La inmunidad se ha confundido demasiadas veces con la impunidad. Un par de letras bastan para pasar de una medida de defensa de la democracia a una patente de corso. La inmunidad parlamentaria no se inventó para evadir la Justicia.
Ocultar, exagerar, trampear, mentir o directamente no hacer la declaración de bienes. Utilizar las exoneraciones para hacer negocio. Evadir impuestos, falsificar contratos. Legislar a favor de los intereses particulares. Cobrar comisiones para aprobar préstamos... ¡hasta al gobierno de su propio partido! Si una parte de los legisladores actuaban así, es porque nunca se les impidió hacerlo. Creyeron que la impunidad era parte de la descripción del cargo.
Y el sistema se lo permitió.
Ya es demasiado tarde para empezar a teorizar en comisiones y/o comparecencias sobre nuevas prácticas de transparencia en las cámaras. Es un vano ejercicio de retórica para llenar la agenda y simular propósito de enmienda. Ya hemos pasado esa etapa. Ya hemos sobrepasado los días de “vamos a nombrar una comisión que recomiende, bla, bla, bla...” La primera parte del caso, los primeros expedientes, están en marcha.
Los senadores y diputados citados por el caso Odebrecht deben renunciar voluntariamente a su inmunidad, puesto que si son inocentes lo podrán probar y si no lo son, es de justicia que sean investigados y condenados. Si no es una renuncia voluntaria... sus pares deberán dictarla. La Procuraduría sigue sus propias investigaciones. Los citados en estos días son los que Brasil reveló, pero hay más, y si se trabaja bien, saldrán a la luz.
Valentín, Galán, Pacheco... tienen que aclarar su asunto. Como todos los citados y los que vengan después.
Inés Aizpún
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Diario Libre
