Reinaldo Pared con bravuconadas no cambiará verdad

Sí, Reinaldo Pared debe ser investigado en el expediente Odebrecht
Ahora resulta que Reinaldo Pared pretende meter miedo cuando lo que debería es esconder la cara donde nadie se la vuelva a ver jamás.

Vergüenza es lo que debiera sentir por haber propiciado la aprobación de decenas de contratos de construcción de obras y de financiamiento, todas adjudicadas mediante sobornos y sobrevaluadas, endeudando el país.

Con bravuconadas no se cambia la verdad de los hechos.

La verdad es que Odebrecht pagó US$92 millones, no sólo para que le adjudicaran de forma privilegiada 17 obras de infraestructura sino también para que, como ella misma admite, “influir en los presupuestos gubernamentales para ciertas obras y en aprobaciones de financiamiento para ciertos proyectos en República Dominicana”.

Por su condición de Presidente del Senado y, sobre todo, de Secretario General del PLD y, en esa virtud, jefe político de la bancada oficialista en el Congreso Nacional, Reinaldo Pared fue quien “bajó líneas” para la aprobación de todos esos vergonzosos contratos de construcción y de financiamiento a favor de Odebrecht enviados por el Poder Ejecutivo.

¡Cómo permitirle a Reinaldo Pared que esté levantando la voz y retando a los dominicanos con la arrogancia y prepotencia de un inmaculado!

No señor. Usted, Reinaldo Pared no cumplió con sus responsabilidades, y en vez de ejercer el control que le manda la Constitución sobre los actos del Poder Ejecutivo, lo que hizo fue prestarse a legalizar desde el Senado ese conjunto de contratos, hoy todos parte del cuerpo del delito del expediente de Odebrecht.

Haga un exabrupto de honestidad y empiece por admitir su responsabilidad por comisión u omisión en la aprobación de decenas de contratos de obras adjudicadas por sobornos y sobrevaluadas.

Si usted fue jefe político para bajar la orden de que se aprobaran esos contratos, tenga la dignidad de admitir el error cometido al hacerlo. Eso es lo propio de la gente seria, responsable y que se respeta. Si usted tuviera una pizca del decoro que proclama, hace rato que debió pedirle perdón a esta sociedad por lo hecho a las presentes y futuras generaciones al propiciar desde el Congreso esa fiesta de contratos con Odebrecht para que dos o tres funcionarios se hayan enriquecido ilícitamente. Si usted tuviera respeto por esta sociedad, hace rato que hubiera renunciado por haber sido parte desde el Congreso de este tramado de corrupción llevado a cabo por esta empresa delincuente con el auspicio suyo, de su Congreso, de su gobierno y de su partido.

Pero eso es pedirle a la auyama que para calabaza.

Lo que aseguro es que si en este país se hiciera respetar la Ley y el Procurador General de la República hiciera una investigación seria en el caso de Odebrecht, Reinaldo Pared estuviera en primera fila en la persecución penal del caso de los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht.

Para que quede constancia y nadie pueda alegar ignorancia, detallo los contratos de construcción y de financiamiento de las obras de Odebrecht que Reinaldo Pared, siendo Presidente del Senado propició su aprobación.

En la Hidroeléctrica de Pinalito, los contratos de financiamiento por RD$20,000,000, el 29.05.2007 y por US$68,096,278, el 7.10.2008.

En el Acueducto de Samaná, los contratos de financiamiento por US71,258,178, el 29.05.2007 y por US$50,286,572, el 20.03.2009.

En la Hidroeléctrica de Palomino, los contratos de financiamiento Nos. 2 y 3, ambos el 5.06.2007, por US$30,000,000 y US$81,324,696, respectivamente; los Nos. 4, y 5 por US$50,000,000 y US$50,663,060, respectivamente, ambos del 21.05.2009; el No. 6 por US$130,000,000 el 10.08.2010.

En la Carretera Casabito-Constanza, el contrato de financiamiento por US$20,000,000, el 1.10.2009.

En el Corredor Duarte, el contrato de financiamiento por US$48,743,918, el 1.09.2009; y por US$52,785,122, el 6.07.2010.

En la Autopista de Coral, el Contrato de Construcción, Cesión y Enmienda por US$272,269,336, del 11.11.2008; el contrato para el aumento del valor de US$88,464,943 del 13.10.2010; los contratos de financiamiento por US$54,000,000, el 13.10.2010 y por US$70,000,000, el 13.12.2011; por US$38,557,200 el 27.06.2012.

En la Carretera Bávaro- Uvero Alto- Miches- Sabana de la Mar, contrato de construcción por US$265,349,314 y de financiamiento por US$185,000,000, ambos el 4.09.2011.

En el Acueducto Hermanas Mirabal, contrato de financiamiento por US$50,000,000, el 14.09.2011.

En la Carretera del Río-Jarabacoa, el contrato de reconstrucción por US$71,538,760 y de financiamiento por $50,000,000, ambos el 14.09.2011.

En la Carretera SPM-La Romana, el contrato para terminación de obras inconclusas y de financiamiento por US$80,200,000, ambos aprobados el 24.07.2013.

En el Bulevar Turístico del Este, el contrato de las obras inconclusas por valor de US$90,917,678, aprobado el 24.07.2013.

En la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, el contrato de Construcción por valor de US$1,945,000,000, aprobado el 21.05.2014. Que deduzca el lector, si Reinaldo Pared debe ser o no investigado en el expediente penal de Odebrecht.


Guillermo Moreno
Diario Libre

No todo fue soborno en Punta Catalina

Punta Catalina: Cuerpo de Delito
Polemizar sobre el informe de Punta Catalina rendido por la comisión nombrada por Danilo Medina es caer en su trampa. No importa para nada lo que dijeron o dejaron de decir los comisionados. No importa lo que quedó oculto o no vieron. Todos sabíamos de antemano que una parte mayoritaria de los integrantes de la comisión o tenían conflictos de intereses o eran vulnerables a la presión del gobierno y que no darían un resultado desfavorable al Presidente. Danilo obtuvo lo que buscaba: santificar la irregular licitación y adjudicación de Punta Catalina y su sobrevaluado presupuesto de construcción.

Empecemos por el principio. La comisión de marras, nombrada por decreto No. 6-17 de del 10 de enero de este año es inconstitucional e ilegal. El artículo 128 de la Constitución no le da atribuciones al Presidente para nombrar comisiones para “investigar licitaciones y adjudicaciones de obra”.

Por otra parte, desde que tomó conocimiento de los sobornos de Odebrecht en el país, al hacerse público el acuerdo de lenidad, el 21 de diciembre de 2016, el Ministerio Público adquirió el monopolio de la investigación penal de todo lo concerniente a las infracciones cometidas por Odebrecht en el país y, ninguna otra autoridad podía intervenir en la investigación. El nombramiento de la comisión por el Poder Ejecutivo es un acto de obstrucción de la justicia, violatorio de la independencia de los poderes del Estado. Los propios comisionados, al aceptar una función para la que carecen de calidad legal, usurparon funciones y son pasibles de persecución penal.

La trama del gobierno de Danilo Medina en torno a Punta Catalina data de antes de asumir la presidencia. Danilo hizo dos viajes a Brasil y luego Lula y Dilma lo visitaron en el país, siendo esta última presidenta. En esa ocasión Dilma declaró a la prensa, el 10 de julio de 2012, que “Brasil va a ayudar de manera decidida al presidente de la RD a buscar solución a su problema energético”. Esa “solución” terminó llamándose Punta Catalina y la beneficiaria Odebrecht. Fue Danilo Medina quien, por oficio 11387 del 06.05.2014, solicitó al Senado, para Odebrecht, “la exención de todo tipo de impuesto sobre la renta”. No olvidemos su fervorosa defensa ante la Asamblea Nacional para mantenerla en la construcción de Punta Catalina, a pesar de haber violado la Ley No. 340-06 que manda a rescindir el contrato e inhabilitar a toda empresa que como Odebrecht incurra en prácticas corruptas.

La manipulación de la licitación para la adjudicación de Punta Catalina a Odebrecht fue un acto burdo y bochornoso. Recojo algunas frases de la declaración ante la comisión, de Isidoro Santana, miembro de la Comisión de licitación. Expresó que “nunca llegaron a leer el informe de evaluación técnica, si no que se les hizo una presentación en “Power Point” en donde todas las empresas participantes quedaron descalificadas y solo quedó una empresa que resultó ser el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Ingeniería Estrella...” “Que en la etapa final comenzó a tener la percepción de cierta inclinación a favor del consorcio que ganó la licitación”. El ingeniero Ramón Flores, por su parte, entre otras expresó que “...no le gustó la actitud de dos técnicos de la consultora Stanley. Percibió que estaba prejuiciada..” y agrega que “...se convoca a una reunión, para recoger informes a los fines de preparar una decisión, pero cuando llegamos y me dicen que todo está bien, como queriendo decir que ya se acabó el proceso y yo sorprendido, cuando me dicen que todo está bien, se generó una breve discusión, sobre si se debía discutir o no, porque ya se entendía que el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella había ganado.” Ninguno firmó el acta de adjudicación de Punta Catalina a Odebrecht.

En el expediente de petición de medidas de coerción al Juez especial de la Instrucción, el Procurador, en la pág. 14, se refiere a Punta Catalina como una de las 17 obras “... que fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos realizados a través del intermediario comercial, imputado Ángel Rondón Rijo, a funcionarios de la RD”. Precisamente en el año 2014, en que se firma y se aprueba en el Congreso el contrato de Punta Catalina, en las cuentas de las sociedades de Ángel Rondón denominadas Lashan Corp y Conamsa Internacional, se registran sucesivos depósitos provenientes de la sociedad que Odebrecht tiene registrada en Antigua, Klienfel de Services LTD, para el pago de sobornos. Los valores depositados fueron: en enero: US$10 millones; en febrero: US$2,500,000; en marzo: US$3,750,000, en abril: US$ 506,000; en mayo: US$4,259,000; en junio: US$ 4,000,000; en septiembre US$1,600,000; en octubre: US$2,381,361; en noviembre US$3,392,997; en diciembre US$1,450,000. En enero de 2015, US$1,145,119. En total, en el 2014/15, Ángel Rondón recibe de Odebrecht para el pago de sobornos a funcionarios dominicanos la suma de US$34,986,377.

Pero la verdad debe ser dicha: no todo fue soborno de Punta Catalina. Una parte fue para comprar legisladores, modificar la Constitución e introducir la reelección y, otra, para financiar directamente la campaña electoral de Danilo Medina de 2016.


Guillermo Moreno
Diario Libre

No esperemos sean juzgados y sancionados ejemplarmente todos los juzgados

Exijamos que estén todos los sobornados y sanción ejemplar
En el expediente presentado al Juez de la Instrucción por el Procurador General, en los nombres de relevancia que figuran concurren tres criterios para la imputación:

1º.- Ser titulares del ministerio o institución constructora de la obra contratada con Odebrecht. Estos son los casos de: Roberto Rodríguez, director de INAPA, César Sánchez y Radhamés Segura, vicepresidentes de la CDEEE, Víctor Díaz Rua, Obras Públicas. La inclusión de Temístocles Montás es por su papel como Secretario Técnico de la Presidencia para la aprobación de los contratos por el Poder Ejecutivo.

2º.- Ser titular de una de las cámaras legislativas en el momento de aprobación de los contratos. Estos son los casos de Andrés Bautista, Alfredo Pacheco, Julio César Valentín, el primero del Senado y, los otros dos, en la Cámara de Diputados. Tommy Galán por presidir la Comisión de Hacienda del Senado, cuya recomendación es clave para la adopción de este tipo de contratos.

3º.- Haber incrementado de forma notoria su patrimonio durante o inmediatamente después de la función pública referida.

Siguiendo estos tres criterios, el Procurador debió incluir en el expediente a otros altos funcionarios y legisladores. Me refiero a Reinaldo Pared y Cristina Lizardo, jefes del “lodazal” y que aprobaron el 91% de los contratos de Odebrecht; Abel Martínez que con mallete en manos y su “voten honorables” es co-responsable de muchos de los contratos; Gonzalo Castillo, titular en los últimos 5 años de Obras Públicas y responsable de muchas obras de Odebrecht y Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, responsable de la contratación de Punta Catalina.

La investigación tiene que incluir a Danilo Medina, quien tuvo como asesor en su campaña y reelección a Jõao Santana y a Mónica Moura, piezas claves de la empresa delincuente para la distribución de los fondos para la financiación ilícita de las campañas en el país, como admite Temístocles Montás en su carta del pasado 2 de los corrientes, en violación de lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Electoral 275-97. También faltan en la investigación los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía.

En los tres casos la concertación y ejecución de la mayoría de las obras coincidió con los periodos de sus proyectos reeleccionistas: Hipólito Mejía en el 2004, Leonel Fernández en el 2008, y Danilo Medina en el 2012 y el 2016. ¿Cómo creer, en un país presidencialista como este, que las 17 obras por las que Odebrecht pagó US$92 millones en sobornos entre 2001 y 2014, la decisión de su contratación la iban a tomar exclusivamente estos ministros y legisladores al margen de los proyectos reeleccionistas en pie en cada momento?

El manifiesto encubrimiento por el Procurador de muchos receptores de sobornos en el expediente es lo que envalentona a Temístocles Montás a incluir en la referida carta nombres que insinúa deben ser investigados. Específicamente menciona a Vicente Bengoa, Rafael Toribio, Simón Lizardo, Gonzalo Castillo y el Ing. Mariano Germán. Sin dudas se trata de una advertencia a Danilo Medina y a Leonel Fernández porque ambos saben que él tiene informaciones que si revelara haría caer al gobierno de Danilo Medina. Temístocles Montás, claro está, no busca hacer un aporte a la justicia del país, sino ejercer presión para salvar “su pellejo”.

Esta ‘rebelión en la granja’ que encabeza Temístocles está moviendo a sectores del oficialismo a buscarle “bajaderos” a la situación de los implicados para ofrecerles salidas de impunidad legitimadas judicialmente. Con esos fines ya se ha establecido un “corredor” entre el Palacio de Justicia y el Palacio Nacional.

Todo esto retrata el curso que se pretende darle al expediente. No olvidemos que esta es una justicia bajo el control directo del partido oficial y del propio Presidente de la República y que, de modo reiterado y a lo largo de todos estos años, ha garantizado impunidad a todos los corruptos del partido oficial.

Por tanto, no esperemos que sean juzgados todos los responsables ni sancionados ejemplarmente todos los que sean juzgados. La sed de justicia acumulada por décadas por el país no será saciada por la iniciativa propia de ese Ministerio Público ni de ese Poder Judicial servil a los intereses del poder político.

La única posibilidad de que la lucha contra la corrupción y la impunidad dé frutos, en estos momentos depende exclusivamente de la movilización ciudadana y de la vigilancia y presión de la opinión pública.

Llegó el momento de soltarle las manos a la gente para que, en el marco del carácter ciudadano, popular, no partidista y pacífico de esta lucha, tome iniciativas y se exprese cotidianamente en los barrios, comunidades, parques, plazas y de mil formas más. Hay que desplegar en los territorios y las calles un diálogo directo con la gente, impulsar en cada localidad asambleas ciudadanas de participación abierta y directa, profundizar aun más la conciencia sobre la corrupción y la impunidad y los peligros que acechan. Es la hora de que el movimiento verde se profundice y amplíe y se transforme en toda la nación en movimiento.


Guillermo Moreno
En Directo
Diario Libre

Estrategia del Gobierno contra la Marcha Verde

                      Libelo.

Cristo Rey y el Este son la ruta

El gobierno tiene muchas estrategias para hacerle daño a la Marcha Verde, hasta ahora todas han fallado y de seguro que con el inmenso poder del Estado y los enormes recursos económicos que han acumulado los del partido gobernante durante 13 años, uno que otro golpe bajo asestarán y hay que estar bien preparados.

No podemos quedarnos callados, antes de que sea tarde, no pueden desde dentro de las organizaciones y movimientos que conforman la Marcha Verde denostar a aquellos políticos que se suman voluntariamente, que suman mucha gente. Sabemos que son unos pocos radicales que están haciendo esto, sólo favorecen al gobierno que desea sembrar cizañas y dividir.

Hoy circula en la redes sociales otro pasquín pidiendo a políticos que no asistan a las Marchas Verdes, llamándolos corruptos, lambones y sinvergüenzas. Es un abuso meter a Luis Abinader, Guillermo Moreno, Minou Tavárez Mirabal y otros; en el mismo saco de gente señalada que todos conocemos. Eviten restar, sumen.

Es la última vez que nos referiremos a esta afrenta. La oposición no hace daño a la Marcha Verde, suma, y el propósito de la Marcha Verde es el mismo de muchos políticos de la oposición.

Esta misma tarde voceros del gobierno repetían a coro y criticaban que esos mismos políticos se sumen a la Marcha Verde. Si es malo para la cleptocracia gobernante es bueno para la Marcha Verde.

No jodan más con eso, vamos todos para Cristo Rey y luego para el Este, todos juntos.

DLRD

Una vez más opera el código omertá

El juez y el Procurador prevaricaron
En la columna de la pasada semana avanzamos algunas respuestas respecto de la autorización otorgada al Ministerio Público (MP) por el juez de la Instrucción para la aplicación de un criterio de oportunidad y la homologación de un acuerdo firmado por el procurador y Odebrecht. Completamos ahora las interrogantes pendientes.

¿Tiene el MP que presentar un acuerdo con el imputado para su homologación al solicitar la autorización para la aplicación de un Acuerdo de Oportunidad? No. El juez de la Instrucción en esta fase, que es la del procedimiento preparatorio, resuelve todas las cuestiones que requieren autorización para que se lleve a cabo la investigación pero en ninguna forma puede intervenir en su contenido y alcance ni establecer límites o decidir aspectos que afecten el fondo del caso, como lo ha hecho el juez al homologar el contenido del acuerdo entre Odebrecht y el procurador.

Para la concesión del criterio de oportunidad, el MP no necesita tener el consentimiento ni la promesa de colaboración efectiva del imputado en el momento de la solicitud. Lo que el MP debe es convencer al Juez de su pertinencia por tratarse, digamos, de una estructura criminal y el MP tiene el interés de buscar la colaboración de uno o varios de los imputados a cambio de ofertarle, por ejemplo, una pena menos severa. En muchos casos, la colaboración del imputado se produce ya avanzada la investigación, sobre todo, luego que el MP acumula suficientes medios de prueba contra un imputado y, éste, al verse evidenciado opta por la colaboración.

Así pues, en el escenario del artículo 370-6, el otorgamiento de la facultad de aplicación de un criterio de oportunidad viene a ser como una herramienta de “negociación” en manos del MP, parte de los recursos que la ley pone a su disposición para que éste pueda impulsar y llegar a fondo en la investigación. De igual modo, el ámbito y límites de su aplicación no le corresponde determinarlo al Juez sino que lo establece directamente el Código Procesal Penal en su artículo 34, numerales 1,2 y 3, precisando qué infracciones y en qué circunstancias se puede prescindir de la acción penal y en cuáles no.

Es por eso que en esta fase, el Juez ni tiene facultad ni tiene sentido procesal “homologar” un acuerdo en que el MP, sin haber realizado la investigación, prescinde de la persecución penal contra Odebrecht a cambio de una promesa de colaboración futura, por demás innecesaria dado que el MP del Brasil, espontáneamente se ha comprometido a suministrar la lista de funcionarios sobornados en el país.

Por tanto, el acuerdo suscrito entre Odebrecht y el procurador, homologado por el juez de la Instrucción, es nulo y carece de valor jurídico, siendo una prueba de complicidad manifiesta toda vez que el procurador al firmarlo y el juez al homologarlo han cometido el crimen de prevaricación que consiste en dar una decisión con conciencia de que es contraria a la ley, con la agravante de haberlo hecho para favorecer a una empresa delincuente que ha confesado haber sobornado y sobrevaluado obras, en perjuicio del Estado y sociedad dominicanas.

¿Cuándo y ante qué juez debe presentarse el acuerdo entre el MP y Odebrecht? En los casos en que el MP y el imputado se ponen de acuerdo sobre los hechos y las penas por aplicar, o solo sobre el hecho punible, pudiendo suscribir un acuerdo que requiere la firma y autorización adicional del defensor del imputado. Ese acuerdo se presenta ante el juez de la instrucción que en ese caso preside la audiencia para la aplicación del juicio penal abreviado. El juez en una audiencia decidirá por sentencia sobre el acuerdo entre el MP y el imputado.

¿Se ajusta el caso Odebrecht a la aplicación del juicio penal abreviado? Perfectamente. Si tuviera esa intención y voluntad, el Procurador tiene la posibilidad de arribar con Odebrecht, en lo que respecta a los sobornos, a un acuerdo sobre los hechos y sobre las penas sobre la base de la colaboración efectiva de la empresa. En ese caso, el MP podría prescindir de algunas de las penas de que es pasible recibir: i) condena por un período de dos a cinco años al cierre o intervención; ii) multa del duplo del monto del soborno; iii) adicionalmente el representante legal de Odebrecht será castigado con la pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión; y iv) confiscación en provecho del fisco de las cosas o valores ofrecidas, prometidas u otorgadas por el sobornante.

¿Por qué el Procurador prefirió la homologación del ilegal acuerdo con Odebrecht y no ir al juicio abreviado? La razón está en que para ir al juicio penal abreviado, el Procurador tiene que presentar formal acusación penal contra Odebrecht. De hacerlo, entonces Odebrecht no podrían continuar operando en la RD ni construyendo a Punta Catalina. Es decir, lo que ha pesado son los compromisos que tiene Danilo Medina con Odebrecht y que le obligan a garantizarle impunidad. ¿Por qué? La respuesta está en las declaraciones de esta semana de Joao Santana y Mónica Moura: Ellos protegen a Danilo Medina en Brasil y Danilo protege los intereses de Odebrecht en Punta Catalina. Una vez más opera el código omertá.


Guillermo Moreno
En Directo
Diario Libre

Guillermo Moreno acusa al Presidente

Yo lo acuso, Presidente
Usted, Presidente Danilo Medina, el pasado miércoles 09, expresó ante una decena de periodistas: “yo quisiera es que alguien me imputara, que alguien pudiera probar que la campaña nuestra recibió un centavo”.

Pues bien, yo, Guillermo Moreno, ciudadano, de generales y domicilio conocidos acepto el reto y lo acuso de que en su campaña hubo financiación con dinero de origen ilícito, incluyendo aportes de Odebrecht.

De entrada le digo que en mi poder no poseo ningún cheque, vídeo o confesión secreta.

Para acusarle, sólo necesito mostrar algunos hechos graves de las campañas electorales y de su gobierno que exigen de usted una amplia explicación a la ciudadanía dominicana.

A usted lo acusa que el esquema de corrupción de Odebrecht basado en financiación de campañas, sobornos y sobrevaluaciones, en los países donde operó incluyó siempre al Jefe de Estado o a candidatos con probabilidades de triunfo ¿por qué no sería así en la RD donde la empresa pagó sobornos por US$92 millones y sobrevaluaciones por encima de los US1,000 millones?

A usted lo acusa muy particularmente la declaración de Hilverto Silva ante la Corte Superior Electoral de Brasil quien confesó que las transferencias que hacía desde el Departamento de sobornos que dirigía en Odebrecht, las realizaba a través de la empresa de Joao Santana e incluyó a la RD entre los países beneficiarios.

A usted lo acusa que precisamente Joao Santana fue su asesor de campaña en los procesos electorales de 2012 y 2016, siendo éste el único país donde este perverso personaje tenía un despacho en el Palacio Nacional, de donde salió a cumplir una condena de 8 años de prisión, por la comisión de graves actos de corrupción.

A usted lo acusa Mónica Moura, esposa de Joao, también condenada, a 5 años de prisión, quien declaró ante la Policía Federal de Sao Paulo que por vía suya en 2011 se entregó fondos para financiar su campaña electoral.

A usted lo acusa su implicación directa en la concesión a Odebrecht de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina fraguada en dos viajes suyos a Brasil a reunirse con los expresidentes Lula y Dilma; y luego, dos viajes de éstos al país. La expresidente Rousseff, luego de reunirse con usted el 10.07.12, reveló el propósito de estos encuentros al declarar a la prensa: “Brasil va a ayudar de manera decidida al presidente de la RD a buscar solución a su problema energético”. Esa “solución” terminó llamándose Central Termoeléctrica Punta Catalina y la beneficiaria Odebrecht. Estaba pues predeterminado que la obra la haría esta empresa, para lo cual se manipuló la licitación en su favor, a pesar de presentar un presupuesto sobrevaluada. Luego usted solicitó al Senado por oficio 11387 del 06.05.2014, a favor de Odebrecht, “la exención de todo tipo de impuesto sobre la renta”.

A usted lo acusa haber nombrado una comisión ilegal para hacer una investigación paralela a la judicial sobre Punta Catalina, varios de cuyos integrantes tienen conflictos de intereses, buscando agenciarse una coartada ante la opinión pública ante las irregularidades en la licitación y la sobrevaluación.

A usted lo acusa la defensa que hiciera el 27 de febrero ante la Asamblea Nacional para que Odebrecht continúe la construcción de Punta Catalina, a pesar de la Ley No. 340-06 sobre contrataciones y su reglamento disponen la rescisión del contrato y la inhabilitación a toda empresa que como Odebrecht haya incurrido en prácticas corruptas.

A usted lo acusan sus estrechos vínculos con Ángel Rondón, de cuyos contactos en público la prensa registra el del 7 de agosto de 2013 en la inauguración del proyecto turístico en Playa Dorada; el 27.10.13 en la entrega por la ADHA de la medalla al mérito en ganadería; el 21.11.14 en la inauguración de la planta agroindustrial “Los Ángeles”, en SPM. Ángel Rondón es el señalado por Odebrecht como el receptor de los 92 millones entregados en sobornos.

A usted lo acusan las declaraciones de Fernando Fernández, ex director de Aduanas y miembro del Comité Central del PLD, quien afirmó que con parte del dinero de los sobornos de Odebrecht se compraron los legisladores que modificaron la Constitución para introducir la reelección en su favor.

A usted lo acusa que “su” Procurador, actúe coaligado con los abogados de esta empresa delincuente para alcanzar un acuerdo de impunidad a favor de buena parte de los funcionarios, legisladores y presidentes sobornados por Odebrecht.

Estos hechos son los que lo acusan a usted.

Si el Procurador honrara su investidura, todos estos elementos fueran más que suficientes para incluirlo a usted en la investigación penal de Odebrecht.

Sé que no lo hará. Pero no crea que por ello usted queda absuelto ante los ojos de una sociedad que se hartó de ser gobernada por ladrones y que ha dicho basta de impunidad.

Si usted realmente quiere que la sociedad crea en su inocencia ¿por qué no acepta el reto de que la investigación de los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht la haga un Procurador/a dominicano, sin vínculos partidarios, independiente y con una trayectoria de honestidad y capacidad?

Mientras tanto, sepa que acepto su emplazamiento y expresamente lo acuso.


Guillermo Moreno
En Directo
Diario Libre

Danilo Medina no está por encima de la ley

Guillermo Moreno: “Danilo tiene que ser investigado en el expediente Odebrecht”
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, manifestó que la investigación penal en curso sobre los sobornos y las sobrevaluaciones de Odebrecht en el país, para estar completa tiene que incluir al presidente Danilo Medina.

Señaló además que estas deben incluir al expresidente Leonel Fernández, quien dijo ha guardado absoluto silencio, y al expresidente Hipólito Mejía que el pasado lunes se puso a disposición de la justicia.

Indicó que las reseñas de la prensa matutina del país sobre las declaraciones dadas ante las autoridades judiciales de Brasil por Gilberto Silva, quien dirigía el departamento de honorarios de Odebrecht, admitiendo que João Santana transfirió dinero de Odebrecht para financiar la campaña política de Danilo Medina en la República Dominicana, obliga a que de inmediato el Procurador General incluya al presidente Medina en la investigación penal.

Moreno destacó que la revelación hecha por el delator de la justicia brasileña, Gilberto Silva es apenas una prueba inicial. “Al procurador le corresponde saber los montos del dinero aportado, qué parte se utilizó para comprar los legisladores, que modificaron la Constitución para introducir la reelección, qué montos para la campaña, qué parte fue para el manejo de la licitación y la inclusión en el presupuesto de la construcción de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, entre muchos otros hechos violatorios de la ley que deben ser esclarecidos”.

Añadió que es conveniente tener presente que el esquema de operación delincuencial de Odebrecht siempre incluía los Jefes de Estado o los candidatos con posibilidades de triunfo. “Así se ha revelado en el Perú, donde tres expresidentes y el titular están siendo investigados, en Panamá donde un ex presidente y el actual están siendo investigados, igual en el Salvador, en Colombia y en el propio Brasil”.

“¿Qué puede hacernos pensar que ese esquema no se produjo en la República Dominicana, si João Santana no solo asesoró la campaña a la presidencia y a la reelección de Danilo Medina; sino que además, somos el único país donde este perverso personaje tenía una oficina en el propio Palacio Nacional de donde salió directamente hacia la cárcel en Brasil?”, cuestionó.

Calificó como una imputación grave que no solo hace ilegítima su elección como Presidente de la República, el hecho de que la campaña de Danilo Medina fuera financiada con dinero ilícito y máxime de una empresa extranjera.

Asimismo, agregó que esto obliga al Ministerio Público a investigarlo penalmente.

“Tiene que responder ante la justicia por las graves acusaciones de corrupción formuladas en su contra. Los ciudadanos estamos hartos de ser gobernados por ladrones y decididos a ponerle fin a la impunidad”, expresó.

Concluyó que resaltando que el presidente Danilo Medina no está por encima de la ley.


Acento

Guillermo Moreno: La ciudadanía no quiere un "acuerdo" secreto

Acuerdo con Odebrecht es para garantizar impunidad a corruptos
El  presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, advirtió hoy al presidente Danilo Medina y al procurador Jean Rodríguez, que la ciudadanía no quiere un acuerdo “secreto” que le garantice impunidad a los corruptos, sino que se revelen los nombres de los sobornados y junto a la brasileña Odebrecht sean sometidos a la justicia para que reciban todo el peso de la ley.

Dijo que  Alianza País como organización política desarrollará todas las actividades ciudadanas, populares, pacíficas, pero proactivas que sean necesarias hasta que llevar los corruptos a la cárcel y se recupere lo que se han robado.

“Alianza País se mantendrá activa, movilizada en todo el Distrito Nacional exigiendo castigo para los corruptos y el fin de la impunidad”, expresó el dirigente político.

Mientras la gran mayoría de los países de la región tendrán que esperar casi cuatro meses para obtener informaciones sobre los beneficiados con los sobornos pagados por Odebrecht, República Dominicana las tendrá a más tardar en 60 días a contar del primero de marzo próximo, informó el pasado lunes el procurador Jean Alain Rodríguez.

El funcionario regresó de Brasilia donde, al igual que los procuradores o fiscales de los 12 países latinoamericanos afectados, sostuvo encuentros con las autoridades que investigan el caso Odebcreht en Brasil.

Dijo que la República Dominicana tendrá ese privilegio gracias al acuerdo que firmó con Odebrecht en el país, el cual está pendiente de validación en la Coordinación de los Juzgados de Instrucción que dirige el magistrado Alejandro Vargas, y quien informó dará su fallo el primero de marzo.


Guillermo Moreno
Alianza País
Hoy

Es evidente que el Ministerio Público y el Poder Judicial son cómplices de los corruptos

Poner a la Nación en movimiento
La gigantesca marcha del pasado 22 de enero contra la corrupción y la impunidad marcó, sin dudas, un giro en la coyuntura política. Como suele suceder, un hecho puntual desata procesos acumulados por meses.

El fraude del oficialismo en las elecciones del pasado 15 de mayo, la impugnación en decenas de juntas municipales evidenció el carácter ilegítimo y espurio del nuevo gobierno de Danilo Medina, ya de por sí cuestionado por una modificación constitucional obtenida mediante la compra de legisladores.

La firme posición del Bloque de Partidos de Oposición para evitar la reelección de los anteriores integrantes de la JCE desnudó aún más la precariedad institucional del país. A esto se añaden decenas de protestas, en todos estos meses, de médicos, policías, maestros reclamando mejores salarios; de comunidades exigiendo la satisfacción de necesidades básicas, junto a una espiral creciente de inseguridad pública que mantiene en vilo a la sociedad.

Lo interesante del giro de la coyuntura es que lo motoriza una ciudadanía desinhibida frente al poder y decidida a dar la cara y a manifestarse en las calles contra la corrupción y por el fin de la impunidad. Es decir, desde el principio el movimiento de lucha tuvo un definido carácter político pues la corrupción y la impunidad en el país no son el producto de un funcionario o institución aislada, sino de un modelo político que es el que mantiene y reproduce al PLD en el poder. Lo que si es característico de esta lucha es que no es “partidarista”, con la suerte que estando a tres años de las próximas elecciones se dificulta que pueda ser instrumentalizada por el oportunismo electoralista.

Ahora bien, cuando la ciudadanía actúa como suma de individuos, bien puede escenificar manifestaciones de desahogo colectivo, pero difícilmente pueda darle continuidad y direccionalidad. Por eso, esa ciudadanía que ha mostrado un momento de ruptura militante contra la corrupción y la impunidad, tiene que encontrar formas de coordinación con el movimiento social organizado (médicos, profesores, estudiantes, trabajadores) y con los partidos y movimientos políticos que se identifican de forma consecuente con esta lucha. Es decir, hay que juntar la espontaneidad del movimiento en desarrollo con la experiencia organizativa acumulada por muchas otras luchas libradas.

En el país, tal vez con demasiada razón, hay un rechazo y desconfianza hacia los partidos y movimientos políticos. Pero se peca de unilateral al satanizar a todos los partidos y meterlos en el mismo saco, sin diferenciar los que se esfuerzan en practicar la política apegándose a principios de los que no son más que franquicias de negociantes de la política. Estos últimos, por su larga cola, tienden a excluirse por si mismos de este tipo de lucha, temerosos de que se la pisen.

El movimiento de lucha en desarrollo necesita producir una coordinación efectiva entre los sectores sociales, ciudadanos y políticos que estén en disposición de asumir de forma consecuente la lucha contra la corrupción y la impunidad. Sólo si se va produciendo esa coordinación, a nivel nacional y local, como amplia unidad de acción, se podrá orientar para que el movimiento en desarrollo tenga un cause y horizonte comunes.

El movimiento de lucha en desarrollo tiene que sumar a los sectores populares, lo que supone desplegar un esfuerzo sostenido en los territorios de barrios y comunidades, para hablarle cara a cara a la gente sobre cómo la corrupción y la impunidad tienen mucho que ver con su baja calidad de vida, el desempleo, la pobreza y la inseguridad ciudadana, entre muchas otras.

En ese sentido se debe impulsar, en todos los territorios en que sea posible, la creación de Asambleas Ciudadanas y Populares contra la Corrupción y la Impunidad como espacios de reflexión y de toma de conciencia y éstas desarrollar planes propios de participación.

En una situación como esta, en que es evidente que el Ministerio Público y el Poder Judicial son cómplices de los corruptos y están creando las condiciones para garantizarles impunidad a los principales cabecillas de la red criminal, no nos andemos con remilgos, hay que desatar la movilización ciudadana y popular como la única forma de restablecer el imperio de la ley y de llevar las autoridades al respeto de su propia legalidad.

El movimiento de lucha está abocado a pasar a un proceso ascendente de movilizaciones ciudadanas pacíficas. Si aún así el gobierno no reacciona, advierto que se expone a despertar la indignación contenida en la ciudadanía que pudiera profundizar aún más la lucha y llegar incluso a formas de desobediencia civil y huelgas parciales y generales.

La perspectiva que lleva el movimiento de lucha es la de impugnar una institucionalidad secuestrada por el oficialismo. Se trata de producir un giro para poner la nación en movimiento, potenciar la soberanía ciudadana y despertar y echar a andar al sujeto ciudadano y popular que se irá haciendo cada vez más participativo y deliberativo.


Guillermo Moreno
Diario Libre

La mano larga del Presidente de la República

Danilo Medina no está por encima de la ley
Indignación es la palabra que define nuestro estado de ánimo. No es solo que Odebrecht sobornó legisladores para modificar la Constitución y a funcionarios para sobrevaluar obras por más de dos mil millones de dólares.

Es que nos hartamos de ser gobernados por ladrones.

No aguantamos más. Sencillamente hay que parar este estado generalizado de robo público que por décadas nos priva de vivir dignamente en una sociedad con seguridad y bienestar.

Los corruptos se roban el derecho a la salud, el 4% de educación, los recursos naturales, la seguridad social, las empresas del Estado, las zonas verdes, las elecciones.

La gota que rebosó el vaso fue que el Procurador General, en franca burla del mandato constitucional que le obliga a ejercer “la acción pública en representación de la sociedad” hizo acuerdos secretos con una empresa delincuente que le garantiza impunidad a sus ejecutivos y a los funcionarios y legisladores sobornados.

Esto es parte de los malabarismos del Procurador con el expediente de Odebrecht para distraernos y ganar tiempo. El Procurador tiene en su poder los nombres de los funcionarios que recibieron los sobornos. Se los entregó el ex embajador estadounidense Brewster antes de concluir su misión diplomática.

El dilema del Procurador es cómo profundizar una investigación en la que sabe que Danilo Medina, su gobierno y altos dirigentes del PLD están enlodados hasta el cuello.

Danilo Medina, por su condición de Presidente no está por encima de la Ley. La ley es igual para todos. La investigación de los sobornos y sobrevaluación de Odebrecht no estará completa si no incluye a Danilo Medina.

Punta Catalina es un cuerpo del delito. El vínculo de Danilo Medina con esa central termoeléctrica es demasiado evidente para que pueda ignorarse en una investigación penal seria.

Desde antes de ganar la presidencia y luego de ser investido como primer mandatario, Danilo Medina se involucró directamente en la concertación de esta obra. Era “la joya de su corona”. Fue la mano larga del Presidente de la República que garantizó que la licitación terminara favoreciendo a Odebrecht y que se aceptara hacerla con una sobrevaluación grosera de más de mil millones de dólares, para compensar con creces a Odebrecht por el apoyo dado a su campaña electoral, de la mano de Joao Santana, sino que también garantizaba un excedente para la financiación de la reelección, incluyendo de paso la compra de legisladores.

Por eso, no es casual que Danilo Medina designara, específicamente para el caso de Punta Catalina, una comisión especial. El nombramiento de esta comisión es completamente violatorio de la Constitución, pues el examen del artículo 128 de la Carta Magna, no le da atribuciones de este tipo al Poder Ejecutivo. Pero además, porque teniendo el Ministerio Público el monopolio de la investigación penal, ningún poder o autoridad del Estado tiene facultad para llevar a cabo una investigación de forma paralela a la que realiza el Ministerio Público en el caso Odebrecht, que incluye a la Central Termoeléctrica de Punta Catalina. Además, es una comisión sin objeto pues nada de lo que resulte de ella tiene valor probatorio, sin mencionar que entre sus integrantes hay miembros con serios conflictos de intereses lo que de antemano afecta de nulidad cualquier informe que eventualmente produzca. Los miembros de esa comisión deben saber que dado que en el caso de Odebrecht --que incluye a Punta Catalina-- hay una investigación penal en curso, de continuar, no solo están usurpando funciones privativas del ministerio público, sino que son pasibles de ser perseguidos por obstrucción de la justicia.

Danilo Medina y sus asesores saben todo esto, pero en realidad él necesita que una comisión como esta santifique ante la opinión pública que en Punta Catalina ni hubo una licitación irregular ni hay sobrevaluación. Luce de su parte una acción desesperada de alguien que necesita ir construyendo una coartada para su defensa.

No esperemos que el Procurador General busque castigo para todos los responsables de los sobornos y sobre evaluaciones de Odebrecht.

Por eso, en situaciones como la presente en que el Ministerio Público y el Poder Judicial son cómplices de los corruptos y les brindan impunidad, solo queda un camino: la movilización ciudadana.

Tenemos que movilizarnos en todas las formas posibles a nivel local y nacional.

Manifestarnos en plazas, parques, en las aulas, en el trabajo, en los templos.

En estas circunstancias, la indiferencia y el silencio se hacen cómplices de los corruptos.

El color verde es símbolo de nuestra real esperanza: Corruptos a la cárcel, fin de la impunidad.

En estos momentos depende de la ciudadanía, de su actitud, de su rebeldía que el caso de Odebrecht se convierta en un punto sin retorno.

Hay pues que redoblar la marcha, no puede haber pausa hasta llevar los corruptos a la cárcel, recuperar lo robado y acabar con la impunidad.

En esta jornada triunfaremos como en tantas otras libradas por el pueblo dominicano.


Guillermo Moreno
En Directo
Diario Libre

Guillermo Moreno exhorta a Danilo Medina a dar la cara a quienes pidió el voto

Dé la cara, Presidente Medina
Qué vergüenza! En la República Dominicana la impunidad tiene precio: cuesta US$184 millones, pagaderos a plazo, en 8 años, sin intereses, con un avance de US$30 millones.

Es eso lo que representa el acuerdo ignominioso anunciado por el Procurador General con la empresa delincuente Odebrecht.

La pobreza de principios, de los que presiden este gobierno es tal, que calcularon que con el anuncio de la promesa del avance de los US$30 millones, nos llenarían los ojos y silenciarían nuestra boca. ¡Cuanto subestiman a nuestro pueblo!

La ciudadanía decente de este país, que es mucha, no quiere pacto confidencial con ladrones. Aspira a lo que es propio de una democracia: Una sentencia ejemplar, que mande a la cárcel común a los funcionarios y representantes que recibieron sobornos, sin importar si se trata de presidentes, senadores, diputados, ministros, directores o ex incumbentes de estas funciones. Que envíe a la cárcel a los ejecutivos de Odebrecht. Que unos y otros sean multados con el duplo de los sobornos. Que paguen el monto de las sobre evaluaciones de las obras. Que paguen las indemnizaciones por los daños causados con sus actos delictuales.

Presidente Medina, nada de lo sucedido con la empresa Odebrecht le es ajeno.

Es de su conocimiento que entre los vinculados a las obras sobrevaluadas y que dieron lugar a los sobornos hay altos funcionarios de su gobierno y usted, como jefe de gobierno le debe explicar a la ciudadanía porqué siguen en sus cargos. ¿Dónde quedó aquello del simple rumor público?

Del que fuera su jefe de campaña, Joao Santana, hay evidencias de ser una pieza clave en el trasiego de dinero de Odebrecht para el financiamiento de su campaña presidencial y su reelección. Afirmaciones como éstas que se escuchan a diario dentro y fuera del país, por su gravedad requieren que usted explique a la nación su relación, como asesor, de semejante delincuente internacional, hoy condenado en Brasil a 8 años de prisión por graves actos de corrupción.

Es de conocimiento general que siendo candidato de su partido viajó en el 2010 a Brasil y se reunió con Lula da Silva y Dilma Rousseff, los días 8 y 10 de septiembre, respectivamente. El 9.07.11 visitó a Dilma en la casa de gobierno y de nuevo lo hizo el 09.07.12, ya electo Presidente. El 31.01.13, usted recibió en el Palacio Nacional al ex presidente Lula Da Silva. La clave de todos estos contactos la encontramos en las declaraciones dadas por Dilma el 10.07.12 luego de reunirse con usted: “Brasil va a ayudar de manera decidida al presidente de la RD a buscar solución a su problema energético”. Esa solución terminó llamándose Central Termoeléctrica Punta Catalina. Estaba pues predeterminado que esa obra le correspondería a Odebrecht y a esos fines se montó una licitación manipulada a favor de esta empresa, a pesar de que su propuesta estaba sobrevaluada y sin que tuviera la experticia necesaria.

Su implicación, Presidente Medina, en la asignación a Odebrecht de Punta Catalina es de tal magnitud que tuvo la osadía de solicitar al Senado de la República mediante por el oficio 11387 del 06.05.2014, “la exención de todo tipo de impuesto sobre la renta”.

La ciudadanía merece que usted explique su parcialidad para la concesión de una obra sobrevaluada en más de mil millones de dólares y con una empresa con tan vasto historial delincuencial en la región.

Presidente Medina, la prensa registra su presencia el 7.8.13 en la inauguración de un nuevo proyecto turístico en Playa Dorada, junto a Ángel Rondón. También estuvo el actual Procurador General. El 27.10.13 usted acompañó a Ángel Rondón a la entrega por la ADHA de la medalla al mérito en ganadería. El 21.11.14 usted participó en la inauguración de la planta agroindustrial “Los Ángeles” propiedad de Ángel Rondón en SPM. ¿Cómo se explica una relación tan estrecha con la persona identificada, por la empresa delincuente, como el receptor de los 92 millones para los sobornos? ¿Cómo ignorar la denuncia de su ex director de Aduanas, Fernando Fernández, de que parte del dinero de los sobornos se utilizó en su reelección e incluso se ha afirmado que con ese dinero se compraron legisladores para modificar la Constitución e introducir la reelección en su favor? A la ciudadanía le urge que usted de su versión sobre hechos y circunstancias tan graves que incluso cuestionan seriamente la legitimidad de su gobierno.

Presidente Danilo Medina, su gobierno está en el centro de un complejo tramado delincuencial, transacciones mafiosas, sobornos, licitaciones arregladas, sobrevaluación de obras --la principal de ellas aún en ejecución--, compra de legisladores, modificación de la Constitución, un Procurador General firmando contratos para “legalizar” el dolo. Por eso, Presidente Medina, mantenerse en silencio no hace más que fortalecer la idea de que su gobierno está enlodado hasta el cuello en los sobornos y sobre evaluaciones de Odebrecht.

Presidente Medina: dé la cara y explíquese ante la nación sobre estas graves imputaciones que pesan sobre su gobierno y de las que la población no le ve ajeno.

Es su obligación hacerlo. Es nuestro derecho y deber exigírselo.



Guillermo Moreno
Diario Libre

Odebrecht: Procurador no muestra acuerdo firmado pago de multa

Los 184 millones
La marcha del 22-E contra la corrupción y por el fin de la impunidad, comenzó a dar frutos desde antes de producirse.
El gobierno, arrinconado ante la simpatía creciente de la marcha, puso al Procurador a que anunciara, el pasado viernes en la tarde, que el Ministerio Público había llegado a un acuerdo con Odebrecht, comprometiéndose esta empresa al pago del equivalente al duplo de los US$92 millones en “restitución” de lo que significó el ilícito, conforme lo establece la Ley 448-06, sobre soborno en comercio e inversión.

Pero, contrario a lo esperado, el anuncio del acuerdo de los 184 millones, lejos de desestimular la marcha tuvo el efecto de incentivarla más. Hizo crecer en la ciudadanía la conciencia del impacto que tiene cuando la nación se pone en movimiento y anuncia un proceso de lucha para exigir por sí misma sus derechos.

El anuncio del arribo de un acuerdo con la empresa, hecho muy oportunamente el viernes por la tarde, a menos de 48 horas de la marcha anunciada, deja claro, no solo el manejo político que se le está dando a esta investigación penal, sino el evidente entendimiento que tras bastidores hay entre el gobierno de Danilo Medina y los ejecutivos de esta empresa, y que el Procurador General no es más que un simple vocero de lo que se está decidiendo, evidentemente, a otro nivel.

El Procurador hizo el anuncio verbalmente, sin mostrar ningún acuerdo escrito y firmado por la Odebrecht, lo que introduce muchos elementos de incertidumbre sobre lo realmente acordado. Es la ley la que nos puede aclarar las derivaciones de lo que se anunció. La ley penal violada, la 448-06, al tipificar el soborno en comercio o inversión, establece sus elementos constitutivos entre los que figuran: i) el sobornado, que conforme al artículo 2 de la ley es “todo funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario, como favor, promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, a cambio de realizar u omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional...” y, ii) el sobornante, al que el artículo 3 define como “Toda persona, ya sea física o jurídica, que ofrezca, prometa u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que desempeñe funciones públicas en la República Dominicana, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, promesa o ventaja, para sí mismo u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional”.

La ley 448-06 especifica las sanciones penales que corresponden a los culpables de la comisión de soborno. 1) el sobornado “ será castigado con la pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión y condenado a una multa del duplo de las recompensas recibidas, solicitadas o prometidas, sin que, en ningún caso, pueda esa multa ser inferior a cincuenta salarios mínimos; ii) el sobornante, que como en la especie, “sea una persona jurídica, será condenado por un período de dos (2) a cinco (5) años al cierre o intervención y a una multa del duplo de las recompensas ofrecidas, prometidas u otorgadas, sin que, en ningún caso, pueda esa multa ser inferior a setenta y cinco salarios mínimos”. Iii) el artículo 8 dispone que a “los cómplices del delito de soborno se les impondrá la misma pena que corresponda al o a los autores principales del hecho”. La ley dispone además otras penas accesorias.

Lo importante del anuncio hecho el viernes por el Procurador no está tanto en la suma de los 184 millones de dólares, sino en el hecho de la admisión de Odebrecht ante el Ministerio Público dominicano (no ya ante el de EE.UU o el del Brasil) del pago de 92 millones de dólares en soborno a funcionarios dominicanos. Es decir, el órgano persecutor dominicano está admitiendo tener en su poder un medio de prueba, obtenido en el marco del ordenamiento jurídico dominicano de un hecho violatorio de la ley penal dominicana que le obliga a perseguir a los autores y cómplices de este crimen, llevarlos a los tribunales y procurar las sanciones penales que le corresponden.

Lo que corresponde ahora, conocido el sobornante (Odebrecht) es proceder a identificar los funcionarios públicos sobornados y sus cómplices. Asimismo las acciones hechas para la asignación de las obras y determinar con las auditorías forenses correspondientes, los montos de las sobrevaluaciones en cada una de estas obras.

Distinto a lo que se infiere de las declaraciones del Procurador General, el Ministerio Público no puede recibir el pago de los 184 millones de dólares como “restitución” porque, como hemos visto, el pago del doble del monto del soborno por parte del sobornante tiene en la ley 448-06 el carácter de una “multa” que es una sanción penal y deberá ser pronunciada por el tribunal, junto a las penas de prisión a los que resulten culpables de soborno así como las indemnizaciones y reparaciones que correspondan.


Guillermo Moreno
En Directo
Diario Libre

Embarrados hasta el cuello en el fango de corrupción y sobornos de Odebrecht

La Hora de las Definiciones
Danilo Medina está atrapado en su laberinto. Si de verdad investigara los sobornos, las falsas licitaciones y sobre valuaciones de las obras construidas por Odebrecht, su gobierno y una parte de la alta dirigencia de su partido quedarían imputados penalmente. Si por el contrario, como todo aparenta, instruye al Ministerio Público a hacer un simulacro de investigación, se hará más que evidente la complicidad y encubrimiento de su gobierno en los actos ilícitos de Odebrecht.

Son muchos los políticos, legisladores y funcionarios que están acorralados. Acostumbrados a cometer sus fechorías contando con un ministerio público y un poder judicial que les garantiza impunidad, ahora están desconcertados ante la investigación y enjuiciamiento llevados a cabo en Brasil y en EE.UU., donde funcionan sistemas judiciales con un alto grado de independencia y que evidentemente escapan a su control.

Y lo que más le agrava la situación al gobierno de Danilo es que, en otros países donde Odebrecht cometió similares actos de corrupción, las autoridades y el Ministerio Público han mostrado una definida voluntad de persecución de los responsables, lo que contrasta con la actitud pusilánime del gobierno y del procurador dominicanos.

En Perú el gobierno canceló a Odebrecht una cuestionada concesión para la construcción de un gasoducto de US$5,000 millones. Y lo más trascendente: el Ministerio Público de ese país alcanzó un acuerdo con los ejecutivos de la empresa para la devolución de los US$29 millones dados en sobornos, además, el compromiso de la empresa de colaborar en la identificación de los intermediarios y destinatarios de éstos.

En Ecuador allanaron las oficinas de Odebrecht y se dispuso, entre otras, una auditoria de todas las obras construidas por la empresa.

En Panamá, el gobierno prohibió concertar nuevos contratos con Odebrecht, debiendo incluso desistir de participar de licitaciones y salirse del contrato de asociación en un proyecto hidroeléctrico del que forma parte.

En la República Dominicana sabemos mucho más cosas que las conocidas en esos países y los actos de corrupción cometidos aquí son de mayor dimensión, empezando porque la propia empresa admite que los sobornos pagados a funcionarios dominicanos, entre 2001 al 2014 ascendieron a US$92 millones.

Se conoce, en las 17 obras de infraestructura contratadas con Odebrecht, algunas sin concluir, cuál es la institución y funcionario firmante por el Estado.

Se sabe también de notables diferencias, entre los montos originales y los finalmente pagados en estas obras. En el acueducto de la Línea Noroeste, de un monto original de US$180 al final se pagó US$251.5; Presa Pinalito, de un presupuesto original de US$131 se terminó pagando US$300; Acueducto Samaná, de US$115 ascendió a US$175; Presa Palomino, de US$225 a US$400; Carretera Constanza-Casabito-El Abanico, de US$41 millones pasó a US$112; Autovía del Coral, de US$279 a US$400; Carretera El Río-Jarabacoa de US$71 a US$100; Acueducto Hermanas Mirabal de US$51 a US$110. En estas ocho obras, la suma de los montos originalmente contratados ascendía a US$1,093.00 millones y el monto finalmente pagado por el Estado fue de US$1,848.5 millones, lo que representa una diferencia a favor de Odebrecht de US$755.5 millones.

Aún están pendientes las sobre valuaciones de las otras obras construidas por Odebrecht: Corredor Duarte I, con un monto original de US$163 millones; Carretera Bávaro-Ubero Alto-Miches-Sabana de la Mar, US$265; Bulevar Turístico del Este, US$110; Carretera SPM-La Romana, US$82; Circunvalación La Romana, US$76; Corredor Duarte II, US$250; Circunvalación Norte de Santiago, US$91; Carretera Piedra Blanca-Ocoa, US$140; Central Termoeléctrica Punta Catalina, US$1,945.

¿Qué impide al Ministerio Público proceder con igual determinación y celeridad que lo han hecho sus pares en los otros países víctimas de los actos de corrupción de Odebrecht? ¿Cómo es posible que aún no se haya adoptado una sola medida cautelar respecto de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, en fase de construcción, con todos los indicios de sobre valuación, soborno e irregularidad en la licitación de esta obra?

Todas estas y otras interrogantes tienen una sola respuesta: Los gobiernos del PLD, incluyendo el que preside Danilo Medina, están embarrados hasta el cuello en el fango de corrupción y sobornos de Odebrecht. La táctica que está aplicando Danilo Medina y su procurador es la de ganar tiempo. Ni actuar, ni investigar, ni acusar por adelantado. Están esperando que salgan en Brasil y en EE.UU. los nombres y los hechos concretos imputados para circunscribirse a esos. Los funcionarios que resulten implicados serán los “peones” que habrán de sacrificarse para evitar que le hagan “Jaque Mate” al Rey.

Ha llegado el momento de las definiciones. O la ciudadanía pasa por alto y sucumbe ante el mayor escándalo de corrupción de toda nuestra historia o se pone de pie y se moviliza y proclama el fin de la impunidad, exige cárcel para los corruptos y recuperación de lo robado.

En esta hora crucial, no hay punto medio, no hay retorno. La indiferencia, el silencio es complicidad.


Guillermo Moreno
Diario Libre

Niveles de degradación y falsedad nunca vistos en esta democracia representativa

     Marcelo Odebrecht, CEO de Constructora Odebrecht en suelo dominicano.

2017: El fin de la impunidad
Durante años padecimos la corrupción de los gobiernos reformistas y perredeístas que, comparada con la de los peledeistas, parece juego de niños.

Los gobiernos del PLD hicieron estructural la corrupción en el país. No hay una sola actividad económica en el Estado donde, directa o indirectamente, algún funcionario peledeista no reciba beneficios ilícitos, incluyendo los casos de pago de altos peajes por cuenta de protección para actividades del narcotráfico y lavado de activos. Sin dudas es el proceso de acumulación más intenso hecho por una fracción política gobernante, en la historia del país.

Con Odebrecht el PLD llevó la corrupción a un nuevo estadio. Se produjo, al más alto nivel del Estado, una alianza con esta empresa extranjera para desarrollar un esquema de corrupción trasnacional.

En un país sin institucionalidad como la RD, quien coopta a su favor al primer mandatario de la nación, en los hechos se apodera del Estado. Y es que en los hechos, el Presidente de la República tradicionalmente actúa por encima de la legalidad. Es él quien realmente decide las asignaciones de las obras públicas, controla al Congreso Nacional, para que le apruebe el Presupuesto, préstamos y contratos, muchas veces sin leerlos. Y qué decir del poder judicial y del Ministerio Público garante de la impunidad y controlados también por el Ejecutivo.

Odebrecht inicio sus operaciones en el país en el gobierno de Hipólito Mejía con dos obras de infraestructura por un monto total de US$480 millones, una con INAPA y la otra en la CEDEE, dirigidas entonces por Roberto Rodríguez Hernández y César Sánchez, respectivamente. En los gobiernos de Leonel Fernández, entre el 2006 y el 2012 se concertaron, 9 obras de infraestructura con Odebrecht por un monto ascendente a US$1,541.3, en siete de las cuales intervino Víctor Díaz Rúa, Ministro de Obras Públicas y en dos de ellas Radhamés Segura y el Ing. Mariano Germán, por la CDEE e INAPA.

Con Danilo Medina, la relación de Odebrecht se inició desde que éste era candidato a la presidencia. Odebrecht, para asegurarle el triunfo y la continuidad del PLD en el Estado, le aportó como asesor a Joao Santana, especialista en la “perversión” de procesos electorales y con basta experiencias en AL. En publicaciones hechas en Brasil, ha salido a relucir que Odebrecht hizo aportes directos para financiar la campaña de Danilo Medina a la presidencia e incluso se identifica que el dinero se depositó en la cuenta “hellbil Finanzas”, utilizada por la empresa para esos fines. Se atribuye también a Odebrecht el pago de legisladores para modificar la Constitución de la República e introducir la reelección a favor de Danilo Medina.

Por tanto no es casual que en los gobiernos de Danilo Medina, en 4 años, se han concertado obras de infraestructura por un monto de US$2,274.00. En todas intervino el actual Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, a excepción de uno concertado con la CDEE, representada por Rubén Bichara.

Sin lugar a dudas, de todos los contratos con Odebrecht en los gobiernos de Danilo Medina, la “joya de la corona” es el de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina. La propuesta de Odebrecht no solo superaba en más de mil millones de dólares el monto de la propuesta presentada por la empresa china Gezhouba-IMPE sino que esta última tiene experiencia en la construcción de este tipo de planta termoeléctrica, lo que no tenía Odebrecht. La irregularidad de la asignación resultó tan evidente que dos miembros del Comité de Licitación no firmaran el documento de precalificación. Estos fueron, el Ing. Ramón Antonio Flores y el economista Isidoro Santana, actual Ministro de Economía y Hacienda. A los otros miembros del Comité se les vincula al gobierno de Danilo Medina.

Funcionarios de la empresa han admitido ante la justicia norteamericana haber entregado sobornos a funcionarios dominicanos, entre 2001 y 2014, por el monto de US$92 millones y obtenido ganancias ascendentes a los US$163 millones.

El panorama descrito revela que el Estado Dominicano ha estado intervenido y puesto al servicio de las prácticas corruptas de esta empresa trasnacional y de los intereses de gobernantes y políticos extranjeros. ¿Acaso no son estos actos de intromisión en los asuntos internos del Estado Dominicano? ¿Pueden ser legítimas las autoridades surgidas procesos electorales con la mediación de actos ilícitos como los cometidos por Odebrecht en el país?

La verdad es que nunca antes, la llamada democracia representativa había llegado a estos niveles de degradación y falsedad ni puesta al servicio de intereses tan espúreos como los que representa Odebrecht.

La investigación penal, no la de RD, sino la que se sigue en Brasil y en EE.UU están en curso. A la nación dominicana, de confirmarse todo este entramado de corrupción, soborno, sobrevaluación y manipulación de la voluntad popular, no le quedará otra alternativa que unificarse para hacer renunciar a toda autoridad ilegítima, llevar a la cárcel a los corruptos y recuperar hasta el último centavo robado.

El 2017 puede ser el año en que los dominicanos le demos de frente a la corrupción y le pongamos fin a la impunidad.


Guillermo Moreno
Diario Libre

No se asusten corruptos nuestros!

Odebrecht
El hecho criminal ha sido establecido: la empresa brasileña Odebrecht, de 2001 a 2014, para obtener obras de infraestructura diversas en la República Dominicana pagó sobornos ascendentes a US$92 millones, registrando beneficios netos por US$163 millones. De la suma de ambas cantidades puede deducirse un aproximado de la sobrevaluación de las obras construidas por Odebrecht en el país.

Asumamos por un momento que al Ministerio Público del país le surgiera la voluntad de hacer, en este caso, una investigación independiente, y tuviera la determinación y el carácter para frenar las presiones políticas. En ese supuesto, imaginario, el Ministerio Público no debería dejar de hacer, de forma simultánea y con la celeridad necesaria, cumpliendo con los procedimientos de ley, lo siguiente:

1. Allanar las oficinas de la Odebrecht en el país e incautación de la documentación física y virtual que pudiera guardar relación con el hecho criminal.

2. Intervención de todas las obras en ejecución en el país por Odebrecht y adopción de medidas cautelares sobre maquinarias, bienes y cuentas bancarias.

3. Impedimento de salida de los altos funcionarios de la empresa en el país.

4. Entrar en contacto directo con las autoridades del Ministerio Püblico en EE.UU. y Brasil, responsables de las investigaciones en curso para, al amparo de nuestra relaciones diplomáticas y acuerdos judiciales de cooperación existentes, proveernos de toda la documentación relacionada con el hecho criminal cometido en nuestro país, incluyendo la posibilidad de que investigadores nuestros puedan tomarle testimonios indiciarios a los directamente implicados, y que han llegado a acuerdos de cooperación con la justicia de los países citados.

5. Disponer una auditoria por parte de peritos expertos, en físico y en los registros contables y presupuestos, de cada una de las obras construidas por Odebrecht, en el período 2001-2014. Entre las obras a auditar están los elevados y pasos a desnivel, los acueductos de la Línea Noroeste y Samaná, las carreteras de Casabito-Constanza, Piedra Blanca-San José de Ocoa, Sabana de la Mar-Miches, las hidroeléctricas de Pinalito y Palomino, el corredor Vial del Este y las plantas a carbón de Punta Catalina.

6. Abrir una investigación a los ingenieros jefes que participaron en cada una de estas obras y al personal que en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenía funciones de supervisión para buscar su colaboración, a menos que resulte comprometida su responsabilidad.

7. Investigación de los que integraron los comités de licitaciones por las que se adjudicaron estas obras.

8. Investigación de los legisladores, en especial, el comportamiento de los presidentes de ambas cámaras y los integrantes de las comisiones que tuvieron que ver con la aprobación de los contratos o préstamos relacionados con estas obras.

9. Investigación de los ministros de MOPC en el período 2001-2014, a saber: Miguel Vargas Maldonado (200-2004), Freddy Pérez Gómez (2002-2007), Víctor Díaz Rúa (2007-2012) y Gonzalo Castillo (2012- en funciones).

10. Respecto de todos los investigados, examinar la evolución de su patrimonio. De manera particular buscar en cuentas provenientes del banco de Antigua y Barbuda comprado por Odebrecht para realizar transferencias a los receptores de soborno. Darle seguimiento a las posibles operaciones de lavado de activos para blanquear el dinero obtenido del soborno por estos funcionarios.

11. Es imprescindible incluir en la investigación a los presidentes de la República del período 2001-2014, a saber: Hipólito Mejía (2000-2004), Leonel Fernández (2004-2012) y Danilo Medina (2012-en funciones). Es sabido que este volumen de obras contratadas con una empresa en particular no es la decisión sola del ministro de Obras Públicas.

12. En el caso de Danilo Medina, el Ministerio Público tiene que despejar algunas variables de la investigación. La primera se refiere a Joao Santana, quien fue uno de los estrategas de la campaña del Danilo Medina, en la actualidad preso en Brasil como parte de la operación “Lava Jato”, que es la versión brasileña de la investigación del esquema de corrupción montado por Odebrecht. Uno de los modus operandi de la empresa era enviar a este “genio del fraude y de la perversión electoral” como asesor de campaña para que luego del “triunfo”, Odebrecht recibiera en pago la construcción de obras con licitaciones amañadas y presupuestos abultados. La segunda variable se refiere a la asignación a Odebrecht de la planta a carbón de Punta Catalina tomando en cuenta que Odebrecht gana la licitación sin tener experiencia en la construcción de plantas termoeléctricas y su oferta superar en más de mil millones de dólares a su competencia, una empresa china con basta experiencia en el área.

Pero no se asusten corruptos nuestros. Este ha sido un ejercicio imaginario. Sabemos que en el país no existe, por ahora, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial para investigar, perseguir y condenar a los responsables de actos de corrupción como el develado.

Tengamos por seguro que no será así por siempre.


Guillermo Moreno
Diario Libre

Ito Bisonó: ¡golpista!

Otra reserva política que el PLD destruye

Cuando se nombraban en cualquier peña de cualquier sector social el tema de los políticos más valorados del acontecer nacional cuatro personajes eran infaltables, Luis Abinader, Gullermo Moreno, Minou Távares Mirabal  e Ito Bisonó.

Salir en defensa de Quique Antún es inconcebible para nadie que se respete, sin entrar en detalles, el presidente del PRSC es objetable por los cuatro costados. Ahora bien, desconocemos qué, quién o quienes aparte de Danilo Medina y el PLD aconsejaron y convencieron al diputado Ito Bisonó a convertirse en un golpista.

Independientemente de los resultados de la pugna interna en el Partido Reformista, Ito Bisonó se descartó como líder y persona confiable. Un golpista es un golpista, por bien intencionado que esté.

Por suerte, los dominicanos tenemos todavía a Luis Abinader, Guillermo Moreno y a Minou Taváres Mirabal.

Jeannelle Koss / DLRD

Danilo Medina fue insistente en determinar miembros JCE

Guillermo Moreno: Estamos ante una JCE elegida por el Comité Político del PLD
Santo Domingo.- El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, dijo hoy que la selección de los miembros a la Junta Central Electoral (JCE) es una elección hecha por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Moreno sostuvo que se ha preferido elegir unilateralmente una JCE con una mayoría que responde al partido oficialista.

Consideró que el caso de Carmen Imbert Brugal, elegida miembros titular del Pleno de la JCE , es particular porque fue “una propuesta insistente del Presidente, es clave, porque puede fortalecer mayoría mecánica a favor del oficialismo o una mayoría independiente”.

“No es lo mismo una JCE de consenso que una JCE propuesta por  Danilo Medina con aval del Comité Político del PLD y facción de Leonel Fernández”, expresó Guillermo Moreno al ser entrevistado el programa Enfoque Matinal.

Anunció que esta tarde el Bloque Opositor se reunirá para fijar su posición con respecto al caso.

“Tenemos que seguir dando la batalla, sino la hubiéramos dado hoy tendríamos la ratificación de la pasada JCE del 15 de mayo”, agregó el presidente de Alianza País.

Asimismo, dijo que la nueva JCE elegida “unilateralmente” tiene que hacer una auditoría de la pasada gestión “porque aún no sabemos lo que pasó el 15 de mayo”.

Julio César Castaños Guzmán finalmente fue elegido como presidente de la Junta Central Electoral, tal y como se vaticinaba desde hace días.

Además le acompañarán como miembros titulares del Pleno Rosario Graciano, Carmen Imbert Brugal, Henry Mejía Oviedo y Roberto Saladín, escogidos de manera unánime por los 27 senadores que conformaron el cuórum en la sesión de ayer.

Respectivamente los cinco suplentes son José Minier, José Lino Martínez, Luis García, Rafael Evangelista Alejo y Juan Bautista Cuevas, todos propuestos por el bloque del Partido de la Liberación Dominicana.

PRM se retira de la sesión

El bloque de partidos opositores, representado por el Revolucionario Moderno, solicitó por segunda semana que la escogencia de la nueva Junta fuera aplazada, bajo el alegato de dar tiempo a la búsqueda de consenso a través del diálogo, “como lo reclaman no solo las fuerzas políticas de oposición, sino toda la sociedad”.

Al ser rechazada esta petición, el bloque del PRM que integran José Ignacio Paliza y Santiago Zorrilla, optó por retirarse del hemiciclo, no sin antes excusarse por la decisión y dejar claro que no tenían nada en contra de las ternas sometidas.


El Día

Oficialismo decidido a mantener órganos electorales bajo su tutela política

Dos relatos y una sola verdad
Los últimos movimientos del PLD en el Senado hacen evidente que el oficialismo está decidido a mantener el esquema de órganos electorales bajo su tutela política.
En la última reunión del Diálogo Institucional que preside Monseñor Agripino Núñez, el destacado intelectual y líder de Alianza Por la Democracia, Dr. Max Puig, afirmaba, que frente a lo ocurrido en las elecciones del 15 de mayo, había dos relatos, el del partido gobernante y el del bloque de la oposición.

En efecto, para el oficialismo, las elecciones del 15-M fueron normales, y dieron como ganador a Danilo Medina. Para el Bloque de oposición, estas elecciones marcan el colapso del sistema electoral dominicano.

Ambos relatos, aunque referidos al mismo hecho, no tienen punto de encuentro, parecen dos mundos paralelos. De ahí la importancia del informe que sobre las elecciones del 15-M presentó el día 8 de los corrientes la Misión de Observadores de la OEA, presidida por el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Hagamos, pues, el contraste de los relatos con el informe de la OEA.

Los partidos de la oposición denunciaron oportunamente la compra de legisladores por el sector oficial, para introducir la reelección en la Constitución, y las graves consecuencias que traería para la institucionalidad un presidente candidato. Sobre el tema, el informe de la OEA de forma cáustica apunta: “... otra situación novedosa para este proceso es la modificación al artículo 124 constitucional que permitió la reelección presidencial inmediata.”

Los partidos de oposición denunciaron que era ilegal la imposición del conteo de los votos por vía electrónica, en sustitución del conteo manual. Al respecto, el informe de la OEA observó: “El proceso de conteo originalmente automatizado y no estipulado en el artículo 127 de la Ley, donde se indica que “el secretario desdoblará la boleta leyendo en alta voz la denominación de la agrupación o partido a que corresponda la boleta y pasando ésta al presidente, quien la examinará y exhibirá a los demás miembros y delegados presentes” paso a ser mixto, pero iniciando con el procesamiento automatizado de conteo y no con el procesamiento manual según lo señala la ley,...”

La oposición advirtió a la JCE que no estaban dadas las condiciones para la implementación del conteo por vía electrónica, y que nos exponíamos a un verdadero caos electoral. Al respecto el informe de la OEA señala: “La principal fragilidad de la jornada estuvo en el uso de los equipos técnicos. En numerosos recintos faltaron equipos, no llegaron los auxiliares técnicos, o tuvieron problemas de conectividad y funcionamiento de las máquinas de control biométrico y de cómputo automatizado.”

Los partidos de oposición denunciaron que el partido oficial había instalado una estructura de fraude. Sobre este asunto expresa el informe de la OEA: “Llamó la atención la actividad proselitista desplegada tanto en las inmediaciones como en el interior de los centros de votación, contrario a lo previsto en el artículo 108 de la Ley Electoral. Se observaron también aglomeraciones de personas alrededor de los recintos y, en ese contexto, se recibieron 13 denuncias sobre diversas irregularidades incluidas compra de votos y cédulas, que fueron remitidas a la autoridad correspondiente.”

Los partidos de la oposición denunciaron la falta de equidad, agravada por la pasividad de la JCE ante un presidente candidato utilizando los recursos del Estado y las prerrogativas del poder. Al respecto observa el informe de la OEA: “El modelo de financiamiento público de partidos y campañas políticas en República Dominicana no está diseñado para generar condiciones de equidad en la contienda.” La falta de equidad también se puso de manifiesto en el acceso a los medios de comunicación, estableciéndose que el presidente candidato gastaba 14 millones diarios sólo en publicidad. El informe apunta al respecto: “La Misión pudo observar también altos niveles de inequidad en el acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos en contienda.”

Hay una sola verdad. Las elecciones del 15-M desnudaron el fraude, la falta de transparencia y equidad de un sistema electoral cuyos órganos rectores están bajo el control directo del PLD. Se trata de un mal generalizado a las instituciones públicas con funciones arbitrales: todas son parciales a los intereses del partido oficial. El Estado Dominicano se mantiene en las antípodas de la institucionalidad y la legalidad.

Los últimos movimientos del PLD en el Senado hacen evidente que el oficialismo está decidido a mantener el actual esquema de órganos electorales bajo su tutela política.

La exigencia de la oposición de constituir órganos electorales independientes e imparciales, no es ventaja para nadie, y con ello, solo gana, la institucionalidad, la legalidad, la democracia.

Al elegir aquél camino, el oficialismo cierra toda posibilidad de elecciones limpias y autoridades legítimas en el 2020. No hay dudas que el PLD nos está llevando a un escenario de confrontación política.

En una situación así estamos obligados a fundir nuestra causa con la ciudadanía y movilizarla. Ir directamente al pueblo, el soberano, es ya la única vía viable para desplazar el actual esquema de poder autoritario, corrupto e ilegítimo. A él iremos.


Guillermo Moreno
Presidente de Alianza País