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lunes, 19 de junio de 2017

Proponen renuncia Danilo Medina y reforma constitucional por elección popular

La sociedad entiende en su gran mayoría que Danilo Medina no tiene nada que ofrecerle al país, nuestro Presidente no tiene credibilidad ni su figura tiene influencias en el pueblo.

Manifiesto II
POR UN NUEVO ORDEN DEMOCRÁTICO QUE PONGA FIN A LA IMPUNIDAD
El develamiento del alcance y las profundidades de la trama PLD-Odebrecht ha generado una gran conmoción política en la sociedad dominicana. Las confesiones de Temístocles Montás y Ángel Rondón dejan claro que el poder se sustenta en el lavado de dinero, la manipulación mediática, el maridaje entre los grupos fácticos y económicos, la complicidad y el control de las instituciones del Estado.

Ha quedado evidenciada la ilegalidad del gobierno de Danilo Medina, mandato en el cual han sido vulnerados los principios constitucionales con la inversión de una desbordante cantidad de recursos al margen de la ley, provenientes de los sobornos y las sobrevaluaciones de las obras contratadas con la empresa brasileña.

Este acontecimiento representa una importante base de sustentación para el rompimiento histórico de la legitimidad del régimen del PLD,caracterizado por un poder desmesurado y perpetuado a través de la inequidad y la complicidad de los órganos electorales.

Como contrapartida estamos asistiendo al surgimiento de nuevos actores que ganan confianza en la ciudadanía y  ejercen un amplio y diverso liderazgo social que se consolida al ritmo de la Marcha Verde, haciéndonos ver que un nuevo futuro es posible.

Danilo Medina pretendió construir un poder omnímodo e indestructible por medio de la imposición de una reelección institucionalizada e infinita.

Sin embargo, el gran descontento ciudadano es un hecho indiscutible, lo que falta es la conversión del amplio sentimiento de indignación en un plan de acción concreto orientado hacia la transformación integral del actual sistema de dominación que mantiene a la mayoría de la sociedad dominicana sumida en la exclusión económica, en estado de indefensión y vulneración permanente del Estado de derecho.

La Marcha Verde ha demostrado que ante el bloqueo de las instituciones y la debilidad de la oposición política pueden existir formas no orgánicas capaces de auto-organizarse tomando las calles a través de marchas multitudinarias convertidas en un concierto desafiante de voces, ruidos y música que a la vez se tornan espejo de su condición social y política, anunciando así la posibilidad de decidir y abrir un nuevo horizonte de futuro.

Este importante movimiento social ha insertado la protesta en las redes sociales, liberando grandes energías movilizadoras a través de una comunicación instantánea y efectiva que produce y consolida un poder horizontal que desafía,vigila, deslegitima y ridiculiza el poder institucional y las jerarquías políticas corruptas, los poderes fácticos económicos y religiosos, los “ilustres” y las bocinas oficiales.

Antes que una crisis de la democracia asistimos a su potenciación ya que toda autoridad tiene que ser permanentemente sometida a procesos críticos puesto que la democracia se basa en un pacto de confianza limitada hacia los representantes.

Los grandes escándalos de corrupción que envuelven gran parte de la clase política tradicional podrían llevar a muchos al grave error de pensar que estamos ante el naufragio o la muerte de los partidos políticos y que la salida sería la judicialización de la política o la simple apelación a la moralidad pública.

El gran desafío es canalizar las luchas ciudadanas hacia la transformación del sistema de dominación y control que mantiene a más de la mitad de los dominicanos fuera de la capacidad de ejercer sus derechos democráticos y de vivir en un verdadero Estado de derecho.

Sin embargo, es importante subrayar que nos encontramos frente a una crisis estructural del sistema político combinado con la tendencia al quiebre de la hegemonía peledeísta, por lo que no puede perderse la oportunidad de esta importante coyuntura para desperdiciarla en fuegos artificiales.

La lección más evidente de los últimos tiempos es que las reformas significativas no van a surgir de la buena voluntad de los políticos y los poderes fácticos, ni de los resultados electorales, sino que la única salida existente es potenciar la Marcha Verde como un vigoroso movimiento político y social.

El momento demanda  modificar las circunstancias sofocantes e intolerables de nuestra vida pública, para lo cual se requiere un análisis profundo que identifique claramente los problemas en vez de concentrarnos en encontrar los culpables en desmedro de la elaboración de una propuesta que nos señale con claridad el horizonte transformador.

Para ello es importante escapar del “circo judicial”, su único valor reside en que se ha convertido en el escenario donde todos los excrementos del sistema político y de los grupos representativos del PLD salen a la superficie y donde todo parece indicar que el leonelismo y el danilismo se enfrentan en una lucha a muerte.

LA COYUNTURA POLITICA DEMANDA UN GRAN ACUERDO POLÍTICO-CIUDADANO
Si bien las protestas de la Marcha Verde han sido decisivas para la configuración de la actual coyuntura política, se impone el giro hacia un plan de acción concreto de organización y articulación a nivel nacional desde una lógica horizontal, esencialmente democrática y participativa y enmarcada en la regeneración democrática e institucional de la sociedad dominicana.

Lo que realmente pondría a temblar el sistema corrupto e injusto que tenemos sería la irrupción de nuevos liderazgos y actores sociales y políticos que tengan la confianza y la representación efectivas del gran segmento de la población harto del engaño y la mentira, de manera que se pueda imponer la agenda que necesitamos para producir la transformación integral de las estructuras de poder que garantice un verdadero Estado de derecho.

A tono con lo planteado en los párrafos anteriores, proponemos una agenda compuesta por los tres puntos siguientes:

RENUNCIA DE DANILO MEDINA. El objetivo central e inmediato de la lucha ciudadana es producir la renuncia de Danilo Medina por ser un presidente ilegal que se reeligió violando la Constitución y la legislación electoral y utilizando los sobornos y las sobrevaluaciones de las obras públicas contratadas con la transnacional mafiosa Odebrecht, y como consecuencia de ello llamando a nuevas elecciones presidenciales, congresuales y municipales en un término de un año.

ACUERDO CIUDADANO POLÍTICO. Entre actores políticos y sociales decididos a romper con el sistema de corrupción incluyendo la de sus propios dirigentes. Estos actores se comprometen a trabajar por una democracia pluralista e inclusiva. El GRAN ACUERDO incluirá los puntos esenciales de la agenda de un nuevo Gobierno de transición cuyo compromiso principal será la organización de una Constituyente por elección popular.

NUEVO ORDEN DEMOCRÁTICO. Los actores políticos y sociales movilizados en la Marcha Verde asumimos avanzar hacia un nuevo orden político democrático que garantice servicios públicos de calidad, distribución más equitativa de las riquezas, garantía de los derechos y libertades individuales y un sistema electoral equitativo que abra las puertas a los derechos políticos de la ciudadanía.

Firmantes:

Andrés L. Mateo – Escritor

Minerva Altagracia Taveras – Ciudadana

Claudio Antonio Caamaño Vélez – Activista, político

Roberto Álvarez - Abogado

Fátima Pumarol – Activista del movimiento feminista de Santiago.

Ángel Alberto Bogaert – Activista, político EEUU

Fausto Herrera Catalino – Político

Andres Lugo Risk – Abogado y político

Quisqueya Henríquez – Artista

Carlos Morel - Investigador

Hecmilio Galván - Economista y político

Edwin Rosario Mazara – Activista, político, EE.UU.

Juana Sánchez – Abogada

Henry Francisco Encarnación – Abogado

Jesús Feris Iglesias – Médico y político

Camilo Medina – Médico

Domi García González – Economista

Elvin Calcaño Ortiz: – Profesor universitario

Fabiola Vélez Catrain – Ciudadana

Wander Gabino – Abogado;

Porfirio Leonardo – Abogado

Virginia Álvarez Gautier – Ciudadana

Delvis Santos  – Comunicador;

Homero Arturo Frías – Periodista

Milagros Ricourt – Profesora universitaria, EE.UU.

César Rodríguez – Abogado

Anthony  Stevens-Acevedo – Historiador EE.UU.

César Mieses – Antropólogo

Nioves Féliz – Profesora

Edwardo Rodríguez – Dirigente estudiantil, UASD Santiago

Darío Rodríguez – Excandidatoa diputado Alpaís

Olaya Dotel – Politóloga

Reyes Boudier – Comunicador social y activista medio ambiente

Bryan Espinal - Excandidato regidor Alpaís, Tamboril

Anselmo Muñiz – Investigador, político

Carlos Eduardo Bogaert – Médico

Luaiti N. Santaella – Ciudadana

Félix Reyes Gómez – Ciudadano

Ana Féliz Lafontaine – Profesora de Historia

Diego Girón – Activista, político

Rafael Darío Herrera – Historiador

Pedro Catrain – Abogado, politólogo

Carmen Nathalia Herrera – Comunicadora

Fernando Gil – Médico, político

Melvyn Pérez – Politólogo.

Yoeliza Matos – Activista derechos humanos

Alfredo García –  Activista, político

Genaro Rincón – Abogado derechos humanos

Arcadia Bogaert – Abogada

Ángel Darío García – Abogado, político

José Díaz – Dirigente deportivo

José Manuel Hernández – Movimiento Revolucionario Caamaño Deñó

Rircy González – Abogada

Alejandro Mejía – Abogado

Alfonso Torres – Periodista

Epifania Santo – Ciudadana

Osvaldo Pereyra – Ingeniero civil

Felipe Santo – Ciudadano

Carmen Dipré – Abogada

Carlos Ramírez Díaz – Arquitecto

Luis Elio - Dirigente comunitario

Santiago Molina Ayala – Ciudadano

Alanna Lockward – Escritora

Luis Vicente García – Ciudadano

Félix Alberto Reyes Taveras – Administrador de negocios, EE.UU.

Jeanie María Ramos – Administradora de negocios EE.UU.

Iván Rafael Martínez Marte – Ciudadano

Lety Melgen – Investigadora, política

Wendy R. Tió – Publicista, EE.UU.

Benito Marte – Contable

Wandys García  – Profesora

Ricardo Antonio Borbón – Ingeniero Agrónomo

Carlos Alberto Bogaert – Abogado, EE.UU.

Alexandra Ramírez –  Mercadología, activista

Randy Custodio – Regidor, Azua

Polo Paulino - Abogado, comunicador social Santiago

Raquel Rivera, – Activista feminista Santiago

Mayobanex Reyes – Abogado, comunicador

Amelia Muñiz – Médico, EE.UU.

Iluminada Cruz Toribio – Dirigente comunitaria

Héctor Turbi – Economista

Nerys García – Mujer, investigadora

Alexis Álvarez – Arquitecto

Rubén Rodríguez –  Comunicador, dirigente comunitario


República Dominicana
18  de junio 2017

miércoles, 24 de mayo de 2017

Algo huele raro en el Gobierno


¿Y esa defensa de las bancas?
Ha llamado poderosamente la atención la denodada defensa del Gobierno a la exclusión de las bancas de apuestas del proyecto de ley de lavado de activos.

Llama la atención, porque es contrario a todo lo que el Gobierno ha predicado, y por el momento en que se produce, cuando se cuestiona la conducta de personeros del partido y de la administración. Algo huele raro.

Llama la atención la pobreza de los argumentos. Si las bancas pueden ser perseguidas, ¿por qué dejarlas fuera? Tendría más fuerza y evitaría interpretaciones, incluirlas en la ley.

Se alega que en otros países no tocan el tema y que existe un acuerdo al respecto, pero cada país tiene su realidad y los defensores deberían explicar si en esos países también los dueños de bancas son legisladores, gobernadores provinciales, militares, y un largo etcétera, como lo son aquí, y si en esos países los dueños de bancas son jueces y partes en las leyes que les conciernen.

Debieran explicar también si las bancas “ilegales” realmente lo son, o si son “pasadoras”, como se dice en su lenguaje. Lo que ocurre en ese mundo es que si alguien va a hacer una apuesta fuerte a una de esas bancas, por ejemplo en un juego Licey-Águilas, o Yankees-Boston, apuesta que esas bancas no tiene capacidad de aguantar, ellas llaman a un consorcio para que la acepte y se ganan su comisión. La conexión es obvia: esas bancas son sólo ilegales para el gobierno y el fisco.

Vivimos en un mundo en que todo está conectado. A los lavadores de activos no se le pueden ofrecer resquicios por dónde escapar. Metan a las bancas en la ley y den un ejemplo de que aquí no se tolera mecanismo alguno de lavado.


Adriano Miguel Tejada
atejada[@]diariolibre
Diario Libre

lunes, 22 de mayo de 2017

Senado: una instancia en descrédito que no debería existir

    Senador por Monte Plata (PLD), Charles Mariotti. Foto: Gabriel Alcántara

De “riferos” a caballeros
Algunos señores del Senado –una instancia en descrédito que no debería existir en esta democracia, a la que le basta una sola cámara- renuevan frecuentemente su creatividad espuria y nos regalan ahora una teoría legislativa repentista para reafirmar la tragicomedia que son.

En el proceso de aprobación en segunda lectura de la nueva Ley de Lavado surgió esta justificación surrealista: Hay demasiadas bancas ilegales que son inmanejables y por lo tanto resulta difícil darle seguimiento.

La astuta expresión fue suficiente para que se excluyeran esos “exitosos emprendimientos” como sujetos obligados en el marco legal, revisado y actualizado por el Gobierno para evitar graves sanciones internacionales contra el país.

Es decir, el negocio que mueve más dinero en efectivo en República Dominicana (alrededor de RD$160 millones cada día, según cálculos conservadores) queda desregulado, libre de pies y manos para seguir haciendo de las suyas.

Huelga decir que la realidad no es que las 200 mil bancas (30 mil legales y 270 mil ilegales) sean difíciles de manejar y que las legales no están en los estándares del Grupo Acción Financiera (GAFI).

La verdad es que los grandes “industriales” de los juegos de azar y las apuestas están enquistados en el Congreso, gracias al voto irracional y emotivo que posibilita el clientelismo. Se creen merecedores, una vez más, de un traje a la medida, de un manto protector para que los efectos de la ley toquen a todos, menos a ellos.

Si eximir a las bancas de apuesta de los controles de la ley se justifica por su número, entonces nunca habrá regulación, control ni captura de impuestos en 1 millón 500 micro, pequeñas y medianas empresas que tenemos.

Resulta increíble que donde se hacen las leyes aniden también los reyes Midas que se llenan cada día el bolsillo de dinero arrebatado a los pobres a cambio de un sueño inalcanzable y desarrollan lo indecible para no cumplir a cabalidad con sus deberes formales en términos tributarios.

Esa centrífuga que son las bancas de apuesta –tan defendida y mimada en el Congreso- es lo peor que puede existir como motor de inequidad, atraso social y evasión. El poder político es culpable de su vigencia al convertir a los “riferos” en caballeros.


Víctor Bautista
vibasantos[@]gmail.com
El Día

domingo, 21 de mayo de 2017

Advertencia al senador Charles Mariotti

     Charles Mariotti, senador PLD por la provincia Monte Plata.

Se espera que el Poder Ejecutivo vete modificación a la Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo modificada y aprobada en el Senado en dos lecturas
Es costumbre de los funcionarios de cualquier gobierno o partido rajarse como mariquitas cuando la ley y la justicia les toca las puertas. El senador por la provincia Monte Plata (PLD), Charles Mariotti , ha sido hasta ahora un funcionario que no se ha visto envuelto en escándalos de corrupción ni de abusos. Es estimado en muchos círculos del país, incluyéndonos a nosotros en este blog.

Tantas veces hemos visto a presidiarios de la delincuencia de cuello blanco y de la partidocracia enfermarse, llorar desconsoladamente alegando persecución política o refugiarse en religiones e iglesias desacreditadas; que no quisiéramos ver a Charles Mariotti en esa situación.

Durante la última sesión ordinaria del Senado, el legislador Charles Mariotti, actuando como miembro de la Comisión de Justicia del Senado, sometió una modificación a la Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, dejando fuera de la misma el artículo 33 literal A, sobre “Sujetos Obligados no Financieros”, en otras palabras los juegos de azar y las bancas de loterías o apuestas bajo el inaceptable argumento de que es difícil dar seguimiento a miles de bancas a nivel nacional, la misma fue aprobada en dos lecturas.

La sociedad espera que el Poder Ejecutivo vete esa exclusión o la Cámara de Diputados modifique el proyecto que a todas luces busca una bajadero para que los partidos políticos financien sus campañas electorales a través de estos medios o que se laven activos provenientes de fuentes ilícitas.

De aprobarse esto así, la responsabilidad principal recaerá contra el senador Mariotti, la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo. Esperamos que si eso sucediera no se enfermen, no aleguen persecución política ni se refugien en religiones cuando tengan que responder ante la Justicia por sus hechos.

La advertencia está hecha.


DLRD

sábado, 20 de mayo de 2017

Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo: ¿Legislando en beneficio propio?


Presidente debe ponderar  y analizar exclusión juegos de azar y bancas de loterías antes de promulgar Ley
Pedro Alegría, senador de San José de Ocoa, Antonio Cruz, senador de la provincia Santiago Rodríguez , Virgilio Merán, ex diputado por Santo Domingo, Francisco Santos, diputado por Santiago de los Caballeros, Rafael Abreu, diputado por San Cristóbal, Santo Yinilcio Ramírez, diputado por la provincia Peravia; son sólo algunos de los miembros del Congreso Nacional involucrados en negocios de bancas de apuestas y juego de azar.

Otros funcionarios como el director de Bienes Nacionales Emilio Rivas, la gobernadora de Santiago de los Caballeros Aura Toribio, el alcalde de Pedro Brand, Ramón Pascual Gómez (El Mello) y el alcalde de Estebanía, Francisco Napoleón Matos; están ligados a los negocios de juegos de azar y bancas de apuestas.

En el Senado se acaba de aprobar en segunda lectura, con modificaciones, el proyecto de Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que deroga la Ley 72-02 y donde se elimina juegos de azar y las bancas de lotería de la Ley de Lavado; altamente sospechosa esta eliminación.

JS / DLRD


Los legisladores incluyeron la definición de “Lavado de Activos” en el artículo 2 de la iniciativa
SANTO DOMINGO. El Senado aprobó ayer en segunda lectura, con modificaciones, el proyecto de Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que deroga la Ley 72-02.

La pieza legislativa, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, fue introducida al Senado por el Poder Ejecutivo y estudiada por las Comisiones de Defensa y Seguridad Nacional y de Justicia del Senado.

Durante la sesión ordinaria, fue aprobada la propuesta del miembro de la Comisión de Justicia, senador Charlie Mariotti, de eliminar del artículo 33 literal A, sobre “Sujetos Obligados no Financieros”, los juegos de azar y las bancas de loterías o apuestas, y mantener los casinos de juego.

“(...) no es un estándar del grupo de acción financiera internacional y la praxis, hay más de treinta mil bancas de apuestas en República Dominicana”, sostuvo.

El legislador sometió la modificación basándose en que es difícil dar seguimiento a miles de bancas a nivel nacional.

Asimismo, fue acogido por los senadores incluir un nuevo numeral al artículo dos, lo que aumentó a 26 el número de definiciones.

“Vamos a agregar (...) definición de lavado de activos: es el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados en la presente ley”, declaró Mariotti.

40 años de cárcel
El proyecto de Ley aprobado en segunda lectura por el Senado establece elevar las penas mínimas de cinco a 10 años y las máximas hasta 40 años y sanciones de hasta 400 salarios mínimos.

Entre otras cosas, la iniciativa penaliza el financiamiento al terrorismo; establece el decomiso de los bienes y sanciona a funcionarios públicos sin importar el nivel del cargo.

Los agravantes del proyecto de Ley
El artículo nueve de la pieza legislativa cita como circunstancias agravantes la participación de grupos criminales organizados; cometer el delito en asociación de dos o más personas; la participación de un funcionario o servidor público en el delito; el empleo de menores para ejecutar un delito y las reincidencias.


Nikaury Arias
Diario Libre

viernes, 19 de mayo de 2017

Bancos comerciales tienen ya los nombres de los sobornados


Procurador queda como un mentiroso ante el país
PRIMICIA DE DLRD
Los bancos comerciales de la República Dominicana tienen el listado de los sobornados por la compañía constructora Odebrecht. Fuentes de entero crédito de varios bancos comerciales le confirmaron a este blog que los departamentos de seguridad de esas instituciones están tomando las medidas de lugar con los involucrados.

Esta afirmación que hacemos del conocimiento de la banca de la lista enviada por Brasil hace quedar al procurador general Jean Alain Rodríguez como un mentiroso, al afirmar que hace apenas dos días recibió los documentos aludidos.

Los bancos comerciales no pueden violar los acuerdos internacionales en contra de la corrupción y el lavado de activos. Desconocemos si las cuentas se cerrarán y devolverán el capital a los sobornados o si ese dinero será incautado hasta que los tribunales de justicia decidan qué hacer.

Si se devuelve el dinero a los señalados sería sospechoso, haría cómplice al sector financiero del desfalco al Estado.

Es insólito que el sector financiero sea enterado antes que la sociedad de los ladrones de nuestro dinero.


DLRD

lunes, 15 de mayo de 2017

Danilo Medina: sospechoso de prohijar y participar en crímenes contra el Estado


Diandino y Danilo, entrampados
DANILO: ZAR DE LA IMPUNIDAD
La “entrevista de Diandino” tiene mucha tela por donde cortar. Aquel fue un encuentro instructivo, revelador, tenso y penoso, a calzón quitado. Conocimos interioridades concernientes a la urdimbre de trampas financieras utilizadas para costear una de las torres más lujosas del país; y de  las mentiras  descomunales  escritas en la declaración jurada de bienes del entrevistado. Pero hoy quiero emplearme en  dos aspectos diferentes del reportaje.

Y no es sobre la impecable profesionalidad desplegada por Alicia Ortega durante la histórica entrevista, ni sobre el excelente trabajo de investigación que la llevó a cuestionar de frente al  zar del “Metro de Leonel”. Es acerca de dos vertientes que atañen al Presidente Medina.  

Dentro de la narrativa implícita, subyacente, de esa entrevista, está la demostración, una vez más, de la  sostenida y activa participación de Danilo Medina en  la ejecución y mantenimiento de la impunidad.  Así mismo, una lección de cómo robar dinero, pasárselo a cualquiera, y hacerse billonario, sin que aparezca el nombre del ladrón por ningún parte. O sea, del fácil anonimato del criminal de cuello blanco.

Conociendo la historia empresarial de quien fuera un ejemplar ciudadano antes de esnifar los polvillos del poder, comprobamos que no ha sido otro, sino nuestro presidente, quien  protegió  a  Diandino Peña. El mandatario estaba al corriente del “modus operandi” del compañero mega-constructor. Estaba al tanto de la planificación,  inauguración, y manejos contables del metro. Sin modificar la  desconocida contabilidad del proyecto, ha seguido ejecutándolo.

No pudo ser ajeno al dispendio ni al desvío de fondos; se tapó los oídos cuando el rumor público bautizó como “el metrico” al  fastuoso edificio del Ensanche Naco. Ahora, muy tarde, deja cesante al ingeniero, intentando entretener a una población que, vestida de verde, reclama justicia.

Frente al televisor, recordamos su estrecha amistad con Ángel  Rondón, zar del soborno; la quema del expediente de Félix Bautista y su bondad con Díaz Rúa. Docenas de expedientes tirados a la basura durante sus gobiernos saltaron de la pantalla. Si de zares se habla, nuestro presidente es el zar de la impunidad. Ya nadie lo duda.

En cuanto a quién pagó a Joao Santana y la reelección, luego del reportaje de Alicia Ortega, la respuesta seria un fiasco, ya que  Odebrecht puede llamarse “Carbon Company”; Joao “Samba Holding”; Danilo “Estrategia sostenible”; y el PLD “Prevaric Enterprise”.  Muy claro lo dijo Diandino : “Nosotros los empresarios nunca  usamos nuestros nombres…” Tampoco los políticos, que para eso están  los testaferros y las “offshores.

Así las cosas, entiéndase bien, existe sólo una manera de hacer creíbles las eufóricas afirmaciones de que ni Danilo, ni el PLD, ni  las campañas, fueron compradas por grupos contrarios al interés nacional: documentando el origen de tantos millones que vienen disfrutando y gastando. Y, por supuesto, certificando quiénes, cuándo, y cómo se costearon los servicios de Joao Santana, sus hijos, y sus compañías. Con nombre, fotografía y número de cédula.

“La entrevista de Diadino” entrampó también a Danilo. El estupefacto billonario, atrapado y sin saliva, amnésico hasta para recordar el nombre de su nuera, personificó el  ejercicio continuo de la corrupción al amparo del poder. El continente y el contenido de la degradación política nuestra.

Entonces, aunque puedan decir lo contrario el Santo Padre, los empresarios, el gobierno, el PLD, o la comisión de Punta Catalina, Danilo Medina sigue siendo sospechoso de prohijar y participar en crímenes contra el Estado dominicano.


Segundo Imbert Brugal
Acento

domingo, 14 de mayo de 2017

Como Baninter...

RD: todas las posibilidades

Lo que gran parte del país vio en el reportaje periodístico de Alicia Ortega la noche del lunes y en días sucesivos es un estremecedor acontecimiento, que desnuda la dramática anomia de la sociedad dominicana, la inoperancia de sus instituciones y los niveles de  impunidad que padecemos, indicadores de que somos un paraíso de “todas las posibilidades” que no se extinguieron con la quiebra del Baninter.

Se apreció a un funcionario acorralado, sin poder articular una sola respuesta a legítimos y documentados cuestionamientos, hasta el punto de provocar una mezcla de indignación y pena, por este país y hasta por ese ser humano que parecía enfermo, estremecido anímicamente por las preguntas muy bien conducidas de una periodista que demostró un dominio absoluto y sereno de la información en que se fundaba.

No se trató de un linchamiento a un empresario, como algunos han querido sellar, Diandino Peña ha sido un alto funcionario público por más de 17 de los últimos 21 años, primero como secretario Administrativo de la Presidencia, luego Secretario de Obras Públicas (ahora son ministros) y desde el 2008 director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, que construye el metro de Santo Domingo, con inversión de  unos 2 mil millones de dólares. Si se cuantificara lo que manejó en los otros cargos,  pasaría de los 3 mil millones de dólares, casi 150 mil millones de pesos.

El ingeniero Peña no ha podido responder por qué ocultó en reiteradas “declaraciones juradas de bienes”, dispuestas por ley, su maraña de 29 empresas interrelacionadas, 15 en paraísos fiscales del exterior, en gran mayoría constituidas durante sus altas funciones públicas, ni cuál fue la inversión en su lujosa torre hotel en Naco, llamada “el metrico”, que la investigación cuantifica en al menos 788 millones de pesos.

Basada en los “Papeles de Panamá”, millones de documentos sobre los turbios  paraísos fiscales, y otras investigaciones, Alicia Ortega encueró la enorme fortuna del funcionario, que es justo reconocer comenzó en su etapa de empresario, pero los registros mostrados indican que en su mayor parte durante su gestión pública. Los documentos fundamentales fueron expuestos y lo desafían a dar explicaciones como administrador de fondos del erario nacional.

Resulta impresionante que el ingeniero Peña firmara juramentos de que sólo vive del sueldo de 150 mil pesos en la OPREP, y que no posee bienes inmuebles ni muebles. Ni siquiera declaraba una casita de clase media, sin que le reclamaran el pago de impuestos por una enorme fortuna que todo el país le veía.

Asoman ahora expresiones de cinismo y ataques a la periodista que ha hecho tan responsable develación. Se le quiere atribuir a la coyuntura política un reportaje que tomó meses de investigación con el auxilio de una colega del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, como nos consta desde fines del año pasado.

Que las revelaciones tienen incidencia política no hay la menor duda, pero es errática la interpretación de que desvía la atención de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad. Por el contrario, la incentiva al elevar la indignación por tratarse de un funcionario fundamental de los últimos gobiernos, incluyendo el actual.

Pero sin duda incide en la lucha interna del partido de gobierno, en beneficio del grupo del presidente Danilo Medina al poner más a la defensiva al otro sector, el encabezado por el expresidente Leonel Fernández, a quien Peña está íntimamente vínculado, en momentos en que se debate quién pagará por el escándalo Odebrecht, que algunos querrían aprovechar para zanjar definitivamente el liderazgo partidario. Podría cuestionarse la oportunidad de la publicación, pero no el contenido ni la entrevista al funcionario que Alicia Ortega  advirtió sería “sobre el metro y su trayectoria empresarial”,  a menos que la confundieran con la acreditada cronista social Cándida Ortega.

Escrito este artículo, se produjo la noche del viernes la destitución de Diandino Peña, lo menos que podría esperarse. Lo demás, su procesamiento judicial, eso será objeto de negociaciones políticas, como en los casos de Félix Bautista y Díaz Rúa.-


Juan Bolívar Díaz
Hoy

viernes, 12 de mayo de 2017

Cancelan a Diandino Peña Dipré de la Opret


Se espera que ahora lo investigue el Ministerio Público
El presidente Danilo Medina destituyó hoy a Diandino Peña de la dirección de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).

Mediante el decreto 168-17 el Poder Ejecutivo designó  a Manuel Antonio Saleta García como director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret)

El decreto fue publicado a través del Twitter de la Presidencia cuatro días después de que la periodista Alicia Ortega publicara una entrevista con el funcionario, que generó un gran debate a nivel nacional.

La entrevista está basada en una investigación de nueve meses, durante la cual, Ortega tuvo acceso a numerosos documentos relacionados con empresas, inversiones y la utilización de vinculados al exdirector de la OPRET como testaferros.

Los documentos pertenecen a los llamados Papeles de Panamá, que generaron un gran escándalo a nivel internacional, en los cuales políticos, figuras del arte y de la realeza, figuran realizando transacciones que buscan evadir el pago de impuestos y enmascarar inversiones.

Listín Diario

Director de la OPRET está obligado a ofrecer explicaciones a CCRD y MP

     Alicia Ortega, productora y conductora de El Informe.

La respuesta de Diandino Peña a la investigación periodística de El Informe
Diandino Peña está convirtiéndose ahora en experto en calcular los costos de una investigación periodística. El director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte Terrestre (OPRET) ha dicho que la investigación periodística realizada por Alicia Ortega y Omaya Sosa Pascual tiene un costo demasiado alto para que haya sido financiada por el empresa SIN, propietaria del programa El Informe.

¿Cómo se aventura Diandino Peña a estimar un costo tan alto para una investigación periodística si apenas puede mencionar el monto de su propia fortuna? ¿Cómo se atreve Diandino Peña a entrar en un terreno desconocido, como el periodismo, si apenas ha podido responder una pregunta sobre la cantidad de empresas offshore que ha creado, por propia voluntad, para ocultar sus bienes?

¿Cómo se atreve Diandino a aventurar que el Grupo SIN no tiene recursos para hacer una investigación periodística, si esa empresa es multimillonaria y ha demostrado ser exitosa en lo que hace? ¿De dónde vienen los conocimientos empresariales de Diandino sobre medios de comunicación, si hasta el momento no se le conoce que haya incursionado en ninguna empresa periodística, ni televisiva, ni radiofónica?

¿Cómo puede cuestionar Diandino Peña a la periodista Alicia Ortega, por la investigación que hizo, si él ni siquiera colocó el 20 por ciento de los datos que le reclama la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio de los funcionarios?

La entrevista y el reportaje de Alicia Ortega y Omaya Sosa se dieron a conocer el lunes. Este jueves Diandino decidió acudir a un programa de radio para responder preguntas sobre lo mal que quedó en El Informe, y para comenzar lo que parece una campaña de ataques y cuestionamientos contra Alicia Ortega.

En esos tres días que transcurrieron, Diandino pudo consultar con sus asesores y buscar una salida para tratar de borrar la imagen de desconcierto y abandono que dejó al ser preguntado sobre el ocultamiento de sus empresas y el uso de testaferros. Todavía este jueves Diandino no estaba en condiciones de decir a cuánto asciende su fortuna. Eso no es posible descifrarlo, ni él ni los miembros de la Cámara de Cuentas luego de analizar su Declaración Jurada de Patrimonio. No hay forma de saberlo, y tampoco es posible suponerlo. Está todo tan enmarañado que habría que buscar a muchos especialistas, y tal vez al conjunto de los asesores financieros de los que habla Diandino, para que se acerquen, y ni lo logran.

El director de la OPRET está obligado a ofrecer explicaciones a las autoridades de la Cámara de Cuentas y al Ministerio Público, y también a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Lo que el país recibió como información fue un aluvión de sorpresas en el ámbito de la creatividad evasora dominicana, y corresponde al ministro de Estado Diandino Peña convencer a las autoridades y a la sociedad sobre la licitud de su fortuna.

Diandino Peña puede seguir visitando medios de comunicación, e incluso seguir recibiendo aplausos por los entrevistadores, y puede seguir intentando convencer a quienes quieran oirle sobre las supuestas intenciones maliciosas de Alicia Ortega, pero para lograrlo tendrá que ser sincero, intentar ser honesto, y decir la verdad. Una posibilidad es que Diandino solicite a la Cámara de Cuentas una auditoría forense sobre sus sociedades y bienes, y entregar los resultados al país. Tal vez Alicia Ortega llegue a sentirse satisfecha. Ella tiene todo el derecho de seguir esperando respuestas de Diandino, y la entrega de los documentos que él le prometió serían entregados el viernes.

De una cosa nos estamos convenciendo: Como Diandino no ha negado la veracidad ni autenticidad de los documentos que posee Alicia Ortega, hay que concluir que la persona que mejor conoce, hoy día, la magnitud de la fortuna de Diandino Peña es la presentadora de El Informe. Sin ninguna duda. El trabajo de investigación de Alicia Ortega y Omaya Sosa Pascual sigue teniendo una vigencia y calidad incuestionable. Cada día que pasa esa investigación se fortalece.


Editorial Acento
Acento

Ministerio Público tiene un caso con Diandino Peña Criqué / Vídeo


Alicia Ortega reta a Diandino Peña a responder sus interrogantes
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La periodista Alicia Ortega retó a Diandino Peña, director de la estatal Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), a que demuestre que detrás del reportaje del pasado lunes, que refleja serias diferencias entre su patrimonio personal y familiar con su declaración jurada de bienes, habría “poderes oscuros” como él mismo ha dicho.

Ortega plantea en un video grabado en la emisión del jueves de Noticias SIN y colgado en Youtube, que para hacer una investigación como la que ella ha realizado, a partir de documentos de los denominados “papeles de Panamá, no requiere de dinero sino que “basta con proponerse hacer buen periodismo, tener valentía, dedicación, empeño, sacrificio y voluntad para enfrentarse a los llamados ‘intocables’”.

Le recuerda a Peña, que él ha pasado 12 años dirigiendo el proyecto más caro en la historia del país, como lo es la construcción y operación del Metro de Santo Domingo “¿y no quiere que lo cuestionen?, ¡se equivoca!, el periodismo y que ejerce este oficio por vocación es precisamente para indagar, investigar y buscar en la verdad con todas sus vertientes”.

El reto pasó por plantear además, que si algún documento de los que ha presentado es falso que la desmienta, pero le indicó que no esconda detrás de una “cortina de humo desviando el tema de manera perversa”.

No obstante, le aclara que la imputación, de que habría sectores detrás de la investigación presentada por ella, es la “típica reacción, la de la mentira vulgar y barata, cuando no se puede responder de forma directa y responsable ante un trabajo de investigación periodístico hecho con todo el rigor editorial y apoyado en su eje central en el interés general, en el derecho de los ciudadanos a conocer la actuación de los funcionarios públicos”.

Golpeando la mesa y con la imagen de Diandino Peña detrás, la comunicadora, productora del programa El Informe, pidió al funcionario que si ella utilizó información falsa que la lleve a los tribunales y afirmó que el trabajo está sustentado en documentos de las propias empresas de Peña, firmados por él y su comisario de cuentas y correos electrónicos enviados también por él y su representante legal al bufet de abogados panameño Mossack Fonseca.

Lo retó a que responda las preguntas que ella le dejó por escrito, “no se lo pido yo, se lo pide el país, que actualmente está sumergido en una lucha contra la corrupción; la sociedad está harta, pidiendo explicaciones, al igual que en el caso de Odebrecht, con los sobornos y las sobrevaluaciones”.

“Yo solo soy periodista, solo fui con preguntas que usted no pudo responder, queda por ver si las autoridades tienen la misma valentía y el coraje para cuestionarlo ante las más sencillas violaciones a la Ley de Declaración de Patrimonio, que exige que usted declarara sus ingresos y su participación en esas empresas sin esconder o distorsionar ningún detalle, si no lo hace, la sociedad, no yo, lo juzgará a usted, yo solo he hecho un trabajo arduo, honesto, sacrificado y poniendo por encima a todo este pueblo”, planteó Ortega.

Dijo que ella solo se ha atrevido y no se arrepiente, a incursionar en historias que destapan lo que se trata de ocultar, porque jamás hará periodismo obsequioso o por encargo.



jueves, 27 de abril de 2017

César Medina insinúa narcotráfico financia Movimiento Verde


Y también de dinero ocioso que espera a ser lavado
Luego de sus largas vacaciones de Semana Santa por Europa (estaba reflexionando este delincuente de la palabra), pagadas con el dinero de los impuestos de los ciudadanos, y ante el desespero del gobierno para que regresara a las páginas del Listín Diario a calumniar, denigrar, blafesmar y hacer lo que mejor sabe hacer: inventarse informaciones falsas; el Vicecanciller César Medina, insinúa que el Movimiento Verde es financiado por el narcotráfico y el dinero ocioso que espera a ser lavado.

El gobierno sube su apuesta utilizando a sus delincuentes más cotizados en contra del Movimiento Verde, precisamente, se dice que el subalterno del canciller Miguel Vargas Maldonado podría estar tirando bolas de humo a diestras y siniestras durante toda la semana para disipar el escándalo sobre la acusación de una familia desfalcada con millones de dólares por su Jefe.

Si de algo se puede acusar al Movimiento Verde es de su correcto comportamiento, su organización y el éxito logrado en toda la nación. El Movimiento Verde es todo lo contrario de lo que representa el señor César Medina, Miguel Vargas Maldonado, Danilo Medina, Leonel Fernández y el PLD.

Nosotras no tenemos que defender al Movimiento Verde, el Movimiento Verde se defiende sólo, con mencionar su nombre es suficiente. Representa todo lo contrario de un ladrón  y un sicario de la palabra que son los que tiene el actual gobierno como la cara del país ante el mundo.

     Vea en Acento la acusación de robo contra el Canciller realizada por una familia dominicana, aquí.

Este es el libelo que el Listín Diario publica del vicecanciller César Medina, traido de urgencia para inventarse acusaciones falsas en contra de la pesadilla de la cleptocracia: El Movimiento Verde.




Jeannelle Koss / DLRD

martes, 3 de enero de 2017

Niveles de degradación y falsedad nunca vistos en esta democracia representativa

     Marcelo Odebrecht, CEO de Constructora Odebrecht en suelo dominicano.

2017: El fin de la impunidad
Durante años padecimos la corrupción de los gobiernos reformistas y perredeístas que, comparada con la de los peledeistas, parece juego de niños.

Los gobiernos del PLD hicieron estructural la corrupción en el país. No hay una sola actividad económica en el Estado donde, directa o indirectamente, algún funcionario peledeista no reciba beneficios ilícitos, incluyendo los casos de pago de altos peajes por cuenta de protección para actividades del narcotráfico y lavado de activos. Sin dudas es el proceso de acumulación más intenso hecho por una fracción política gobernante, en la historia del país.

Con Odebrecht el PLD llevó la corrupción a un nuevo estadio. Se produjo, al más alto nivel del Estado, una alianza con esta empresa extranjera para desarrollar un esquema de corrupción trasnacional.

En un país sin institucionalidad como la RD, quien coopta a su favor al primer mandatario de la nación, en los hechos se apodera del Estado. Y es que en los hechos, el Presidente de la República tradicionalmente actúa por encima de la legalidad. Es él quien realmente decide las asignaciones de las obras públicas, controla al Congreso Nacional, para que le apruebe el Presupuesto, préstamos y contratos, muchas veces sin leerlos. Y qué decir del poder judicial y del Ministerio Público garante de la impunidad y controlados también por el Ejecutivo.

Odebrecht inicio sus operaciones en el país en el gobierno de Hipólito Mejía con dos obras de infraestructura por un monto total de US$480 millones, una con INAPA y la otra en la CEDEE, dirigidas entonces por Roberto Rodríguez Hernández y César Sánchez, respectivamente. En los gobiernos de Leonel Fernández, entre el 2006 y el 2012 se concertaron, 9 obras de infraestructura con Odebrecht por un monto ascendente a US$1,541.3, en siete de las cuales intervino Víctor Díaz Rúa, Ministro de Obras Públicas y en dos de ellas Radhamés Segura y el Ing. Mariano Germán, por la CDEE e INAPA.

Con Danilo Medina, la relación de Odebrecht se inició desde que éste era candidato a la presidencia. Odebrecht, para asegurarle el triunfo y la continuidad del PLD en el Estado, le aportó como asesor a Joao Santana, especialista en la “perversión” de procesos electorales y con basta experiencias en AL. En publicaciones hechas en Brasil, ha salido a relucir que Odebrecht hizo aportes directos para financiar la campaña de Danilo Medina a la presidencia e incluso se identifica que el dinero se depositó en la cuenta “hellbil Finanzas”, utilizada por la empresa para esos fines. Se atribuye también a Odebrecht el pago de legisladores para modificar la Constitución de la República e introducir la reelección a favor de Danilo Medina.

Por tanto no es casual que en los gobiernos de Danilo Medina, en 4 años, se han concertado obras de infraestructura por un monto de US$2,274.00. En todas intervino el actual Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, a excepción de uno concertado con la CDEE, representada por Rubén Bichara.

Sin lugar a dudas, de todos los contratos con Odebrecht en los gobiernos de Danilo Medina, la “joya de la corona” es el de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina. La propuesta de Odebrecht no solo superaba en más de mil millones de dólares el monto de la propuesta presentada por la empresa china Gezhouba-IMPE sino que esta última tiene experiencia en la construcción de este tipo de planta termoeléctrica, lo que no tenía Odebrecht. La irregularidad de la asignación resultó tan evidente que dos miembros del Comité de Licitación no firmaran el documento de precalificación. Estos fueron, el Ing. Ramón Antonio Flores y el economista Isidoro Santana, actual Ministro de Economía y Hacienda. A los otros miembros del Comité se les vincula al gobierno de Danilo Medina.

Funcionarios de la empresa han admitido ante la justicia norteamericana haber entregado sobornos a funcionarios dominicanos, entre 2001 y 2014, por el monto de US$92 millones y obtenido ganancias ascendentes a los US$163 millones.

El panorama descrito revela que el Estado Dominicano ha estado intervenido y puesto al servicio de las prácticas corruptas de esta empresa trasnacional y de los intereses de gobernantes y políticos extranjeros. ¿Acaso no son estos actos de intromisión en los asuntos internos del Estado Dominicano? ¿Pueden ser legítimas las autoridades surgidas procesos electorales con la mediación de actos ilícitos como los cometidos por Odebrecht en el país?

La verdad es que nunca antes, la llamada democracia representativa había llegado a estos niveles de degradación y falsedad ni puesta al servicio de intereses tan espúreos como los que representa Odebrecht.

La investigación penal, no la de RD, sino la que se sigue en Brasil y en EE.UU están en curso. A la nación dominicana, de confirmarse todo este entramado de corrupción, soborno, sobrevaluación y manipulación de la voluntad popular, no le quedará otra alternativa que unificarse para hacer renunciar a toda autoridad ilegítima, llevar a la cárcel a los corruptos y recuperar hasta el último centavo robado.

El 2017 puede ser el año en que los dominicanos le demos de frente a la corrupción y le pongamos fin a la impunidad.


Guillermo Moreno
Diario Libre

lunes, 31 de octubre de 2016

La corrupción es protegida y la impunidad impera


Sr. Presidente: ¡Que no impere la impunidad!
La penetración de la corrupción pública y privada, está asociada a los niveles de impunidad que impera en el país y que el Presidente Danilo Medina trata de minimizar, cuando cuestionó  ¿Cuáles son los actos de corrupción y los escándalos que se han presentado en el presente gobierno?, al tiempo de advertir que es muy peligroso hablar en sentido generalizado.

En los últimos 5 años, para no ir más atrás, desde los medios de comunicación y las organizaciones  sociales, se han realizado numerosas denuncias de corrupción, sin que las autoridades cumplan con su papel de investigar y presentar acusación formal pese a las innumerosas pruebas y evidencia en varios casos.

La administración de justicia no ha sido capaz de conocer ni mucho menos de sancionar todos los casos denunciados. Se ha preferido la política de borrón y cuenta nueva, de no tirar piedras, de no investigar la corrupción pasada, ni presente, lo que se constituye en un claro incentivo para la corrupción y un pésimo mensaje a la ciudadanía.

Para poder avanzar en la lucha contra el flagelo de la corrupción en el país, se requiere que las autoridades expresen su firme voluntad de investigar, de someter las pruebas a la sana crítica y de sancionar la corrupción. Para lo cual es necesario contar con un Ministerio Público independiente del poder político partidario, con independencia funcional y con un Poder Judicial autónomo, libre de las redes del crimen organizado, el sicariato y el narcotráfico.

La sociedad espera decencia, dignidad y de manera enfática prontitud con los resultados, que suponemos deben estar bien avanzados, con todos los informes y colaboración recibida sobre el caso y remitida a la Procuraduría General de la República, la cual revela “una corrupción pasiva y lavado de dinero” además de las prueba que se presentaron en la medida de coerción dictadas contra cuatro de los implicados en el caso.

El Ministerio Público no investiga, el Poder Judicial no sanciona la corrupción, una muestra es que en el país de manera permanente se originan denuncias con suficientes elementos para proceder penalmente o para tomar medidas administrativas, pero no se hace lo que nunca se ha hecho, convirtiéndose en una realidad la impunidad-cómplice, la cual no podemos desconocer, ni olvidar los casos pendientes en la administración de Danilo Medina.

A pesar de la magnitud del problema, la sensación de que el fenómeno de la corrupción ha ganado terrero y que cada día las acciones fraudulentas aumentan; siendo los negocios con el Estado una vía de enriquecimiento fácil, querer desconocer, ocultarlo o reducirlo es una irresponsabilidad que evidencia la ausencia de voluntad política desde el Poder Ejecutivo para impulsar las políticas y las acciones necesarias para reducir la penetración de la delincuencia política en las estructuras del Estado.

Recordamos que el Presidente Danilo Medina expresó que actuaría solo por el rumor público en los casos de corrupción, y cuán lejos se encuentra de esa afirmación. Los informes de auditorías de la Cámara de Cuentas, no son considerados, las querellas de corrupción son archivadas o desestimadas y se maniobra hasta para impedir que se realicen. La impunidad quedó legitimida cuando dijo: “no perdamos tiempo en lanzar piedras hacia atrás” y ahora preguntando ¿Cuáles son los actos de corrupción y los escándalos que se han presentado en el presente gobierno?

Para solo citar un ejemplo, recordamos el caso de las irregularidades cometidas por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, en ocasión de la remodelación, adecuación de espacios y equipamiento del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, “es importante reiterar que dichas irregularidades están debidamente documentadas en la Resolución 91/2015, emitida en fecha 2 de octubre de 2015 por la Dirección General de Contrataciones Públicas, mediante la cual se recomienda “aplicar las sanciones administrativas que corresponda, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que prevén las leyes correspondientes…”

También está pendiente ver la entereza, integridad, rectitud y una firme voluntad  del  Procurador General de Danilo Medina, el Lic. Jean Alain Rodríguez, en la persecución del delito en el escándalo de la gran escala de corrupción pública-privada e internacional del bochornoso caso de los Super Tucanos. El reciente informe publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el cual implica a 11 dominicanos, sigue arrojando indicios serios y precisos sobre el referido caso.

La investigación debe considerar lo expresado por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus iniciales en inglés) que dijo que “la empresa brasileña fabricante de aeronaves, Embraer SA, creó registros falsos para ocultar algunos de los pagos realizados como comisiones por venta” y  donde los ejecutivos de alto rango supuestamente de la compañía aprobaron los pagos a pesar de indicios de que el dinero probablemente sería para funcionarios extranjeros.

La sociedad espera decencia, dignidad y de manera enfática prontitud con los resultados, que suponemos deben estar bien avanzados, con todos los informes y colaboración recibida sobre el caso y remitida a la Procuraduría General de la República, la cual revela “una corrupción pasiva y lavado de dinero” además de las prueba que se presentaron en la medida de coerción dictadas contra cuatro de los implicados en el caso.

El gobierno de Danilo Medina y los anteriores han estado penetrados por la corrupción y la impunidad, no se actúa, se prefiere la connivencia, un simple ejercicio de analizar la cantidad de denuncias y querellas realizadas, comparado con los casos que terminan investigados, su resultado sería una muestra de la protección de la corrupción y si realizamos el mismo ejercicio, con los casos de corrupción que llegan a sanción definitiva, el panorama es más desolador Sr. Presidente.


Editorial Acento
Acento

viernes, 9 de septiembre de 2016

Pan quemao'

    Foto Diario Libre.

Justicia a los 'jueces' de la República Dominicana
El rechazo del recurso de casación que interpuso la fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reinoso al archivo definitivo de las investigaciones por presuntos actos de corrupción al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, no es el tema que trataremos.

El tema que vamos a abordar son los jueces que desde 2004 hasta la fecha han actuado según "su conciencia" le ha dictado, tanto en los tribunales ordinarios como en las altas cortes. 

Unos años atrás revelamos que todos los actos de indelicadezas, robos, lavado de activos, narcotráfico, desfalco, prevaricación e implicación en casos de sicariato estaban siendo documentados y archivados, con nombres, domicilios, razones sociales y envergadura del delito. Todo está almacenado en grandes servidores,  en archivos digitales y en papel físico, recortes de periódicos e informes de inteligencia. Todo el que lee este blog sabe que lo revelamos y que existe esa memoria histórica de todos los corruptos que han pasado por el Estado en estos últimos doce años. Una especie de DIAPE, pero de la sociedad civil.

Pues bien, en aquella ocasión no hablamos de los jueces que venden sentencias o que abiertamente favorecen a los corruptos con argucias y veredictos insólitos. TODOS están debidamente registrados también, incluso esos jueces y juezas que hoy quieren aparentar reivindicados, tienen sus archivos para que respondan por sus deshonestas actuaciones.

El que crea que va a quedar impune de las travesuras que haya cometido en perjuicio de la patria, la sociedad y el erario público está soñando. Todo estaba listo para implementarlo a partir del 16 de agosto de 2016, solo está pospuesto hasta 2020, dentro de 47 meses.

Los jueces que han obrado en contra de toda lógica de justicia sentirán sobre sus hombros la pesada carga de sus indelicadezas, son como popularmente se dice pan quemao'.


Desde La República Dominicana

domingo, 14 de agosto de 2016

Embajador implica a Luis Abinader en caso aviones Tucano


El lado oscuro de la compra de los tucanos parece ser el ex candidato presidencial del PRM
El embajador dominicano en la República de Panamá, periodista César Medina, revela hoy en su "Tocando la tecla" que el director financiero de la campaña presidencial de Luis Abinader es propietario de una de las empresas que supuestamente se utilizaron para pagar los supuestos sobornos a los supuestos implicados en el caso de los aviones comprados a Brasil. Atribuye el silencio del PRM posiblemente a ese hecho. El embajador Medina también atribuye a otros considerar a los Tucanos como efectivos: "A pesar del escándalo por el supuesto soborno en su adquisición, muchos defienden la efectividad de los Tucanos en la lucha contra el tráfico de drogas, tanto por la vía aérea como maritima".

Este es el artículo completo del jefe de contracampaña (campañas sucias) del gobierno y del PLD:




LA JUSTICIA Y EL SOBORNO
El lado oscuro en la compra de tucano
Los militares y los empresarios vinculados al alegado soborno, aseguran con difererentes argumentos, que son inocentes.
El escándalo que rebrota en la República Dominicana con el arresto de un mayor general y un coronel de la aviación --ambos en activo--, y dos conocidos empresarios a quienes se acusa de recibir un soborno millonario por la compra de ocho aviones Súper Tucano, tiene origen en la competencia comercial de los dos grandes fabricantes norteamericanos --Boeing y Airbus--, en disputa con la brasilera Embraer que en pocos años se situó como la tercera empresa aviónica del mundo y amenaza seriamente intereses estadounidenses.

No sólo en la República Dominicana el poder económico del Norte se resintió con la penetración al mercado de los fabricantes sudamericanos de aviones, sino que también en Argentina la pasada presidenta Cristina Fernández sufre graves acusaciones por coimas multimillonarias que supuestamente recibió por la compra de más de 40 aviones militares a la firma Embraer.

En Panamá se presionó al pasado Presidente Ricardo Martinelli para que violentara la composición accionaria de la aerolínea Copa Air Line tratando de evitar la renovación de su flota con 38 aviones brasileños modelo  E-90 --un perfecto reemplazo en aerodinamia, confort y economía del Boeing 737--, lo que provocó una agria disputa político empresarial que separó para siempre al ex mandatario de la influyente familia Motta, accionista mayoritaria de la aerolínea.

En todos los casos --República Dominicana, Argentina y Panamá--, los fabricantes norteamericanos participaron en licitaciones internacionales para la adquisición de aviones militares o comerciales con características muy parecidas. En el caso dominicano no sólo participaron la Boeing, de Estados Unidos, y Embraer, de Brasil, sino también una pujante industria de aviones militares propiedad del Estado chileno que opera bajo el nombre de Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER). Ambas fueron descalificadas en la primera apertura de sobres.

... Una licitación cuestionada
La licitación fue ganada por la brasileña Embraer a pesar de que la misma cantidad de equipos militares con características parecidas fueron cotizados por Boeing-Airbus por algo más de 25 millones de dólares. La propuesta chilena no llegaba a los US$ 50 millones, pero luego se explicó que las características de los equipos eran muy diferentes.

Para la compra de los ocho aviones Tucano, el Estado Dominicano asumió un crédito con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), también de Brasil, por un total de US$ 93,697,887.60.

Por la acusación de recibir 3.5 millones de dólares en sobornos por esa operación, están arrestados el mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, ex secretario de las Fuerzas Armadas en el gobierno del Presidente Leonel Fernández, y el coronel piloto Carlos Piccini, así como los empresarios Daniel Aquino Hernández y su hijo Daniel Aquino Méndez. También se involucra en la acción dolosa al senador Juan René Canaán, PLD-Hermanas Mirabal.

... La sospecha de los EU
Medios estadounidenses como The Wall Street Journal y The New York Times se hicieron eco de investigaciones relacionadas con la compra de los equipos militares y filtraron una solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos al Ministerio Público de Brasil indagando sobre supuestos sobornos de Embraer a congresistas y a autoridades civiles y militares dominicanas y argentinas.

El expediente se originó en la investigación iniciada por la SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) a raíz de la incursión de Embraer en varios mercados de países del tercer mundo que provocaron denuncias de prácticas corruptas por parte de competidores directos de los principales fabricantes de aviones Boeing y Airbus.

Las indagatorias en torno a supuestos sobornos pagados a congresistas y militares por estas operaciones se iniciaron en el año 2010 cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó la colaboración del Ministerio Público brasileño luego de que ejecutivos de Embraer admitieran a los investigadores estadounidenses que habían pagado sobornos a autoridades militares y civiles en operaciones de ventas de aeronaves en ambos países.

A finales del 2013, el Wall Street Journal y el NY Times hicieron público algunos detalles de las investigaciones y revelaron los nombres de los ejecutivos de Embraer investigados y la delación de uno de ellos que atribuía al coronel Carlos Piccini, quien al momento de realizarse la operación fungía como encargado de Proyectos Especiales de las FFAA, como la persona receptora de un soborno de 3.6 millones de dólares para un supuesto pago a un senador que haría pasar el proyecto en el Congreso.

Es en esa circunstancia que la Procuraduría General de la República puso en marcha la acción pública solicitando informaciones tanto al Ministerio de Defensa como al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a los investigadores brasileños. Según la directora del PEPCA, éstos les suministraron más de dos mil documentos que constituyen la base para la implicación del coronel Piccini, el ex secretario Peña Antonio y los empresarios Aquino Méndez y Aquino Hernández, y el señalamiento público al senador Rojas Canaán.

¿Cuándo entra el Senado?
Cuando se aprobó el préstamo en el Senado, su entonces presidente y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, dijo desde el estrado: “Si me entero que en esta compra hay soborno, tengan la seguridad de que yo mismo seré quien los someta a los Justicia a todos ustedes”.

La razón de esa advertencia tan poco usual radicaba en que en la Cámara Alta había renuencia a aprobar el préstamo. El senador Pared había sido informado por su hermano, el ex secretario de las FFAA entre el 2004 y el 2006, Sigfrido Pared Pérez, de la inconveniencia de la transacción porque se detectaron “zonas oscuras” dentro de la operación, pero también por la negativa de los norteamericanos a que el país adquiera esos equipos a una empresa brasileña en lugar de aceptar la oferta que hacían empresas norteamericanas a precios inferiores.

Sin embargo, los técnicos de la Fuerza Aérea entendían que los aviones Tucano en oferta eran “más flexibles, económicos y aptos para contrarrestar los vuelos irregulares” que buscaban impactar en la interdicción de la lucha contra la droga.

El expediente permaneció mucho tiempo estancado en la comisión de Hacienda del Senado a pesar de las presiones que se hacían por parte de figuras e instituciones de mucho peso en la sociedad y por la cúpula militar de la época, hasta que intervino “la mano política” que hizo posible su aprobación.


(+)
FOLLOW THE MONEY
La imputación de los empresarios Aquino surgió porque los norteamericanos utilizaron una técnica investigativa a partir de un viejo concepto policial conocido en la investigación forense por el vocablo sajón “Follow the Money”--sigue el dinero--, un termino que sugiere que el seguimiento del movimiento del dinero ilícito termina por dar con los responsables de una trama corrupta.

Según el expediente que maneja la PGR, la empresa 4-D Business Group, S.A., propiedad de Daniel Aquino Hernández y de su hijo Daniel Aquino Méndez, fue el mecanismo utilizado para recibir y blanquear los US$ 3,520,000.00 que habría pagado Embraer en sobornos por la operación de los Tucano.

A partir de la información financiera, resultó fácil seguir la ruta de volúmenes tan importantes de dinero rodando de una cuenta a otra así fuera en paraísos fiscales… Siguiendo el hilo se llegó al ovillo.

A pesar de la magnitud del escándalo y sus implicaciones legales y políticas, la oposición encabezada por el PRM --que ha sido tan beligerante en contra del gobierno de Danilo Medina- -, obvia referirse al tema o lo minimiza calificándolo de circo o de show mediático.

La razón podría ser que un documento del expediente consigna que entre las empresas utilizadas para el envío del dinero ilícito, que supuestamente le era entregado al senador Rojas Canaán, está una empresa identificada como Saperofa, propiedad de Samuel Pereyra Rojas, sobrino del legislador… ¡… Pero resulta que Pereyra Rojas fue el director financiero de la campaña de Luis Abinader!!


César Medina
Especial para Listín Diario
Santo Domingo

Nota: Las negritas y colores por DLRD.

martes, 15 de marzo de 2016

Embajador alterno RD en ONU se declarará culpable de sobornos

El embajador alterno de República Dominicana ante la ONU Francis Lorenzo, en foto de archivo con el presidente del PLD Leonel Fernández.

"Se declarará culpable de conspiración para cometer cohecho, conspiración para cometer lavado de dinero y presentar una declaración fiscal falsa"
NUEVA YORK. Un domínico-estadounidense acusado en el caso de sobornos en la Organización de las Naciones Unidas se declarará culpable el miércoles a los cargos que enfrenta, dijo un abogado defensor.

El abogado Brian Bieber señaló el lunes que Francis Lorenzo se declarará culpable de tres cargos. Lorenzo es un embajador alterno suspendido de República Dominicana que fue arrestado en el otoño pasado.

La declaración de culpabilidad ocurre en un caso que dio como resultado el arresto de un expresidente de la Asamblea General de la ONU y de un multimillonario empresario chino.

Bieber dijo que Lorenzo se declarará culpable de conspiración para cometer cohecho, conspiración para cometer lavado de dinero y presentar una declaración fiscal falsa.

Bieber dijo que su cliente decidió declararse culpable después de revisar la evidencia en poder del gobierno. Señaló que esto lo llevó a “aceptar responsabilidad por su participación en las conspiraciones criminales cometidas por él y sus coacusados”.

sábado, 12 de diciembre de 2015

Comportamiento silencioso delata responsabilidad palaciega


Corrupción es un tumor que no preocupa al PLD
La corrupción morada es de tal magnitud y desenfreno que se burlan de las denuncias, sin inmutarse ante cada estallido de abuso del dinero público a sabiendas de su blindaje judicial, complementado por el lavado mediante “inversiones” en múltiples esferas de la actividad “privada”, en compañía de testaferros, o de empresarios “libres de toda sospecha”.

Y si chocan con cualquier percance inesperado hacen uso de su plataforma mediática y/o su descaro de carroza en su afán de continuar en su “rumba abierta para baile”.

En el caso de la corrupción a la redonda con la OISOE, por ejemplo, el robo del dinero público quedó retratado en alto relieve, con el agravante del suicidio del arquitecto David Rodríguez.

Ante la reacción con justas protestas apelaron a la represión y a la ocupación y el cerco con vallas metálicas de múltiples calles de Gascue.

Pero sufrieron otra contrariedad sorpresiva con la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que advirtió la violación de la Constitución al reprimirse y obstaculizarse las convocatorias de Poder Ciudadano, que tiene consagrado el derecho de la libre circulación, de reunión y de expresión pública.

Se ignora si el Ministerio de la Presidencia cuenta con veedores que reaccionen ante las violaciones sistematizadas a los derechos civiles como el atropello brutal perpetrado hace unos días frente a OISOE.

Un ingenuo pensaría que el presidente Medina y el ministro Montalvo dirían “eso no se hace” al jefe policial y al ministro represivo de la OTAN morada.

También se ignora si el Consultor Jurídico justifica el sueldo cuando mira con sus ojos la tropelía policial en sus frecuentes violaciones a los derechos ciudadanos.

Un comportamiento silencioso delata la responsabilidad palaciega ante las acciones represivas y el tumor maligno de la corrupción que acogota a la sociedad con sucesivos escándalos.

Desde distintos ángulos emanan múltiples señalamientos que apuntan al presidente Danilo Medina, citándose, por ejemplo, al empresario José Antonio Martínez Rojas, quien observa “in situ” los atropellos y la ocupación ilegal policial de Gascue. El también abogado Martínez Rojas ha manifestado su temor que degenere en un “tsunami” popular la acumulación de atropellos a las libertades ciudadanas.


Raúl Pérez Peña (Bacho)
PANCARTA
Listín Diario

sábado, 19 de septiembre de 2015

Odebrecht habría lavado 50 millones de dólares en Panamá


Atribuyen a Odebrecht tener red de blanqueo de dinero en Panamá
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La empresa Odebrecht, principal emporio del área de la construcción de Brasil, habría blanqueado 50 millones de dólares a través de entidades financieras de Panamá, “utilizando una intrincada red de desvío de fondos en operaciones realizadas desde el año 2005”.

Según reportó el diario la prensa en su portal de internet en Ciudad de Panamá,  los detalles de las operaciones fraudulentas de la firma Norberto Odebrecht están contenidas en una denuncia presentada este viernes 18 de septiembre, ante la Procuraduría General de la Nación (PGN), el abogado y excontralor de la República, Alvin Weeden, “basada en información que maneja el Ministerio Público Federal de Brasil”.

Odebrecht, a cargo de importantes obras de infraestructura en la República Dominicana y otros países, habría transferido dinero, conforme con la denuncia, a través de las sociedades Smith & Nash Engineering y Golac, ambas constituidas en islas Vírgenes; Sherkson y Havinsur, en Uruguay, y Arcadex, en Belice.

De acuerdo con la publicación y con base en el documento de la denuncia, todas estas firmas transfirieron millones de dólares a la sociedad panameña Constructora Internacional del Sur, S.A., así como a Klienfeld (Antigua y Barbados), Innovation (Antigua y Barbados) y Arcadex (Belice).

Asimismo, se hace eco de hallazgos de los fiscales brasileños que investigaron el caso, en el sentido de que el los dineros eran enviados de Constructora Internacional del Sur, S.A. a otras tres sociedades panameñas, que eran las “encargadas de pagar coimas a través de bancos en Suiza y otros países”. “Se trata de Quinus, Pexo y Milzart”, refiere el informe.

Se habrían pagado coimas y sobornos, según lo establecido, a Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco y Renato Duque, identificados como antiguos ejecutivos de la empresa brasileña Petrobras. Además, indica que algunos recursos de estos fueron manejados a través de cuentas abiertas en el Credicorp Bank.

De manera detallada, denuncia que Costa, Barusco y Duque habrían recibido pagos por 3 millones de dólares, en tanto ue se desconoce el paradero de los restantes 47 millones de dólares, “que llegaron a cuentas de Constructora Internacional del Sur, S.A. en el citado banco Credicorp y que se manejaron con otros bancos nacionales”.

El informe establece que la sociedad Constructora del Sur fue creada el 11 de octubre de 2006 en la Notaria Undécima de Circuito, y disuelta el 25 de agosto de 2014.

Reseña el trabajo periodístico que “Weeden pide a la procuradora Kenia Porcell que investigue la actuación de las citadas sociedades panameñas, las firmas de abogados que las constituyeron, los bancos de la plaza vinculados a las transferencias y quiénes eran los beneficiarios finales de los dineros”.

El objetivo del excontralor Weeden con su denuncia es que las autoridades panameñas inicien una investigación para determinar el grado de responsabilidad de cada quien en la supuesta red de lavado de activos.

El presidente de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, se encuentra preso en una cárcel de Curitiva, Brasil, implicado por el Ministerio Público de su país en el caso de corrupción de la estatal Petrobras.


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