierno dominicano emite bonos soberanos por US$500 millones más para Punta Catalina

Barril sin fondo

El gobiernazo de Danilo Medina no escucha a su pueblo, sigue con Odebrecht y sigue construyendo las sobrevaluadas, obsoletas y contaminantes plantas eléctricas a carbón de Punta Catalina.

Sigue Danilo Medina endeudando irresponsablemente a la RD, autoritaria y represivamente.

¿Será que este individuo desea que pasemos de marchas a otro tipo de acciones para que entre en razón?

Jeannelle Koss / DLRD
Imagen: Tweet de Argentarium

A los muchachos de Najayo

Olga Dipp / DLRD

Figureo en DLRD

Exigen cancelación operaciones Odebrecht y auditoría a plantas Punta Catalina

El cuerpo del delito
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los principales dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) exigen este jueves la cancelación de las operaciones de Odebrecht y una auditoría a las plantas de Punta Catalina.

La cúpula del principal partido de oposición se encuentraba reunida para solicitar, además, a la Procuraduría General de la República que someta la lista completa de los implicados por sobornos, sobrevaluación y financiamiento ilícito de la campaña electoral.

Hoy también se planteará a la asamblea nacional acusar al presidente Danilo Medina “por incurrir en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, de conformidad al artículo 83.1 de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados”.

En la actividad se encontraban Hipólito Mejía, Jesús Vásquez, Luis Abinader, Orlando Jorge Mera y Milagros Ortiz Bosch, Hugo Tolentino Dipp, entre otros.


Acento.

En RD el gobierno es que ha escogido sobornados de Odebrecht

Lava Jato debe ser transparente en Brasil y en el mundo
La Operación “Lava-Jato” comenzó sin grandes pretensiones como una investigación de una estructura de lavado de dinero utilizada por narcotraficantes. Tres años después, el trabajo de las autoridades brasileñas elevó los descubrimientos de la operación al nivel de uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia, revelando casos de desvío de recursos públicos y lavado de dinero, en al menos doce países.

Desde que 77 ejecutivos de Odebrecht decidieron colaborar con la Justicia brasileña, el contenido de las revelaciones se transformó en una pieza fundamental para millones de latinoamericanos, de una decena de países, que sueñan ver replicados los efectos saludables ya conquistados por Brasil. No obstante, esta semana, el fiscal general de Brasil tomó una decisión que frustró las expectativas en torno al develamiento de los socios de los crímenes de Odebrecht en los países donde la compañía tenía operaciones ilícitas. El fiscal general Rodrigo Janot solicitó al Supremo Tribunal Federal brasileño que se mantenga bajo secreto toda la información referente al caso Odebrecht fuera de Brasil.

La justificación oficial es que el secreto garantizará a los fiscales de los demás países las condiciones ideales para que ellos puedan hacer sus investigaciones. No hay motivos para creer que Janot no haya tomado esa decisión en la más pura buena fe de que sus pares en Latinoamérica harán uso de la información con la misma independencia que el Ministerio Público en Brasil. Pero ¿cómo se puede imaginar que las autoridades de Venezuela harán algo que no sea destruir evidencias, proteger a corruptos y perseguir a opositores? Ecuador y Bolivia son Estados en los que el poder judicial es utilizado para realizar cacerías de brujas políticas.

En la República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, donde el fiscal nacional es un cercano colaborador del presidente, ya ha iniciado una ola de arrestos relacionados al caso, pero hay denuncias de que ha seleccionado a sus adversarios políticos internos y externos además de excluir de la investigación el proyecto donde se ha denunciado mayor sobrevaluación y que fuere realizado en su gobierno: la Planta Termoeléctrica Punta Catalina, acusada de casi $1,000 millones de sobrecosto. ¿Cómo podemos saber si estas personas realmente son las mencionadas en las investigaciones si las herramientas para esclarecer la investigación se encuentran en manos del gobierno que más sobornos recibió de Odebrecht?

Entregar evidencia a algunos gobiernos con instituciones judiciales débiles y políticos corruptos crea oportunidades para un abuso aún mayor por parte de fiscales locales con agendas propias. Algunos países usarán esta información con más responsabilidad que otros. Sin embargo, algunos pueden manipular la información para castigar a opositores, filtrar documentos y pruebas de forma selectiva, negar el acceso de los acusados a la información de exculpación, y proteger a socios corruptos del gobierno. Esto no sirve a la justicia, potencialmente sirve a la persecución. Las autoridades brasileñas deben tratar estos expedientes con gran cuidado, poniéndolos a disposición de los abogados de las personas acusadas en los medios de comunicación de actos ilícitos que no pueden esperar recibir justicia de sus propios gobiernos.

En 2015, el juez Sérgio Moro escribió en una de sus sentencias que “la publicidad propicia no sólo el ejercicio de la amplia defensa por los acusados, sino también el sano escrutinio público sobre la actuación de la administración pública y de la propia justicia criminal”. Es evidente que el secreto es fundamental durante algunas fases de la investigación, pero el sigilo se vuelve injustificable en relación a América Latina. Las confesiones y pruebas ya fueron presentadas. Es incomprensible que la fiscalía de Brasil le de la espalda a la realidad latinoamericana.

Los fiscales y la Corte Suprema de Brasil deberían hacer pública toda la información sobre las investigaciones internacionales para que los acusados tengan una oportunidad de defenderse ante la negación del debido proceso. Si el peor escenario se materializa, con la confirmación de mantener en secreto la información, Brasil no sólo desperdiciará la oportunidad de investigar una parte importante del complejo sistema de corrupción y lavado que tuvo el país como epicentro, pero habrá contribuido para el encubrimiento de organizaciones criminales que se instalaron en el poder político en otros países. Esperemos por el bien de la justicia regional que los fiscales y la Corte Suprema de Brasil tomen en consideración las posibles repercusiones de esta decisión.

El autor fue Embajador de los Estados Unidos ante la OEA y Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de 2001-05. Es investigador visitante en el American Enterprise Institute y su firma Visión Américas LLC representa a clientes estadounidenses y extranjeros. Noriega también asesora al equipo legal en EEUU del expresidente del Perú Alejandro Toledo.



Roger Noriega
elNuevo Herald

Odebreeeecht, ¡ay! Odebrechecht... Odebreeeecht, ¡ay! Odebrechecht...

Cristian Hernández

EL CARRUSEL DE LA VIDA
El Día

No esperemos sean juzgados y sancionados ejemplarmente todos los juzgados

Exijamos que estén todos los sobornados y sanción ejemplar
En el expediente presentado al Juez de la Instrucción por el Procurador General, en los nombres de relevancia que figuran concurren tres criterios para la imputación:

1º.- Ser titulares del ministerio o institución constructora de la obra contratada con Odebrecht. Estos son los casos de: Roberto Rodríguez, director de INAPA, César Sánchez y Radhamés Segura, vicepresidentes de la CDEEE, Víctor Díaz Rua, Obras Públicas. La inclusión de Temístocles Montás es por su papel como Secretario Técnico de la Presidencia para la aprobación de los contratos por el Poder Ejecutivo.

2º.- Ser titular de una de las cámaras legislativas en el momento de aprobación de los contratos. Estos son los casos de Andrés Bautista, Alfredo Pacheco, Julio César Valentín, el primero del Senado y, los otros dos, en la Cámara de Diputados. Tommy Galán por presidir la Comisión de Hacienda del Senado, cuya recomendación es clave para la adopción de este tipo de contratos.

3º.- Haber incrementado de forma notoria su patrimonio durante o inmediatamente después de la función pública referida.

Siguiendo estos tres criterios, el Procurador debió incluir en el expediente a otros altos funcionarios y legisladores. Me refiero a Reinaldo Pared y Cristina Lizardo, jefes del “lodazal” y que aprobaron el 91% de los contratos de Odebrecht; Abel Martínez que con mallete en manos y su “voten honorables” es co-responsable de muchos de los contratos; Gonzalo Castillo, titular en los últimos 5 años de Obras Públicas y responsable de muchas obras de Odebrecht y Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, responsable de la contratación de Punta Catalina.

La investigación tiene que incluir a Danilo Medina, quien tuvo como asesor en su campaña y reelección a Jõao Santana y a Mónica Moura, piezas claves de la empresa delincuente para la distribución de los fondos para la financiación ilícita de las campañas en el país, como admite Temístocles Montás en su carta del pasado 2 de los corrientes, en violación de lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Electoral 275-97. También faltan en la investigación los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía.

En los tres casos la concertación y ejecución de la mayoría de las obras coincidió con los periodos de sus proyectos reeleccionistas: Hipólito Mejía en el 2004, Leonel Fernández en el 2008, y Danilo Medina en el 2012 y el 2016. ¿Cómo creer, en un país presidencialista como este, que las 17 obras por las que Odebrecht pagó US$92 millones en sobornos entre 2001 y 2014, la decisión de su contratación la iban a tomar exclusivamente estos ministros y legisladores al margen de los proyectos reeleccionistas en pie en cada momento?

El manifiesto encubrimiento por el Procurador de muchos receptores de sobornos en el expediente es lo que envalentona a Temístocles Montás a incluir en la referida carta nombres que insinúa deben ser investigados. Específicamente menciona a Vicente Bengoa, Rafael Toribio, Simón Lizardo, Gonzalo Castillo y el Ing. Mariano Germán. Sin dudas se trata de una advertencia a Danilo Medina y a Leonel Fernández porque ambos saben que él tiene informaciones que si revelara haría caer al gobierno de Danilo Medina. Temístocles Montás, claro está, no busca hacer un aporte a la justicia del país, sino ejercer presión para salvar “su pellejo”.

Esta ‘rebelión en la granja’ que encabeza Temístocles está moviendo a sectores del oficialismo a buscarle “bajaderos” a la situación de los implicados para ofrecerles salidas de impunidad legitimadas judicialmente. Con esos fines ya se ha establecido un “corredor” entre el Palacio de Justicia y el Palacio Nacional.

Todo esto retrata el curso que se pretende darle al expediente. No olvidemos que esta es una justicia bajo el control directo del partido oficial y del propio Presidente de la República y que, de modo reiterado y a lo largo de todos estos años, ha garantizado impunidad a todos los corruptos del partido oficial.

Por tanto, no esperemos que sean juzgados todos los responsables ni sancionados ejemplarmente todos los que sean juzgados. La sed de justicia acumulada por décadas por el país no será saciada por la iniciativa propia de ese Ministerio Público ni de ese Poder Judicial servil a los intereses del poder político.

La única posibilidad de que la lucha contra la corrupción y la impunidad dé frutos, en estos momentos depende exclusivamente de la movilización ciudadana y de la vigilancia y presión de la opinión pública.

Llegó el momento de soltarle las manos a la gente para que, en el marco del carácter ciudadano, popular, no partidista y pacífico de esta lucha, tome iniciativas y se exprese cotidianamente en los barrios, comunidades, parques, plazas y de mil formas más. Hay que desplegar en los territorios y las calles un diálogo directo con la gente, impulsar en cada localidad asambleas ciudadanas de participación abierta y directa, profundizar aun más la conciencia sobre la corrupción y la impunidad y los peligros que acechan. Es la hora de que el movimiento verde se profundice y amplíe y se transforme en toda la nación en movimiento.


Guillermo Moreno
En Directo
Diario Libre

El cuerpo del delito expuesto / Vídeo

Desde diciembre de 2016 DLRD advirtió que las plantas a carbón de Punta Catalina eran el mayor desfalco realizado desde un gobierno al Estado

Vea el vídeo y léalo en el Listín Diario, aquí.

Encuesta periódico El Día.

DLRD

Expediente Procuradoría contiene sobornos Odebrecht en Termoeléctrica Punta Catalina

Procurador ha ignorado involucrados en la obra #17

Según el expediente que aparece con un sello de la Procuradoría General de la República, la obra número 17, que pertenece a la Termoeléctrica de Punta Catalina; en la página 14, esas obras fueron adjudicadas mediante el pago de sobornos.

Según el documento de carácter oficial, los sobornos fueron realizados a través del intermediario comercial, imputado Ángel Rondón Rijo, a funcionarios de la República Dominicana (los cuales no identifica); utilizando su estructura corporativa de empresas offshore pertenecientes al imputado Ángel Rondón Rijo y a la sociedad Constructora Norberto Odebrecht.

Este documento fue leído en el programa radial "El Gobierno de la Tarde" y reproducido por el ex diputado Vinicio Castillo Semán en Twitter.

Fuente externa.

El ángel que tiene la llave del caso Odebrecht

                                                            Ángel Rondón, lobbista y empresario.

Traicionado dos veces

Si dentro del entramado mafioso de licitaciones falsas, adjudicaciones de obras sobre valuadas y addenda en obras públicas para recuperar el dinero de sobornos pagados existe una persona perjudicada; ése es el lobbista y empresario Ángel Rondón.

Rondón fue delatado por la empresa a la que sirvió durante más de trece años dándole pingües beneficios, y más adelante engañado por la cleptocracia gobernante donde hizo docenas de multimillonarios; y eso podría motivarlo a sincerarse con las autoridades judiciales.

Por si algunos compatriotas no sea han dado cuenta, el señor Ángel Rondón es el personaje más importante del caso Odebrecht. Fue quien manejó desde 2001 los sobornos pagados en todas las obras de la constructora brasileña, sabe quiénes recibieron dinero, a quiénes se les envió a través de intermediarios y quiénes son los testaferros de peces gordos (bien gordos).

Rondón sabe si las obras tienen sobre valuaciones de un 22% o de un 40%. Conoce todos los vericuetos de los financiamientos de campañas electorales, sabe todos los detalles de las plantas a carbón de Punta Catalina, incluyendo de los trámites para trasladarla de Azua a la provincia Peravia y los movimientos que se hicieron para hacer un contrato de arrendamiento de terrenos lesivo para el Estado.

Este señor es tan importante, que si hablara, se caerían todos los santos del altar.  Senadores, diputados, ministros, directores, empresarios, etc.

Tanto sabe Ángel Rondón, que es un peligro viviente para la cleptocracia, el Ministerio Público debería ponerle seguridad las 24 horas y que la comida que ingiera se la lleve su familia. La advertencia está hecha. Rondón es la clave para desenmascarar a todos los involucrados en el caso Odebrecht, 

Ángel Rondón tiene la llave.

DLRD