DOMINICANOS SOMOS. Vea las más leídas de la semana en la columna lateral derecha de este blog. / DLRD, desde el 1ro. de septiembre de 2005 en la W.W.W.
Este vídeo es un testimonio de que el gobierno de Danilo Medina ordenó no venderles boletos del Metro a los participantes de la Marcha Verde en Los Tres Brazos. En cualquier momento Danilo Medina le dirá al país que no sabe nada de eso. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Ni le creemos ni lo queremos más gobernando.
Según auditoría de la Cámara de Cuentas que tiene la Procuraduría
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El presidente de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD), Hugo Álvarez, informó este lunes 22 de mayo que entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) la auditoría hecha a la Oficina Presidencial para el Reordenamiento del Transporte Terrestre (OPRET), que dirigió el ingeniero Diandino Peña hasta mayo de 2017.
Según este informe, las autoridades de la OPRET habían hecho operaciones financieras y contables no trasparentadas por más de 35 mil millones de pesos en las líneas I y II del Metro de Santo Domingo, durante el periodo 2009-2012.
La investigación financiera subraya 29 observaciones críticas sobre la carencia de control interno en el manejo de los ingresos y egresos de los presupuestos asignados durante el período auditado.
La CCRD enfatiza que el sistema de contabilidad de la institución no refleja el estado de flujo de efectivo, además de carecer de módulos de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, facturación, activos fijos, compras, nóminas, presupuestos, control de obras y cubicaciones.
La experticia fue hecha por los auditores de la CCRD al período enero 2009-diciembre 2012, sobre la administración del dinero entregado por el Gobierno a la OPRET para trabajos de la Línea I del Metro y los avances para la Línea II.
La auditoría critica, entre otras anomalías, la falta de sistema de identificación, evaluación y administración de posibles riegos operativos y financieros en las ejecuciones presupuestarias.
Los auditores explican que el formato del Estados de Resultados de la institución no detalla los distintos gastos efectuados, mientras que el Estado de Situación fue conformado bajo un catálogo de cuenta contable que en los términos registrados parece, según dice el informe, de una empresa de construcción privada e inmobiliaria, y no de una empresa que vende un servicio permanente de transporte.
Durante el período auditado la OPRET recibió recursos del gobierno y extrapresupuestarios en el 2009 por la suma de RD$ 3 mil 422 millones 200 mil, mientras que en 2010 el presupuesto se incrementó a RD$ 5 mil 209 millones 887 mil.
El año siguiente (en 2011) la OPRET manejó un presupuestos superior a los 12 mil 524 millones de pesos, y para el 2012 obtuvo RD$ 14 mil 354 millones 531 mil, los cuales fueron invertidos violando normas y resoluciones de la Contraloría General de la República (CGR), según puntualiza el informe oficial de los auditores de la Cámara de Cuentas.
Los fiscalizadores refieren que la institución carece de un Manual de Política de Administración de los Recursos Humanos, además de un Reglamento Orgánico y Funcional que describa los principales lineamientos de las buenas prácticas que deben observar sus empleados.
La investigación de los auditores de la CCRD señala también que el Código de Ética institucional no se actualiza tomando como referencia los lineamientos de la Contraloría General de la República y conforme a las normas básicas de controles internos.
La CCRD confirmó que los ingresos por facturación de boletería del Metro de Santo Domingo son registrados manualmente mediante entradas diarias, y no a través del sistema automático de venta de boletos a los pasajeros que todos los días utilizan el servicio de transporte.
El órgano pone en entredicho que el referido sistema tenga capacidad para permitir la validación de datos de los dos últimos meses, mientras que el Departamento de Tecnología de la entidad no guarda las copias del día a día de las operaciones de venta.
Además, advierte que la OPRET no elabora regularmente sus estados financieros, y los generados no contienen la descripción de las políticas contables y las notas explicativas correspondientes que deben servir de soporte a todo los movimientos de dinero.
“La falta de control interno generó un atraso en el cierre del año fiscal de 2012, por la falta de actualización de las operaciones y aplicación de ajustes,” asegura la Cámara de Cuentas.
Los comités de Ética, Riegos, Control Interno, Planes Operativos, no registran una agenda con un cronograma de las reuniones, ni elaboran actas cuando realizan reuniones de trabajos, advierte el órgano de fiscalización.
Otro aspecto que subraya la auditoria es la falta de inventarios de Activos Fijos que actualice la lista de inventario al 31 de diciembre de 2012, el cual contiene activos que ya fueron descargados a Bienes Nacionales.
La falta de control queda evidenciada cuando los auditores detectan que las entradas diarias y los Estados Financieros no cuentan con la firma de revisión y aprobado por parte de los superiores.
Otras 19 irregularidades fueron detectadas a lo largo de las115 páginas que recogen la fiscalización hecha por la Cámara de Cuentas de la República a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte.
En sus conclusiones, el ente regulador pide a las autoridades disponer de la elaboración -en el más breve plazo posible- de un Plan de Acción Correctivo para adoptar las medidas necesarias a fin de mantener un control efectivo, tomando en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe.
Diandino y Danilo, entrampados DANILO: ZAR DE LA IMPUNIDAD
La “entrevista de Diandino” tiene mucha tela por donde cortar. Aquel fue un encuentro instructivo, revelador, tenso y penoso, a calzón quitado. Conocimos interioridades concernientes a la urdimbre de trampas financieras utilizadas para costear una de las torres más lujosas del país; y de las mentiras descomunales escritas en la declaración jurada de bienes del entrevistado. Pero hoy quiero emplearme en dos aspectos diferentes del reportaje.
Y no es sobre la impecable profesionalidad desplegada por Alicia Ortega durante la histórica entrevista, ni sobre el excelente trabajo de investigación que la llevó a cuestionar de frente al zar del “Metro de Leonel”. Es acerca de dos vertientes que atañen al Presidente Medina.
Dentro de la narrativa implícita, subyacente, de esa entrevista, está la demostración, una vez más, de la sostenida y activa participación de Danilo Medina en la ejecución y mantenimiento de la impunidad. Así mismo, una lección de cómo robar dinero, pasárselo a cualquiera, y hacerse billonario, sin que aparezca el nombre del ladrón por ningún parte. O sea, del fácil anonimato del criminal de cuello blanco.
Conociendo la historia empresarial de quien fuera un ejemplar ciudadano antes de esnifar los polvillos del poder, comprobamos que no ha sido otro, sino nuestro presidente, quien protegió a Diandino Peña. El mandatario estaba al corriente del “modus operandi” del compañero mega-constructor. Estaba al tanto de la planificación, inauguración, y manejos contables del metro. Sin modificar la desconocida contabilidad del proyecto, ha seguido ejecutándolo.
No pudo ser ajeno al dispendio ni al desvío de fondos; se tapó los oídos cuando el rumor público bautizó como “el metrico” al fastuoso edificio del Ensanche Naco. Ahora, muy tarde, deja cesante al ingeniero, intentando entretener a una población que, vestida de verde, reclama justicia.
Frente al televisor, recordamos su estrecha amistad con Ángel Rondón, zar del soborno; la quema del expediente de Félix Bautista y su bondad con Díaz Rúa. Docenas de expedientes tirados a la basura durante sus gobiernos saltaron de la pantalla. Si de zares se habla, nuestro presidente es el zar de la impunidad. Ya nadie lo duda.
En cuanto a quién pagó a Joao Santana y la reelección, luego del reportaje de Alicia Ortega, la respuesta seria un fiasco, ya que Odebrecht puede llamarse “Carbon Company”; Joao “Samba Holding”; Danilo “Estrategia sostenible”; y el PLD “Prevaric Enterprise”. Muy claro lo dijo Diandino : “Nosotros los empresarios nunca usamos nuestros nombres…” Tampoco los políticos, que para eso están los testaferros y las “offshores.
Así las cosas, entiéndase bien, existe sólo una manera de hacer creíbles las eufóricas afirmaciones de que ni Danilo, ni el PLD, ni las campañas, fueron compradas por grupos contrarios al interés nacional: documentando el origen de tantos millones que vienen disfrutando y gastando. Y, por supuesto, certificando quiénes, cuándo, y cómo se costearon los servicios de Joao Santana, sus hijos, y sus compañías. Con nombre, fotografía y número de cédula.
“La entrevista de Diadino” entrampó también a Danilo. El estupefacto billonario, atrapado y sin saliva, amnésico hasta para recordar el nombre de su nuera, personificó el ejercicio continuo de la corrupción al amparo del poder. El continente y el contenido de la degradación política nuestra.
Entonces, aunque puedan decir lo contrario el Santo Padre, los empresarios, el gobierno, el PLD, o la comisión de Punta Catalina, Danilo Medina sigue siendo sospechoso de prohijar y participar en crímenes contra el Estado dominicano.
Se necesitan escrúpulos para cumplir con la palabra empeñada
La impunidad es la peor compañera de un Estado de derecho, de un Estado democrático, de gente que presumía de que tan solo con el rumor público los funcionarios serían investigados y destituidos si se comprobaban actos indelicados. Ahí tenemos dos casos más comprobados, estamos esperando la respuesta del Poder Ejecutivo.
Lo que gran parte del país vio en el reportaje periodístico de Alicia Ortega la noche del lunes y en días sucesivos es un estremecedor acontecimiento, que desnuda la dramática anomia de la sociedad dominicana, la inoperancia de sus instituciones y los niveles de impunidad que padecemos, indicadores de que somos un paraíso de “todas las posibilidades” que no se extinguieron con la quiebra del Baninter.
Se apreció a un funcionario acorralado, sin poder articular una sola respuesta a legítimos y documentados cuestionamientos, hasta el punto de provocar una mezcla de indignación y pena, por este país y hasta por ese ser humano que parecía enfermo, estremecido anímicamente por las preguntas muy bien conducidas de una periodista que demostró un dominio absoluto y sereno de la información en que se fundaba.
No se trató de un linchamiento a un empresario, como algunos han querido sellar, Diandino Peña ha sido un alto funcionario público por más de 17 de los últimos 21 años, primero como secretario Administrativo de la Presidencia, luego Secretario de Obras Públicas (ahora son ministros) y desde el 2008 director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, que construye el metro de Santo Domingo, con inversión de unos 2 mil millones de dólares. Si se cuantificara lo que manejó en los otros cargos, pasaría de los 3 mil millones de dólares, casi 150 mil millones de pesos.
El ingeniero Peña no ha podido responder por qué ocultó en reiteradas “declaraciones juradas de bienes”, dispuestas por ley, su maraña de 29 empresas interrelacionadas, 15 en paraísos fiscales del exterior, en gran mayoría constituidas durante sus altas funciones públicas, ni cuál fue la inversión en su lujosa torre hotel en Naco, llamada “el metrico”, que la investigación cuantifica en al menos 788 millones de pesos.
Basada en los “Papeles de Panamá”, millones de documentos sobre los turbios paraísos fiscales, y otras investigaciones, Alicia Ortega encueró la enorme fortuna del funcionario, que es justo reconocer comenzó en su etapa de empresario, pero los registros mostrados indican que en su mayor parte durante su gestión pública. Los documentos fundamentales fueron expuestos y lo desafían a dar explicaciones como administrador de fondos del erario nacional.
Resulta impresionante que el ingeniero Peña firmara juramentos de que sólo vive del sueldo de 150 mil pesos en la OPREP, y que no posee bienes inmuebles ni muebles. Ni siquiera declaraba una casita de clase media, sin que le reclamaran el pago de impuestos por una enorme fortuna que todo el país le veía.
Asoman ahora expresiones de cinismo y ataques a la periodista que ha hecho tan responsable develación. Se le quiere atribuir a la coyuntura política un reportaje que tomó meses de investigación con el auxilio de una colega del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, como nos consta desde fines del año pasado.
Que las revelaciones tienen incidencia política no hay la menor duda, pero es errática la interpretación de que desvía la atención de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad. Por el contrario, la incentiva al elevar la indignación por tratarse de un funcionario fundamental de los últimos gobiernos, incluyendo el actual.
Pero sin duda incide en la lucha interna del partido de gobierno, en beneficio del grupo del presidente Danilo Medina al poner más a la defensiva al otro sector, el encabezado por el expresidente Leonel Fernández, a quien Peña está íntimamente vínculado, en momentos en que se debate quién pagará por el escándalo Odebrecht, que algunos querrían aprovechar para zanjar definitivamente el liderazgo partidario. Podría cuestionarse la oportunidad de la publicación, pero no el contenido ni la entrevista al funcionario que Alicia Ortega advirtió sería “sobre el metro y su trayectoria empresarial”, a menos que la confundieran con la acreditada cronista social Cándida Ortega.
Escrito este artículo, se produjo la noche del viernes la destitución de Diandino Peña, lo menos que podría esperarse. Lo demás, su procesamiento judicial, eso será objeto de negociaciones políticas, como en los casos de Félix Bautista y Díaz Rúa.-
Minou dice: "El pueblo todavía espera la de Amarante Baret, ministro de Interior y Policía"
SANTO DOMINGO. La presidenta del movimiento Opción Democrática, dijo que la destitución de Diandino Peña como director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) no es suficiente.
“No es suficiente con la cancelación. De ninguna manera se hace justicia con eso, la justicia se hace con una investigación judicial, porque una violación como esa, en lo que tiene que ver con haber mentido en cuanto a la Declaración Jurada de Bienes, tiene sanción penal, y no puede de ninguna manera quedarse en un sustitución de un cargo”, manifestó Minou Tavárez Mirabal.
Recordó que la demanda que está manifestando el pueblo en las calles es el fin de toda la impunidad, que no haya culpables favoritos por lo que es necesario hacer justicia en todos los sentidos.
“Si él (en referencia a Danilo Medina) lo que quiere es dar una señal de lucha contra la corrupción, evidentemente eso es muy incompleto”, precisó la dirigente política ante la interrogante de Diario Libre.
A propósito de la destitución de Diandino, la excandidata presidencial añadió que el pueblo todavía espera la de Amarante Baret, ministro de Interior y Policía, quien en días pasados admitió que el gobierno hace labores de caliesaje entre los miembros del Movimiento Marcha Verde, es decir, espía sus teléfonos y sus redes sociales sin la autorización de un juez, como establece la ley.
“Hay muchos corruptos, hay mucho qué hacer y una cancelación para marear no es suficiente, dónde está el anuncio del proceso judicial de Diandino”, argumentó.
Pena me dan a mí los usuarios de los hospitales públicos...
A los que le provocó pena la entrevista de Alicia Ortega al ingeniero Diandino Peña, les digo que pena me dan a mí los usuarios de los hospitales públicos, los millones de jóvenes sin destino que habitan en los barrios, los que se acuestan sin cenar, los chiriperos celestes que comen hoy y no saben qué Dios dispondrá mañana, las madres atribuladas que acostaron a sus hijos con un vaso de agua de azúcar, el padre que no tiene recursos para comprar la medicina que le salvará al hijo, los miles de expósitos que viven a la orilla del río Ozama y tiemblan de miedo cuando anuncian una vaguada, los niños que deambulan por las calles inventando la vida y descubriendo la dureza del existir, los rotos, los olvidados, los más del 98% de jóvenes que nacieron en la miseria en los barrios pobres y morirán pobres en ésos mismos barrios, los que deambulan las calles buscando trabajo y miran hacia el cielo sumidos en la desesperanza, los que no tienen salida en una de las sociedades de mayor nivel de inequidad; en fin, todos los que sufren el desamparo y la miseria moral en un país saqueado por las élites políticas y económicas.
No me dan pena los que se roban la felicidad ciudadana. No me dan pena los corruptos. Al infeliz de Hato Mayor que se robó ocho chinolas lo condenaron a seis meses de prisión. Los turpenes del PLD que han acumulado fortunas obscenas se pasean como pajuiles envanecidos por las calles. Ni una brizna de la justicia los alcanza.
Periodismo de la cleptocracia, al servicio de la cleptocracia y para favorecer a la cleptocracia DECRETO El presidente Medina destituye a Diandino Su destitución se produce cuatro días después de que la periodista Alicia Ortega publicara una entrevista con el funcionario, que generó un gran debate a nivel nacional
Santo Domingo
El presidente de la República, Danilo Medina, destituyó anoche al director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña, mediante el decreto 168-17, y en su lugar, designó a Manuel Antonio Saleta García.
El ahora exdirector de la Opret había sido el artífice de la construcción del Metro de Santo Domingo, considerada la obra de infraestructura de mayor inversión en el país.
El decreto fue publicado a través del Twitter de la Presidencia cuatro días después de que la periodista Alicia Ortega publicara una entrevista con el funcionario, que generó un gran debate a nivel nacional.
La entrevista está basada en una investigación de nueve meses, durante la cual, Ortega tuvo acceso a numerosos documentos relacionados con empresas, inversiones y la utilización de vinculados al exdirector de la OPRET como testaferros.
Los documentos pertenecen a los llamados Papeles de Panamá, que generaron un gran escándalo a nivel internacional, en los cuales políticos, figuras del arte y de la realeza, figuran realizando transacciones que buscan evadir el pago de impuestos y enmascarar inversiones.
Como secretario de Obras Públicas en el primer gobierno de Leonel Fernández(96-2000), Diandino promovió la construcción de túneles y elevados para agilizar el tránsito de vehículos en la ciudad de Santo Domingo.
El lunes, el programa El Informe de Alicia Ortega denunció en un reportaje de investigación que Peña ocultó que es el principal beneficiario y representante legal de un emporio de al menos 29 empresas, que incluye 15 registradas en el extranjero y 14 en República Dominicana, muchas de las cuales estaríán relacionadas entre sí mediante transacciones multimillonarias de transferencias de acciones, activos y efectivo.
Según el programa El Informe, 25 de las 29 empresas fueron creadas después de la entrada de Diandino Peña al gobierno. La mayoría de estas corporaciones está activa al presente, pero el exfuncionario declaró que no realiza operaciones.
En el 2000, Diandino fue uno de los acusados de malversar más de RD$1,000 millones del programa gubernamental Plan Eventual Mínimo de Empleo (PEME), pero fue excluido del caso en 2007.
El Poder Ejecutivo también emitió otros cambios en instituciones del Gobierno.
Mediante el decreto 165-17, Tomás Hernández Alberto fue designado como miembro del Directorio Ejecutivo del Banco Agrícola, en sustitución de Leonardo de León.
En tanto, a través del decreto 167-17, quedó posicionado Rafael Ramón Paz como director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, mientras que Andrés van Der Horst, fue designado como viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo.
REALIZAN OTRAS DESIGNACIONES
Asimismo, mediante el decreto 166-17, Antonio Ramírez Medina quedó designado como cónsul general de la República Dominicana en la ciudad de Bogotá, Colombia.
También Crismely Lora Abreu fue nombrada como ministro consejera en la Embajada de la República Dominicana en Estados Unidos.
De igual manera, Rafael Vásquez quedó designado como cónsul general del país en la ciudad de Toronto, Canadá.
Mediante el decreto 169- 17, quedaron designados como miembros del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Iván Peña, Carlos Ferreras y Fermín Cairo; en sustitución de Máximo Enrique Albuquerque, Felicindo Santana Campusano y Rafael Valentín Santana, respectivamente.
Diandino y Alicia
Diandino Peña pudo haber escrito en su declaración jurada que tiene mucho más que los 150 mil pesos de salario que percibe en OPRET. Pudo haber dicho que es gerente de empresas y constructor de un proyecto con un costo multimillonario en dólares. Pero no lo hizo. Hacerlo no sólo era una oportunidad para evitar el escándalo, sino que era su obligación legal y moral. Prefirió no decir nada.
Ahora, después de su entrevista con Alicia Ortega, hay quienes cuestionan si se tenía derecho a hacerle tantas preguntas. Si era o no era obligación avisarle. Precisamente a él, que hizo la misma declaración jurada que un maestro de campo pobre, solo que con un sueldo más alto. Él, financista y operador de uno de los tres jefes políticos más importantes y poderosos del país. Es preciamente él quien mejor debería saber responder, quien debería no incitar al escarnio.
Mejor hacen con cuestionarse: ¿cómo una persona que dice sólo ser funcionario público, que apenas recibe 150 mil pesos de salario, y cuyas antiguas empresas hoy, teóricamente, no tienen operaciones, tiene a su servicio un equipo financiero con el que tendría que consultar cada respuesta a la periodista?
Una pregunta más: ¿Es acaso Diandino Peña uno más de los casi 6000 funcionarios que no han entregado su declaración jurada de patrimonio, o es símbolo de quien la hace ocultando lo esencial? ¿Su problema es que la periodista actuó mal, o que nadie había podido preguntarle tanto y tan de frente, con todo su rango y poder?
Desde el día lunes 8 de mayo, cuando se divulgó la entrevista realizada por Alicia Ortega, se ha echado a correr una interpretación tomada de los pelos sobre este hecho, aduciendo que ese diálogo fue una celada a Diandino Peña. Una acción indebida por parte de Alicia Ortega. ¿Tenía derecho a cuestionarlo, y tenía Peña deber de responder?
“Asechanza”, “alevosía”, han dicho algunos espetando códigos de delito al acto de inquirir y preguntar a quien debiese tener respondido todo de antemano y con total transparencia.
Seamos claros. No fue ninguna celada: Alicia Ortega preguntó por lo que Peña debió informar en su declaración jurada y no hizo. Alicia Ortega confrontó a Diandino Peña con las verdades que debió haber dicho y debería decir como funcionario público. Alicia Ortega no manipuló, no tergiversó, no obligó. Fue Peña quien no pudo responder a ninguna de sus preguntas, o no quiso, y al final acudió a su única salida: “voy a hablar con mi equipo financiero”.
Hoy, otra vez, Diandino Peña está en la mira del escándalo público. Lo está desde el PEME y para mí se subió en la cima cuando decidió levantar el monumento a lo turbio llamado “Silver Sun Gallery”. Esta vez, al estar en la mira, recrudece la sospecha sobre toda la clase política y el sistema de construcciones públicas, de los cuales es operador, pieza clave, capitán de navío.
Si se cumpliese la palabra empeñada y hubiese culto a la legalidad, hoy Diandino Peña ya hubiese tenido que renunciar o estar destituido, y el ministerio público cumpliendo su papel. Alicia, incómoda o no, legítima o no, sencillamente debería estar siendo llamada para aportar todas las pruebas que ha podido recopilar.
Alicia Ortega, productora y conductora de El Informe.
La respuesta de Diandino Peña a la investigación periodística de El Informe
Diandino Peña está convirtiéndose ahora en experto en calcular los costos de una investigación periodística. El director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte Terrestre (OPRET) ha dicho que la investigación periodística realizada por Alicia Ortega y Omaya Sosa Pascual tiene un costo demasiado alto para que haya sido financiada por el empresa SIN, propietaria del programa El Informe.
¿Cómo se aventura Diandino Peña a estimar un costo tan alto para una investigación periodística si apenas puede mencionar el monto de su propia fortuna? ¿Cómo se atreve Diandino Peña a entrar en un terreno desconocido, como el periodismo, si apenas ha podido responder una pregunta sobre la cantidad de empresas offshore que ha creado, por propia voluntad, para ocultar sus bienes?
¿Cómo se atreve Diandino a aventurar que el Grupo SIN no tiene recursos para hacer una investigación periodística, si esa empresa es multimillonaria y ha demostrado ser exitosa en lo que hace? ¿De dónde vienen los conocimientos empresariales de Diandino sobre medios de comunicación, si hasta el momento no se le conoce que haya incursionado en ninguna empresa periodística, ni televisiva, ni radiofónica?
¿Cómo puede cuestionar Diandino Peña a la periodista Alicia Ortega, por la investigación que hizo, si él ni siquiera colocó el 20 por ciento de los datos que le reclama la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio de los funcionarios?
La entrevista y el reportaje de Alicia Ortega y Omaya Sosa se dieron a conocer el lunes. Este jueves Diandino decidió acudir a un programa de radio para responder preguntas sobre lo mal que quedó en El Informe, y para comenzar lo que parece una campaña de ataques y cuestionamientos contra Alicia Ortega.
En esos tres días que transcurrieron, Diandino pudo consultar con sus asesores y buscar una salida para tratar de borrar la imagen de desconcierto y abandono que dejó al ser preguntado sobre el ocultamiento de sus empresas y el uso de testaferros. Todavía este jueves Diandino no estaba en condiciones de decir a cuánto asciende su fortuna. Eso no es posible descifrarlo, ni él ni los miembros de la Cámara de Cuentas luego de analizar su Declaración Jurada de Patrimonio. No hay forma de saberlo, y tampoco es posible suponerlo. Está todo tan enmarañado que habría que buscar a muchos especialistas, y tal vez al conjunto de los asesores financieros de los que habla Diandino, para que se acerquen, y ni lo logran.
El director de la OPRET está obligado a ofrecer explicaciones a las autoridades de la Cámara de Cuentas y al Ministerio Público, y también a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Lo que el país recibió como información fue un aluvión de sorpresas en el ámbito de la creatividad evasora dominicana, y corresponde al ministro de Estado Diandino Peña convencer a las autoridades y a la sociedad sobre la licitud de su fortuna.
Diandino Peña puede seguir visitando medios de comunicación, e incluso seguir recibiendo aplausos por los entrevistadores, y puede seguir intentando convencer a quienes quieran oirle sobre las supuestas intenciones maliciosas de Alicia Ortega, pero para lograrlo tendrá que ser sincero, intentar ser honesto, y decir la verdad. Una posibilidad es que Diandino solicite a la Cámara de Cuentas una auditoría forense sobre sus sociedades y bienes, y entregar los resultados al país. Tal vez Alicia Ortega llegue a sentirse satisfecha. Ella tiene todo el derecho de seguir esperando respuestas de Diandino, y la entrega de los documentos que él le prometió serían entregados el viernes.
De una cosa nos estamos convenciendo: Como Diandino no ha negado la veracidad ni autenticidad de los documentos que posee Alicia Ortega, hay que concluir que la persona que mejor conoce, hoy día, la magnitud de la fortuna de Diandino Peña es la presentadora de El Informe. Sin ninguna duda. El trabajo de investigación de Alicia Ortega y Omaya Sosa Pascual sigue teniendo una vigencia y calidad incuestionable. Cada día que pasa esa investigación se fortalece.
Alicia Ortega reta a Diandino Peña a responder sus interrogantes
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La periodista Alicia Ortega retó a Diandino Peña, director de la estatal Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), a que demuestre que detrás del reportaje del pasado lunes, que refleja serias diferencias entre su patrimonio personal y familiar con su declaración jurada de bienes, habría “poderes oscuros” como él mismo ha dicho.
Ortega plantea en un video grabado en la emisión del jueves de Noticias SIN y colgado en Youtube, que para hacer una investigación como la que ella ha realizado, a partir de documentos de los denominados “papeles de Panamá, no requiere de dinero sino que “basta con proponerse hacer buen periodismo, tener valentía, dedicación, empeño, sacrificio y voluntad para enfrentarse a los llamados ‘intocables’”.
Le recuerda a Peña, que él ha pasado 12 años dirigiendo el proyecto más caro en la historia del país, como lo es la construcción y operación del Metro de Santo Domingo “¿y no quiere que lo cuestionen?, ¡se equivoca!, el periodismo y que ejerce este oficio por vocación es precisamente para indagar, investigar y buscar en la verdad con todas sus vertientes”.
El reto pasó por plantear además, que si algún documento de los que ha presentado es falso que la desmienta, pero le indicó que no esconda detrás de una “cortina de humo desviando el tema de manera perversa”.
No obstante, le aclara que la imputación, de que habría sectores detrás de la investigación presentada por ella, es la “típica reacción, la de la mentira vulgar y barata, cuando no se puede responder de forma directa y responsable ante un trabajo de investigación periodístico hecho con todo el rigor editorial y apoyado en su eje central en el interés general, en el derecho de los ciudadanos a conocer la actuación de los funcionarios públicos”.
Golpeando la mesa y con la imagen de Diandino Peña detrás, la comunicadora, productora del programa El Informe, pidió al funcionario que si ella utilizó información falsa que la lleve a los tribunales y afirmó que el trabajo está sustentado en documentos de las propias empresas de Peña, firmados por él y su comisario de cuentas y correos electrónicos enviados también por él y su representante legal al bufet de abogados panameño Mossack Fonseca.
Lo retó a que responda las preguntas que ella le dejó por escrito, “no se lo pido yo, se lo pide el país, que actualmente está sumergido en una lucha contra la corrupción; la sociedad está harta, pidiendo explicaciones, al igual que en el caso de Odebrecht, con los sobornos y las sobrevaluaciones”.
“Yo solo soy periodista, solo fui con preguntas que usted no pudo responder, queda por ver si las autoridades tienen la misma valentía y el coraje para cuestionarlo ante las más sencillas violaciones a la Ley de Declaración de Patrimonio, que exige que usted declarara sus ingresos y su participación en esas empresas sin esconder o distorsionar ningún detalle, si no lo hace, la sociedad, no yo, lo juzgará a usted, yo solo he hecho un trabajo arduo, honesto, sacrificado y poniendo por encima a todo este pueblo”, planteó Ortega.
Dijo que ella solo se ha atrevido y no se arrepiente, a incursionar en historias que destapan lo que se trata de ocultar, porque jamás hará periodismo obsequioso o por encargo.
Partido Revolucionario Moderno considera presidente Danilo Medina debe ordenar una amplia investigación de corrupción en las líneas 1 y 2 del Metro
SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) definió hoy como “extremadamente graves” las informaciones sobre la falta de transparencia en el manejo de sus bienes por parte del director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña.
Para el PRM, las revelaciones hechas por el programa El Informe, de la periodista Alicia Ortega, “han generado consternación en la sociedad y fortalecen la creencia de que el Gobierno del presidente Danilo Medina parece zozobrar en el mar de la corrupción en perjuicio del pueblo dominicano”.
Considera que por la contundencia y alcance de las evidencias presentadas, el presidente Medina en su condición de máximo responsable de la administración pública, está obligado a ordenar una amplia investigación sobre las operaciones y prácticas de corrupción en el manejo de los fondos y recursos materiales provistos para la construcción de las líneas 1 y 2 del Metro Santo Domingo.
A través de un comunicado, el PRM resalta que durante el citado reportaje el ingeniero Diandino Peña, responsable de la construcción y administración del Metro Santo Domingo, no pudo explicar el origen de miles de millones de pesos manejados por unas 29 empresas de su propiedad, creadas en su mayoría luego de iniciada la construcción de la obra.
Plantea que las evidencias presentadas cuestionan los orígenes de los recursos con que se construyó la lujosa plaza Silver Sun Gallery en Santo Domingo, conocida como “El Metrico”, con lo que parte de la población alude a posible utilización de recursos del metro en un proyecto privado del referido funcionario.
“El presidente Medina tiene el compromiso ineludible frente al pueblo dominicano de solicitar a la Cámara de Cuentas una rigurosa auditoria del uso de los fondos invertidos en la construcción del Metro, así como ordenar al Ministerio Público que realice las investigaciones necesarias para establecer responsabilidades”, expresa.
También dice que llama la atención como el alto funcionario evade reiteradamente los procedimientos establecidos en la ley sobre la declaración jurada de bienes, con lo que pudo haber dejado de pagar impuestos.
Enfatiza el PRM que las evidencias presentadas contra Diandino Peña son suficientes para que el Gobierno proceda de inmediato a su destitución como director de la OPRET.
El PRM exige al Gobierno que cumpla con su responsabilidad de garantizar la correcta aplicación de los fondos públicos, impidiendo su malversación, así como someter a los funcionarios que cometan actos de corrupción.
El emporio no declarado de Diandino Peña: 28 empresas, incluyendo 15 offshore (Parte 1 de 4)
El emporio no declarado de Diandino Peña: 28 empresas, incluyendo 15 offshore (Parte 2 de 4)
El emporio no declarado de Diandino Peña: 28 empresas, incluyendo 15 offshore (Parte 3 de 4)
El emporio no declarado de Diandino Peña: 28 empresas, incluyendo 15 offshore (Parte 4 de 4)
El informe completo en negritas Por Alicia Ortega y Omaya Sosa Pascual Colaboradores: El periodista Ken Silva colaboró con esta historia reportando desde Islas Vírgenes Británicas y R.A. Schuetz y Amanda Gómez colaboraron desde Columbia School of Journalism en Nueva York.
El ingeniero Diandino Peña Criqué, el Zar del Metro de Santo Domingo y hombre clave en los gobiernos del ex presidente Leonel Fernández, juró que no cuenta con más ingresos que los RD$150,000 (US$3,200) mensuales que percibe por su empleo como funcionario público.
Durante los pasados 13 años el funcionario, que ocupa el puesto de director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte de la República Dominicana (OPRET), ha manejado la obra de infraestructura más cara de la historia del país cerca de US$2,000 millones.
En su Declaración Jurada de Patrimonio el pasado mes de diciembre, Peña Criqué, quien reconoce haber recorrido todo el país haciendo campaña con Fernández para su primer término a la presidencia, consignó que no cuenta con bienes inmuebles y muebles, vehículos de motor, bienes suntuarios, certificados de inversión, capital invertido o ingresos de otro tipo que no sean los provenientes de su puesto público. Fernández lo nombró durante sus tres términos, y fue mantenido en el puesto por el actual presidente Danilo Medina.
Sin embargo, una investigación de Noticias SIN, El Informe y el Centro de Periodismo Investigativo encontró que Peña Criqué ocultó que es la cabeza, principal beneficiario y representante legal de un emporio de al menos 29 empresas, que incluye 15 registradas en el extranjero y 14 registradas en República Dominicana, muchas de las cuales están relacionadas entre sí mediante transacciones multimillonarias de transferencias de acciones, activos y efectivo.
Veinticinco de las 29 empresas fueron creadas después de la entrada de Peña Criqué al gobierno. La mayoría de estas corporaciones está activa al presente, pero declara que no realiza operaciones, por lo que se desconoce el origen de su capital. En 2000 el funcionario fue uno de los acusados de malversar más de RD$1,000 millones del programa gubernamental Plan Eventual Mínimo de Empleo (PEME), pero fue excluido del caso en 2007.
El centro y vínculo común de esta madeja es GP Holding, SRL, una compañía dominicana fundada por Peña Criqué en 2008, la cual transfirió el 99.86% libre de costo en 2011 a otra corporación registrada en Panamá, bajo el nombre Luzshy Overseas, Inc. Las acciones restantes de GP Holding, SRL, según el registro mercantil, pertenecen a cinco de sus siete hijos- Ludwig Van Peña Sánchez, Cristian Otoniel Peña Pantaleón, Dianny Michelli Peña Pantaleón, Dimary Noemí Peña Pantaleón, y Nolan Jairo Peña Eusebio- a razón de una acción a cada uno. El único representante que aparece en el registro de Luzshy, empresa dueña de la mayoría de las acciones de este multimillonario emporio, es un hombre dominicano de 71 años de edad, Demetrio Rodríguez Ramos, quien vive modestamente con su hermana en un barrio de clase media de Santo Domingo y fue contratista del metro.
GP Holding es a su vez uno de los principales accionistas de Desarrollos RDC, S.A., empresa dominicana constructora del lujoso complejo hotelero y comercial Silver Sun Gallery en Santo Domingo. En los certificados de registro mercantil de ambas empresas en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Peña Criqué ocupa el puesto máximo de las dos corporaciones, como presidente en Desarrollos y Gerente en GP Holding, además de administrador o persona autorizada a firmar de las dos empresas.
Además, GP Holding es dueña de dos empresas extranjeras registradas en las Islas Vírgenes Británicas Seyder Group Ltd., y Lakel Real State, Inc. las cuales junto a una tercera empresa registrada en la misma jurisdicción y representada por Peña Criqué, Iron Bay Ltd., aportaron RD$788,655,000, o el equivalente de US$21.4 millones a esta obra privada a cambio de acciones en Desarrollos entre 2010 y 2012. Las transferencias en efectivo están documentadas en una carta que consta en el expediente de Desarrollos ante la Cámara de Comercio dominicana.
Estas tres empresas offshore son accionistas mayoritarias de Desarrollos así como dos de los hijos de Peña, Dianny y Ludwig, y su pareja sentimental, Blasina María Tavarez, con quien tiene dos hijas adicionales menores de edad. Las llamadas offshore son empresas que se caracterizan por estar registradas en un paraíso fiscal, en donde no realizan ninguna actividad comercial, sólo para tomar ventajas contributivas y de privacidad que dificultan la identificación de flujo del dinero. No es ilegal tener una corporación offshore y las mismas no siempre son utilizadas para actividades ilícitas.
Según declaró el propio Peña Criqué en dos estados de situación financiera que envió al controvertido bufete panameño Mossack Fonseca (MF) en agosto de 2015, Seyder y Lakel tenían cada una más de RD$370 millones en activos en 2013 y 2014, correspondiente a su única inversión: acciones en la empresa dominicana Desarrollos. Esto ocurrió cuando el bufete le puso bandera roja al funcionario, identificado por el bufete como una “PEP” o “Persona Expuesta Políticamente” y le pidió que llenara un documento, entre otros, denominado “Declaración de Fuente de Ingresos/Riqueza” como condición para mantener sus corporaciones activas.
En 1999, el funcionario había utilizado el bufete MF para registrar a Seyder Group Ltd. y Lakel Real State, Inc., según se dio a conocer el año pasado tras la publicación parcial de la base de datos de la investigación global Panama Papers (Papeles de Panamá), del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Ahora Noticias SIN y el CPI lograron ubicar documentos adicionales que forman parte de la totalidad de la base de datos, como el citado estado financiero, que prueban los multimillonarios activos de estas dos corporaciones offshore y el hecho de que Peña Criqué es el verdadero propietario de ambas.
Entre ellos, un correo electrónico interno de MF enviado en septiembre de 2013 donde el personal del bufete declara que la representante legal de las compañías, la Lcda. Hilda Sosa, dijo que no sería la persona responsable de cumplir con los requerimientos legales de las corporaciones, sino “el Sr. Diandino Peña Criqué, propietario” de las empresas. Sosa añadió que Peña Criqué, era “uno de los constructores más importantes y de prestigio de la República Dominicana” y que en aquel entonces estaba “construyendo uno de los Centros Comerciales más importantes del país denominado ‘Silver Sun Gallery’”.
La investigación conjunta de Noticias SIN y el CPI dio con otras 21 corporaciones vinculadas a Peña Criqué ubicadas a través de la búsqueda y revisión de miles de documentos corporativos y judiciales, y la consulta de fuentes, en la República Dominicana, en Panamá, e Islas Vírgenes Británicas.
Buena parte de ellas, ocho empresas dominicanas y dos extranjeras, figuran en los documentos judiciales del pleito de separación de bienes de Raquel Celeste Pappatera Hernández, ex esposa de Cristian Otoniel Peña Pantaleón, hijo de Peña Criqué. Todas las empresas dominicanas estaban domiciliadas inicialmente en la última de las Torres Diandy, la XIX, y ahora están en Silver Sun Gallery, y tres de ellas -Balmareda, Cop y Desarrollos Ynnaid- que declaran no tener operaciones, cancelaron certificados financieras para pagar RD$82.5 millones de los préstamos del proyecto Silver Sun Gallery. Cada una tiene como accionista mayoritaria a empresas registradas en Panama: Bayside Bridge, East River Development y Mencar Holding, según consta en sus expedientes en la Cámara de Comercio dominicana.
Como parte del proceso, Pappatera Hernández radicó en 2011 una demanda que exige el levantamiento del velo corporativo del conglomerado de empresas dominicanas y extranjeras de la familia Peña. El documento obra en los expedientes de las empresas en la Cámara de Comercio dominicana junto a un recurso de oposición a cualquier traspaso de acciones.
Los abogados de la demandante enumeran las empresas y alegan que Peña Pantaleón tiene acciones en todas, que eran copropiedad dentro de la comunidad de bienes gananciales, y, para sostener este alegato, plantean en esencia que son compañías creadas para ocultar patrimonio.
La demandante exige al Estado que determine “la real vocación” de estas empresas, “las cuales evidentemente son compañías familiares, sin vocación empresarial alguna, y existentes a los fines de la realización de transacciones multimillonarias sin comprometer patrimonialmente los reales propietarios de dichas operaciones y bienes”, lee el escrito.
Las ocho empresas extranjeras restantes y cinco dominicanas, pudieron ser identificadas como parte de las actas y reportes de algunas de las citadas compañías dominicanas que figuran en los archivos de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Por ejemplo, en un acta de Asamblea Ordinaria de GP Holding se estableció que dicha empresa había sido designada como representante en la República Dominicana de cinco compañas extranjeras, a los fines de dirigir los negocios de estas compañías en el territorio nacional. Como Primera Resolución se autorizó a su gerente Peña Criqué para que represente a la sociedad cuando éste a su vez actúe como representante de las sociedades extranjeras Amandine International Corp., Minty Properties, Inc., Macaire Corporation, Lanuza Internacional S.A., y Rhett Corporation. Macaire, Minty, y Amandine están incorporadas en Islas Vírgenes Británicas por Aramo Corporate Services del bufete panameño Arias, Alemán y Mora. Las últimas dos figuran registradas en Panamá como sociedades anónimas por el mismo bufete que funge de agente residente de Luzshy: Icaza, González-Ruiz y Alemán, sin dueño identificado. Al igual que MF, la citada firma legal tiene oficinas en Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales.
En otra acta, se autoriza la venta de 1,000 acciones que GP Holding tenía en Macaire y designa a su hija Dianny a cargo de ejecutar la transacción, confirmando así que GP Holding, y por ende Peña Criqué, era accionista de esta empresa extranjera.
Finalmente, se identificó una empresa registrada en Islas Vírgenes Británicas, Bowden Overseas Limited, cuyo único director es Cabriolet Investments Group Ltd., otra offshore registrada en la misma jurisdicción. Peña Criqué es el director de esta última compañía. Bowden fue utilizada para adquirir un terreno multimillonario en Cap Cana, un polo turístico en el este de República Dominicana, según documentos obtenidos.
La Ley de Lavado de Activos de República Dominicana dice que incurre en delito la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infracción grave, oculte, encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes.
Asimismo, la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio de República Dominicana es clara: los funcionarios públicos tienen que dar “[i]nformación sobre membresías en juntas o consejos administrativos en instituciones públicas o privadas”. Además, deben reportar “[i]nformación relativa a su carácter de socio o accionista en corporaciones, sociedades o asociaciones de carácter público o privado, sean estas con fines lucrativos o no”.
A pesar de esto, en su más reciente declaración de bienes a finales del año pasado, Peña Criqué, director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte de la República Dominicana (OPRET), escribió “no aplica” en el renglón de “Capital Invertido”. Igual ocurrió en la de 2013, que en el renglón “Capital Invertido y Acciones como Dueño o Socio en Negocio” dice: “no hay registros disponibles”.
Peña Criqué es el primer ciudadano dominicano directamente implicado en posibles delitos, incluyendo perjurio al estado y evasión contributiva, como parte del acervo de información de los Panama Papers.
De Villa Juana a la cima con el Metro
El ingeniero Peña Criqué, quien ha manejado en la construcción del metro de Santo Domingo más de US$1,986 millones, lleva 45 años en el negocio de la construcción en República Dominicana, pero las obras que erigía antes de su entrada al gobierno en 1996 eran notablemente distintas a las que sus empresas lograron concretar después de su entrada al servicio público. De hecho, sus orígenes son de clase media baja y, según confesó en entrevista en El Informe con Alicia Ortega, jamás pensó que iba a trascender de esa humilde comunidad ya que perdió a su padre en la adolescencia y tuvo que encargarse de su madre y 10 hermanos.
“[Yo] entiendo que mis raíces cristianas, mis principios insertados por mi madre realmente tuvieron mucho que ver porque yo soy un hombre extremadamente creyente y firme en lo que hago y todo lo que hago primero pongo a Dios por delante”, dijo.
Fue en esa época y en esa comunidad, de joven, que hizo relaciones que le permitieron “progresar”, que conoció al expresidente Leonel Fernández, y comenzó a hacer activismo político a favor de su campaña, reconoció.
Peña Criqué, convertido en funcionario y quien nunca dejó de ser empresario, según admitió que comenzó haciendo pequeños proyectos residenciales con su primera empresa la Constructora Peña. Luego construyó una decena proyectos de mediana escala, torres residenciales, de hasta 15 pisos de apartamentos de lujo, y de oficinas, hasta que entró al gobierno en 1996. Tras su entrada al gobierno terminó desarrollando sus últimas torres: la moderna Diandy XIX, y el mega complejo turístico Silver Sun Gallery, que además de centro comercial incluye un parque temático y un hotel de 22 pisos.
Cuando se le preguntó a Peña Criqué qué patrimonio tenía antes de entrar en el gobierno en 1996 y sobre la evolución de este capital, comenzó la amnesia. Dijo que no recordaba y que ni siquiera podía dar una idea general.
“Acuérdese que los empresarios nos manejamos realmente con un método, un sistema donde realmente las cosas no surgen a nuestro nombre. Son activos a nombre de empresas, nosotros a nuestro nombre no tenemos nada”, dijo cándidamente.
Cuando se le preguntó sobre sus vínculos con las empresas offshore y los vínculos de estas con sus empresas dominicanas, así como la fuente de financiamiento de sus grandes proyectos y de las transacciones en efectivo para el financiamiento de Silver Sun Gallery, quedó perplejo.
“No estoy preparado para esta entrevista. Puedo traer a mis financieros y los documentos. No puedo recordar 45 años de trayectoria profesional”, cortó nervioso ante la pregunta sobre el origen de los fondos que Lakel y Seyder aportaron a la construcción de Silver Sun.
“Yo puedo traer a mi equipo para dar las explicaciones, porque dijo a mi asistente hablaríamos sobre mi trayectoria profesional, no sobre las intimidades de mis empresas”, agregó el funcionario.
La solicitud de entrevista hecha dos semanas antes indicaba que la entrevista abordaría su trayectoria empresarial.
El funcionario tampoco respondió preguntas sobre el hecho de que no declaró todo este patrimonio, y sobre si rindió o no contribuciones al fisco sobre el mismo. Solicitó que se le dejaran las preguntas por escrito, que respondería en o antes del viernes de esa semana, lo que no ocurrió.
Poco antes de que se le confrontara con los documentos de las empresas extranjeras que financiaron el proyecto Silver Sun Gallery, Peña Criqué había dicho a preguntas sobre el tema que no era dueño ni representante de las empresas offshore que aportaron capital al proyecto.
Luzshy Overseas y el vínculo con el metro
Aunque GP Holding es el núcleo que ata a 27 de las 29 empresas relacionadas a Peña Criqué, la empresa dominicana tiene un dueño casi absoluto: la sociedad anónima panameña Luzshy Overseas, Inc. que es representada en todas sus transacciones por Demetrio Rodríguez Ramos un ciudadano dominicano de 71 años, humilde, de franco hablar, y al parecer, anónimo.
En realidad, Rodríguez Ramos era amigo, más como“hermano” de Peña Criqué y accedió al pedido de este último de figurar como representante de esta empresa. El hombre, quien admitió haber sido contratista del metro mediante la empresa Yarassey SA, dijo que Peña Criqué le pidió que firmara a nombre de la compañía que no es de él. Cuando se le preguntó directamente si el funcionario es el dueño dijo: “Si el pone, yo no averiguo nada. Y si él me pide de nuevo, acepto otra vez”, dijo en referencia a Peña Criqué.
Panama Papers
En 2015 el diario alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo una filtración de 11.5 millones de documentos internos de MF, firma multinacional basada en Panamá que se especializa en crear corporaciones anónimas y cuentas bancarias offshore para sus clientes para proteger a toda costa su identidad. Por el colosal tamaño de la información, el periódico decidió convocar al ICIJ, que a su vez reclutó a cerca de 400 periodistas alrededor del mundo. El grupo trabajó en secreto durante un año y publicó las primeras historias en abril de2016 concretándose la investigación periodística global más grande que se ha realizado a la fecha y que recientemente obtuvo el premio Pulitzer.
Los documentos incluían récords corporativos y bancarios, correos electrónicos, bases de datos, y documentos de identidad, analizados durante un año por periodistas de más de 100 medios aliados que publicaron reportajes simultáneamente. El CPI participó de la investigación inicial y más tarde se alió al Grupo SIN, el cual obtuvo acceso a la base de datos para participar de la investigación global que continúa.
Como resultado de los Panama Papers, dimitió el Primer Ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, se han desarrollado múltiples investigaciones por corrupción y evasión contributiva alrededor del mundo, incluyendo a los principales socios de MF. El bufete es sólo uno de decenas en el mundo que se dedican a registrar corporaciones offshore por distintas razones, entre ellas, el facilitar la elusión y la evasión contributiva a corporaciones y ciudadanos.
Del discurso y sus secuelas
1.- El presidente del Senado hace provecho reiterado de la oportunidad para dar su propio informe de gestión con auditorio calificado y cautivo, que nunca acudiría a escucharlo.
2.- Primer tema: Odebrech rebota al último tema.
3.- Crecimiento del crédito bancario: El estatal 10%; El privado 71%. Y se obvian dos cosas: La emisión de Deuda Pública por medio de Finanzas. Y la contabilización de los descuentos de deudas estatales con particulares, como crédito a ellos y no al Estado que es el deudor real.
4.- Salarios: El de los maestros varió por el 4% del presupuesto destinado a Educación, no como consecuencia de una Política de Estado, sino por demanda pública convertida en Ley. En las escuelas, sin embargo, los Directores siguen siendo Administradores y la gestión está lejos de profesionalizarse. Ahora se empezará la capacitación, pero con un estrecho sentido del nacionalismo se impide que venezolanos, cubanos y colombianos, atraídos por la estabilidad y el crecimiento económico viven aquí, muchos son maestros de oficio y no se pueden incorporar a un sistema que demanda muchos y calificados. Médicos, guardias y policías no pasan de ofertas y rejuegos. La diferenciación de ingresos consolidará la práctica policial de compartir con el superior las ventajas que otorgue la definición de responsabilidades.
5.- La Barquita Vs. el Metro: El presidente Medina fue limitativo: Completará dos líneas para el Metro; su proyecto deriva de La Barquita, donde, ya hecha, se percataron de que era preciso sacar esa gente del hoyo en que la metieron, y se despliega el poder asumiendo el plan general para una solución moderna del transporte público en la capital, que no incluía, por supuesto, parar el Metro en dos líneas ni suspender su crecimiento continuo, como, tampoco, unos funiculares cuyo concurso de construcción y fuente de financiamiento permanecen en el misterio.
6.- La energía y Odebrecht, van juntos y reburujados. Pero, primero la energía: Recuérdese que “la privatización del sistema” fue bandera de acción de dos ministros de hoy y no de Los Otros, de Los Malos, de Los Leonelistas, y que ella garantizó las ganancias a los generadores, que recibieron además, y graciosamente, 800 millones de dólares en equipos funcionando, a cuenta de que invirtieran el mismo valor sin que nunca se hayan auditado esas obligaciones, mientras el Estado asumió las pérdidas de las Redes y de la Distribución. Y, si bien es cierto que los generadores han ganado todo el dinero del mundo, mientras el Estado ha soportado las pérdidas, podemos preguntar qué ha generado más pérdidas, la generación holgadamente garantizada en su lucro o la distribución, holgadamente garantizada en sus pérdidas que Catalina no ha de cauterizar.
7.- Odebrecht: No hay un preso ni se han hecho embargos retentivos sobre los bienes de una empresa que admite su delito y se le hacen pagos sobre la obra que sigue ejecutando en Catalina con emisión de deuda pública, con lo que pagará los compromisos asumidos por los sobornos admitidos. De paso, el señalamiento sobre el lucro excesivo de los generadores puede entenderse como una declaración de guerra frente a los que conocen El Secreto Oculto de las Cosas; frente a ellos, se esgrime la lata de excrementos como arma disuasoria: o lo ocultamos todo, o nos hundimos todos.
Es harto sabido que la peor violación en un proceso de licitación es abrir los concursos sin fondos o sin solares disponibles para su ejecución y ambas cosas se violaron en Educación y en Catalina, el mayor de todos los contratos otorgados por el Estado Dominicano en todos los tiempos. Catalina se ha realizado sin apropiación presupuestaria, y en terrenos de los mayores propietarios en el sector generador, que proclaman la armonía entre la inversión del Estado en sus predios y sus proyecciones en la misma zona, por lo que en el contrato de arrendamiento se ocuparon de colocar la cláusula que les otorga un privilegio sobre cualquier negocio que se pretenda, en una operación coja de las dos piernas.
Se obvia que, “Sin perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan, los proveedores serán pasibles… de la Ejecución de Garantías y Penalidades contempladas en el Pliego de Condiciones o en el Contrato, de la Rescisión unilateral sin responsabilidad para el contratante, y de la Inhabilitación temporal o definitiva” de la empresa encartada. Sin definir la magnitud de los daños, el acuerdo con los hacedores del delito establecía la amnistía correspondiente.
En corto plazo cayó el primer bajadero que nos acercaba al soplete con que se pretendía blindar un hecho punible, el Mayor y el Mejor de todos los contubernios entre los que extorsionan y quienes en sus cálculos de costos reservan la suma necesaria para engrasar las rutas de las contrataciones, y un chin más.
Como las sanciones penales son independientes de las administrativas, la Dirección de Compras y Contrataciones pudo ya demostrar su independencia. Pero no hará.
Ahora, el proceso ha de transitar el camino del calvario en un proceso judicial largo y sostenido que podría terminar en 30 años. ¡El gato siempre cae parado, gana como quiera!
El discurso del Presidente
Durante sus primeros discursos de rendición de cuentas, en febrero 2013 y febrero 2014, el Presidente Danilo Medina prometió reducir la proporción de la electricidad que las Edes no cobran. Ante el fracaso en lograrlo (a las distribuidoras estatales solo les interesa ofrecer luz durante 24 horas), optó por no volver a mencionar esa promesa, la cual probablemente solo se lograría privatizando a las Edes. Esa proporción incobrable se mantiene hoy en el 34% del 2013. Cuando entre Catalina la Grande un 34% de su generación es probable que tampoco se cobre. Esto dependerá de si hay reducción en el precio al consumidor que estimule a pagar.
Esta semana el Presidente tampoco mencionó el tema, pero sí repitió la conocida acusación de la CDEEE de que generadoras privadas han estado boicoteando la construcción de Catalina La Grande, pues ganan mucho dinero y dejarían de hacerlo cuando comience a operar la generadora estatal. De ser verdad que las generadoras ganan mucha plata la culpa la tienen los funcionarios del gobierno dominicano que negociaron el Acuerdo de Madrid, así como aquellos que auspiciaron el contrato de Cogentrix de “tomar energía o pagar por ella si no lo hace”.
Pero ya el Acuerdo de Madrid no existe y, con dos excepciones de plantas muy eficientes, todas las otras generadoras están ya en el mercado spot. El culpar a las generadoras por las críticas a Catalina la Grande fue un acto de demagogia nacionalista. Las críticas a la construcción de esa planta realmente se concentran en preguntar por qué, existiendo ya una licitación para plantas privadas durante la transición del 2012, Danilo Medina ordenó paralizarla y cambiarla por una licitación para plantas estatales, con su consecuencia de gran endeudamiento estatal externo y enormes aportes presupuestales que han paralizado otras obras públicas. Una Catalina privada vendiendo al mercado spot y sin vinculación con las existentes también hubiese roto con los supuestos monopolios.
Falta poco para Catalina la Grande entrar a producir y todavía no se sabe quién administrará esa empresa, si el Estado, o una concesionaria, o si el Estado venderá parte, o el grueso de sus acciones al sector privado. También se cuestiona por qué el contrato de Catalina lo está analizando una comisión de notables, con acceso a recursos y las otras obras de Odebrecht las analiza una Procuraduría con carencia de ellos. En el caso de la Procuraduría, ¿se quedará esta sin accionar hasta recibir información adicional de Brasil, dentro de unos meses, a pesar de conocer el caso de los US$92 millones del Sr. Rondón? Y, por otro lado, ¿a quién enviará la comisión de notables su reporte? ¿Lo hará público o lo enviará al Presidente o a la Procuraduría? Las implicaciones serían muy diferentes.
Lo de Odebretch no es solo un tema de obras sobrevaluadas, sino que Joao Santana, el publicista, ahora preso, de la campaña de Danilo Medina, ha admitido públicamente que Odebrecht financió campañas electorales en varios países a los que asesoró, aunque no ha citado el caso dominicano. Si lo admite, ¿qué implicaciones tendría para el Presidente Medina?
Los nuevos incrementos salariales anunciados por el Presidente, ¿en cuánto aumentarán el déficit del sector público y cómo se financiará este? ¿Por qué después que el Ministro Administrativo de la Presidencia anunció que el Presidente trataría en su discurso el importante tema del muelle de Manzanillo, este se abstuvo de mencionarlo? ¿Por qué tampoco mencionó los escándalos de la OISOE, el CEA, la CORDE y los Tucanos? Por otro lado, la tendencia a estatizar es cada vez más abarcadora, Catalina como principal generadora junto con todas las Edes por un lado y el Metro, ahora con sus guaguas alimentadoras estatales, por el otro.
El discurso del mistagogo
En uno de mis artículos anteriores me declaré un sobreviviente de los discursos de Danilo Medina, y proclamé que dentro de algunos años contaría a mis nietos cómo “desplegaba la tentativa sorprendente, casi inconcebible, de robarnos la realidad”. Oirán mis interrogaciones con asombro: “¿De qué país hablaba este hombre como si fuera un mal poeta que se burlaba de sus oyentes crédulos? ¿Dónde está ubicado ése país mítico en el cual todas las cosas están resueltas y él se enseñorea como un Dios? ¿No vivo yo allí, no es él ciudadano de mi misma ciudad, no moramos el mismo espacio tiempo? ¿Y por qué los seres comunes no se reconocen en ése mundo que él pinta, en ese mundo que solo él ve?
Sin embargo, luego de este discurso del 27 de febrero pasado, he pensado seriamente en irme a vivir al mundo de ensueño que sus palabras labran desde una boca mil veces mentirosa. El Metro de Leonel, al menos, podía presumir de modernidad concreta; a pesar de que fuera un traje muy lujoso cubriendo el cuerpo de un leproso. Las estadísticas del progreso del presidente Medina, en cambio, edifican ante nuestros propios ojos el universo imaginado de Panglos. Camino por los barrios y es como si la vida se hubiera detenido. Veo la incertidumbre de la clase media, una clase media reducida en más de un 4%; y al pequeño burgués esquivo por el miedo filoso de la inseguridad ciudadana. Me recuesto en la miseria verdadera que atosiga sin piedad, veo las calles llenas de indigentes, la corrupción pontificando, impune; los hospitales cayéndose a pedazos, la educación pendiendo de la voluntad cesárea de un pequeño déspota que proclama haber hecho una “revolución”, pero los resultados del sistema educativo son una tragedia. Los barrios miserables con sus jóvenes sin la más mínima esperanza de movilidad social. En fin, que el apogeo de una propaganda atronadora (poco más de 8 mil millones de pesos se gasta el gobierno en construirle el pedestal de un Dios a través de la propaganda, a éste Presidente providencial) me ha hecho pensar seriamente en irme a vivir al mundo de ensueño que Danilo Medina nos construye cada vez que habla.
Lo que ocurre es que, oyéndolo, la razón me estalla en pedazos. Ulises Francisco Espaillat siempre decía, lo he repetido una y otra vez, que el nuestro era un país que vivía exiliado de la razón. La razón es un bicho extraño en la práctica política dominicana. Y el poder tiene entre nosotros licencia para mentir. Pero Danilo Medina abusa. Se aprovecha del poder mediático que ha construido con los fondos públicos, y se atosiga por erigirse en mito manipulando un poder que secuestra todo el andamiaje institucional de la nación, y encima de eso quiere secuestrar también la realidad. ¿Por qué sus palabras no tocan, no conmueven la vida real de los barrios, el espectáculo de la pobreza material; puesto que nada sucede de verdad en sus vidas, y todo continua igual, y la gente se ve nacer y morir unos a otros morando en la misma miseria, en la misma cuartería, en el mismo patio, en la misma desesperanza? ¿Qué hace que el espesor de las palabras que Danilo Medina pronuncia para describir una sociedad que nadie conoce, sean la profusión barata de una ilusión, de un engaño?
Si el mistagogo me pudiera explicar esta ecuación desastrosa, me reconciliaría con la razón. Porque, si bien es cierto que el progreso trae juntas la racionalidad y lo que la amenaza, hay que recordar también que ha sido una constante promesa de los grupos gobernantes en el país desde el siglo XIX; y que aunque se ha diluido en clientelismo demagógico, partidocracia corrupta, y prebendalismo,
sigue siendo una aspiración colectiva. Un país estancado, sin movilidad social desde hace casi catorce años. Una clase media agarrada de un clavo caliente, obligada a camuflarse, aferrada al péndulo que va de la pobreza paulatina a la depauperación; barrios superpoblados de una juventud sin esperanzas, generaciones enteras perdidas en la miseria y el espanto de vivir la injusticia de una sociedad empinada sobre la inequidad brutal y constante de la historia. Es por eso que es mejor irse a vivir al mundo de ensueños que nos dibuja el presidente Danilo Medina, un mundo mentiroso, es cierto; pero mucho mejor, porque en el verdadero la existencia es insoportable.
En apoyo a la marcha Para este domingo, 22 de enero, se ha convocado a las 10 de la mañana, en la 27 de Febrero con Máximo Gómez, en Santo Domingo (y en Broadway con 170 en Nueva York) una marcha contra la impunidad y la corrupción, que debe ser apoyada por todos los que creemos que tenemos la obligación de elevar, aunque sea un poco, nuestras expectativas con relación al desempeño del gobierno y de exigir de éste una administración con un mínimo de pulcritud y competencia. Lo cierto es que las autoridades gubernamentales se han desbocado de tal forma, robando a dos manos, que es de temer que tengan varios records mundiales de sobrevaluaciones, desfalcos y estafas a cielo abierto, salarios exhorbitantes, hoyos fiscales, gastos irracionales, injustificados y sin respaldo, privilegios inauditos, depredaciones en las recaudaciones fiscales y negligencias estruendosas. El gobierno dominicano simplemente tocó fondo en cuanto a lo flagrante de su corrupción, cuando la Odebrecht confesó haber pagado sobornos a cambio de la concesión de obras y el asunto no tiene, hasta el momento, ni una investigación fidedigna, ni un simulacro de auténtico interés, ni siquiera a los niveles más primarios. La desmomificación de Agripino Nuñez, la cúspide del macuterismo nacional, para insuflarle vida, poniéndolo al frente en una nueva cruzada para solapar el latrocinio, puede servir para cualquier cosa (después de que le paguen espléndidamente por sus ajetreos) menos para darle credibilidad al enfangado gobierno. Y es que se les ha ido la mano. Lo de las sobrevaluaciones de las obras realmente es para competir en olimpíadas. Un kilómetro de carretera en Alemania cuesta 116 mil dólares y ese es el precio promedio para todos los países europeos, con administraciones públicas más o menos saneadas. En lugares como España, donde la administración pública deja mucho que desear, la construcción de una carretera en la que el kilómetro costó el doble de los que cuesta en Alemania, generó escándalo y disgusto. En América Latina, donde la corrupción en la administración pública es el pan nuestro de cada día, y se vive distribuyendo coimas y falseando precios, las carreteras suelen costar siete veces lo que cuestan en Europa. En República Dominicana, cada kilómetro de la carretera del Coral costó más de 5 millones de dólares, con lo que los dominicanos pagamos por esa obra más de 40 veces lo que realmente costó. Aparte de la cuestionable licitación y de la imprudencia y de los inconvenientes medioambientales, desechados con exceso de prisa, las plantas a carbón de Punta Catalina, se desarrollan dentro del mismo molde y la sobrevaluación denunciada asciende a la exhorbitante suma 1,040 millones de dólares. El costo del Metro daba para construir varias docenas de pirámides egipcias. Y de hecho, de ahí sacaron -de ñapa- una pirámide privada a la que llaman “El Metrico”. En la compra de los inútiles Tucano se robaron 87 millones de dólares con la sobrevaluación del precio. El por ciento de la Educación, por el que tanto luchó la parte pensante de la población dominicana, se lo han tragado las propias autoridades son las sobrevaluaciones de los terrenos y de las construcciones. Y es absolutamente todo que lo hacen así, mientras el país chapotea en sus miserias, en su inseguridad, en su falta de perspectivas por la precariedad educativa, el desmantelamiento institucional, la falta de un desarrollo potable y el retroceso político, con la elefantiasis ficticia y clientelar de un partido único al frente del gobierno. Tolerarlo todo, con docilidad e indiferencia no es una opción. Anhelo un país distinto, donde se pueda vivir con algún margen razonable de seguridad, bienestar y justicia, así es que yo sí voy a la marcha, en contra de la corrupción y en repudio a la impunidad. Sara Pérez Acento
