Ha llamado poderosamente la atención la denodada defensa del Gobierno a la exclusión de las bancas de apuestas del proyecto de ley de lavado de activos.
Llama la atención, porque es contrario a todo lo que el Gobierno ha predicado, y por el momento en que se produce, cuando se cuestiona la conducta de personeros del partido y de la administración. Algo huele raro.
Llama la atención la pobreza de los argumentos. Si las bancas pueden ser perseguidas, ¿por qué dejarlas fuera? Tendría más fuerza y evitaría interpretaciones, incluirlas en la ley.
Se alega que en otros países no tocan el tema y que existe un acuerdo al respecto, pero cada país tiene su realidad y los defensores deberían explicar si en esos países también los dueños de bancas son legisladores, gobernadores provinciales, militares, y un largo etcétera, como lo son aquí, y si en esos países los dueños de bancas son jueces y partes en las leyes que les conciernen.
Debieran explicar también si las bancas “ilegales” realmente lo son, o si son “pasadoras”, como se dice en su lenguaje. Lo que ocurre en ese mundo es que si alguien va a hacer una apuesta fuerte a una de esas bancas, por ejemplo en un juego Licey-Águilas, o Yankees-Boston, apuesta que esas bancas no tiene capacidad de aguantar, ellas llaman a un consorcio para que la acepte y se ganan su comisión. La conexión es obvia: esas bancas son sólo ilegales para el gobierno y el fisco.
Vivimos en un mundo en que todo está conectado. A los lavadores de activos no se le pueden ofrecer resquicios por dónde escapar. Metan a las bancas en la ley y den un ejemplo de que aquí no se tolera mecanismo alguno de lavado.
Adriano Miguel Tejada
atejada[@]diariolibre
Diario Libre
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