AMALDEPUCA

Y se hará justicia

Marcha Verde

Fuimos nosotros como país los que engañamos a Odebrecht

Las escorias del poder y la verdad (1)
Leí el informe de cabo a rabo, y los comisionados por el presidente Danilo Medina para investigar la licitación de Punta Catalina me parecieron seres escindidos entre las escoria del poder y la verdad. Vivimos en el país del uso más desvergonzado del erario, y la práctica política más jactanciosa, colérica e impúdica de la historia contemporánea. El informe, por lo tanto, no extrañó a nadie. Pero duele que solo cuenten las esperanzas abortadas, las esperas inútiles, el sueño desilusionado. Porque, si la voluntad siguiera más o menos al entendimiento, después de la lectura del informe  deberíamos regocijarnos de que todos sigamos en santa paz, porque hemos obtenido un triunfo rotundo sobre la incidencia malsana que la compañía brasileña ODEBRECHT ha desplegado en el mundo.

Según el Informe, fuimos nosotros como país los que engañamos a ODEBRECHT, porque Punta Catalina nos costó un 6% menos de lo que vale. Hay que dar una voltereta mental,  eso ya lo había dicho Andresito Dauhjre, y Bichara le pagó poco más de setecientos mil dólares por ello; pero que lo recupere la comisión sin analizar todas las objeciones técnicas señaladas a ése nivel de costo, es un divorcio traumático entre lo que dicen los datos y lo que un “analista” pagado inventa para justificar al gobierno. La comisión optó por declararnos campeones: ¡engañamos a ODEBRECHT con un 6% menos! Esa empresa tan diestra en la manipulación, hizo en nuestro país lo que los campesinos llaman “El negocio de capa perro”, que capaba los perros a veinticinco pesos y daba treinta para que se lo agarraran.

Mejor aún: la comisión no encontró indicios de sobornos en la adjudicación del contrato de construcción de la planta a ODEBRECHT. Un hallazgo fenomenal, maravilloso, que la comisión suscribe sin mover un dedo para establecer la verdad. El modus operandi de la empresa ODEBRECHT prefiguraba tres componentes: soborno, sobrevaloración y financiación electoral a propuestas políticas con posibilidades de ganar el poder. El primer paso era el soborno, que llevaba automáticamente a la sobrevaloración; pero en algunos casos, como en el de Punta Catalina, el lobbismo se adelantaba al soborno (más adelante lo veremos). Esa metodología operativa fue tan efectiva que llevó a la compañía a crear una Oficina de operaciones estructuradas para sobornar en distintos países. Esta oficina funcionó, en principio, en los Estados Unidos, pero cuando el juez Moro arreció la persecución en Brasil, la trasladaron rápidamente a República Dominicana, un lugar más idóneo y seguro para ellos. En el documento de acusación de  la Corte del Distrito Este de New York, la propia compañía ODEBRECHT detalla los niveles económicos que alcanzaron para sobornar en los países americanos. Argentina, 35 millones de dólares. Colombia 11 millones de dólares. República Dominicana 92 millones de dólares. Ecuador, 33.5 millones de dólares. Guatemala, 18 millones de dólares. México, 10,5 millones de dólares. Panamá, 59 millones de dólares. Perú, 29 millones de dólares. Venezuela, 98 millones de dólares. Brasil, 349 millones de dólares.

Los comisionados por Danilo Medina para investigar Punta Catalina tenían el aliento sostenido que les permitía saltar en su redacción de un elemento cómico a otro. Si antes encontraron que fuimos nosotros los que engañamos a ODEBRECHT al robarle poco más del 6% del costo verdadero  de la planta, ahora se hacen los australianos y “no encuentra pistas de sobornos”; sin  ver que, por confesión de la propia compañía ODEBRECHT, somos el tercer país en el monto desplegado de los sobornos en el continente americano, y el país sede de la oficina de operaciones estructuradas que les servía de camuflaje. Lo sorprendente, sin embargo, es todavía más deformante, porque el prorrateo por años de la distribución de los sobornos en nuestro país deja muy claramente establecido por el ciclo bancario de la ruta del dinero (VER EL ESTUDIO DE GUSTAVO GORRITI, “LA RUTA DEL DINERO”) que la mayor cantidad del dinero de la mordida entró al país justamente en el periodo del 2012 al 2014, y en ese espacio-tiempo únicamente se contrató con ODEBRECHT la construcción de Punta Catalina. ¿No podría haberse preguntado la comisión a dónde fue a parar el mayor monto del pastel de los sobornos en la República Dominicana?

En el próximo artículo veremos cómo es de dramático estar atrapados entre las escorias del poder y la verdad.

Las escorias del poder y la verdad (y, 2)
Para continuar con los hallazgos, en el “Informe” de la Comisión que investigó el contrato de Punta Catalina hay más construcción de sentidos con lo que se deja de decir que con lo que se dice. Ya vimos que repiten el engendro de Andy Dauhjre de que la Planta nos costó un 6% menos; pero ignoran consideraciones que el propio “Informe” sostiene sobre el proceso de licitación. La primera es el lobbismo del  ex presidente Lula, admitido por Alexandrino Alencar en sus confesiones ante los fiscales electorales del Brasil el 17 de diciembre del 2016. Alencar era el contacto oficial de ODEBRECHT con Lula, y para lograr el objetivo de obtener el contrato de construcción de Punta Catalina viajó tres veces al país, dos de ellas acompañando a Lula. Hay fotos de Alexandrino Alencar, Danilo Medina y Lula. Además, el jurado era una pantomima que llevaba implícita la voluntad de responder al lobibsmo de Lula. Casi todos eran subalternos de Rubén Bichara, y los únicos dos independientes, Ramón Flores e Isidoro Santana, se asquearon del sainete y se negaron a firmar un mamotreto de adjudicación que era una falsa total (Hay que leer los interrogatorios que les hizo la propia comisión que redactó el “Informe”, y después asombrarse de que sea ésa misma comisión la que vio como “mayormente legal” la licitación, después de haber oído lo que esos dos jurados dijeron).

El colmo fue, sin embargo, lo del “competidor virtual”. Únicamente el grupo de los evaluadores subordinados de Bichara tuvieron acceso a la evaluación técnica que le otorgaba el contrato a ODEBRECHT(ver interrogatorios de Flores y Santana), y que había eliminado a los otros treinta competidores. Se sacaron del sombrero al “competidor virtual”, un imaginario tecnológico al que ODEBRECHT venció porque casi se igualaron en precio (obviando costos del terreno, salarios, transporte e impuestos nacionales, exonerados por Danilo Medina). Como era lógico, la “mayormente legal” adjudicación (ver el “Informe”) resultaba una comedia bufa. Entrampados en las escorias del poder, la comisión negaba en sus conclusiones las desplegadas informaciones con las que trabajó. Más que descubrir, encubría.

Y el otro colmo es no “haber hallado rastro de soborno” en la investigación. De lo más investigado sobre el caso ODEBRECHT la ruta del dinero tiene la primacía. En mi artículo anterior cité a Gustavo Gorriti, pero incluso la Procuraduría General de la República, que no ha investigado absolutamente nada, dejó bien claro que de los 83 millones de dólares que llegaron al país entre el 2007 y el 2015, el 75% llegó entre el 2012 y el 2015; y en ése tiempo la única obra contratada fue Punta Catalina. Esa misma Procuraduría General de la República, que no ha movido un dedo para investigar en serio, incluyó en la página 14 del expediente acusatorio de los encartados por ODEBRECHT, a Punta Catalina como una de las obras obtenidas a partir de la estrategia de soborno de la empresa brasileña. Se puede hasta inventar un cuento de ficción con el sobreprecio, como el del “competidor virtual”, pero el soborno es una viga tan grande que hasta a quien pretenda ignorarla le puede sacar los ojos. Esos comisionados podrían haberse preguntado cosas tan elementales cómo ¿adónde fueron a parar esos casi sesenta y tres millones de dólares que llegaron al país justamente después de la adjudicación de Punta Catalina?  O disyuntivas tan modestas como ¿Si, tal y como dice la Procuraduría, casi sesenta y tres millones de dólares se pagaron en soborno durante ése periodo, no sería, acaso, La Santa Catalina, el motivo de ello?  Es claro que esa comisión veía únicamente lo que Danilo Medina quería ver.

Esa Comisión es  un hito histórico y como tal será juzgada, y su “Informe” será leído como el producto de unos seres cuyos intereses, y las escorias del poder en un país de tan larga tradición autoritaria, los obligaron a ocultar una verdad que ellos en su yo interior saben que existe. Porque a pesar de todo lo que Danilo Medina ha hecho para ocultar lo ocurrido, Punta Catalina  será un monumento a la corrupción. Quizás el mayor monumento a la corrupción de la historia de este país.


Andrés Luciano Mateo
Hoy

No todo fue soborno en Punta Catalina

Punta Catalina: Cuerpo de Delito
Polemizar sobre el informe de Punta Catalina rendido por la comisión nombrada por Danilo Medina es caer en su trampa. No importa para nada lo que dijeron o dejaron de decir los comisionados. No importa lo que quedó oculto o no vieron. Todos sabíamos de antemano que una parte mayoritaria de los integrantes de la comisión o tenían conflictos de intereses o eran vulnerables a la presión del gobierno y que no darían un resultado desfavorable al Presidente. Danilo obtuvo lo que buscaba: santificar la irregular licitación y adjudicación de Punta Catalina y su sobrevaluado presupuesto de construcción.

Empecemos por el principio. La comisión de marras, nombrada por decreto No. 6-17 de del 10 de enero de este año es inconstitucional e ilegal. El artículo 128 de la Constitución no le da atribuciones al Presidente para nombrar comisiones para “investigar licitaciones y adjudicaciones de obra”.

Por otra parte, desde que tomó conocimiento de los sobornos de Odebrecht en el país, al hacerse público el acuerdo de lenidad, el 21 de diciembre de 2016, el Ministerio Público adquirió el monopolio de la investigación penal de todo lo concerniente a las infracciones cometidas por Odebrecht en el país y, ninguna otra autoridad podía intervenir en la investigación. El nombramiento de la comisión por el Poder Ejecutivo es un acto de obstrucción de la justicia, violatorio de la independencia de los poderes del Estado. Los propios comisionados, al aceptar una función para la que carecen de calidad legal, usurparon funciones y son pasibles de persecución penal.

La trama del gobierno de Danilo Medina en torno a Punta Catalina data de antes de asumir la presidencia. Danilo hizo dos viajes a Brasil y luego Lula y Dilma lo visitaron en el país, siendo esta última presidenta. En esa ocasión Dilma declaró a la prensa, el 10 de julio de 2012, que “Brasil va a ayudar de manera decidida al presidente de la RD a buscar solución a su problema energético”. Esa “solución” terminó llamándose Punta Catalina y la beneficiaria Odebrecht. Fue Danilo Medina quien, por oficio 11387 del 06.05.2014, solicitó al Senado, para Odebrecht, “la exención de todo tipo de impuesto sobre la renta”. No olvidemos su fervorosa defensa ante la Asamblea Nacional para mantenerla en la construcción de Punta Catalina, a pesar de haber violado la Ley No. 340-06 que manda a rescindir el contrato e inhabilitar a toda empresa que como Odebrecht incurra en prácticas corruptas.

La manipulación de la licitación para la adjudicación de Punta Catalina a Odebrecht fue un acto burdo y bochornoso. Recojo algunas frases de la declaración ante la comisión, de Isidoro Santana, miembro de la Comisión de licitación. Expresó que “nunca llegaron a leer el informe de evaluación técnica, si no que se les hizo una presentación en “Power Point” en donde todas las empresas participantes quedaron descalificadas y solo quedó una empresa que resultó ser el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Ingeniería Estrella...” “Que en la etapa final comenzó a tener la percepción de cierta inclinación a favor del consorcio que ganó la licitación”. El ingeniero Ramón Flores, por su parte, entre otras expresó que “...no le gustó la actitud de dos técnicos de la consultora Stanley. Percibió que estaba prejuiciada..” y agrega que “...se convoca a una reunión, para recoger informes a los fines de preparar una decisión, pero cuando llegamos y me dicen que todo está bien, como queriendo decir que ya se acabó el proceso y yo sorprendido, cuando me dicen que todo está bien, se generó una breve discusión, sobre si se debía discutir o no, porque ya se entendía que el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella había ganado.” Ninguno firmó el acta de adjudicación de Punta Catalina a Odebrecht.

En el expediente de petición de medidas de coerción al Juez especial de la Instrucción, el Procurador, en la pág. 14, se refiere a Punta Catalina como una de las 17 obras “... que fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos realizados a través del intermediario comercial, imputado Ángel Rondón Rijo, a funcionarios de la RD”. Precisamente en el año 2014, en que se firma y se aprueba en el Congreso el contrato de Punta Catalina, en las cuentas de las sociedades de Ángel Rondón denominadas Lashan Corp y Conamsa Internacional, se registran sucesivos depósitos provenientes de la sociedad que Odebrecht tiene registrada en Antigua, Klienfel de Services LTD, para el pago de sobornos. Los valores depositados fueron: en enero: US$10 millones; en febrero: US$2,500,000; en marzo: US$3,750,000, en abril: US$ 506,000; en mayo: US$4,259,000; en junio: US$ 4,000,000; en septiembre US$1,600,000; en octubre: US$2,381,361; en noviembre US$3,392,997; en diciembre US$1,450,000. En enero de 2015, US$1,145,119. En total, en el 2014/15, Ángel Rondón recibe de Odebrecht para el pago de sobornos a funcionarios dominicanos la suma de US$34,986,377.

Pero la verdad debe ser dicha: no todo fue soborno de Punta Catalina. Una parte fue para comprar legisladores, modificar la Constitución e introducir la reelección y, otra, para financiar directamente la campaña electoral de Danilo Medina de 2016.


Guillermo Moreno
Diario Libre

Lo que Danilo Medina aprobó para beneficiar a la familia Vicini

Informe Comisión Agripino: “rendición ante negocios Grupo Vicini”
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El informe rendido por la Comisión Investigadora de los trabajos de la planta generadora de energía que se construye en Punta Catalina, Baní, sorprendió a pocos. No así las observaciones  que en aparente “buena fe” hicieron sus integrantes al recomendar la compra de los terrenos en donde se levanta el cuestionado complejo energético estatal.

De entrada, no ofrece mayores detalles de lo ocurrido en aparente desconocimiento de la existencia de un contrato de Enfiteusis suscrito entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, (CDEEE), y la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., CAEI, propiedad del Grupo Vicini, en la que ésta última cede en calidad de arrendatario y en condiciones muy favorables para la empresa privada, los terrenos en cuestión.

Por tanto, referido casi de soslayo por la referida comisión, que al decir de muchos -- resultó ser una especie de traje a la medida para favorecer al Poder Ejecutivo-- aparenta una sugerencia en procura de evitar problemas posteriores, cuando en verdad, el mencionado contrato, en las condiciones que fue rubricado por las partes, en este caso el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Jerges Rubén Jiménez Bichara y Juan Bautista Vicini, representante de la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., CAEI, implica un gran perjuicio, no solo para el Estado, sino también para los futuros gobiernos.

A saber: De entrada, todo pudiera estar bajo la protección de la Ley, a no ser porque el contrato No. 108-15 suscrito entre la CDEEE y Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., CAEI, propiedad de los Vicini, en la descripción jurídica del inmueble destaca que el mismo se encuentra gravado con una hipoteca de 7 millones de dólares. Hasta ahí, todo bien, pero resulta que la hipoteca se realizó a través del Banco del Progreso, propiedad del dueño del terreno.

Así las cosas, se infiere que el propietario del terreno se autoprotegió con una medida de afección agresiva al derecho de propiedad como la hipoteca, previendo situaciones diversas como la falta de pago, la cesión a empresas e intereses particulares de la operación y renta del proyecto.

Frente a lo que aparenta una falta a la ética que el Estado no desconoce, pues sabe que pacta un contrato de arrendamiento con un terreno hipotecado a través de una institución bancaria propiedad de los mismos dueños del terreno, tal y como lo establece el artículo 2.1.5 del referido acuerdo,  debió exigir la cancelación inmediata del mismo.

Esto así, porque si en un momento determinado, el Propietario, en este caso la familia Vicini, decide vender el terreno, este contrato le autoriza a la compra por el mismo banco --propiedad de la familia-- o si por falta de pago decide  ejercer la ejecución de la garantía, que es el terreno, el Estado no tiene manera de detener esta medida, a menos que compre el crédito con el banco y los derechos accesorios como moras, honorarios, entre otros.

Dicha hipoteca fue inscrita el 7 de septiembre de 2011, en el Libro RC0054, Folio RC018, tal como consta en la Certificación de Estado Jurídico del Inmueble, expedida por el Registrador de Títulos de Baní el 30 de abril de 2014.

Pero… ¿qué es La Enfiteusis?
De conformidad con lo establecido por el Código Civil Dominicano, la Enfiteusis es un tipo de arrendamiento en el que se otorga al beneficiario, en este caso el Estado, un derecho real sobre un inmueble, su uso y goce por un período de tiempo no menor de 50  años y no mayor a los 99 años. En este caso, el contrato es prácticamente a perpetuidad, pues aunque establece una duración de 50 años, sería prorrogable por períodos de 20 años, sin que se fije un término claro y definitivo.

Por tanto, por tratarse de un proyecto supuestamente de interés social que, al decir de  sus promotores resolverá el eterno problema de la energìa eléctrica en el país, al Estado le resultaría más útil y económico proceder a comprar la propiedad que adquirirla en Enfiteusis. A falta de lo anterior, declararla de utilidad pública, como lo han hecho con cientos de miles de terrenos en todo el país, a manera de dar paso a la construcción de obras prioritarias.

Pero además, resulta incomprensible que un contrato tan oneroso se pacte con un competidor del Estado en el negocio de la generación eléctrica, pues el Grupo Vicini es, después de AES, el principal oligopolio de generación eléctrica del país, a través de las empresas Cogentrix, EGE-HAINA, Los Cocos, entre otras.

Como puede verse, la comisión nombrada por el presidente Danilo Medina, debió recomendar o emplazar al Congreso Nacional a no aprobar un contrato de arrendamiento a todas luces oneroso, conocido por ellos,  que no ofrece ninguna garantía al Estado, a menos que lo que se pretenda es beneficiar a los dueños del terreno -en este caso el Grupo Vicini-.

Cláusulas leoninas
Sin dudas, el contrato que en apariencia desconocía la comisión que investigó la licitación en Punta Catalina contiene cláusulas leoninas en contra del Estado que amenazan el carácter público del proyecto que se construye en esos terrenos.

En ese sentido, el documento rubricado por Bichara y Vicini es claro cuando dice que el Estado pagará un arriendo por 8 millones 676 mil 464 metros cuadrados de terrenos, cuando solo ocupará un millón 356 mil 645 metros cuadrados del mismo, con la eventualidad de que el valor del arriendo de la porción sobrante le sea deducida en adendas posteriores al ingresar otros ocupantes para favorecer los intereses del propietario de los terrenos. Igualmente queda claro que se rubricó el contrato sin que previamente se hiciera el deslinde de rigor, por tanto, aun cuando el estado ocupará solo una parte de los terrenos, el pago anual se hará por el total de las parcelas.

El artículo 3.1 del convenio establece un oscuro y complicado canon para el pago del arriendo que ascenderá a varias veces el valor de los terrenos en el transcurso de los 50 años de duración del mismo. No solo eso, el pago de ese canon se realizaría en dólares y podría ser liquidado en pesos a la tasa del día, incluyendo el ajuste anual de la tasa de inflación de Estados Unidos, en franca violación a lo que establece en su artículo 24  la Ley Monetaria y Financiera,  ya que el peso es la moneda de curso legal.

Es decir que una verificación minuciosa del pago que el Estado haría al Grupo Vicini, presenta una serie de variables, entre las que destacan forma y tiempo de pago, interés sobre mora, moneda en dólares a la tasa de cambio del día del pago, condiciones éstas que benefician al propietario en perjuicio del Estado.

Más pifias en el contrato
A pesar de que el articulo 6.1.3 garantiza al Estado el uso y disfrute pacífico y sin intervenciones del terreno arrendado durante los 50 años de vigencia del contrato, habría que preguntarse cómo puede el propietario -Grupo Vicini- mantener la propuesta si el inmueble está gravado por un título privilegiado en una institución de intermediación financiera del mismo grupo. Ese crédito con el banco es perfectamente cesionable a un tercero, que puede ser el mismo banco como dación de pago, de manera que, en caso de intervenir alguna cesión del crédito, el adquiriente quede en libertad legal de ir sobre la propiedad con todas las herramientas que la ley pone a su disposición.

Entonces…? Sí hay daño al medio ambiente!
La multa establecida en el artículo 6.2.7 al Estado por el tratamiento irregular, informal o separado del protocolo aprobado por Medio Ambiente comprueba que la construcción de las plantas a carbón en Punta Catalina afectará el entorno del proyecto. Esto así, porque las partes reconocen, y así está estipulado, una indemnización de 36,000 dólares por hectárea afectada. Claro, sólo a las plantaciones del Grupo Vicini. En ese sentido, queda claro el daño medioambiental.

Habrá que preguntar entonces quién indemnizará la salud de la gente que, obviamente se afectaría, a pesar del empeño por negar los daños al medioambiente, sin contar con la destrucción de los sembradíos de pequeños y medianos productores de la zona.

Cada cláusula amenaza el interés público
Y en efecto, se trata de tres cláusulas que son una verdadera amenaza al bien público, toda vez que la primera de estas estipulaciones concede al propietario de los terrenos -Grupo Vicini- de forma unilateral la facultad para dar por terminado el contrato en un período de tres años en caso de incumplimiento de pago del arriendo.

El artículo 7.1.1 establece que al momento del vencimiento del plazo del contrato, debe producirse un nuevo acuerdo con el propietario, como si el cálculo del pago por 50 años no fuese totalmente oneroso desde el inicio, pues  cuando se termine su vigencia, habrá que suscribir nuevas condiciones de precio.

No solo eso,  otro de los requisitos que atentan contra el carácter público del proyecto es que el propietario de los terrenos tendrá la posibilidad de participar, si así lo desea o le conviene, en la reactivación de la obra y el desarrollo del proyecto, en caso de que se paralicen las obras por más de cinco años.

Esto significa que el dueño de los terrenos –Grupo Viccini-- tiene el derecho y la facultad  de convertirse de nuevo en propietario, esta vez de las plantas a carbón, que pasarían a manos del grupo económico, sin obviar los derechos que le confiere sobre cualquier obra o mejora adicional que se construya, lo que se realizará a través de un mecanismo de negociación siempre a favor del propietario de los terrenos en cuestión.

En cuanto al enunciado número 10, que hace referencia a la necesidad de la construcción de este proyecto, al ser de interés público y social, el Estado debió limitar las posibilidades de tal adquisición, ya que en un momento determinado, por cualquiera de los medios antes mencionados, si el dueño quisiera vender los terrenos y el Estado no tuviese cómo pagar el precio, en este caso se vende la propiedad, y al nuevo propietario no se le puede presentar las condiciones iniciales de la Enfiteusis, por lo que se necesitará un nuevo contrato en el que el adquiriente tendría la última palabra.


Yvonne Ferreras
7dias

Planeta desaprueba unánimemente carbón para generar electricidad

Descarbonizar es agenda mundial
República Dominicana es la excepción en la evolución histórica de la generación eléctrica; uno de los pocos países que resta importancia a los efectos negativos de la quema de carbón para fines industriales. El mundo lo desaprueba unánimemente. Cierto que sobrevive una cantidad de termoeléctricas a carbón pero son muchas las que van apagándose para siempre. China, una de las grandes emisoras de gas invernadero, se ha sumando con entusiasmo a respaldar las fuentes alternativas de energía amigables con el ambiente, política que es motivo de esperanza para la humanidad ahora que Estados Unidos reniega del consenso de casi todas las naciones contra las causas del cambio climático.

La nueva visión internacional contra el carbón ha afectado, con falta de créditos, a República Dominicana en su decisión de instalar generadores a carbón. Negarse a financiar tales proyectos es norma en buena parte de los mercados financieros. Pocos expertos creen en tecnologías nuevas y muy costosas para supuestamente reducir emanaciones químicas nocivas al ambiente. Y a nivel nacional se desconfía del aval científico local que favorece el carbón; y no hay certeza de que las investigaciones sobre la factibilidad técnica y de costos a que es sometido el proyecto de Punta Catalina se ocupen mucho de lo dañino del carbón. Faltaría también tomar en cuenta lo muy factible que se consideraría readaptar las plantas en proceso a gas natural.


Editorial Hoy
Hoy

Bonos soberanos están prohibidos en base licitación plantas Punta Catalina

     Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC.

Financiar Punta Catalina con bonos viola licitación, denuncia Comité Cambio Climático
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) denunció que la reciente colocación en los mercados internacionales de 500 millones de dólares de bonos soberanos para financiar la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, viola las bases de licitación de este proyecto que descartó explícitamente esta modalidad de financiamiento y lo declaró no válido.

El colectivo señaló que las Bases de Licitación, Fase de Oferta y Cierre, en su artículo 14.3.b dice textualmente que “la emisión de bonos soberanos en el mercado local o internacional no será considerada como Oferta De Financiamiento Válida”, en la página 27 de ese documento.

Explicó que en la licitación de esta obra se realizó bajo el modelo de “Llave en mano”, en el cual el contratista se hace cargo de todas las fases de la construcción del proyecto y se encarga de buscar el financiamiento del mismo, aunque el Estado corre con la responsabilidad del pago del préstamo.

“Los oferentes para poder participar en la licitación tenían que presentar una propuesta de financiamiento de un empresa crediticia debidamente certificada hasta el 80% del total del costo de la obra. De lo contrario el oferente era descalificado del proceso de licitación”, dijo

Manifestó que a lo largo de estos últimos tres años, ni Odebrecht ni el gobierno han respetado las bases de la licitación de esta obra, especialmente en lo referente a su financiamiento.

Recordó que Odebrecht no pudo proveer el financiamiento comprometido a través del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES), porque este préstamo fue suspendido a causa de que la justicia brasileña encontró a esta empresa culpable de corrupción en el caso de Lava Jato y consideró el crédito bajo sospecha de tráfico de influencia.

“Sin embargo, el gobierno en vez de haber rescindido el contrato con Odebrecht por el incumplimiento del financiamiento, invirtió de manera ilegal e inconstitucional los ahorros de la factura petrolera en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina para suplir la ausencia del financiamiento de BNDES”,  afirmó.

Calificó de abuso de poder el comportamiento del gobierno en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina que no ha respetado ni las bases de la licitación, ni la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00, ni la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo No. 1-12, ni la Constitución de la República,  ni ninguna otra norma legal.

Puso como ejemplo de este abuso de poder que a pesar de que las bases de la licitación descartaban los bonos soberanos como vía de financiamiento válida, en el contrato que el Estado suscribió con Odebrecht el 14 de abril del 2014 y que fuera aprobado por el Congreso Nacional el 21 de mayo de 2014, en su artículo 6.5.2. se introduce esta modalidad de financiamiento.

“Este contrato no podía contrariar las bases de la licitación sin que resultara en una manifiesta ilegalidad y por tanto, adolecen de nulidad los aspectos de este contrato que son contrarios a las bases de la licitación, como es el caso de los bonos soberanos”, aclaró.

Observó que la emisión y venta de los recientes bonos soberanos es un nuevo acto de abuso de poder que demuestra que el gobierno continuará su alianza con Odebrecht aunque esta empresa sea culpable de actos delictivos en Punta Catalina.

Indicó que el gobierno recurre a los bonos soberanos para no tener que responderles a los bancos europeos que suspendieron el desembolso del financiamiento a Punta Catalina hasta establecer datos concretos sobre los sobornos realizados por Odebrecht en esta obra.

Planteó que el gobierno ha dado por un hecho la corrupción de Odebrecht en Punta Catalina y por tanto la cancelación definitiva del financiamiento europeo, por lo que se ha adelantado a buscar otro financiamiento aunque esté reñido con las bases de la licitación del proyecto y sea en peores condiciones de pago.

“A pesar de que el registro de suplidor del Estado de Odebrecht está suspendido desde febrero por la Dirección General de Contrataciones Públicas, el gobierno le ha entregado a esta empresa 9 mil millones de pesos de enero a mayo último, y ahora le entregará los 500 millones de dólares de la venta de los bonos soberanos”, subrayó.

El organismo llamó a la población a redoblar las manifestaciones contra el abuso de poder que exhibe el gobierno en Punta Catalina para obligarlo a rescindir el contrato de Odebrecht en esta y las demás obras, a inhabilitarla de por vida como contratista del Estado, y a castigar los sobornos y la sobrevaluaciones.


Acento

Derrumbe indetenible

Cristian Hernández

EL CARRUSEL DE LA VIDA
El Día

A los muchachos de Najayo

Olga Dipp / DLRD

Figureo en DLRD

Exigen cancelación operaciones Odebrecht y auditoría a plantas Punta Catalina

El cuerpo del delito
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los principales dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) exigen este jueves la cancelación de las operaciones de Odebrecht y una auditoría a las plantas de Punta Catalina.

La cúpula del principal partido de oposición se encuentraba reunida para solicitar, además, a la Procuraduría General de la República que someta la lista completa de los implicados por sobornos, sobrevaluación y financiamiento ilícito de la campaña electoral.

Hoy también se planteará a la asamblea nacional acusar al presidente Danilo Medina “por incurrir en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, de conformidad al artículo 83.1 de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados”.

En la actividad se encontraban Hipólito Mejía, Jesús Vásquez, Luis Abinader, Orlando Jorge Mera y Milagros Ortiz Bosch, Hugo Tolentino Dipp, entre otros.


Acento.

En RD el gobierno es que ha escogido sobornados de Odebrecht

Lava Jato debe ser transparente en Brasil y en el mundo
La Operación “Lava-Jato” comenzó sin grandes pretensiones como una investigación de una estructura de lavado de dinero utilizada por narcotraficantes. Tres años después, el trabajo de las autoridades brasileñas elevó los descubrimientos de la operación al nivel de uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia, revelando casos de desvío de recursos públicos y lavado de dinero, en al menos doce países.

Desde que 77 ejecutivos de Odebrecht decidieron colaborar con la Justicia brasileña, el contenido de las revelaciones se transformó en una pieza fundamental para millones de latinoamericanos, de una decena de países, que sueñan ver replicados los efectos saludables ya conquistados por Brasil. No obstante, esta semana, el fiscal general de Brasil tomó una decisión que frustró las expectativas en torno al develamiento de los socios de los crímenes de Odebrecht en los países donde la compañía tenía operaciones ilícitas. El fiscal general Rodrigo Janot solicitó al Supremo Tribunal Federal brasileño que se mantenga bajo secreto toda la información referente al caso Odebrecht fuera de Brasil.

La justificación oficial es que el secreto garantizará a los fiscales de los demás países las condiciones ideales para que ellos puedan hacer sus investigaciones. No hay motivos para creer que Janot no haya tomado esa decisión en la más pura buena fe de que sus pares en Latinoamérica harán uso de la información con la misma independencia que el Ministerio Público en Brasil. Pero ¿cómo se puede imaginar que las autoridades de Venezuela harán algo que no sea destruir evidencias, proteger a corruptos y perseguir a opositores? Ecuador y Bolivia son Estados en los que el poder judicial es utilizado para realizar cacerías de brujas políticas.

En la República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, donde el fiscal nacional es un cercano colaborador del presidente, ya ha iniciado una ola de arrestos relacionados al caso, pero hay denuncias de que ha seleccionado a sus adversarios políticos internos y externos además de excluir de la investigación el proyecto donde se ha denunciado mayor sobrevaluación y que fuere realizado en su gobierno: la Planta Termoeléctrica Punta Catalina, acusada de casi $1,000 millones de sobrecosto. ¿Cómo podemos saber si estas personas realmente son las mencionadas en las investigaciones si las herramientas para esclarecer la investigación se encuentran en manos del gobierno que más sobornos recibió de Odebrecht?

Entregar evidencia a algunos gobiernos con instituciones judiciales débiles y políticos corruptos crea oportunidades para un abuso aún mayor por parte de fiscales locales con agendas propias. Algunos países usarán esta información con más responsabilidad que otros. Sin embargo, algunos pueden manipular la información para castigar a opositores, filtrar documentos y pruebas de forma selectiva, negar el acceso de los acusados a la información de exculpación, y proteger a socios corruptos del gobierno. Esto no sirve a la justicia, potencialmente sirve a la persecución. Las autoridades brasileñas deben tratar estos expedientes con gran cuidado, poniéndolos a disposición de los abogados de las personas acusadas en los medios de comunicación de actos ilícitos que no pueden esperar recibir justicia de sus propios gobiernos.

En 2015, el juez Sérgio Moro escribió en una de sus sentencias que “la publicidad propicia no sólo el ejercicio de la amplia defensa por los acusados, sino también el sano escrutinio público sobre la actuación de la administración pública y de la propia justicia criminal”. Es evidente que el secreto es fundamental durante algunas fases de la investigación, pero el sigilo se vuelve injustificable en relación a América Latina. Las confesiones y pruebas ya fueron presentadas. Es incomprensible que la fiscalía de Brasil le de la espalda a la realidad latinoamericana.

Los fiscales y la Corte Suprema de Brasil deberían hacer pública toda la información sobre las investigaciones internacionales para que los acusados tengan una oportunidad de defenderse ante la negación del debido proceso. Si el peor escenario se materializa, con la confirmación de mantener en secreto la información, Brasil no sólo desperdiciará la oportunidad de investigar una parte importante del complejo sistema de corrupción y lavado que tuvo el país como epicentro, pero habrá contribuido para el encubrimiento de organizaciones criminales que se instalaron en el poder político en otros países. Esperemos por el bien de la justicia regional que los fiscales y la Corte Suprema de Brasil tomen en consideración las posibles repercusiones de esta decisión.

El autor fue Embajador de los Estados Unidos ante la OEA y Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de 2001-05. Es investigador visitante en el American Enterprise Institute y su firma Visión Américas LLC representa a clientes estadounidenses y extranjeros. Noriega también asesora al equipo legal en EEUU del expresidente del Perú Alejandro Toledo.



Roger Noriega
elNuevo Herald

El cuerpo del delito expuesto / Vídeo

Desde diciembre de 2016 DLRD advirtió que las plantas a carbón de Punta Catalina eran el mayor desfalco realizado desde un gobierno al Estado

Vea el vídeo y léalo en el Listín Diario, aquí.

Encuesta periódico El Día.

DLRD

Expediente Procuradoría contiene sobornos Odebrecht en Termoeléctrica Punta Catalina

Procurador ha ignorado involucrados en la obra #17

Según el expediente que aparece con un sello de la Procuradoría General de la República, la obra número 17, que pertenece a la Termoeléctrica de Punta Catalina; en la página 14, esas obras fueron adjudicadas mediante el pago de sobornos.

Según el documento de carácter oficial, los sobornos fueron realizados a través del intermediario comercial, imputado Ángel Rondón Rijo, a funcionarios de la República Dominicana (los cuales no identifica); utilizando su estructura corporativa de empresas offshore pertenecientes al imputado Ángel Rondón Rijo y a la sociedad Constructora Norberto Odebrecht.

Este documento fue leído en el programa radial "El Gobierno de la Tarde" y reproducido por el ex diputado Vinicio Castillo Semán en Twitter.

Fuente externa.

La Cámara de Cuentas del PLD y Punta Catalina

CCRD cómplice del entramado corrupto ODEBRECHT - Grupos Económicos - Gobierno
Cuando se eligió la Cámara de Cuentas de la República Dominicana se dijo que se se le hacía un daño a la institucionalidad al llevar cuadros políticos del PLD a ese organismo. Incluso, Eli Heiliger dijo: "La nueva Cámara de Cuentas, integrada por personas allegadas al Partido de la Liberación Dominicana, es un duro golpe contra las aspiraciones de los sectores que claman por el cese de la impunidad que por años afecta al país".

Ayer, el presidente del organismo, Hugo Francisco Álvarez Pérez, dijo que se excluyeron las dos plantas de carbón de ser auditadas porque su construcción no está terminada, como si la CCRD no estuviera para auditar donde se denuncia dolo, como es el caso desde su inicio de Punta Catalina.

Obviamente el señor Álvarez Pérez.cumple instrucciones del Poder Ejecutivo. Parecería que la intención de los sectores beneficiados de ese robo descarado fuera 'si vamos a caer presos por esto, que estemos económicamente bien preparados para enfrentarlo'. Punta Catalina es una estafa de principio a fin y la CCRD lo sabe. Lo sabe el gobierno, lo sabe la oposición y lo sabe el pueblo.

Robo y estafa, la empresa latinoamericana más corrupta que ha existido en contubernio con grupos económicos megamillonarios y el gobierno de Danilo Medina. Punto.

Desconoce funciones CCRD, ver aquí.


Juan Santos / DLRD

El robo perfecto: No auditarán plantas Punta Catalina hasta que no estén terminadas

El presidente Danilo Medina radical y personalmente decidido a terminar sus plantas con Odebrecht sin importarle la opinión de nadie. Se destapa su personalidad más oscura, como todo un dictador. 

Danilo Medina se la juega, hará sus plantas cuesten lo que cuesten, por encima de todo el mundo y pésele a quien le pese
CÁMARA DE CUENTAS ES CÓMPLICE DE ESTA ESTAFA
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) informó este jueves que no podrá auditar la central termoeléctrica Punta Catalina hasta que no concluya su construcción.

El organismo fiscalizador explicó que realiza las auditorías cuando el uso de los fondos públicos han sido ejecutados y como las plantas de carbón no han sido terminadas, su auditoría no será posible por ahora.

Informó que el procurador Jean Alain Rodríguez le solicitó la "realización de auditorias forenses técnicos-financieras a todas las obras públicas construidas y en proceso de construcción en el país por la empresa Norberto Odebrecht".

Por consiguiente, señaló que en la Ley 10-04 no es conocida la denominación "auditorias forenses técnicos-financieras". Sin embargó, especificó que la solicitud se enmarca dentro de las disposiciones del párrafo III artículo 30:

"Los estudios e investigaciones especiales se realizan en los casos en que se presuma la existencia de irregularidades tipificadas por el Código Penal o por leyes especiales, tales como crímenes o delitos contra el patrimonio publico. De igual manera, tienen lugar estos estudios en cualquier otro tipo de control posterior que realice la Cámara de Cuentas", contempla la ley.

"Un personal multidisciplinario (ingenieros, arquitectos, topógrafos, contadores, abogados, etc.) de esta institución procederá con el estudio o investigación especial a las obras construidas por la empresa Norberto Odebrecht, y rendirá el informe correspondiente", aseguró la Cámara en un comunicado.

La Cámara de Cuentas puntualizó que dicha investigación conllevará la reprogramación de su plan anual de auditoría, del personal, recursos técnicos y económicos, por la magnitud de cada una de las obras.

Lista de obras que serán auditadas

1- INAPA 

Acueducto Noroeste, de la Línea Noroeste.
Ampliación del Acueducto del Noroeste.
Acueducto Samaná/Hermanas Mirabal.

2- CDEEE

Hidroeléctrica Pinalito
Termoeléctrica Punta Catalina.

3- EGEHID

Hidroeléctrica Palomino.

4- MOPC

Carretera de Casabito.
Corredor Duarte.
Autopista del Coral.
Circunvalación La Romana.
Carretera del Río Jarabacoa.
Carretera Cibao Sur.
Carretera Bávaro, Miches, Sabana de la Mar.
Corredor Duarte II.
Ecovías de Santiago.
Bulevar Turístico del Este.
Circunvalación San Pedro de Macorís, La Romana.


Luis Del Monte / DLRD
Fuente de datos de Z-101 Digital

Excusas usuales en el régimen de la mentira

Samuel Priego

Diógenes y Boquechivo

Diario Libre

Ayuda memoria a la Comisión que investiga licitación y adjudicación Central Termoeléctrica Punta Catalina

A: 
Monseñor Agripino  Núñez Collado, presidente del Consejo  Económico y Social y representante de la iglesia Católica
Reverendo Jorge Alberto Reynoso, pastor evangélico
Pedro Brache, presidente del Consejo  Económico de la Empresa Privada-Conep
José Luis Corripio Estrada, empresario  privado
Gabriel del Río Doñé, secretario  general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista
Servio  Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus)
Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios
Celso Marranzini, exvicepresdiente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales-CDEEE
César Sánchez, exadministrador general de la CDEEE
Jaime Aristy Escuder, economista.

El escandaloso caso Punta Catalina: Irregularidades de la licitación internacional que favorecieron a Odebrecht
La vicepresidencia de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales(CDEEE) desarrolla actualmente una actividad publicitaria para darle brillo al nombramiento de una comisión especial que designó para encargarse de todas las licitaciones de esa empresa. Es una forma elegante de lavar la cara a lo que ha representado  nacional e internacionalmente la desastrosa conducción de la licitación que culminó con la declaración de oferente adjudicataria a la compañía monopolista brasileña Odebrecht.

El país entero, en contrapartida, ya sabe que dicha licitación fue personalmente conducida por el vicepresidente, a la cual integró empleados subalternos de CDEEE; conducción que hizo con especial empeño con respecto a la asesoría de la empresa consultora Stanley Consultants, contratada por una suma acumulativa gradual ascendente a más de sesenta millones de dólares.

El consorcio Gezhouba-Impe, declarado oferente descalificado en la fase técnica de la licitación, mediante maniobras poco inteligentes que excluyeron a dicho consorcio en la fase económico-financiera, como lo hizo efectivamente, persigue la reestructuracion del proceso de licitación por vía del Tribunal Superior Administrativo, ya que entiende dicho consorcio que se trató de una descalificacion producto de innumerables irregularidades.

Que tenga éxito o no dicho consorcio, en la audiencia que celebrara la Suprema Corte de Justicia el día 12 de agosto próximo, es una cuestión secundaria; lo importante es que ya el pueblo dominicano, con el escándalo Petrobras en Brasil, ha percibido que al consorcio Gezhouba-Impe se le despojó de la oportunidad de llegar a la fase económico-financiera de dicha licitación. Este consorcio hizo la oferta más ventajosa para el país, esto es, construir una EPC termoeléctrica de dos unidades que producirían 660 MW a carbón mineral por la suma de 900 millones de dólares y aportando y avanzando el crédito de un banco estatal chino, por lo cual el país no se vería obligado a tomar prestado al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), ninguna suma de dinero, a una tasa de 5%, ofertando un megavatio en el precio promedio mundial de 1.3 millones de dólares, mientras Odebrecht lo ofreció a 3.7 millones de dólares el mismo megavatio; ¡algo totalmente absurdo!.

El hecho de que Odebrecht presentara un plan económico-financiero de 2,040 millones de dólares sin financiamiento propio, en bonos redimibles a diez años y a un 5% de interés, es una gran pérdida para la República Dominicana, ya que la deuda externa dominicana asciende actualmente a más de 45 mil millones de dólares, suma que equivale a más del 17% del producto interno bruto (PIB).

Cuatro empresas fueron precalificadas, pero solamente Odebrecht llegó a la fase de cierre u ofertas económicas , lo cual constituyó una maniobra realizada mediante tráfico de influencia por la administradora contratada para dirigir la licitación, a saber, Stanley Consultants, que orientó el proceso licitatorio  en todos sus aspectos de manera aviesa para sacar del mismo al consorcio Gezhouba-Impe y a las demás entidades que presentaron ofertas técnicas, resultando que en la fase de cierre u ofertas económicas Stanley Consultants acomodó los resultados del proceso de escogencia para que resultara gananciosa única y especialmente dicha empresa monopolista brasileña.

En fecha 24 de julio 2013, CDEEE y Stanley Consultants publicaron las bases de licitación para las fases de ofertas y cierres, que fueron cumplidas por el consorcio Gezhouba-Impe, que presentó su programa u oferta de financiamiento por la suma de 900 millones de dólares, mientras el consorcio brasileño presentó oferta económica sobrevaluada en más de 1,040 millones de dólares, en un total de 2,040 millones de dólares.

Supuestamente Gezhouba-Impe recibió una puntuación miserrima de 34.9 puntos en la fase técnica, maniobra destinada a impedir que llegara la empresa china y la dominicana a la última fase de la licitación, que es la fase económica.

El plan económico sobrevaluado de Odebrecht incluye partidas absurdas, incomprensibles e irracionales, como por ejemplo 80 millones de dólares para refrigerios y dietas; y 122 millones de dólares para alquilar grúas y equipos de levantamiento y transporte de materiales. Basta leer dicha propuesta para cualquier observador darse cuenta de que tal situación representa extorsión y estafa multimillonaria contra el Estado Dominicano.

Cuatros plantas a carbón mineral en vez de dos

Con el monto que propone Odebrecht en la fase de cierre económico-financiero de la licitación, a saber, 2,040 millones de dólares, se podrían construir cuatro plantas a carbón mineral de 337 megavatios cada una, con las mismas tecnologías y especificaciones técnicas; y la misma garantía ofertada por las otras empresas licitadoras; asumiendo el costo propuesto por el emporio Gezhouba-Impe, dichas plantas tendrían un valor de 1,800 millones de dólares las cuatro, quedándole una diferencia de 240 millones de dólares al Estado Dominicano.

Y tal resultado seria una realidad y no un sueño, pues un megavatio instalado de las plantas de carbón mineral ofertadas por el consorcio Odebrecht, asciende a un valor de 3.4 millones de dólares; mientras que este mismo megavatio, como dijimos, ofertado por las compañías Gezhouba-Impe, tiene un valor de 1.3 millones de dólares. Esto hace una diferencia notoria entre los costos de construcción propuestos por unos y otros, es decir, que mientras Odebrecht construye dos plantas termoeléctricas, el emporio chino-dominicano construye cuatro plantas, ofreciendo su propio financiamiento, y con el mismo resultado de producción.

Las puntuaciones alcanzadas por las concursantes precalificadas, y luego la calificación de la oferta de Odebrecht como semifinalista y luego adjudicataria, según comunicación del 23/10/13, de Stanley Consultants, firmada por su vicepresidente Senior Stevens, se establecen en uno de sus párrafos los “motivos” de las descalificaciones explicando que hubo “problemas” causados por la legibilidad de algunos dibujos de los oferentes, y en algunos casos “traducciones incorrectas” que causaron dificultades para “evaluar” las propuestas…

El comité de licitación asesorado por Stanley Consultants, no dio oportunidad a ninguna de las precalificadas para subsanar dentro de los plazos reglamentarios, los problemas secundarios aludidos, por lo cual no eran más que un simple pretexto.

Estos manejos cuestionan seriamente la transparencia de la licitación internacional aludida. En las intimidades de la evaluación de las bases fase de ofertas no económicas, Stanley Consultants condujo la licitación al terreno de las descalificaciones técnicas para justificar el análisis único y exclusivo de la ofertante Odebrecht, que quedó sin competencia para la fase de las ofertas económicas; por ende quedó como semifinalista para la escogencia de la “mejor” oferta económica, que fue supuestamente la de Odebrecht, que no contempló el financiamiento mínimo requerido, ascendente a un monto equivalente al 80% de la oferta económica. Inclusive, hasta en este último punto las irregularidades fueron grandiosas  y notorias.

Las irregularidades y manejos aludidos son responsabilidad de la operadora Stanley Consultants. Esta empresa recibió un contrato fastuoso de mas de sesenta millones de dólares de parte de la CDEEE, para organizar un proceso administrativo para elegir el mejor ofertante, y ello se observa con la simple lectura de las resoluciones vigésima y trigésima dictadas supuestamente por el comité de licitación, pero redactadas y manejadas por StanleyConsultants.    

En el texto de esas resoluciones se observan claramente las puntuaciones y descalificaciones de las empresas precalificadas; y luego más adelante descalificadas en las bases fase de ofertas no económicas; por lo cual no hubo oportunidad para que pudieran subsanar supuestos motivos triviales de descalificacion en la fase técnica.


Ángel Moreta

Planta a carbón en la India generará 1,320 MW a un costo de US$1,700 millones

Matará prematuramente 6,000 personas de cáncer e infartos y 24,000 infantes estarán por debajo del peso normal
ESTÁ CONSTRUYÉNDOSE AHORA MISMO, COMO LAS DE PUNTA CATALINA

Lo que dice EFE
DACCA. Greenpeace denunció que las emisiones de una central térmica, cuya construcción a pocos kilómetros del mayor manglar del mundo comenzó el mes pasado, causarán en Bangladesh 6,000 muertes prematuras por infarto y cáncer, entre otras afecciones, durante los próximos 40 años.

“Incluso si Bangladesh tuviera actualmente un nivel cero de contaminación en el aire, solo la planta causaría la muerte prematura de 6.000 personas y 24,000 recién nacidos estarían por debajo del peso normal”, señaló Greenpeace en un estudio presentado en Dacca.

Según el informe, las emisiones de la central térmica Maitree durante sus cuatro décadas de vida operativa incrementarán el “riesgo de infarto, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias y del corazón” en adultos, así como “cuadros clínicos respiratorios en niños”.

Estas emisiones afectarán también al “frágil” ecosistema de la reserva de los Sunderbans, cerca de donde se ubicará la planta, y agravarán los niveles de partículas tóxicas en el aire en el suroeste de Bengala, una región repartida entre Bangladesh y la India.

La toxicidad del aire afectaría especialmente a “niños y mayores” de Dacca, la capital de Bangladesh, y Calcuta (India), añadió el estudio de Greenpeace.

El informe de Greenpeace fue presentado junto a representantes de tres organizaciones ecologistas locales, entre ellas la ONG Movimiento por el medio ambiente de Bangladesh. “Hemos pedido a analistas independientes de todo el mundo que estudien el impacto medioambiental de este proyecto, este informe de Greenpeace es parte de ese esfuerzo”, dijo a Efe el secretario adjunto de la ONG bangladesí, Sharif Jamil.

La construcción de la central térmica comenzó a finales de abril a 14 kilómetros de los Sunderbans, pese a las protestas de grupos ecologistas del país asiático.

El pasado mes de enero cientos de manifestantes protestaron en Dacca contra la instalación de la planta, una acción que derivó en enfrentamientos con la Policía y que se saldó con varios heridos.

Ubicados en el suroeste de Bangladesh, los Sunderbans es una reserva natural de manglares situada en el suroeste del país y declarada patrimonio de la humanidad en 1997.

La compañía mixta Bangladesh-India Friendship Power Company (BIFPCL) es la encargada del proyecto de construcción de la planta, que tendrá capacidad para generar 1,320 megavatios, lo que la convertirá en la más grande del país, y tendrá un costo estimado de 1,700 millones de dólares.

El proyecto ha recibido numerosas críticas dentro y fuera del país y ya en octubre de 2016 la Unesco urgió al Gobierno bangladesí a cancelar o trasladar la central térmica.

EFE

Notas DLRD
a) La planta que construye en la India la compañía mixta Bangladesh-India Friendship Power Company (BIFPCL), costará 1,700 millones de dólares y generará 1,320 MW, las dos plantas de Punta Catalina que construye el gobierno de Danilo Medina con Odebrecht y el Grupo Acero Estrella, costarán más de 2,040 millones de dólares y sólo generarán 675 MW.

b) La vida útil de una planta de carbón son 40 años, Danilo Medina y Rubén Jiménez Bichara firmaron un contrato de arrendamiento de los terrenos donde se ubicarán las plantas a carbón por 50 años, en beneficio del Grupo INICIA (Grupo Vicini), se pagarán 10 años de arrendamiento sin utilizar la planta generadora de electricidad.

c) La provincia Peravia tendrá garantizado al menos 6,000 muertes prematuras y 24,000 infantes por debajo del peso normal.

Las plantas a carbón de Punta Catalina son la estafa más grande realizada desde el Estado contra el Estado mismo.


Luis Del Monte / DLRD
EFE

Presidente y Bichara rechazaron oferta planta gas natural de EE.UU. / Vídeo

    Francisco Sánchez, subsecretario de Estado de Comercio de EEUU.

Subsecretario de Comercio EE.UU. ofreció planta a gas natural de mil MW por 800 millones de dólares
SE DECIDIERON POR DOS BRASILEÑAS QUE COSTARÁN MÁS DE 2,040 MILLONES DE DÓLARES Y SÓLO GENERARÁN 675 MW NETOS
La conspiración Gobierno dominicano-Brasil para hacerse del negocio de la planta oficial de generación eléctrica en asociación con grupos económicos criollos superpoderosos está sustentada en múltiples pruebas de que hubo sobornos, prevaricación y corrupción al más alto nivel.

Apenas meses antes de que se iniciara (2014) la construcción de las dos plantas a carbón en Punta Catalina, Baní, el subsecretario de Comercio de los Estados Unidos Francisco Sánchez, estuvo de visita en el despacho del presidente de la República Danilo Medina (octubre de 2013) y le ofreció una planta de generación eléctrica de mil MW, a gas natural y con un costo de 800 millones de dólares. No sólo le ofreció la construcción de la planta a través de la empresa Wellford Energy/Summit Power, sino que le aseguró que a partir de 2015 tendría asegurado el suministro de gas natural para la misma.

El presidente Danilo Medina y el administrador de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, meses después sin dar respuesta a la oferta norteamericana iniciaron la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina que tendrán una generación neta entre ambas de 675 MW, a un costo mayor a los dos mil cuarenta millones de dólares.

Esta descomunal inversión se hace mediante un entramado entre el gobierno dominicano, la empresa brasileña Odebrecht, el Grupo Acero Estrella, el Grupo INICIA (que no es más que el Grupo Vicini. INICIA es VICINI al revés, sólo tiene que girar la letra A y leer de derecha a izquierda) y otros asociados que todavía no han salido a la luz pública.

Para algunos analistas las plantas a carbón de Punta Catalina son el fraude más grande que ha orquestado gobierno alguno desde la independencia de la República Dominicana. Dos plantas de generación eléctrica obsoletas, contaminantes y sobrevaluadas criminalmente para favorecer a funcionarios y a grupos económicos poderosos. Las consecuencias penales para los implicados en este fraude a la RD no se harán esperar desde que las circunstancias actuales cambien.

Nota de prensa del gobierno, miércoles 30 de octubre de 2013
El presidente Danilo Medina recibió en su despacho del Palacio Nacional a una comisión de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos, encabezada por el Subsecretario de Estado de Comercio, Francisco Sánchez.

El funcionario estadounidense dijo que habló con el Mandatario dominicano sobre el tema eléctrico y la importancia para el país del uso del gas natural para el desarrollo sostenible.

Luego, en rueda de prensa realizada en el Salón Orlando Martínez, el subsecretario de Estado de Comercio, Francisco Sánchez, explicó que se trató de una reunión productiva en la que se conversó sobre un proyecto que contempla la producción de energía a través del gas natural, en la zona norte del país y del cual los dominicanos comenzarán a beneficiarse a partir del 2015.

La iniciativa es desarrollada por la empresa Wellford  Energy/Summit Power.

Francisco Sánchez, Subsecretario de Estado de Comercio de EE.UU., aseguró al presidente Medina que para el 2015 habrá acceso al gas natural en el país.

“Se trata de un proyecto con la empresa americana Summit Power y quería decirle al señor Presidente, y se lo dije, no solamente que lo apoyamos, sino algo muy importante que tiene que ver con el éxito de este proyecto, y es que haya acceso al gas natural y que haya acceso para el 2015; y yo pude asegurarle al señor Presidente que va a haber acceso al gas natural, empezando en el 2015”, dijo.

Explicó que tocaron otros aspectos importantes para llevar a cabo este proyecto al considerar que no hay obstáculos para llevar a cabo esa iniciativa “y el Gobierno de los Estados Unidos apoya totalmente que se pueda realizar para beneficio de los dominicanos”.

Junto al subsecretario de Estado de de Comercio norteamericano, estuvieron el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara; el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Daniel L. Footey el asistente del Subsecretario, Carleton Sheppard.

También la agregada comercial de la Embajada de Estados Unidos en el país Isabella Cascarano, la representante de la Wellford Energy/Summit Power, Catherine Calhoun y el consejero Denton LLP, Juan Carlos Iturregui.

Nota de prensa Listín Diario 31-10-2013

Juan Santos / DLRD

Traición a la patria

¡Malditos!
Al presidente Danilo Medina se le ha agregado a último momento otro escándalo similar a la licitación y costos de las plantas a carbón de Punta Catalina. Este blog había advertido que el Grupo Corripio no estaba en la Comisión de Punta Catalina por la amistad que tiene con el Presidente, sino que estaba ahí para defender los intereses de sus socios, el Grupo Vicini.

Nosotros no tenemos nada en contra del Grupo Vicini ni del Grupo Corripio, ellos son empresarios, piden, y si les dan cogen.

Ese contrato que publicó el portal 7dias.com, si nosotros fuéramos Presidente de la República, hoy mismo estuviéramos poniendo nuestra renuncia al salir a la luz pública esta vergüenza de acuerdo. Es una estafa al Estado dominicano promovida desde el más alto cargo del país.

El CONEP debe abrir bien los ojos, se ha estado gobernando para tres o cuatro grupos económicos megamillonarios con ventajas de la firma del Poder Ejecutivo en detrimento de sus otros miembros.

En cualquier parte del mundo un Presidente que haga lo que Danilo Medina ha hecho con el arrendamiento de los terrenos de Punta Catalina se le aplica su destitución inmediatamente por parte del Congreso. Eso que ha hecho Danilo Medina es traición a la patria. Y vamos a decir porqué.

a) Las plantas a carbón de Punta Catalina iban a ser construidas en Azua, sin dar explicaciones a nadie fueron trasladadas a Baní, provincia Peravia, obviamente los negociadores querían y deseaban favorecer al Grupo Vicini. El gobierno y el Poder Ejecutivo han obrado contra el Estado.

b) Si el gobierno necesitaba los terrenos de Punta Catalina debió declararlos de utilidad pública, como hacen con todos los hijos de Machepa, y pagárselos al precio de tasación oficial según los precios de los terrenos aledaños. Obviamente el negocio así no era rentable para el Grupo Vicini. Lo que han hecho el gobierno y el Poder Ejecutivo es obrar contra el Estado.

c)  Construir unas plantas y un puerto a un costo de más de dos mil millones de dólares, más de cien mil millones de pesos en unos terrenos ajenos, arrendados, es traición a la patria de parte del gobierno y del Poder Ejecutivo. Es un robo, un desfalco, firmado y aprobado por el Presidente de la República para favorecer a la familia más rica del país en detrimento de todos los dominicanos que tenemos que pagar esos más de cien mil millones de pesos, más los intereses más el alquiler anual de los terrenos al Grupo Vicini.

d) Firmar un contrato de arrendamiento en República Dominicana, en dólares según el índice de inflación en los Estados Unidos es traición a la patria. Nuestra moneda no es el dólar ni nuestro índice de inflación lo determina el Índice de Precios al Consumidor (CPI) de los Estados Unidos. Repetimos, esto es traición a la patria lo que han hecho el gobierno y el Poder Ejecutivo.

e) En ninguna parte del mundo, nadie, invierte su dinero en terrenos de un propietario que tiene hipotecas con un banco comercial. Danilo Medina autorizó arrendar los terrenos del Grupo Vicini, teniendo una porción de ellos una hipoteca de siete millones de dólares con el Banco del Progreso, del cual son accionistas el Grupo Vicini y el Grupo Corripio, entre otros. Eso es traición a la patria por parte del Poder Ejecutivo y del gobierno.

Si nosotros fuéramos Danilo Medina, después de darse a la luz pública este vergonzoso, aberrante, doloso y antipatriótico contrato, renunciáramos a la Presidencia. Después de esto, Danilo Medina no puede tener cara para presentarse ante el país como nuestro gobernante. El Presidente de la República, escudándose en un subalterno que estafa al Estado dominicano en detrimento de sus gobernados, para favorecer a la familia más poderosa económicamente de la media isla. Renuncie Presidente, Usted no nos representa ya, Usted ha obrado contra el Estado y ha traicionado a la patria.

Ayer el Presidente estaba en el Sur, repartiendo limosnas

¡Malditos! ¡Que toda la ira y la furia de este pueblo caiga sobre Ustedes!


DLRD

Reino Unido elimina su última planta eléctrica a carbón

Reino Unido vive su primer día sin carbón desde la Revolución Industrial
Fue el primer país que utilizó el carbón para generar electricidad y, 135 años después, es la primera de las grandes economías en eliminarlo paulatinamente. El pasado viernes, por primera vez desde la Revolución Industrial, Reino Unido vivió un día entero sin quemar carbón para generar electricidad. No es el final de esta fuente de energía, que contribuye fuertemente al cambio climático, pero activistas por el medio ambiente coinciden en celebrarlo como un momento histórico.

Sucedió entre las 23.00 del jueves y las 23.00 del viernes de la pasada semana. Veinticuatro horas en las que la central eléctrica West Burton 1, la única planta térmica de carbón operativa, dejó de suministrar electricidad a la red nacional. El viernes por la tarde, las plantas de gas suministraban el 47% de la electricidad del país; las centrales nucleares y las turbinas eólicas, el 18% cada una; los paneles solares, el 10%, y el 6% procedía de la biomasa.

La fecha no es casual. En primavera, cuando los días se alargan y los hogares dejan de utilizar la calefacción y aún no usan el aire acondicionado, la demanda de electricidad tiende a ser más baja. También los viernes tienden a ser días de bajo consumo, y este se encontraba además en el periodo de vacaciones de Pascua.

Pero no se trata de un episodio aislado, aseguran los expertos, sino que es parte de una tendencia clara. Ya ha habido otros episodios sin carbón, aunque más cortos, en el último año, y todo indica que jornadas como la del viernes se repetirán cada vez con mayor frecuencia. El año pasado, el carbón aportó el 9% de la energía generada en el país, frente a un 23% en 2015 y un 40% en 2012. En estos últimos cinco años, dos tercios de la capacidad instalada en el país de generación de electricidad a partir del carbón ha sido eliminada. Los planes del Gobierno pasan por cerrar la última planta de carbón en 2025.

En las semanas previas al acuerdo contra el cambio climático de diciembre de 2015 en París, el Gobierno británico anunció su intención de eliminar paulatinamente el carbón hasta 2025. Las centrales de carbón han ido cerrando mientras la energía solar y eólica crecía por todo el país, impulsadas por unos subsidios introducidos por el Gobierno para alcanzar sus exigentes compromisos de reducción de gases de efecto invernadero. Ni siquiera el muy criticado cambio de actitud de Theresa May hacia las renovables ha logrado frenar la tendencia que ha situado a Reino Unido como el sexto país del mundo en capacidad instalada de energía solar.

El carbón fue el motor de la era industrial de Reino Unido, donde se inauguró la primera planta en Londres en 1882. Fue el sustento de la economía y la vida de centenares de pueblos mineros repartidos por todo el país y contribuyó a esas nieblas características del clima británico. Pero pronto será cosa del pasado en Reino Unido, como ya lo es en países como Suiza, Bélgica o Noruega. “El primer día sin carbón en Reino Unido desde la Revolución Industrial marca un punto de inflexión en la transición energética”, declaró Hannah Martin, de Greenpeace Reino Unido. “Hace solo una década, un día sin carbón habría sido inimaginable, y en diez años más nuestro sistema energético se habrá transformado radicalmente de nuevo”.

Pablo Guimón
El País